Areces: el Presidente de la Corrupción

Vicente Álvarez Areces, actualmente portavoz del PSOE en el Senado. Foto / Mario Rojas.

Vicente Álvarez Areces, actualmente portavoz del PSOE en el Senado. Foto / Mario Rojas.

José Ángel Gayol / Presidente del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN).

Escribió James Madison, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, que el propósito de toda constitución política es, o debería ser, conseguir para los puestos de poder hombres que posean la mayor sabiduría para discernir, y la mayor virtud para perseguir, el bien común de la sociedad. Si por algo se ha distinguido Asturias en los últimos cuarenta años de democracia ha sido precisamente por lo contrario. La incapacidad para perseguir el bien común de Asturias ha sido protagonista desde el escándalo del Petromocho (un timador francés propuso al Gobierno instalar en Asturias una refinería de petróleo, el presidente socialista Rodríguez-Vigil se lo creyó y lo anunció con todos los honores, lo que, tras descubrirse el engaño, precipitó el fin de su carrera política), pasando por la fractura del PP asturiano debido a juegos de tronos entre Francisco Álvarez-Cascos y el malogrado Sergio Marqués, y llegando hasta la efímera legislatura del propio Álvarez-Cascos caracterizada por la inutilidad para generar los consensos necesarios dada su exigua representación parlamentaria. Tampoco la actual presidencia de Javier Fernández se libra de incumplir el consejo de Madison, ya que el también presidente de la gestora nacional del PSOE solo ha podido sacar adelante en la Junta General un proyecto de ley de relevancia, demostrando idéntica soberbia a la de Álvarez-Cascos. O mayor, si advertimos que cuenta aún con tres diputados menos de los que contaba el líder forista.

Pero, si ha habido algún presidente que ha errado estrepitosamente a la hora de discernir y perseguir el bien común asturiano, éste ha sido, sin duda, Vicente Álvarez Areces. Hasta el punto de que el político gijonés bien podría ser definido como el “presidente de la corrupción”, tales han sido los escándalos que han manchado su legislatura. Al margen de consideraciones sobre la eficiencia de sus políticas públicas, muy cuestionadas por su tendencia a la megalomanía y a los proyectos tan innecesarios como infructuosos en resultados, desde la posición de un colectivo social como el Observatorio Ciudadano Anticorrupción interesa destacar el poco rigor que se observó durante la legislatura de Vicente Álvarez Areces a la hora de vigilar, poner freno, corregir o denunciar las numerosas prácticas corruptas que se llevaron a cabo bajo su tutela. Expongamos los hechos.

En 2010 salía a la luz el Caso Marea. Resumiendo mucho el despropósito legal que suponían las prácticas corruptas en la Consejería de Educación, la trama del Caso Marea implica a José Luis Iglesias Riopedre, hombre de confianza de Areces durante tres décadas y consejero de Educación, en delitos de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. Iglesias Riopedre adjudicaba presuntamente contratos a su hijo, Ernesto Iglesias, como los 1,1 millones que se pagaron por cinco equipamientos concedidos por Educación, y que llevaban aparejados una comisión del 8% a favor de Geogal, la empresa del hijo de Riopedre. Educación adjudicaba contratos millonarios a dos empresas (Igrafo y Almacenes Pumarín), quienes a su vez le pagaban viajes, cruceros internacionales, relojes, joyas o gastos suntuarios en el Corte Inglés por millones de euros a Iglesias Riopedre (por el que se piden diez años) y a María Jesús Otero, directora general de Planificación y mano derecha de Riopedre, que llegó a manejar un gran negocio inmobiliario gracias al presunto cobro de comisiones y pagos de las empresas adjudicatarias. La Fiscalía pide once años para ella en un juicio que está visto para sentencia.

¿Qué papel juega Vicente Álvarez Areces en esta descomunal red de corrupción que también afectaba a funcionarios, altos cargos y cargos de confianza del gobierno socialista? ¿Acaso Areces no conocía una malversación de fondos públicos que se estima que ronda los 11 millones de euros en colegios y centros públicos? Por puro sentido común podemos suponer que Areces era conocedor de esta trama y la toleraba. De hecho todavía la tolera, ya que en enero pasado saltó a la prensa una fotografía en la que aparecía Álvarez Areces junto a Riopedre en una conocida cafetería gijonesa. En vez de ejercitar la sabiduría y la virtud apropiadas para defender los intereses de la sociedad asturiana, el presidente de Asturias miraba hacia otro lado respecto a lo que estaba pasando en la Consejería de Educación, la segunda más importante del Principado en cuanto a asignación presupuestaria se refiere.

Así lo señaló el que fuera jefe de servicio de gestión económica de la Consejería de Educación y luego director general de Política Forestal, Joaquín Arce, quien declaró como testigo protegido en el Caso Marea y aseguró que habló con Vicente Álvarez Areces sobre lo que estaba pasando en Educación. Areces le pidió que redactase un informe, cosa que no hizo al carecer de acceso a los datos que los jueces obtuvieron con graves esfuerzos al instruir la causa. Efectivamente, el Gobierno de Javier Fernández tardó cinco años en remitir los informes que había solicitado la Fiscalía y solo los entregó cuando el juicio ya estaba a punto de comenzar, lo que imposibilitó su inclusión como prueba. Así que por este testigo protegido sabemos que Areces no desconocía que algo raro estaba pasando en dicha Consejería. ¿Por qué lo toleraba? ¿Por qué no investigó qué estaba ocurriendo?

