Asturias, corrupción con o sin Gobierno

Joaquín Aréstegui, presidente del PP de Avilés. Foto / Mario Rojas.

Joaquín Aréstegui, presidente del PP de Avilés. Foto / Mario Rojas.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Muy a su pesar, y porque las demandas de los partidos emergentes y de la propia sociedad le obligaron a ello, el presidente asturiano Javier Fernández se marcó como una de sus tres prioridades para el mandato que ahora inicia la lucha contra la corrupción.

Las urnas y la cruda realidad han obligado a los socialistas asturianos a admitir la lacra de la corrupción, algo que negaban con vehemencia hace no mucho tiempo y de lo que tienen probadas evidencias en sus propias filas.

La corrupción en Asturias es distinta a la que otras zonas del Estado, como la mediterránea, más ligada a la construcción y al boom inmobiliario. En Asturias está más relacionada con el enorme peso que llegó a tener la empresa pública y sus redes clientelares vinculadas al poder político y sindical, en el que los socialistas son hegemónicos desde la restauración democrática.

Distinta, pero no menos intensa y grave, la corrupción es un cáncer y una lacra para la economía de Asturias. Más que exagerado, Gregorio Morán era un visionario hace pocos años cuando apuntaba que Asturias era una de las Autonomías más corruptas del Estado, provocando verdaderos sarpullidos en el poder socialista asentado en el Principado como un auténtico régimen desde hace más de treinta años.

Tanta corrupción hay en Asturias que se ejerce sin gobernar. Ahí está el último caso, revelado por La Nueva España la semana pasada haciéndose eco de un auto de la jueza del Caso Pokémon, Pilar de Lara, que desde Galicia implica a varios altos cargos del PP asturiano en la trama del agua de la empresa Aquagest. Entre ellos están el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y el exconcejal de Gijón Manuel Pecharromán, que supuestamente se habrían beneficiado de viajes al extranjero, y sobre todo el presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui. Un equipo de la Agencia Tributaria y agentes de Aduanas registraron la pasada semana el domicilio que comparte Aréstegui en Avilés con su esposa, la concejala avilesina del PP Carmen Vega. Al parecer localizaron algunos escondrijos en los que se ocultaba documentación y dinero. Aquagest habría pagado supuestamente obras en otro piso en Avilés de Aréstegui donde residía Joaquín Fernández, exvicesecretario del PP asturiano, empleado de la empresa catalana y principal cabecilla, según la investigación policial, de la trama del agua en Asturias, basada en sobornos a políticos y funcionarios donde se privatizó este servicio público.

ATLÁNTICA XXII ya había advertido en mayo de 2014 de que el Caso Pokémon iba a convertirse en “una bomba (de agua) para el PP asturiano”. Parece que la única sorprendida en Asturias por la actuación judicial contra Aréstegui es la presidenta del partido, Mercedes Fernández, que ha obligado al político avilesino a dar la cara hoy mismo en una rueda de prensa, porque llevaba desaparecido desde que estalló este último capítulo del escándalo, pero no ha conseguido hacerle dimitir. Aréstegui ya había sido desimputado en este mismo caso por prescripción de los hechos tras aceptar, junto a su mujer, una estancia en el balneario de Las Caldas pagada por Aquagest, que gestiona el agua en Avilés.

De Aréstegui, en el famoso Congreso del PP en Valencia Francisco Álvarez-Cascos, cuya implicación en el Caso Gürtel y en la financiación del que fue su partido está por aclarar, dijo que era el cáncer de los populares asturianos. ATLÁNTICA XXII publicó que fue uno de los beneficiarios de los sobresueldos en el grupo popular de la Junta General del Principado, donde fue diputado autonómico. Ese sobresueldo, de 1.200 euros mensuales a añadir a su sueldo de 3.500 en datos del 2010, era modesto en relación al del entonces presidente del partido y actual congresista, Ovidio Sánchez, que llegaba a 6.000. Ovidio habría sido el inventor de esa fórmula de los sobresueldos para la cúpula del PP en el Parlamento asturiano, a costa del dinero de las asignaciones a los partidos. Esta revista también publicó que su sucesora, Mercedes Fernández, también cobraba 4.000 euros de esos sobresueldos. La publicación de esa información provocó una denuncia de Manos Limpias a la Fiscalía contra el PP que fue archivada.

