El impuesto más federal

Una oficina de la Agencia Tributaria. Foto / Mario Rojas.

Una oficina de la Agencia Tributaria. Foto / Mario Rojas.

Elena Carantoña / Economista. En agosto hizo treinta años que los dos grandes partidos asistieron resignados a la muerte por sentencia constitucional de su Armonización del Proceso Autonómico. Desde entonces, nunca volvieron a pactar la organización del Estado y la descentralización avanzó desordenada y a trompicones partidistas. ¿Estamos ahora ante un nuevo episodio de mercadeo o ante un debate político de calado, impuesto por la falta de recursos, la apuesta catalana y el hartazgo ciudadano?

Coste efectivo y gasto ineficiente

En el principio, cada competencia transferida llevaba asociada unos recursos que correspondían al cálculo del llamado “coste efectivo”. Como no existían ni una contabilidad de costes, ni unos inventarios completos, el coste efectivo terminaba fijándose en un toma y daca en el que la Administración central intentaba ceder lo menos posible y la autonómica llevárselo todo, aunque estuviera en pésimas condiciones.

Esos recursos iniciales se incrementaron de forma exponencial a medida que pasaron los años y el gasto autonómico se embaló. Sin capacidad para fijar impuestos, no hay presidente autonómico que se resista a prometer más y más gastos, sabiendo que, tarde o temprano, “Madrid” proveerá. Para cortar esta dinámica perversa, se introdujo en los años noventa la corresponsabilidad fiscal.

Ingresos opacos, ciudadanos confusos

La corresponsabilidad nació asociada a dos preguntas: cuánto repartir y cómo repartirlo.

El cuánto terminó siendo el gasto público de cada nivel de administración, suponiendo que ese gasto equivale al coste de las competencias que cada una tiene asignadas. Pero como el gasto autonómico era ya muy superior a aquel coste efectivo inicial, las Autonomías se encontraron más y más sobrefinanciadas. Así lo demuestran las infraestructuras sin uso, los sueldos parlamentarios, el tamaño de las Administraciones, o los episodios de desvío de fondos, que solamente son posibles cuando los recursos son holgados.

La respuesta al cómo fue igualmente inapropiada. Se mejoró la transparencia fiscal, al incluir en las declaraciones del IRPF la parte autonómica. Pero el margen de las Comunidades Autónomas para modular este impuesto es muy pequeño. Mucho mayor es su capacidad sobre los impuestos de sucesiones, donaciones y transmisiones. Pero aunque lo que se paga por ellos es ínfimo en comparación con el IRPF, los ciudadanos siguen viendo en las diferencias entre unas Comunidades y otras un agravio comparativo, y no la consecuencia del programa electoral del partido al que votaron.

Solidarios sin convicción

La solidaridad interterritorial es la tercera pata del sistema, la que subleva tanto a los habitantes de las regiones que pagan como a los de las que reciben.

El modelo aprobado en 2009 ya puso límites a la solidaridad. Pero los resultados no están siendo los que las Comunidades que pagan esperaban, y de ahí que ahora planteen afinar estas limitaciones y controlar los fines de los fondos ligados a la solidaridad.

Estas reivindicaciones son las mismas que los países contribuyentes al presupuesto de la Unión Europea (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Holanda…) han impuesto sobre los fondos destinados a la cohesión territorial los próximos siete años: menos dinero y demostrar su impacto.

Hay quienes consideran estos mecanismos discriminatorios, al someter a los menos pudientes a condiciones que los más ricos no sufren. Otros ven en ellos un paso más en la recentralización que ya se estaría produciendo a través de los planes de equilibrio financiero, los fondos de liquidez o el ahorro sanitario. Y hay quienes piensan que, simplemente, la realidad ha venido a recordar que la autonomía de gasto exige la correspondiente autonomía de ingresos.

Federalismo, recentralización o todo lo contrario

La propuesta más sólida en este sentido es convertir el IRPF en un impuesto autonómico. De hecho, la población es ya el criterio fundamental de reparto de recursos entre las Autonomías, porque los servicios que prestan (educación, sanidad, prestaciones sociales) los reciben los ciudadanos que están empadronados en un sitio, y no en otro. Por eso es a ellos a quienes corresponde decidir cuánto dinero destinan, a través de su IRPF, a sufragarlos. Y pedir cuentas a su Gobierno sobre su destino.

¿Y la solidaridad? De la caja común, que se nutriría principalmente con el IVA y se concretaría en el Congreso o en el Senado, según se quiera poner el énfasis en la solidaridad entre territorios o entre los ciudadanos que los habitan.

La fórmula es tan sencilla y eficaz como utópica. Pondría fin a los apaños sin luz ni taquígrafos, a las cifras imposibles de verificar, a los ajustes interesados, y desactivaría el arma electoral del enfrentamiento entre quien paga y quien recibe. Quizás por todo eso, cada vez que se pone sobre la mesa se arguye, aquí, en Asturias, que saldríamos perjudicados. Porque las cifras, decir dicen lo contrario: Asturias ingresó, en el año 2012, 1.179 millones de euros por IRPF y 868 millones por IVA. Si se sustituye el IVA por el otro 50% del IRPF, con la capacidad, además, de fijar las tarifas, no perderíamos dinero y sí ganaríamos en control. En control ciudadano sobre los políticos. Eso es el federalismo. A ver quién lo defiende desde el escaño.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 29, NOVIEMBRE DE 2013

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