Despidos en ALSA que no son de ALSA

Los cinco despedidos. Foto / Santiago Dacal.

El despido de cinco empleados que trabajaban en la estación de ALSA en Gijón ha puesto de manifiesto de nuevo el problema laboral que suponen las subrogaciones. ALSA elude responsabilidades porque no los considera personal suyo. Llevaban movilizándose cinco meses, pero han firmado un preacuerdo para ser indemnizados.

Santiago Dacal / Periodista.

ALSA se ha visto salpicada por un conflicto laboral tras el despido de cinco trabajadores de la estación de Gijón el pasado 4 de junio. Los trabajadores, auxiliares encargados de gestionar el tráfico en la entrada y salida de autobuses, entre otros servicios, estaban contratados por Grupo Norte, empresa a su vez subcontratada por ALSA para realizar estos servicios. El motivo del cese fue una subrogación de la actividad a favor de dos nuevas empresas, Prosetecnisa y Bilur 2000, ambas pertenecientes al mismo grupo, y que pasaron a desempeñar la actividad de Grupo Norte, rechazando subrogar también las obligaciones laborales con una parte de sus empleados.

Los trabajadores demandaron a Grupo Norte, Bilur y Prosetecnisa. También lo hicieron con ALSA por considerar que tenía la responsabilidad solidaria de que dichas obligaciones laborales se cumpliesen. Fuentes de ALSA consultadas por esta revista mantienen el mismo desentendimiento que ya habían mostrado en junio ante los medios. “No es problema de ALSA. ALSA no es quien despide”. El conflicto adquiere relevancia al tratarse de la empresa insignia de una de las mayores fortunas de Asturias, la familia Cosmen, que posee más de 200 sociedades y que solo con ALSA facturó más de 700 millones de euros en 2016.

Como medida de presión, los empleados de ALSA, junto a otros compañeros y sindicalistas de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), bloquearon cada jueves la estación de Gijón desde los despidos, provocando incidencias y retrasos en el servicio, especialmente en junio. La indignación de los empleados comienza aquel mismo día, cuando, sin previo aviso, una inspectora de Grupo Norte —empresa que declinó hacer declaración alguna sobre el conflicto— los cita en la estación y les da la noticia. Les dio el finiquito, un apretón de manos y adiós muy buenas. “Nos enteramos de que Prosetecnisa solo subrogaba a los vigilantes. Venían con los finiquitos para que los firmáramos. Cuando vimos eso nos quedamos sorprendidos. No sabíamos qué hacer”.

Prosetecnisa subrogó solo a los miembros de seguridad del equipo de Grupo Norte. Desde Prosetecnisa defienden que “al tratarse de una empresa de seguridad, no puede contratar a personas que no poseen el título de seguridad homologado, y los auxiliares no lo tenían”. Es por ello por lo que entra en juego una empresa de su mismo grupo, Bilur 2000 —cuya existencia no descubrirían los trabajadores hasta un día antes del primer juicio—, que se hace cargo de la contratación de nuevos auxiliares, pero que “no tiene la obligación de subrogar a los que ya estaban en Grupo Norte”. A cambio, contrató solo a tres empleados para hacerse cargo de lo que antes hacían cuatro (uno de los cinco empleados cubría una baja de un compañero).

Los trabajadores despedidos sostienen que es una forma de “precarizar aún más las condiciones laborales” a las que ya estaban sometidos, ya que según su testimonio hacían más de cuarenta horas semanales por algo menos de 900 euros al mes. Según los cálculos de Prosetecnisa, con 3,48 empleados, es decir, con tres trabajadores —redondeando a la baja— se satisfacen las tareas que exige el servicio.

Hay que recordar que también es la seguridad de los usuarios la que está en juego. Este nuevo servicio en la gestión del tráfico de autobuses se implementó a raíz de que en 2014 muriera una mujer de 72 años atropellada en la misma estación.

Así fue cómo se gestó el despido de Jorge González, Manuel Ovidio, Adrián Huelga, Antonio Bolaños y Pablo Lorenzo. Cuatro de ellos con más de cuarenta años y con la dificultad de encontrar un nuevo empleo que eso conlleva.

Los despedidos trabajaban en la estación de ALSA en Gijón. Foto / Santiago Dacal.

“Cuatro mindundis

Los auxiliares, al no tener convenio colectivo, tuvieron que acudir al estatuto de los trabajadores para conocer sus derechos. Según el artículo 44 del mismo, Prosetecnisa debería de haber mantenido a los trabajadores de Grupo Norte. “El cambio de titularidad de una empresa no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior”. El mismo artículo añade que la empresa cedente, es decir ALSA, tenía responsabilidad solidaria en las condiciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión.

Pese a ello, la falta de desarrollo en el Estatuto hace que haya que bucear entre la jurisprudencia para saber quién lleva la razón en el conflicto. Aún así, parece lógico que Jorge acudiera a un delegado sindical de CCOO para ver qué hacían. Según el trabajador despedido, este le respondió muy escuetamente con la que sería la postura del comité de empresa —con mayoría de CCOO— de ahí en adelante: “Aquí cada uno se busca la vida”.

