El dinero perdido de Rajoy y el artículo ¿perdido? de Aguilar

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Miguel Ángel Aguilar / Foto Radioanálisis

Los ingresos de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad de Santa Pola, de los que ATLÁNTICA XXII ha informado profusamente (ver nuestro especial), cobra máxima actualidad con el caso Bárcenas y porque mañana, el presidente del Gobierno ha prometido presentar públicamente su patrimonio personal. De los pocos periodistas que están informando de los millonarios ingresos de Rajoy como registrador, además de nuestro equipo de redacción, hay que citar al compañero Miguel Ángel Aguilar, al que le acaban de censurar un artículo en ‘El Pais’ que hablaba de este mismo asunto.

El  pasado día 5 se publicó en la versión digital de El País un artículo de Aguilar titulado “El dinero perdido de Rajoy” que fue posteriormente eliminado de la web, lo que suscitó una avalanhca de comentarios en las redes sociales.  Duró una hora. El artículo hace referencia a la declaración del presidente en su comparecencia del sábado en la que se defendía de las acusaciones de recibir sobresueldos del partido y en la que, entre otras cosas, manifestó que si hubiera querido ganar dinero se hubiera dedicado a su profesión de registrador. Reproducimos a continuación el artículo censurado de Miguel Ángel Aguilar.

El dinero perdido de Mariano Rajoy

Rajoy debería contestar a algunas cuestiones relevantes que permitirían confirmar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política

 La intervención del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el comité ejecutivo nacional de su partido el pasado sábado, 2 de febrero, ha agravado la situación en que se encuentra el caso Gürtel-Bárcenas. Primero, por el formato elegido de máximo blindaje y mínima credibilidad. “Quiero”, dijo el presidente, “que en este asunto operemos con la máxima transparencia, el máximo rigor y la máxima diligencia”. Pero a continuación las maneras venían a desmentirle. Porque de las ruedas de prensa sin preguntas, lo que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, llamaba notas de prensa audiovisuales, se ha pasado a un escalón superior. Ahora, los periodistas han dejado de ser testigos, ni siquiera comparten lugar con el compareciente. Recluidos en otra sala, solo les llega una señal de televisión realizada por los servicios del partido. Una cámara fija ofrece el plano único del presidente Rajoy, que lee en un atril. Pero nadie ajeno al comité ejecutivo nacional pudo dar fe de cómo sucedió.

Segundo, porque si Rajoy proclama nada tener que ocultar, no temer a la verdad, no haber venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda; ser a los 23 años, en 1978, Registrador de la Propiedad con una plaza; ganarse muy bien la vida; ingresar más dinero en su profesión que como político; haber venido a la política perdiendo dinero porque para él, el dinero no es lo más importante en esta vida; todas estas protestas nos obligan a reclamar que se muestre “con máxima transparencia, máximo rigor y máxima diligencia” toda su trayectoria como Registrador. Por eso, queremos saber, por ejemplo:

1.- Si es cierto que siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982. .

2.- Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, que se encuentra a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia efectiva y sus responsabilidades políticas como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si Rajoy como político concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros.

3.- Si es cierto que nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque en ese caso alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaría excesivo.

4.- Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente, cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.

5.- Si, cuando a partir de marzo 1990 pide que se le declare en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, queda encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de “sustituto accidental permanente”, era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado.

6.- Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo.

7.- Si después 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%.

Son cuestiones relevantes porque permitirían confirmar cuanto es el dinero perdido de Mariano Rajoy y evaluar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política, sin atender a las pérdidas que ese afán de servicio le acarreaba. Se impone despejar de manera indiscutida la incógnita y los malos pensamientos de quienes sostienen que en el caso de Rajoy mas que renuncia hubo pluriempleo. De momento, en la Declaración de Actividades presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2011 el punto segundo “Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública” figura en blanco y tampoco especifica la Administración para la que presta sus servicios, ni si ha solicitado el pase a la situación de servicios especiales o equivalente.

 

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