¿Ciberterrorismo o ciberesistencia?

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

Internet está detrás de numerosos conflictos políticos en zonas rurales, donde la Red es a veces un inmenso ventilador de basura y en otras ocasiones una válvula de escape de los demócratas contra caciques y corruptos.

Jaime Santos / Periodista. Wikileaks, Anonymous, el 15-M o la Primavera Árabe son fenómenos que ayudan a explicar uno de los paradigmas de la nueva sociedad de la información: Internet puede hacer caer o tambalearse a Gobiernos y gobernantes. Sin embargo el estudio de este fenómeno en zonas rurales dibuja un escenario diferente. Hay quien escupe su ira insultando o difamando al alcalde y a los concejales, y luego se los encuentra por la calle o en los bares de su pueblo. Como las hojas volanderas, que fueron el preludio del periodismo moderno, Internet se convierte en un arma repulsiva que hace irrespirable la atmósfera social. Eso que llaman ciberterrorismo.

Pero también se usan blogs y páginas web para defenderse de caciques y corruptos, informando y criticando con sobrados motivos. Esta válvula de escape de muchos ciudadanos, que puede incluso fortalecer la debilitada democracia en las zonas rurales, es lo que algunos llaman ciberesistencia. A menudo ciberterrorismo y ciberesistencia están en el mismo teclado del ordenador.

La Red y la Alcaldía de Cudillero

Cuando el ex alcalde de Cudillero, Francisco González, afirmó que ningún concejal quería heredar su cargo por miedo a un blog local que practicaba “el terrorismo verbal”, la página Señor Alcalde multiplicó por tres su número de visitas. A veces supera las 9.000 entradas, en un concejo que no llega a 7.000 habitantes. El cisma entre los ciudadanos y el gobierno municipal de Cudillero sigue en aumento, se diría que hay una guerra abierta. Pero una guerra de palabras, insultos, acciones y denuncias que se cobra víctimas en ambos bandos.

Algunas de las personas que escriben en el blog Señor Alcalde se reúnen en un local de Cudillero para estudiar la querella presentada por el ex alcalde y tres concejales. Se llama a declarar a tres ciudadanos que habitualmente escriben en el blog, pero no a su creador y administrador, cuya identidad es uno de los secretos mejor guardados en la villa pixueta. El autor del blog, con el que logró hablar ATLÁNTICA XXII, es consciente de la transcendencia de su publicación. Reconoce que en ocasiones los insultos y acusaciones vertidas sobre los miembros del Ayuntamiento “se pasaron de la raya”. “Al principio fue como una válvula de escape que tras veinte años de gobierno cacique explotó y mucha gente la usó para poder desfogarse”, comenta. “Yo no digo en el blog nada que no haya dicho en la calle o en un bar, esto es un pueblo y todos nos conocemos, aquí la diferencia entre público y privado es más difícil de distinguir”, añade.

En Señor Alcalde cada concejal tiene un mote y se pudieron leer comentarios más o menos velados sobre sus inclinaciones sexuales, problemas con las drogas o actitudes públicas. “De todos modos”, interviene otra de las comentaristas habituales del blog, “no se habla de la intimidad de nadie de puertas adentro y hay cosas mucho más fuertes que nos callamos”. En las entradas y comentarios de Señor Alcalde se denuncian hechos que hoy están siendo investigados por la justicia, a veces tras un seudónimo y otras con nombres y apellidos. La denuncia parece haber cambiado algo. En Señor Alcalde se debate ahora sobre ética, solidaridad y anonimato, algo que también bulle en la cabeza de su autor. “Mi mayor temor si descubro mi identidad no es a la Administración ni al ex alcalde, porque ya me hicieron de todo, temo sobre todo a los vecinos y a quedarme sin clientes, porque yo tengo aquí un negocio. Si hoy descubro mi identidad no solo estaría muy jodido sino que eso sería el fin del blog”.

