Castro Urdiales, ciudad sin ley

La cercanía del País Vasco influyó en el boom inmobiliario de Castro Urdiales. Foto / Andrés Illescas.

La llaman la Marbella del Norte porque es un ejemplo de los excesos y la barbarie del urbanismo salvaje, pero Castro Urdiales también es un triste referente de otra evidencia: la impunidad de la corrupción y la depuración de quienes la denuncian.

Andrés Illescas / Periodista (Castro Urdiales).

A Castro Urdiales -población situada en el oriente de Cantabria- llegaron a llamarla la Marbella del Norte, pero lo cierto es que se quedaron cortos. Actualmente esta localidad es la que registra el mayor número de casos de corrupción en toda España. La democracia parece que pasa de largo por estas tierras, dejando la separación de poderes y la independencia de los medios de comunicación a la altura de la utopía.

Así lo cree Fernando Urruticoechea, quien fuera interventor municipal entre abril de 2001 y marzo de 2006: “Castro Urdiales es el ejemplo de la corrupción piramidal y de lo que sucedería si en los Ayuntamientos de España no confluyera el buen funcionamiento del control interno (labor del interventor) y control externo (Tribunal de Cuentas), además de la labor de los jueces (en este caso solo Luis Acayro)”. El bucle de actuaciones totalmente irregulares implica directamente a todas las fuerzas políticas (PP, PSOE, PRC e IU), constructores y medios de comunicación hegemónicos, sin que falte un antiguo colaborador de ETA metido al negocio del ladrillo.

El juez Luis Acayro abrió en 2008 casi una treintena de causas contra políticos, constructores y funcionarios públicos, basándose en el informe del Tribunal de Cuentas y los informes elaborados por Urruticoechea, un auténtico paladín contra la corrupción. A partir de entonces, para este economista bilbaino “las presiones y la manipulación del poder judicial” parecen haberse convertido en tónica habitual, quedando aún pendiente la resolución de casos tan emblemáticos como “La Loma” -con 46 acusados y responsabilidades civiles superiores a los 50 millones de euros-, que está entre los diez causas por corrupción más importantes de la historia de España.

Esta causa no es ni mucho menos la única. Otras como “Urdicam” (con 21 acusados, lleva tres años a la espera de juicio), “Proconor” (con 24 acusados), “Área de planeamiento diferido dos o APD-2” (lleva dos años pendiente de la acusación del Ministerio Fiscal), “Las nóminas” (con decenas de acusados y pendiente de la actuación de la Fiscalía), “Los enchufes eléctricos” (se encuentra en la misma situación que “Las nóminas”) y “Los contratos menores” (que implica al exalcalde socialista Rufino Díaz Helguera y está apoyado en 800 informes de ilegalidad emitidos por el interventor municipal). La suma de todos estos casos es la que sitúa a Castro Urdiales a la cabeza de la corrupción nacional.

El ex alcalde Fernando Muguruza, su abogado y presidente editor de ‘El Diario Montañés’, Luis Revenga, y la hija de este último. Foto / Andrés Illescas.

Los orígenes

El boom de la construcción y la burbuja inmobiliaria están en el origen de un desmadre urbanístico al que se le puede poner una fecha, al menos para su destape. “Cuando llegué al Ayuntamiento de Castro aquello era kafkiano”. Así describe la situación el exinterventor. Lo cierto es que el crecimiento urbanístico en esta zona, relacionado con la llegada de muchos ciudadanos del vecino País Vasco, atraídos por el precio inferior de los pisos, fue desorbitante: llegaron a construirse 1.000 viviendas anuales entre 1995 y 2000, lo que correspondería a unas 10 por habitante.

En este contexto se desarrolló la pirámide de corrupción municipal. “Algunos peones usaban la maquinaria municipal en sus trabajos particulares, los capataces no se oponían ya que sacaban rédito de la compra de materiales de obra. Algunos incluso tenían empresas ficticias a nombre de parientes, como en el caso de los ‘enchufes de Castro Urdiales’. A escalas más altas, los peritos se beneficiaban de las licencias de obras menores, los arquitectos de las de obras mayores y los políticos de los contratos de obra pública, que además en este caso estaba sobredimensionada y sobrefacturada”, relata Urruticoechea.