Indicios de ilegalidad

En el mismo sentido, el 2 de diciembre de 2014 el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN) interpone denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por la adjudicación del modificado de ampliación de El Musel. Esta denuncia abre un proceso judicial por el que se cuestiona una adjudicación con un sobrecoste de 250 millones de euros. Según la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), este caso representa más de una cuarta parte de todos los fondos comunitarios detraídos en casos de corrupción que la OLAF recogió en su informe anual de 2014. Para hacernos una idea de la envergadura del caso de El Musel, la trama Gürtel, que estos días inicia sus sesiones orales, supuso un daño de 120 millones para las arcas públicas. El eco mediático, sin embargo, ha sido menor en el caso de El Musel. ¿En qué consiste este presunto fraude?

Las irregularidades fueron múltiples y el asunto complejo. El 26 de julio de 2004, previamente a la licitación de la contratación, la Autoridad Portuaria de Gijón había llegado a un acuerdo con Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) por el que HC ponía a disposición del futuro adjudicatario de la ampliación del puerto de Gijón la cantera de Aboño (próxima al lugar de las obras y propiedad parcialmente de la empresa SATO) para el suministro de los materiales necesarios, principalmente piedra. Los licitadores podían elegir libremente cualquier cantera pero ésta, siendo la más cercana, resultaba la más económica. El 4 de enero de 2005 se adjudica, por unos 500 millones de euros más IVA, el contrato de ejecución de las obras de ampliación del puerto de Gijón a la UTE Dique Torres, conformada por las empresas Dragados, FCC, FPS, Alvargonzález contratas, y SATO. Los dos licitadores más caros, Dragados y Ferrovial, habían ofrecido respectivamente la misma cantidad. Al céntimo. ¿Qué probabilidades hay que pueda suceder algo así en una obra de estas dimensiones? Aún más: ¿quién aprobó esta adjudicación? ¿Quién estaba en aquel Consejo de Administración? Estaban, entre otros, Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón en aquel entonces, Francisco González Buendía y Herminio Sastre, consejeros con Areces, y el propio Vicente Álvarez Areces. ¿Qué hacía allí si no era miembro del Consejo de Administración?

Posteriormente a la adjudicación, HC comunicó que le era imposible respetar el acuerdo alcanzado ni asegurar a la UTE Dique Torres el acceso a la cantera de Aboño. Esto significaba el encarecimiento del contrato. Las empresas utilizarían entonces la cantera de la principal fortuna privada asturiana, Tudela Veguín, propiedad de la familia Masaveu, que recibió la medalla de oro de manos de Javier Fernández en 2015, a pesar de aparecer en la lista Falciani y después en los Papeles de Panamá. El 18 de diciembre de 2007, la Autoridad Portuaria de Gijón aprueba inicialmente un sobrecoste de 247,5 millones de euros respecto al coste inicial del proyecto. En ese Consejo de Administración encontramos a Belén Fernández, consejera con Areces y también en la actualidad con Javier Fernández, y a José María Pérez, último candidato socialista a la Alcaldía de Gijón y persona de confianza del presidente asturiano.

Los indicios de ilegalidad son numerosos, pero quizás lo más llamativo y evidente es que un anónimo remite a la Fiscalía Anticorrupción 61 actas internas de la UTE Dique Torres que revelan que la oferta por la que se adjudicó el contrato era inconsistente. Estas actas descubren que la UTE era consciente de la imposibilidad de realizar el proyecto desde el momento en el que se adjudicó. Así el 4 de enero de 2005 se adjudican las obras y en actas del Comité de Gerencia de Dique Torres, fechadas entre el 27 de enero de 2005 y el 25 de febrero de 2010, ya se refleja que resultaría imposible la realización de la obra conforme a los precios acordados en la adjudicación. Así que la UTE Dique Torres comienza a facturar la piedra por un precio mayor desde abril de 2006. Pero no es hasta diciembre 2007 cuando comienza a tramitarse el modificado, que no es aprobado definitivamente por la Autoridad Portuaria hasta 2009. Es decir, se pagaron facturas durante tres años a un precio superior al establecido por contrato. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que los sobrecostes podrían haber estado pactados entre políticos y empresarios desde antes de poner la primera piedra en la obra. Una prevaricación evidente.

Y a pesar de todo lo anterior, aquí no termina la larga lista de casos de presunta corrupción vinculados al Gobierno de Areces. Se han detectado irregularidades en la contratación de obras para la realización de geriátricos del organismo autonómico ERA, obras encargadas a la constructora pública SEDES. Areces gastó 380 millones de euros en una regasificadora, declarada ilegal por el Tribunal Supremo, que nunca entró en funcionamiento. En el Caso Mareína se investigan contratos por importe de un millón de euros que la Consejería de Sanidad del Principado adjudicó a empresas del grupo La Productora durante el Gobierno de Areces. La Fiscalía también investiga indicios de malversación, prevaricación y falsedad documental en las obras de extensión de la banda ancha en Asturias, encomendadas a la empresa pública Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GITPA).

En resumen, Vicente Álvarez Areces, expresidente de Asturias y flamante portavoz del PSOE en el Senado, puede ser definido como el Presidente de la Corrupción, tanta hubo durante su mandato como ausencia de sabiduría y virtud en sus decisiones.

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