La postura de CCOO es que al no tratarse de una empresa del grupo, sino de una subcontrata, no tenía competencia para defender los derechos de sus trabajadores. “El conflicto no es competencia del comité porque no es ALSA quien despide”, dijo el presidente del comité José Luis Díaz Calvelo ante los medios, calcando el mismo argumento de la empresa. Los cinco empleados se dirigieron entonces a CSI, que, si bien no forma parte del comité de ALSA, sí del de Ebrobus, una empresa del mismo grupo y con quien comparte centro de trabajo. Fue con CSI con quien se tramitaron las demandas. Fernando Álvarez, responsable de Acción Sindical de CSI, lo tiene muy claro. “El Estatuto dice claramente que el sindicato ha de representar a los trabajadores de su empresa o centro de trabajo. Están en el mismo centro de trabajo, la estación, por lo tanto CCOO sí debería defender sus intereses, al igual que nosotros”.

Manolo García, coordinador de la Federación de Carreteras de CCOO, asegura que a ellos nadie vino a pedirles ayuda. Asegura desconocer que uno de los despedidos acudiera a un delegado sindical de CCOO, pero “de todas formas con quien tenía que haber hablado era con el comité, no con un delegado”.

Como una muestra más del desencuentro, especialmente con su presidente, uno de los trabajadores despedidos muestra un largo comentario que emitió Calvelo en un grupo de Whatsapp entre trabajadores de ALSA. “A mí no van a decirme cuatro mindundis qué es lo que tengo que hacer”.

Tampoco entienden, ni los despedidos ni CSI, cómo Calvelo puede seguir siendo presidente de comité de una empresa en la que “ya no trabaja”. Ha sido prejubilado recientemente. Su comida de despedida fue otro motivo de indignación, ya que la celebró —entre otros muchos compañeros—en un restaurante de La Calzada con una parte de la cúpula de ALSA, como Javier Martínez Prieto, director de Zona Cornisa Cantábrica, y Juan Carralero, responsable de Recursos Humanos. Tanto los trabajadores como CSI entendieron que era de mal gusto tener un trato tan amistoso con ellos cuando la empresa estaba inmersa en este conflicto laboral y lo consideraron una muestra más de connivencia entre el comité y ALSA.

Manolo García resta importancia a esto. Considera que no tenía relevancia y que no es algo incompatible con la actividad sindical. “Yo he visto como Calvelo llamaba hijo de puta a Javier Prieto en una huelga”. Cree que la exigencia permanente del comité de CCOO con ALSA en anteriores ocasiones es demostración suficiente para avalar su política en la empresa.

CCOO y CSI

Estos desencuentros sindicales tienen que ver, según CSI, con el aumento de su presencia en un sector donde hasta hace poco CCOO y UGT no tenían competencia. Según fuentes de CSI, eso se traduce en expedientes sancionadores de ALSA a afiliados o simpatizantes del sindicato. Acudir al centro de trabajo con camisa y no con polo, o con un calzado no reglamentario, o una discusión con un cliente, o sobrepasar en 4 km/h los límites de velocidad, son ahora a juicio de ALSA faltas muy graves que conllevan un despido procedente si vuelven a ser sancionados en los siguientes ocho meses.

CSI asegura que estos expedientes suelen archivarse por falta de pruebas y que suelen recaer en trabajadores afines al sindicato . “Aquí el que demanda nunca aparece. Siempre es alguien que no se sabe quién fue. Y casualmente siempre es a alguien que está con CSI”, dice un trabajador que prefiere mantener el anonimato. ALSA vuelve a remitirse a su inamovible argumento para negar la represión sindical: “ALSA no despide. No es un problema nuestro”. Por su parte, Manolo García desmiente categóricamente que en ALSA exista dicha represión y aprovecha para recordar los numerosos despidos que CCOO han evitado durante los últimos años.

Firmaron un preacuerdo

No fue hasta un día antes del primer juicio, el 12 de octubre, cuando los trabajadores descubrieron que era Bilur 2000, y no Prosetecnisa, la empresa que contrataba a los auxiliares. La aparición de esta empresa propició que los dos primeros juicios programados para octubre se suspendieran y que la balanza virase hacia el lado de las empresas.

Si la relación contractual entre ambas se tratase de una cesión de servicios —de Prosetecnisa a Bilur—, según la defensa de los trabajadores, dichas empresas no tendrían la obligación de subrogar a los auxiliares despedidos siempre y cuando hubieran empezado a prestar los servicios para ALSA de forma simultánea. Lo que sospechaban es que Bilur 2000 entró a formar parte del entramado después que Prosetecnisa, y que este cambio era solo una estrategia para complicar el proceso judicial. Algo que si se demostrase obligaría a la empresa a readmitir a los trabajadores.

Pero es algo que no parece que vayan a estar dispuestos a demostrar, puesto que los empleados afectados han firmado ya un preacuerdo en forma de indemnización por el despido improcedente. Fue este 25 de octubre, en la reanudación de uno de los juicios suspendidos, cuando los cinco empleados firmaron conjuntamente este preacuerdo en vista a las pocas expectativas de conseguir la readmisión en los futuros juicios.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 53, NOVIEMBRE DE 2017

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