Crónica de una DUI en dos actos

Carles Puigdemont firma la DUI que no se atrevió a declarar en el Parlamento catalán.

Paz Andrés Sáenz de Santa María / Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo.

Tras un aplazamiento con suspense y una curiosa apertura de la sesión por parte de la Presidenta del Parlament, condenando la violencia machista, el discurso de Carles Puigdemont parecía encaminarse hacia una proclamación expresa de independencia hasta que hizo el quiebro de proponer la suspensión de la declaración que no había llegado a formular. Empezaron entonces las cábalas sobre si había habido o no DUI y, mientras unos entendían que estábamos ante una declaración implícita, otros pensaron que no había tal sino una llamada al diálogo. La actitud de la CUP, manifestando su disgusto e incluso hablando algunos de traición, contribuyó a fortalecer esta opinión y a disparar los comentarios sobre una presunta fractura en el bloque independentista y un cambio en la posición del Govern.

La Declaración posterior, firmada en el auditorio del edificio del Parlament por los autodenominados representantes democráticos del pueblo de Cataluña de acuerdo con el presunto mandato recibido de la ciudadanía catalana, es una declaración de independencia en toda regla con la que se desmiente la ambigüedad fingida en el salón de plenos y en la que participa la CUP, rápidamente recuperada del disgusto. Sus términos son inequívocos: tras invocaciones tergiversadas al derecho internacional, los llamados representantes legítimos dicen constituir la República catalana como Estado independiente y soberano y lo ponen en conocimiento de la comunidad internacional, pidiendo su reconocimiento, al tiempo que se comprometen a respetar las obligaciones internacionales existentes y a continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que España forma parte. En este sentido, conviene recordar que la declaración unilateral de independencia de Kosovo contiene expresiones y afirmaciones similares; del mismo modo, en aquella ocasión la DUI no fue proclamada en una sesión de la Asamblea y se firmó por 109 de los 120 miembros de la misma. Visto todo lo anterior, es evidente que la voluntad de negociar con el Estado español se expresa en el contexto de lo que claramente se pretende que sea una sucesión de Estados.

De esta forma, hemos asistido a una representación en la que el auténtico es el segundo acto, mientras que el primero era una cortina de humo que entre otras cosas le sirve al president Puigdemont para intentar eludir sus responsabilidades penales. Este es el escenario con el que ahora tiene que enfrentarse el Gobierno de España, para el que ya se ha acabado el tiempo de esconderse tras el Tribunal Constitucional y el poder judicial y de confiar puerilmente en que lo que no es legal no va a ocurrir, como si la historia no estuviera repleta de cambios inconstitucionales. A Rajoy se le han acabado las excusas.

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