Editorial: Expulsar a los corruptos de la democracia

Los ciudadanos no pueden tener confianza alguna en organizaciones que falsifican su documentación, defraudan a Hacienda, profesan cotidianamente el tráfico de influencias, juegan sucio, cultivan la mentira, practican la hipocresía y la arrogancia, comen a dos carrillos, tiran la piedra, esconden la mano y, cuando sorprendidos con los dedos en la masa se ven acorralados, no tienen mejores argumentos de defensa que imprecaciones propias de patio de vecindad al estilo de “peor eres tú” y “mira quién va a hablar”. Esto escribía en 1997 el jurista Alejandro Nieto, referente intelectual y ético contra la corrupción, sin que la situación haya cambiado.

No cambiará mientras el único muro de contención sea el de unas decenas de jueces y fiscales valientes, con escasos medios personales y materiales, en instrucciones que duran más de cinco años. Casos complejos, de decenas de volúmenes, con miles de folios, que exigen conocimientos financieros, urbanísticos, administrativos con escasísimos personal de apoyo en los Juzgados de Instrucción locales.

Resulta difícil imaginar una situación institucional más degradada que la actual. La implicación de los partidos ha llegado al embargo de la sede principal de Convergencia, la condena por financiación ilegal de Unió, los dos partidos que gobiernan en Cataluña, y especialmente el descubrimiento de la cuenta millonaria en Suiza del ex tesorero del PP, sus cuentas de dinero negro y el pago habitual de sobres a sus dirigentes, para complementar sus sueldos públicos.

La única pista de la procedencia de los veintidós millones suizos la tenemos en el apunte de los 144.000 euros de ingresos en la cuenta B del partido procedente de la aportación de Constructora Hispánica, cuando está documentado en el Caso Gürtel que la aportación real en el mismo espacio de tiempo fue de 600.000 euros.

Tienen que existir contabilidades más descentralizadas donde estén todas las comisiones recibidas de la red Correa y de todos los comisionistas que tenía y sigue teniendo el PP en los diferentes Ayuntamientos y Autonomías donde gobierna y también las del resto de partidos políticos, ya que no casa en absoluto la desmesura de sus gastos y campañas electorales con lo exiguo de sus cuentas oficiales.

Está probado que Luis Bárcenas no es el único tesorero ni parlamentario en disfrutar de generosas cuentas en Suiza o en otros paraísos fiscales; es seguro que están en la lista de Falciani de los 3.000 evasores fiscales españoles, que podrían tener unos 6.000 millones o incluso hasta 18.000 millones, como se ha publicado en ATLÁNTICA XXII, cuya salida a la luz aterroriza a nuestra clase política y empresarial.

Pero, a pesar del morbo proporcionado por la cantidad de nombres e importes que van saliendo, no es más que una pequeña parte de la corrupción española, ya que los escasos medios judiciales españoles no dan para más.

Porque el problema que seguimos teniendo es el del “tres por ciento” que echó en cara Maragall a la bancada convergente en 2005, problema repetido y acrecentado en los contratos administrativos, en los Ayuntamientos y entidades dependientes y en las Autonomías y empresas públicas de toda España, gracias al descontrol existente. Esta es la característica diferencial y explicativa de la enorme dimensión de la corrupción española frente a la de los países del entorno.

A pesar de que el escándalo actual no es más que la enésima repetición de un problema crónico, denunciado en varias ocasiones por instancias oficiales europeas, los agitadores profesionales siguen repitiendo el “mantra” de que la clase política española es honrada y ejemplar y que solo es un problema de ovejas negras, eso sí, llamativas, que hay que retirar. Pero esperan que pase esta tormenta, como pasaron las anteriores, sin dimisiones o solo con las de algunos chivos expiatorios. El peor necio es el que termina creyéndose sus propias mentiras publicitarias.

La corrupción política es el cáncer de una sociedad democrática y en la nuestra hay metástasis en todas las instituciones donde llegan los partidos políticos, con especial gravedad en los Ayuntamientos y sus entes dependientes y en las administraciones y sociedades de las Autonomías y las células sanas, que son la gran mayoría, acabarán colapsando por efecto del cáncer si no ponemos remedio. Las enfermas no se regeneran por sí solas.

No es un problema cuantitativo de cuántos políticos son deshonestos, sino que objetivamente los Ayuntamientos y las Autonomías son las grandes agencias de colocación de los partidos políticos españoles, y que los aproximadamente 100.000 políticos colocados en los Ayuntamientos -68.285 concejales y alcaldes y el resto cargos de confianza- y los también aproximadamente 150.000 políticos en las Autonomías –en su mayor parte empleados a dedo en empresas públicas- constituyen la mayor y más eficaz red de financiación de la partitocracia y del reparto de favores, es decir del eficacísimo sistema caciquil español, de reparto de favores a cambio de votos agradecidos.

No es un problema exclusivo de los políticos. La aprobación de un convenio urbanístico o de un pliego de contratación requiere de técnicos colaboradores, arquitectos, aparejadores, ingenieros, secretarios municipales; cada pago de un Ayuntamiento requiere la firma del alcalde, pero también la del interventor y la del tesorero. El descontrol y la impunidad estimulan las malas tentaciones y el 3% que se quedan las cúpulas debe acrecentarse para tener contentos y silentes a todos los colaboradores, más teniendo en cuenta que algunos comisionistas actúan por libre.

Mientras la ciudadanía está entretenida e indignada con la aristocracia de la corrupción que se airea, la contratación pública de Ayuntamientos y Autonomías sigue descontrolada, siguen funcionando las comisiones y los sobres, especialmente en la gestión del agua y en las basuras. Son millones las facturas sobrecargadas con comisiones, son miles los Ayuntamientos corruptos y son centenares de miles los colaboradores que parece asumen como normal la corrupción y sus sucias actividades.

La enorme dimensión de la corrupción española puede apreciarse en casos como Brugal, Marea, Pokemon y Manga y en alguno menos conocido, como la investigación judicial de Castro Urdiales, donde, en quince asuntos que afectan a todos los ámbitos del Ayuntamiento, hay unos ochenta imputados, de los que solo unos veinticinco son políticos. El resto, funcionarios municipales: secretario, ingeniera, arquitecto, jurista, administrativos y técnicos externos, suministradores, empresarios y hasta el notario.

El ejemplo demostrativo está en las listas de regalos de las empresas constructoras y en las concesionarias de servicios. Sería revelador exigir que afloren las listas navideñas de FCC, Acciona y Aquagest.

Un sondeo reciente de Metroscopia asegura que el 96% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta, por lo que el 4% restante deben de ser los colaboradores que la ven normal: 1.900.000 ciudadanos.

En un organismo enfermo solo cabe la eliminación de las células dañadas y es fundamental la adopción de medidas preventivas para actuar en cuanto aparezca de nuevo el mal. En una sociedad democrática esto pasa por órganos de control interno jerarquizados e independientes del poder político, inexistentes en la actualidad. La clave está en el control eficaz interno y externo de las cuentas públicas. Y en adoptar medidas elementales, como obligar a los ladrones del dinero público a que lo devuelvan en su totalidad.

Es el pueblo soberano el que tiene que echar a los que mercadean con el dinero de todos en su propio beneficio, expulsándolos del templo de la democracia, sin miramientos.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº25, MARZO DE 2013.

Deja un comentario