Aréstegui es un veterano dirigente popular que nunca conoció otro trabajo que la política, un sustento esencial también para su pareja. Desde este punto de vista laboral o profesional el caso de Iglesias Caunedo, cuyos viajes pagados por Aquagest fueron investigados por Foro Asturias en el Ayuntamiento de Oviedo sin éxito en el anterior mandato, es idéntico. Los que vinculan malas prácticas en la gestión pública y la profesionalización de la política suelen apoyarse en este tipo de ejemplos.

Pero más motivos para la preocupación tienen aún los socialistas en Asturias ante la proliferación sin fin de casos de corrupción. El Caso Marea, en el que están implicados altos cargos de la Consejería de Educación, espera que inicie pronto el juicio oral, mientras que el del Niemeyer está en un juzgado de Avilés y promete más novedades. Tanto estos como el del puerto gijonés de El Musel cuestionan directamente al arecismo, los Gobiernos de Vicente Álvarez-Areces, caracterizados por el grandonismo, los proyectos faraónicos y el despilfarro. El Caso El Musel, en manos de la Audiencia Nacional por sus sobrecostes, es el más significativo de ese tipo de política que supuso en Asturias construir un puerto sin barcos, porque los tráficos no aumentaron dando la razón a los que cuestionaban la mayor obra de la historia reciente en la Autonomía. El exalcalde socialista de Carreño, Ángel Riego, mostraba días atrás su sorpresa porque el fiscal lo llamara a declarar y no al Consejo de Administración de El Musel en pleno, del que formaba parte. En ese consejo se sentaba José María Pérez, candidato socialista en las últimas elecciones municipales en Gijón, que no es alcalde por la oposición de Xixón Sí Puede. La marca local de Podemos dio la Alcaldía a Carmen Moriyón, de Foro, al considerar a Pérez contaminado por el Caso El Musel, aunque sobre el socialista no pesa aún acusación judicial alguna.

La investigación judicial en el Caso El Musel genera muchas dudas en la opinión pública porque no solo se puede sentar en el banquillo el poder político, sino también el económico. El gran beneficiado de las extrañas relaciones entre técnicos, políticos y empresarios que intenta aclarar la Audiencia Nacional fue el grupo Masaveu, líder en España en el sector del cemento.

Pero si El Musel cuestiona al arecismo, cuando Álvarez-Areces goza de su retiro dorado en el Senado, el Caso Villa puede ser más doloroso para los socialistas, porque amenaza con convertirse en una causa general sobre el enorme poder del PSOE en Asturias, tanto en el Principado como en los Ayuntamientos, ejercido prácticamente sin interrupción desde la Transición.

Aunque con gran discreción, la fiscal anticorrupción Carmen García-Cerdá sigue investigando y su equipo de agentes desplazados a Asturias no ha tomado vacaciones ni en agosto. A la fiscal se le ha oído decir que la causa es mucho más complicada que la Púnica, en la que aún está enfrascada.

García-Cerdá y sus agentes ya han tomado múltiples declaraciones y se han hecho con amplia documentación, aunque no piensan llamar a declarar a José Ángel Fernández Villa hasta tener todo bien atado, si es que la salud del ex secretario general del SOMA-UGT lo permite. Buena parte de la complejidad del caso del dinero oculto del que fuera líder minero y hombre fuerte del PSOE en Asturias reside en que se están investigando turbios asuntos lejanos en el tiempo sobre los que pesa la amenaza de la prescripción, como la compraventa de apartamentos del Montepío de la Minería en Almería y Murcia, un asunto que fue archivado en su día por la jueza ovetense María Luisa Llaneza.

También la UCO de la Guardia Civil investiga desde hace meses a la cúpula de UGT-Asturias, algo inquietante para Javier Fernández, estrechamente vinculado al secretario general ugetista Justo Rodríguez Braga.

Aunque no la hubiera situado como prioridad, la corrupción va a ser inevitablemente la gran protagonista de los cuatro años de Gobierno de Javier Fernández, al frente de un gabinete en minoría que de momento solo cuenta con el apoyo de IU. Y una verdadera pesadilla.

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