El discurso de la antipolítica y el asunto Espinar

El senador de Unidos Podemos Ramón Espinar y su padre, Ramón Espinar Gallego, imputado en el caso de las tarjetas 'black'.

El senador de Unidos Podemos Ramón Espinar y su padre, Ramón Espinar Gallego, imputado en el caso de las tarjetas ‘black’.

Ovidio Rozada / El asunto del piso de Ramón Espinar ha copado titulares, telediarios y tertulias estos días… Pedro Sánchez ha reconocido en una entrevista televisiva que sectores empresariales y la dirección del Grupo Prisa le prohibieron expresamente cualquier tipo de entente con Podemos y sus confluencias. Siguen apareciendo datos de la venta de viviendas sociales a Fondos Buitre en Madrid, del Caso Villa y el Montepío de la Minería…, y se avecinan nuevos recortes reclamados por la UE. Sin embargo, el foco mediático ha estado dominado por un asunto que no entraña ninguna ilegalidad, acaso objeciones morales, y que ha sido publicado para influir en el proceso de primarias de Podemos Madrid, buscando generar tensiones en esa organización atacando a alguien próximo a su secretario general.

Nada nuevo: regularmente han venido aireándose trapos sucios de figuras destacadas de Unidos Podemos que luego no tienen recorrido judicial. A nadie puede escapársele ya que los grandes medios de comunicación son empresas entre cuyos accionistas están, en el caso del Grupo Prisa, la Caixa, el Banco Santander, Telefónica, fondos de inversión o personajes como Carlos Slim.

Pero es interesante ahondar en las fórmulas argumentales y el trasfondo discursivo que se moviliza para tratar de erosionar a las fuerzas que plantean un cuestionamiento de lo establecido, más allá de la tendenciosidad en el manejo de la información. No perdamos de vista que la política supone también la fijación y la disputa de unos marcos culturales y de un sentido común que condensa el sistema de ideas y parámetros morales hegemónicos. Y los grandes grupos de comunicación son tanto negocios como aparatos ideológicos que explotan diferentes nichos de mercado sociológico, al tiempo que tratan de fijar y moldear unos idearios favorables a los intereses de sus accionistas y a las estructuras transnacionales y financieras en que se imbrican.

Vayamos ya al tratamiento que se hace del asunto Espinar. Resulta paradójico que aquello que es lo sustancial y cuestionable prácticamente se ignora: ¿cómo es posible que las bases de una promoción de vivienda de precio limitado permitan a una persona de una familia pudiente acceder a la misma?; ¿cómo es posible que esas bases no excluyan a cualquiera que tuviera un vínculo familiar con directivos de entidades que habían concedido ayudas a la cooperativa que construía las viviendas? Y ya en un plano más general: ¿por qué la política de vivienda en nuestro país, tanto en la época de la burbuja como desde el desarrollismo de los años sesenta, optaba por promover la construcción de bloques para venta, a través de préstamos hipotecarios, y no por crear un parque de alquiler social para garantizar el derecho a la vivienda?

Todo esto queda fuera del planteamiento de los grandes medios, que prefieren centrarse en una supuesta práctica especulativa. Recordemos los hechos: Espinar hace aportaciones como cooperativista desde 2007 gracias a un préstamo familiar de 60.000 euros. Cuatro años después, en el momento de acceder a la vivienda, un piso de 60 m2, y tomar la hipoteca, entiende que no puede pagarla por tener como ingresos una beca de 500 euros mensuales. Pide la preceptiva a autorización a la Comunidad Autónoma de Madrid para vender, la cual da luz verde y fija precio, habiendo sido éste revisado al alza por la Administración. La venta se efectúa y Espinar obtiene una plusvalía neta de 20.000 euros.

Se me antoja extraño señalar especulación en una venta a precio tasado, cuatro años después de haber realizado las primeras aportaciones. Entre otras cosas porque el dinero invertido posiblemente hubiera generado bastantes más rendimientos en algún producto bursátil, y el piso hubiera podido venderse en el mercado libre en unos años. Los grandes medios se apresuran a señalar, tras reconocer que no hay constancia de nada irregular en la adjudicación de la vivienda, que podría haberla devuelto a la cooperativa en vez de venderla, con lo que se le hubiera simplemente reintegrado el dinero invertido. Pero, ¿si la Administración ofrece a un particular varias opciones, es reprochable que éste escoja la más ventajosa si ello no entraña perjuicio para terceros (cualquiera que fuese a comprar el piso lo habría hecho al precio fijado por la Comunidad)? Recordemos además que esta persona no era entonces cargo público.

Parece que se exige excelencia moral en la vida pasada para poder formular un posicionamiento político contestatario en el desempeño institucional. He aquí lo sustancial: ¿puede alguien que ha vendido años antes su vivienda de protección con beneficios, criticar las políticas de vivienda enfocadas a la venta y no a garantizar el derecho a tener techo? Pues por más que haya que demandar siempre unos mínimos de coherencia personal, se confunde aquí la escala de las acciones que desarrolla un particular dentro de la regulación existente, con la crítica a esa regulación y la propuesta de otras políticas públicas.

Esto precisamente es el fundamento del discurso antipolítico: ignorar los contenidos, las discrepancias entre los proyectos políticos; oscurecer el trasfondo de equilibrios de fuerza e intereses socioeconómicos contrapuestos, que engendran las estructuras de clases con los bloques hegemónicos y las disidencias que puedan articularse. Disolver la política en un puro juego de individuos mezquinos, dominados por una suerte de egoísmo innato: “Todos los políticos son iguales porque todos somos iguales”; de ahí que la corrupción pueda presentarse al final como una pura sucesión de casos aislados.

Éste es el discurso que maneja recurrentemente Mariano Rajoy. Atendamos a sus réplicas parlamentarias. Rajoy siempre responde a sus interlocutores que él no es perfecto ni se considera perfecto, pero que sin embargo sus rivales pretenderían serlo. No lo tomemos a broma: Rajoy encapsula las críticas a su modelo de sociedad y su gestión, reinterpretándolas como una crítica a sus aptitudes personales y morales. No habría así divergencias políticas de fondo: la economía, la gestión política en general, vendría a ser algo neutro. Un puro desfile de sujetos más o menos aptos, condicionados por la débil naturaleza humana: el fuste torcido. Por tanto, criticar la propuesta política del PP sería una mera cuestión de doble moral e hipocresía.

Esto no es una genialidad de don Mariano, sino un elemento ideológico profundamente incrustado en nuestra cultura, especialmente en los estratos sociales más conservadores. Recordemos el famoso chiste, popular entre la gente mayor de Asturias, del comunista que pide a sus vecinos que repartan con él su ganado, pero que se niega a donar sus pites porque “¡éses son míes!”

Y hay que ser cuidadosos para bregar con esta lógica. Jugar con una pretendida superioridad moral desde una posición transformadora es siempre una espada de doble filo. Lo importante, ante los dolores sociales o ante las tramas corruptas, es subrayar que son el efecto estructural de un modelo socioeconómico que subordina las instituciones a los intereses de las oligarquías empresariales y financieras, y no la expresión de la débil condición humana.

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