Oviedo, no hay cambios sin currantes

Ayuntamiento de Oviedo

Oficina de recaudación municipal del Ayuntamiento de Oviedo. Foto / Mario Rojas

Que la falta de personal es un problema dramático que lastra al gobierno municipal y hasta al cambio prometido en el Ayuntamiento de Oviedo es algo en lo que están de acuerdo los tres partidos del tripartito local, Somos, PSOE e IU. Pero discrepan en las soluciones.

David Coto / Periodista.

Desde la primavera de 2015 en la que brotaron los llamados Ayuntamientos del Cambio (Madrid, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Santiago, A Coruña, Ferrol, Llanes) en varios de sus equipos de Gobierno se ha denunciado la existencia de ciertas resistencias a cambiar dentro de la propia Administración municipal. Un obstruccionismo más o menos sutil desde el interior del andamiaje burocrático, protagonizado por sectores leales a los anteriores gobernantes tras años de convivencia y connivencia.

Se llama la atención sobre la existencia de Administraciones nutridas de personal incorporado utilizando vías de entrada alejadas tanto de los principios tan repetidos de igualdad, mérito y capacidad como de otros de igual importancia como libre concurrencia, publicidad y transparencia. Parecidos lamentos expresó Foro Asturias durante su fugaz etapa al frente del Principado.

Plantilla escasa y pocos funcionarios

En el caso de Oviedo el desafío era doble. La capital había sido durante más de dos décadas uno de los principales laboratorios de la aplicación del neoliberalismo más salvaje a las Administraciones locales. Fruto de ello, el tripartito (Somos, PSOE e IU) se encontró a su llegada una plantilla “escasa” y “con una edad de media altísima”. En este diagnóstico coinciden todas las fuerzas políticas y la mayoría de los sindicatos. El PP no ha querido hacer declaraciones para esta revista, y no será por falta de alusiones del resto de las fuentes consultadas.

En qué momento exactamente empezó a joderse el Perú es difícil saberlo. El tripartito al completo y el grupo municipal de Ciudadanos señalan a los gobiernos populares de Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo como los de la destrucción deliberada de empleo público. Otros, los más veteranos, se remontan incluso antes: la creación de la figura del Colaborador Social (1982). Utilizada más de lo recomendable como herramienta para adelgazar la plantilla municipal, la creó el gobierno socialista de Felipe González y comenzaron a aplicarla en Oviedo los gobiernos municipales de Antonio Masip (PSOE), entre 1983 y 1991. En esas dos legislaturas el empleo púbico aún se mantuvo. Es a partir de ese año cuando la destrucción se acelera y perfecciona.

Desde la llegada a la Alcaldía de Gabino de Lorenzo (1991) hasta la salida de Caunedo (2015), el Ayuntamiento pasó de contar con 903 funcionarios a solo 662. Si se introduce la variable de la población, la pérdida es aún más visible: de un funcionario municipal por cada 217 habitantes en 1991, a uno por cada 335 en 2015. En dos décadas se privatizaron y externalizaron más de 20 servicios municipales y se contrataron colaboradores sociales como si los fueran a prohibir. En 2007 se alcanzaron dos hitos estadísticos que resumen el disparate en que se convirtió la política de empleo municipal de aquellos años: los colaboradores sociales eran ya 280 y constituían casi el 25% del total de los trabajadores municipales. Y Oviedo, con el 0,47% de la población española, tenía trabajando en su Ayuntamiento al 6% de todos los colaboradores sociales de España.