Para poder averiguar la identidad de los autores de estos comentarios o insultos, el ex alcalde y los concejales solicitaron judicialmente la investigación de las direcciones IP tras las que están las personas denunciadas. Pero solo tres de los muchos que aquí escriben han recibido la citación y entre ellos no está su autor. Sí figura entre los denunciados el sargento de la policía local Iván Flórez, el hombre que puso en jaque al hasta ahora diputado socialista Francisco González, lo que lleva a pensar que lo que se pretende silenciar no solo es al blog sino sobre todo al agente.

Laciana, Siero y Grandas

Pintada en Laciana (León) en un caballo de un militante ecologista, un atentado relacionado con un blog.

Pintada en Laciana (León) en un caballo de un militante ecologista, un atentado relacionado con un blog.

En Laciana (León) ser ecologista puede ser peligroso. Un militante lacianiego de Los Verdes descubrió un día que alguien le había dado un hachazo a uno de sus caballos, sobre el lomo de otro pintaron con un spray la palabra “Hijodeputa”, en una pared, “Cuidado con la familia”; también fue arrojado un cóctel molotov sobre su cuadra. Los miembros del colectivo Filón Verde, con sus denuncias, contribuyeron a parar en los juzgados una de las explotaciones a cielo abierto del grupo minero de Victorino Alonso. Desde hace años varios grupos ecologistas vienen denunciando en los juzgados, con movilizaciones o a través de la Red, las irregularidades cometidas por el empresario leonés cuando nadie se atrevía a hacerlo públicamente. Víctor Menéndez, miembro de Filón Verde y autor del blog Tsobu de Laciana, es uno de ellos. A pesar de saber que las amenazas son muy reales, Menéndez prefiere no ocultarse tras un seudónimo cuando emite estas denuncias en su blog o en su página de Facebook: “Si nos escondemos para hablar estaremos regresando a los tiempos de la oscuridad y Franco, ¿es esta la democracia que queríamos?”, dice.

En Siero recientemente se celebró un juicio contra un policía local al que el portavoz municipal socialista, Angel García “Cepi”, acusa de calumniarlo en Internet. Los conflictos “digitales” en este concejo vienen de atrás. El ordenador del entonces concejal popular, y hoy no adscrito, Luis Vázquez, fue revisado por si era el autor de algunos mensajes y fue archivada una denuncia en su contra.

Resulta llamativo que muchos de los autores de estos blogs peinen canas. No son precisamente “nativos digitales”, es decir, jóvenes que nacieron ya en la era de Internet. En su juventud lucharon por la democracia y ahora adaptan las nuevas tecnologías como una forma de lucha y resistencia. Es el caso de Salvador Rodríguez Ambres, administrador de la página de Facebook de apoyo a Pepe el Ferreiro, el cesado director y creador del Museo Etnográfico de Grandas. “Yo no tenía Facebook y además me parecía una chorrada, pero cuando en 2010 destituyeron a Pepe el Ferreiro entendimos que había que darlo a conocer y creamos la página”. En pocos días llegó a 8.000 miembros. “Entonces me di cuenta del poder de la redes”, reconoce Salvador.

La página de apoyo al Ferreiro ataca principalmente al alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla, máximo responsable del cese del Ferreiro, y en su tiempo atacó a su sucesor, el arqueólogo Francisco Cuesta. Este último presentó una querella por injurias contra los autores de los comentarios de Facebook, pero el juez la desestimó. “La denuncia nos hizo ser quizás prudentes, pero la gente que comenta lo hace con su nombre y apellidos, y yo como moderador nunca admito ni contesto comentarios que vengan de una identidad anónima”. En el código colectivo y no escrito de esta publicación no se admite entrar a airear la vida privada de nadie.

“Sé que somos la página de cabecera del alcalde, que nos lee a diario y que él o sus secuaces hacen periódicamente capturas de las páginas”, sostiene Salvador. Prueba de ello es la última ocurrencia del alcalde de Grandas, que pidió la destitución de la actual directora del Museo, Susana Hevia, basándose en una foto publicada en la página de apoyo al Ferreiro. En la foto se puede ver a Pepe brindando en el bar-tienda del museo con el síndico Antonio Arias. Revilla facilitó esta foto a los medios para denunciar lo que a él le parece un escándalo, aunque el síndico reaccionó y colgó en Internet su entrada, porque había pagado por acceder al Museo como todo el mundo. Algunos medios publicaron la foto sin recato alguno y sin citar ni la fuente ni la autoría. Si todo vale para los medios convencionales ¿qué límite debe haber para los ciudadanos?

