Desalojan por la cuarta vez la finca cordobesa de Somonte

La finca pública, propiedad de la Junta de Andalucía, fue ocupada en 2012 por jornaleros en paro. Foto / Alonso von Werner.

Mario José Diego Rodríguez / Sindicalista jubilado.

En una Comunidad como Andalucía, en donde el paro ronda el 30% y el de los jóvenes el 50% (cifras de 2016), el pasado viernes nos llega la noticia de que la Guardia Civil acaba de desalojar a los jornaleros que ocupaban la finca cordobesa de Somonte. Finca pública, propiedad de la Junta de Andalucía, en barbecho hasta su ocupación en 2012 por jornaleros en paro. Ocupación llevada a cabo en vísperas de ser subastada de mala manera por dicha Junta.

Recordemos que durante la llamada Transición se volvió a reactivar el debate sobre las tierras, poniendo al orden del día una reforma agraria. En esa época, Andalucía vio a miles de personas salir a la calle para reclamar la tierra para quienes la trabajan. Esas movilizaciones también han sido acompañadas ya por algunas ocupaciones de fincas.

Para calmar a los sin tierra, acabar con ese movimiento y situarlos de su lado, la Junta de Andalucía, como siempre, ha encontrado un subterfugio poniendo de manifiesto la importancia de la Reforma Agraria en el estatuto de Autonomía y creó el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), al que atribuía el papel de ejecutor en la supuesta realización progresiva de la reforma agraria.

Treinta años después no cabe la menor duda sobre las intenciones de la Junta de la época, como las intenciones de los Gobiernos sucesivos del PSOE en Andalucía. No solo el IARA pecó en la ejecución de dicha reforma absteniéndose de todo trabajo a ese efecto. Es más, hoy en día las tierras siguen en manos de los mismos caciques y cuando no, como en el caso de Somonte, su actual propietaria, la Junta de Andalucía, envía la Guardia Civil, mediante orden judicial, para expulsar a los jornaleros. Este será el cuarto desalojo llevado a cabo.

Lo mínimo que se podía esperar por parte de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, es que viendo la coyuntura social en la que nos encontramos, pusiera a disposición de los jornaleros y jornaleras en paro las tierras que tenían en propiedad. Pues no, por lo que se ve es mucho pedir, y como si fuera poco, si la Junta sigue en la dinámica de venta en la que se encuentra, ya no le quedará tierras en propiedad. Ya casi no le quedan.

Las subastas repetitivas están acabando con el patrimonio público, éstas han dividido por cuatro las 20.000 hectáreas que poseía la Junta. ¿Cómo puede ser de otra manera cuándo uno puede lucrarse sin ningún esfuerzo? Trapichear con tierras públicas, pudiendo venderlas a un buen precio a especuladores sin escrúpulos, es mucho mejor que ponerlas a disposición de los desposeídos para que puedan trabajarlas e intentar vivir de ellas.

¿En qué quedó el anuncio por parte de la Junta a propósito del Banco Público de Tierras? ¡En nada! Esta es la política al servicio del pueblo de la que tanto nos estuvo hablando Susana Díaz desde hace siete meses y de la que nos sigue hablando, la mano sobre el corazón. Esta es la política de la que tanto se enorgullece el PSOE en general y el andaluz en particular.

Ha habido y hay mucho revuelo estos últimos tiempos en el Parlamento; hemos oído muchas declaraciones perentorias sobre la soberanía del pueblo, sobre la democracia y sus valores; hemos visto supuestos representantes de ciudadanía rasgarse sus vestiduras; hoy, fuera del Parlamento nos enfrentamos a la dura realidad, la realidad de aquellos a los que, disponiendo únicamente de su fuerza de trabajo para poder vivir dignamente, se les niega esta posibilidad condenándoles a vivir míseramente.

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