Xosé Nel Valdés, representante de CCOO en la Junta de Personal y trabajador municipal desde hace más de treinta años, señala un proceso lento pero imparable: “El proceso de destrucción de empleo público comenzó con el personal de oficios a través de la externalización y la privatización de servicios y del abuso desmedido de figuras como los planes de empleo, los contratos en prácticas o la colaboración social. Durante los años de Gabino de Lorenzo no hubo casi Oferta de Empleo Público mientras se privatizaba y externalizaba todo lo que se podía, lo que llevó a la pérdida de más de 200 funcionarios. Cuando llega la crisis y las limitaciones a la contratación derivadas de las Leyes Montoro, a nosotros ya nos pilla en los huesos. Con una plantilla escasa, con mucha temporalidad, una media de edad elevada y tasas de jubilación anual altísimas”. Otro dato que resume una época: el Ayuntamiento acabará el año con más de 300 trabajadores que obtuvieron su puesto mediante sentencia judicial, casi un tercio del total.

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El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, charla con el secretario municipal momento antes de un Pleno. Foto / Pablo Lorenzana

¿Boicot u obstrucción?

La polémica acerca de la composición de la plantilla municipal apareció en la misma negociación de la composición del equipo de Gobierno, cuando Somos planteó la necesidad de contratar varios directores generales. Aquella decisión se pospuso antes las reticencias de sus socios de gobierno. Solo seis meses más fueron suficientes para que Somos volviera a plantear la cuestión, denunciando en noviembre de 2015 un “boicot funcionarial al tripartito” desde ciertas áreas de la Administración local. Proponían la sustitución de buena parte de los altos funcionarios del Ayuntamiento, los “pata negra”, por directores generales llegados de un ámbito externo al propio Consistorio.

Tanto IU como PSOE se desmarcaron entonces de su socio. Juan Ignacio Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo (STAO), no cree que aquellos primeros roces hayan condicionado el resto de legislatura: “Aquello fueron manifestaciones en un contexto político determinado, en los albores de la legislatura, con cada parte del tripartito buscando marcar, digamos, su territorio. Pero, al final, en el día a día se van suavizando y moderando las opiniones y las relaciones laborales. Además, la parte política y la funcionarial están condenados a entenderse. Nosotros no hemos detectado malas relaciones entre el equipo de gobierno y la parte alta de la estructura funcionarial del Ayuntamiento”.

El tema del boicot funcionarial ha ido reapareciendo en diversos puntos de la legislatura. Es este un terreno resbaladizo para los grupos municipales y los sindicatos, por donde se procura pasar de puntillas: insinuar más que decir y sugerir en vez de denunciar. Desde la Alcaldía, Wenceslao López (PSOE) no generaliza: “¿Obstrucción? Yo creo que no. Miraría más a la carencia de personal y las consecuencias de ella sobre los trabajadores. Como en cualquier empresa, hay gente más y menos trabajadora. Y hay personas que, cuando la cosa está un poco mal, aguantan trabajando y otras que cogen la baja”.

Xosé Nel Valdés rasca un poco más sin dar nombres: “Digamos que hay gente agazapada. Se toman esta legislatura como un paréntesis de cuatro años y procuran no señalarse muy a favor del tripartito ahora, no vayan a volver los de antes. Pero también hay gente que no quiere significarse muy en contra, que prefiere siempre navegar a favor de corriente. Es curioso escuchar cómo fuentes del gobierno del cambio cantan las bondades de jefes de Servicio, de Sección… funcionarios de ciertas áreas que fueron colaboradores necesarios en la destrucción de todo atisbo de empleo público, sustituyéndolo por colaboración social y precariedad”.

Iván Álvarez (IU), al frente del área de Personal desde la Concejalía de Interior, también cree que el roce acaba haciendo el cariño: “Hay una cosa que los funcionarios desarrollan a lo largo de los años de relación laboral y es muy lógico que así sea: la lealtad. En cualquier caso, en este Ayuntamiento los funcionarios tienen en general una gran profesionalidad y un nivel elevadísmo. Esa corrupción extrema de la que se hablaba yo no la huelo”.

Fuentes del entorno de Somos destilan más escepticismo que Iván Álvarez: “Aquí hemos visto olvidos de todo tipo, incluyendo el de publicar ordenanzas. Y hay procesos que, objetivamente, se dilatan respecto a anteriores legislaturas”.