Blogeros mártires

La Red está que arde. Miles de personas comentan a diario las noticias digitales de todo el mundo. Algunos de estos medios, conscientes de que los comentarios y los comentaristas son parte esencial de su audiencia, permiten que las palabras de sujetos anónimos suban de tono sin aparente moderación. Es frecuente escuchar a mucha gente decir que lo mejor de las noticias “son los comentarios”. Con el mundo sumido en una profunda crisis y frente a una cascada de escándalos de corrupción, los ciudadanos se vuelcan sobre sus teclados para mitigar su frustración, y nadie se libra de ser injuriado en la Red.

En ocasiones se diría que la libertad de expresión se ha convertido en la libertad de insulto. Pero también que hoy los medios están bajo la sospecha de ser dirigidos por intereses distintos al puro respeto por la información; la verdad se oculta y es cada vez más frecuente que frente a informaciones tibias, ocultistas o simplemente torticeras, los comentarios de los lectores aporten muchas veces la claridad o los detalles relevantes que los periodistas no quieren o no pueden hacer públicos. Los moderadores de algunos medios digitales pueden permitir o censurar enlaces a otros medios independientes y críticos que aportan una información mucho más profunda y reveladora. Pero en este inmenso océano de palabras, el descrédito y la duda sobre quién dice la verdad es enorme.

Que un periodista o un bloguero pueden hacer daño al poder está en la escalofriante lista recién publicada por Reporteros sin Fronteras: 90 periodistas y 48 blogueros fueron asesinados en 2012, el año más negro de la historia del periodismo. Los blogueros están ya incorporados como mártires de la libertad.

Denuncias que apenas prosperan

Para poder activar una querella contra un comentarista anónimo en Internet es necesario que el juez encuentre indicios de delito en las palabras que se profieren. “En este sentido, no existe ninguna diferencia entre lo que se dice físicamente o lo que se dice a través de Internet”, explica el penalista Javier Fernández Teruelo; es decir, se considerará un posible delito de injurias o calumnias sin que exista diferencia legal si se escribe en un blog o si se grita en un bar.

Sin embargo para identificar a una persona tras un seudónimo es necesario un complejo procedimiento judicial. Si el juez admite indicios de delito, el brazo tecnológico de la Guardia Civil localizará la dirección IP desde la que escribieron las presuntas calumnias y después, conforme a sus propias listas de telefonía, solicitará a la empresa operadora correspondiente el nombre del titular de la cuenta. Con esta información se cierra el círculo sobre una familia o empresa y se investiga entonces qué perfil de entre los posibles usuarios de esa cuenta se ajusta más al del posible autor de la calumnia.

“De las pocas denuncias de este tipo que han prosperado en España, la mayoría se resuelve con una multa de pequeña cuantía”, resume Fernández Teruelo, que estima que los jueces suelen poner la “lupa” cuando las acusaciones consisten en airear posibles delitos de corrupción, por ejemplo, y en todo caso deberán distinguir si es una injuria o una crítica fundada. “En estos casos, los autores de las acusaciones deberían responder por ello”, dice Teruelo. Más difuso es el tema de los insultos personales cuando éstos recaen sobre personas con cargos públicos. “Si, por ejemplo, se acusa a alguien que ostenta un cargo público de haber tenido problemas con los drogas, nos guste o no, es algo que forma parte de la biografía de esa persona”. En ambos casos, los jueces, “tal vez cansados por abuso de querellas civiles entre particulares”, tienden a desestimar este tipo de denuncias basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional según la cual en estos casos “prevalece el derecho a la información por encima del derecho al honor”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 25, MARZO DE 2013.

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