Al poco de llegar al Ayuntamiento ya comenzó a detectar las irregularidades, y en diciembre de 2001 redactó su primer gran reparo -informe de ilegalidad-, haciendo referencia a la contratación de personal interno y externo. A partir de entonces los informes denunciando actuaciones ilegales se sucedieron, algo que supuso una persecución sistemática a su labor de interventor. “Los informes no llegaron al Gobierno regional, se quedaban en el Ayuntamiento, el sistema de control interno hace que el informe de ilegalidad no llegue a ningún sitio, todo estaba preparado”.

Tras un año bajo el mandato del alcalde socialista Rufino Díaz Helguera, las elecciones municipales se aproximaban y la oposición aprovechó las irregularidades denunciadas por el interventor para obtener rédito electoral. PP, PRC e IU llegaron a presentar varias denuncias judiciales basadas en los reparos emitidos por Urruticoechea.

Sin oler la corrupción

Tras los comicios de 2003 el PRC, encabezado por Fernando Muguruza, llegó al poder, conformando un tripartito con los otros dos partidos de la oposición (PP e IU). Sin embargo los cambios no llegaron. “El nuevo Ejecutivo retiró las denuncias previas y comenzó a gestionar contratos ilegales como ya venía sucediendo”. Uno de los casos más llamativos fue la retasación del Área de Planeamiento Diferido Dos (APD-2), que provocó la liquidación de mil viviendas nuevas. “Presionaron a la empresa -Vizcaína de Edificaciones- para que volviera a contribuir con las plusvalías correspondientes, y posiblemente también hubo presiones para que se produjeran otro tipo de contribuciones financieras”.

Ante este panorama la reacción por parte del interventor no se hizo esperar. Harto de que los constates reparos presentados no llegaran a buen puerto, presentó una querella criminal por injurias y calumnias contra el concejal de Obras Públicas de Izquierda Unida, Salvador Hierro ‘Chito’, y una denuncia a la Fiscalía de Cantabria recopilando las principales ilegalidades que se recogían en sus informes.

Ni la querella, ni la denuncia tuvieron efecto alguno, siendo archivada la segunda por la fiscal jefe en agosto de 2005. La querella también fue archivada en 2005. Durante este periodo, en que el que en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ejercía la fiscal Pilar Martín Nájera, no se apreció ningún tipo de delito urbanístico y en la memoria anual elaborada por este organismo solo se recoge la quema de rastrojos como incidencia a reseñar en Castro Urdiales. Actualmente Martín Nájera ostenta el cargo de fiscal especial de violencia de género en Madrid, puesto designado por relación de confianza con el Gobierno nacional. “Presumiblemente fue premiada por no apreciar ningún delito, especialmente por no querer oler la corrupción”, sentencia Fernando Urruticoechea.

La urbanización La Loma, una de las causas pendientes en Castro Urdiales. Foto / Andrés Illescas.

Las actuaciones judiciales

En 2008 la Guardia Civil entró en el Ayuntamiento de Castro Urdiales por orden del juez Luis Acayro, del Juzgado Número 2 de la población, requisando numerosa documentación. Urruticoechea colaboró con el juez y la UCO, el grupo anticorrupción de la Guardia Civil. Se llegaron a abrir unas 30 causas por corrupción, de las cuales 6 ya han sido vistas, 7 aún permanecen pendientes y las restantes han sido archivadas.

Entre las causas aún pendientes de juicio destacan “La Loma”, “Urdicam”, “Proconor”, “APD-2”, “Las nóminas”, “Los enchufes eléctricos” y “Los contratos menores”. Esta apabullante acumulación de casos pendientes de juicio, y el elevadísimo número de acusados, coloca a Castro Urdiales como el municipio de España con más causas y acusados en casos de corrupción. En concreto, es la macrocausa de La Loma la que ha generado un mayor revuelo mediático, implicando a medio centenar de personas entre políticos y funcionarios del consistorio castreño. Las responsabilidades civiles solicitadas ascienden a 50 millones de euros, una cifra que coloca a esta causa como una de las diez más importantes de la historia de España en lo referente a corrupción. Algunos de los acusados llegaron a registrar un aumento ilegal del patrimonio próximo a los 10 millones de euros.