Actividad antes y después del tripartito

El problema, sin embargo, no es sencillo de abordar “objetivamente”. Buceando en las Memorias Anuales del Ayuntamiento y en el Archivo Municipal de Oviedo, sí que se puede colegir que la actividad administrativa se ha ralentizando. Pero no debemos perder de vista que el número de funcionarios también ha disminuido en estos últimos años y que saldar la polémica atendiendo únicamente al número de trámites simplificaría el debate y obviaría numerosas variables que influyen en el resultado. Es generalizado el consenso de que cualquier cambio en una organización genera resistencias internas, pero la explicación puede estar en Maslow o en ex blue vips ávidos de venganza tras la pérdida de privilegios.

En cualquier caso, tomando como referencia los últimos años del gobierno municipal de Caunedo y el tiempo que lleva gobernando el tripartito, se observa un descenso en el número de contratos tramitados. Así, mientras durante 2013 y 2014 se tramitaron un total de 609 contratos menores, el número se redujo ya en 2015 (año del traspaso de poderes) hasta 156. Y a pesar de que se recupera en los dos últimos años, sigue siendo menor a la época pre-tripartito (554). Algo similar ocurre con los contratos no menores: 109 en 2014, 125 en 2015, 93 en 2016 y 86 en 2017. En los dos últimos años sí ha aumentado el número de licitaciones. En las licencias urbanísticas (una de las áreas donde la carencia de personal es más dramática y el retraso puede irse acumulando año tras año) vemos un patrón diferente, ya que el descenso es continuado desde 2012 hasta 2017.

La tramitación de subvenciones otorgadas mediante concesión directa, sin proceso abierto, alcanzaron su mayor esplendor en 2014 (año preelectoral) llegando hasta las 124. A partir de entonces su número fue disminuyendo hasta las 61 de 2017. Por contra, las subvenciones concedidas tras convocatoria pública, a pesar de descender en 2016, alcanzan ya en 2017 un número similar al del periodo 2012-2014.

Desde Somos añaden otra causa, esta externa, para explicar la menor actividad: “No podemos olvidar la fuerte presión externa a la que el PP somete a parte de los funcionarios. Una constante amenaza sobre lo que se firma, lo que se tramita… Presentan denuncias contra procesos en los que se han seguido las mismas directrices que había durante su época de gobierno. Se busca así amedrentar a una parte de los trabajadores municipales, provocar parálisis funcionarial”. Se enmarcarían aquí, según ellos, las denuncias del PP por los servicios y trabajos prestados y pagados sin relación contractual o por los nueve contratos del stand del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) de Gijón.

El PP siente que la nave se le fue de las manos y que no la va a recuperar. Como no le salen los números para volver a gobernar opta por intentar quemar el barco”, resume Rubén Rosón (Somos), concejal de Economía, mientras mira hacia adelante: “En cualquier caso, tres años después hay que ser conscientes de cuáles son nuestras posibilidades desde el actual equipo de gobierno. Quizás, cuando llegamos en 2015, hubiéramos señalado las resistencias del pasado como uno de los principales inconvenientes para el desarrollo de nuestras políticas. Pero no nos podemos quedar ahí. También es evidente que falta personal y que a nuestra llegada nos encontramos con una escasez alarmante y generalizada de trabajadores en todas las áreas, una plantilla con una media de edad muy elevada… Ahora debemos preguntarnos por qué después de tres años en el Gobierno sigue faltando personal”.

Agustín Iglesias Caunedo, exalcalde del PP y líder de la oposición. Foto / Pablo Lorenzana.

El alcalde y los pasados laborales en Somos

Y ahí se abre un nuevo melón para el tripartito acerca de la plantilla municipal. Se da la paradoja de que, ahora que hay recursos y voluntad política de llevar a cabo Ofertas de Empleo Público, los límites impuestos a las tasas de reposición lo hacen imposible. La búsqueda de alternativas para aumentar el número de trabajadores sorteando estos obstáculos ha refrescado aquellas primeras divergencias en cuanto a la política de personal.

