Barbarroja entra en campaña

Figura que representa a Victorino Alonso a la puerta de un bar de Cangas del Narcea en 2013. Foto /Jaime Santos.

Figura que representa a Victorino Alonso a la puerta de un bar de Cangas del Narcea en 2013. Foto /Jaime Santos.

Jaime Santos / Periodista.

La pasada semana Uminsa, la principal empresa privada de minería de carbón de España, propiedad de Victorino Alonso, anunciaba un ERE de 9 meses de suspensión para toda la plantilla: 340 mineros repartidos en explotaciones de Tineo, Degaña y el Bierzo. Pocas horas después responsables de la Federación Socialista Asturiana y de los principales sindicatos mineros asturianos hacían declaraciones diciendo que este ERE “se venía venir”. El culpable, dicen, es el Gobierno de Rajoy y su incumplimiento del decreto para quemar carbón nacional en las térmicas españolas. La queja de Uminsa es que Endesa se había comprometido a comprarle 80.000 toneladas de carbón y que en la actualidad esa cantidad se ha visto reducida a una cuarta parte. Es decir, Endesa -a quien el nuevo plan de carbón aprobado por Gobierno y sindicatos deja manos libres para decidir cuánto carbón nacional quema- le compra el mineral a Victorino, pero menos de lo previsto. La pregunta es ¿quién va a palear ese carbón si Victorino despide a toda su plantilla? Si están todos en casa, ¿quién va a evitar que minas como la interior de Pilotuerto se vuelva a inundar, dejándola inoperativa quién sabe durante cuantos meses más? Preguntas que solo tienen una respuesta: el ERE de Uminsa es una provocación cuyo guante ya se sabe quién va a recoger.

Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, alerta a los mineros del suroccidente asturiano, de que hoy es Uminsa la que decreta el ERE, pero mañana pueden ser Carbonar (Cangas del Narcea) o Asturleonesa (Degaña). Y acto seguido FITAG-UGT y CCOO-Industria emiten comunicados llamando a la movilización de sus correligionarios mineros, en plena campaña electoral. No deja de ser tremendamente llamativo que las siglas del SOMA, el sindicato de los mineros de Asturias, no aparezcan en estos comunicados. Las movilizaciones previstas no incluyen ni barricadas ni cortes de carreteras, sino manifestaciones, concentraciones y encierros en los entornos del PP, Delegaciones de Gobierno, Ministerio y Ayuntamientos gobernados por los populares. El SOMA estará, qué duda cabe, pero se borra de la convocatoria oficial, de momento, porque la sombra del Caso Villa podría estropear el carácter electoralista de este contubernio. Un contubernio cruel que tiene como pistoletazo de salida el ERE masivo decretado por Alonso, secundado a renglón seguido por la FSA, CCOO y UGT, tan necesitados hoy de recuperar su “esencia obrera” frente al descalabro del bipartidismo y del bisindicalismo que se avecina tras las próximos comicios electorales. Eso sí, con matices, sin Villa y sin goma quemada, que estamos en elecciones y la gente está ya suficientemente quemada con el “rollito minero” y, en el fondo, ni a unos ni a otros el carbón les importa un carajo. Les importan únicamente los réditos políticos del mito minero en todas sus manifestaciones propagandísticas. Si les importara tratarían de salvar la minería haciéndose eco y potenciando la nueva tendencia propuesta por varios países de la UE, que busca crear reservas nacionalizadas de carbón en Francia, Alemania o incluso Reino Unido, que hace muchos años que cerró todas sus minas. Antes, al contrario, el Consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, repite su mantra: nacionalizar el carbón es una quimera.

De momento ni Carbonar ni Astuleonesa han declarado ERE alguno. De hecho Astuleonesa aún mantiene la promesa  de realizar nuevas contrataciones en su explotación de Cerredo (promesa de momento incumplida) y su propietario, Rodolfo Cachero, también es noticia, pero por ser llamado a declarar por fraude fiscal en la Audiencia de Oviedo. Cachero declara sentirse perseguido y deja intuir razones políticas para la reapertura de su causa, que fue aplazada a petición de la Abogacía del Estado, lo cual deja entrever que la nueva aventura minera de Cachero, que mantiene a toda su plantilla (de momento) pese a sufrir la mismas restricciones por parte de la eléctricas, está respaldada por “un poder superior”. De sobra es conocida la intención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de mantener a raya a Victorino Alonso y puestos a jugar al Risk, ¿qué mejores bastiones que los recursos energéticos del carbón con todas sus implicaciones económicas, emocionales y políticas?

Cuando Cachero le “arrebató” la mina de Cerredo a Victorino muchos sintieron que había pasado de manos de Barbarroja a manos de Barba Azul, legendarios villanos ambos. Si legendaria es la enemistad de Cachero con el Gobierno socialista asturiano (que fomentó abiertamente desde su antigua cadena de televisión Teleasturias) no menos legendaria es la connivencia de Victorino con el SOMA y, por consiguiente, con el Gobierno socialista asturiano (véase ATLANTICA XXII número 35). Pero que nadie se equivoque, los bucaneros con patente de corso trabajan para los monarcas que les dejan saquear, sin afinidades ideológicas. No es nada personal, son negocios.

Mientras, los otros sindicatos observan pasmados. En las reuniones entre el Gobierno asturiano y agentes mineros, previas a este nuevo contubernio electoralista, USO, un sindicato “conservador” que preside el comité de empresa de la mina de Cerredo, no fue invitado, faltaría más, no les fueran a estropear su plan electoral. Ni tampoco fue invitada la Corriente Sindical de Izquierda, que aún está esperando que UGT y CCOO se mojen con el asunto de los “5 de Zarréu”, unos mineros condenados a cárcel por un incidente en el que estaba involucrado un odiado capataz de Victorino. CCOO y UGT no parecen querer leer que tras el incidente de Zarréu subyace el deseo de toda una comarca de linchar a Victorino por tantos chantajes, tantos engaños y tanto teatro macabro, hoy teatro electoralista a costa de los recursos y los trabajadores que tan mal defienden los grumetes de Barba Roja.

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