Llama la atención el archivo de la causa SUP-4 o Santa Catalina. En ella se acusaba a Vicente Mediavilla (PRC), uno de los principales hombres de confianza del presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, junto a Fernando Muguruza (exalcalde de Castro también imputado en varias causas), de recibir un coche como regalo por parte de la trama urbanística. En 2017, con la actualización de la legislación llevada a cabo por el PP -por la cual cualquier causa que no haya sido vista a los seis meses queda archivada-, la causa SUP-4 fue sobreseída. El día 17 de enero de 2017 apareció en el BOE el nombramiento de Irene Rodríguez del Nozal como jueza del Juzgado Número 2 de Castro. “En su momento Acayro había solicitado refuerzo para investigar la causa y se lo negaron, también pidió un mes de prorroga y la respuesta fue igualmente negativa por parte del TSJC. Tras el nuevo nombramiento del Juzgado Número 2 de Castro Urdiales, la causa fue archivada a los veinte días, aun tratándose de un auto de 12.000 folios con acusaciones manifiestamente probadas”, recuerda Urruticoechea.

Prensa y poder judicial

La batalla liderada por Luis Acayro, y apoyada por Urruticoechea, puso de manifiesto una “flagrante manipulación de los medios de comunicación y el poder judicial”, a juicio del funcionario municipal, que acabó exiliándose de Castro Urdiales y ahora es interventor en Torre Pacheco (Murcia). Por su parte el juez, que tiene ahora destino en el Tribunal de lo Contencioso de la capital cántabra, prefirió guardar silencio cuando esta revista recabó su opinión.

“Las presiones comenzaron en 2002 desde la prensa y las radios locales, pero la situación se agudizó con la llegada del PRC al poder”, rememora Urruticoechea. El 18 de mayo de 2004, bajo el titular “En Castro Urdiales, también la economía”, el exinterventor denunciaba en las páginas de El Diario Montañés la continuidad y amplificación de las actuaciones inmobiliarias ilegales por parte del Gobierno de Fernando Muguruza. Desde entonces las reacciones se sucedieron y el periódico cántabro actuó como altavoz de las represalias municipales hacia Urruticoechea, hasta que el 2 de mayo se anunciaba que el Ayuntamiento limitaría las funciones del interventor. “Se llegó a tildar mi comportamiento de quijotesco, como si fuera un perturbado”, exclama. En medio de esta tormentosa situación Fernando Urruticoechea dejó su cargo en 2006.

La Fiscalía de Cantabria había hecho caso omiso a las actuaciones del interventor y no fue hasta dos años después cuando el nuevo inquilino del Juzgado Número 2 de Castro Urdiales investigó las responsabilidades recogidas en sus informes y en el presentado por el Tribunal de Cuentas -cuyo origen está en 2006 pero no fue presentado hasta 2009-. Fue en ese momento cuando la persecución que anteriormente había sufrido Urruticoechea se centró en el juez Luis Acayro.

Los canales de presión fueron, según Urruticoechea, la justicia y la prensa, influenciados por cinco figuras clave: César Tolosa, expresidente del TSJA de Cantabria; el que fue su sucesor en el cargo, José Luis López del Moral, vinculado al PP y único presidente de un tribunal de justicia de España que ha negado el derecho de un juez a pedir refuerzo para investigar causas de corrupción; las fiscales Pilar Martín Nájera y Pilar Jiménez; y El Diario Montañés, cuyo presidente editor Luis Revenga Sánchez fue abogado defensor de los encausados Fernando Muguruza (exalcalde) y José Miguel Rodríguez (antiguo teniente de alcalde).