Somos recupera ahora la idea de contratar directores generales, algo que no entusiasma a sus socios de gobierno. Iván Álvarez asume la propuesta aunque no la comparte: “Nosotros no compartimos la idea de los directores políticos. Fue una decisión política en su momento prescindir de ellos porque entendíamos que había que despolitizar de alguna manera la estructura funcionarial. En IU, si alguien del tripartito plantea la necesidad de directores generales no nos vamos a oponer, pero no compartimos ese discurso”.

Más contundente es desde la Alcaldía Wencesalo López: “Los directores generales no son la solución. Hace falta gente que reme. ¿Para qué quieres capitán si no tienes remeros? Yo tengo mucha experiencia en multinacionales y grandes empresas y sé lo que es esto. Creer que los directores generales pueden ser la solución denota una falta de experiencia laboral absoluta. Hay gente de Somos y Podemos que no han trabajado en su vida y llegan aquí y piensan que es cuestión de gente que mande. ¿Qué más da que mande si no hay a quién mandar?”.

Rubén Rosón se explica: “Ya sabemos que la vía ideal sería convocar una oferta pública. Pero esa vía está muerta con la Ley Montoro y la tasa de reposición y en el equipo de gobierno lo sabemos todos. Se les ha planteado a los socios utilizar la única vía que nos permite la legislación vigente para contratar personal: contratar puestos directivos. Los directores generales no tienen por qué ser comisarios políticos. Se pueden contratar de dos formas: de manera digital o mediante concurso, atendiendo a principios de igualdad, mérito y capacidad al que se presenten empleados públicos. Nosotros estamos en esa segunda fórmula, estamos poniendo encima de la mesa un proceso de selección funcionarial, con criterios claros y compartidos por todos, y que el personal que acceda a los puestos directivos esté formado por trabajadores públicos que hayan pasado un proceso selectivo”.

El personal directivo profesional, creado por el Estatuto Básico del Empleado Público de 2015, añade a los tradicionales principios para la selección de personal directivo al servicio de las Administraciones el concepto de “idoneidad”. Esto ha sido criticado desde muchos ámbitos como otra vía para ligar la carrera profesional de los funcionarios a su adscripción política y moldear la Administración a imagen y semejanza del partido político de turno. Iván Álvarez abunda en ello: “No dejan de ser puestos de libre designación. El proceso de contratación difícilmente podría incorporar los criterios de publicidad y libre concurrencia y, con los métodos que se establecen para la selección es muy difícil respetar los principios de mérito, capacidad e igualdad. Estaríamos haciéndole el juego a la derecha, que lo que pretende es externalizar toda la parte baja de la pirámide laboral creando una Administración limitada a la parte alta de la misma. No podemos entrar en eso”.

Desde el ámbito sindical tampoco se cree que esta medida vaya a aliviar la situación de la plantilla municipal. Xosé Nel Valdés recuerda la posición general de CCOO: “Nosotros somos muy escépticos con la figura de los directores generales. Son figuras creadas por el Estatuto, bastante ambiguas, que están entre lo político y lo funcionarial. Para eso, nosotros somos de libro: a la Administración se debe acceder mediante una Oferta de Empleo Público”. Desde el STAO, José Ignacio Rodríguez no cree que esta figura vaya a solucionar el problema de escasez de la plantilla municipal y reincide en la metáfora náutica: “Sería traer un patrón sin tener remeros”.

No se vislumbra solución a corto plazo si los integrantes del tripartito no alcanzan un acuerdo sobre la contratación de personal por vías externas a las Ofertas de Empleo Público. Aunque se han relajado los límites a las tasas de reposición, no bastará con eso para construir una Administración local capaz de desarrollar su trabajo y dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos. En eso coinciden las tres partes. En eso y en que la próxima primavera, si los ovetenses sienten que las cosas no funcionan, pasarán factura a sus representantes políticos, no a sus jefes de Servicio.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 56, MAYO DE 2018

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