Entre 2008 y 2015 el Consejo General del Poder Judicial instruyó más treinta expedientes disciplinarios, y se presentaron cinco querellas en su contra. Finalmente no salió adelante ninguno de los expedientes disciplinarios y de las querellas tan solo una llegó a mayores, la presentada por el que pasa por ser el constructor más poderoso de Castro Urdiales, Jon Loroño. En ella se denunciaba la revelación de antecedentes penales por parte del juez, los que aludían a colaboración con banda armada de Loroño en el pasado, en concreto con el Comando Vizcaya de ETA.

Luis Acayro fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en diciembre de 2015 a suspensión de empleo y sueldo, tres meses de cárcel e inhabilitación profesional durante 12 años. La sentencia fue manuscrita por José Luis Lopez del Moral, por entonces presidente del TSJC, directamente relacionado con el PP al haber ocupado el puesto de director general en la Autonomía de Madrid en un Gobierno presidido por Alberto Ruiz Gallardón. “Si Del Moral fue el brazo ejecutor al redactar personalmente la querella, Pilar Jiménez constituyó la parte instrumental instruyendo la causa”, explica Urruticoechea. Finalmente, el Tribunal Supremo exculpó a Acayro en 2016 al no apreciar delito alguno en sus actuaciones. “Calificaron la sentencia del TSJC de ridícula”, añade. Ahora está en el Juzgado de lo Contencioso de Santander.

Paralelamente la fiscal Maite Calvo, que llegó en 2008 para sustituir a la anteriormente citada Pilar Martín Nájera al frente de la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Cantabria, fue víctima de otra situación anómala. Tras calificar la situación de Castro Urdiales de “estado delictivo generalizado” en la memoria anual de 2012 emitida por el TSJC, no fue renovada en su puesto, todo parece indicar que como castigo por su colaboración con el Juzgado Número 2 de Castro Urdiales.

En lo relativo a la prensa, la relación directa entre Luis Revenga Sánchez, presidente editor de Editorial Cantabria SA (El Diario Montañés), y los encausados por el juez Acayro ha marcado las informaciones del periódico hegemónico en Cantabria. La publicación no ha disimulado su beligerancia contra Urruticoechea y Luis Acayro, hecho fácilmente contrastable a golpe de hemeroteca.

Existe además un punto de intersección entre el poder político y el mediático en este asunto. El Mundo Cantabria publicó en su edición del lunes 3 de marzo de 2014 la nota manuscrita que el antiguo teniente de alcalde José Miguel Rodríguez López habría enviado a su abogado, el citado Luis Revenga, manifestando su voluntad de que Fernando Mediavilla (PRC) y César Tolosa (antiguo presidente del TSJC y actual magistrado del Supremo) intercedieran en su favor para poner fin a la causa.

Fernando Urruticoechea, ex interventor municipal de Castro Urdiales. Foto / Andrés Illescas.

Aviso para navegantes solitarios

Las conclusiones que se extraen de lo ocurrido en los últimos años en Castro Urdiales son dolorosas para la ciudadanía y preocupantes para la democracia y el Estado de Derecho. En la actualidad muy pocos investigados han sido condenados a pesar de las pruebas manifiestas, algunos como Muguruza, Mediavilla, Díaz Helguera o Jon Loroño siguen campando a sus anchas por el panorama político y urbanístico de Castro Urdiales. Otras personas que fueron protagonistas de lo ocurrido y lo consentido en todos estos años en la Marbella del Norte, como la fiscal Pilar Martín Nájera, han sacado rédito de su conducta recibiendo nombramientos de confianza.

El Diario Montañés sigue manteniendo su posición mediática hegemónica y el PRC, implicado en las actuaciones ilegales que se sucedieron en la población, ostenta el poder en la Comunidad de Cantabria, incluso bajo la sospecha de “ una posible financiación ilegal”, tal y como apunta Fernando Urruticoechea.

En el bando de los vencidos quedan Urruticoechea, que tras una ardua batalla para desentrañar la corrupción en el Ayuntamiento tuvo que abandonar su plaza hastiado con destino a Levante, Luis Acayro, víctima de acoso profesional y mediático, o la fiscal Maite Calvo, que también pagó cara su colaboración con las investigaciones. Lo de Castro Urdiales parece un aviso para navegantes solitarios enfrentados a la corrupción.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 50, MAYO DE 2017

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