Fuegos y empresas privadas

Artículo publicado en el número 57 (julio de 2018)

Dos viviendas quedaron arrasadas en Allande.

Texto: Andrés Rodríguez / Foto: Juanjo Arroyo

Las empresas privadas juegan un papel crucial en la gestión económica de los incendios. Contratistas como Valledor Medioambiental S.L., propiedad de José Manuel Cuervo, asumen los trabajos de acondicionamiento, la eliminación de combustible, la vigilancia en verano y la extinción propiamente dicha. Una empresa, por tanto, saca beneficio de todos los ciclos del fuego, trabajando en la prevención, vigilancia, extinción y la repoblación, así como en la estabilización de los montes quemados y el  aprovechamiento de la madera dañada para biomasa.

Del mismo modo, el alquiler de la maquinaria  pesada genera otro mercado. La madera afectada también se convierte en un revulsivo económico para  algunas empresas, como es el caso de la cántabra Explotaciones Forestales y Maderas José Saiz S.L., que está adquiriendo por subasta los lotes de madera quemada del suroccidente de Asturias para la realización de pellets y palés. Las ayudas para la repoblación de montes públicos y comunales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) pueden constituir otro incentivo: la aplicación automática a partir de 500 hectáreas despierta intereses para poder optar a las subvenciones de reforestación.

Un ejemplo: el 9 de noviembre de 2017, recién finalizado el incendio de Uría, Valledor Medioambiental entregó en las oficinas de la Guardería del Medio Natural de Cangas del Narcea una carpeta dirigida a José Manuel Rúa con tres documentos. En ellos solicitaba, según ha constatado esta revista, tres cantidades económicas en nombre de los pueblos de Uría, Valvaler y Seroiro para la repoblación de los montes comunales, con una cifra que superaba los 620.000 euros.

Actualmente no existe una cifra que cuantifique las hectáreas quemadas en Ibias en 2017. El informe del Ministerio subdivide los siniestros en varios incendios, repartidos por días y territorios, no quedando aun así ninguna con menos de 500 hectáreas. Todos reciben, por tanto, el derecho a solicitar desde las comunidades autónomas ayudas para la reforestación de los montes comunales y públicos.

LA INVESTIGACIÓN

Según fuentes oficiales, la Fiscalía de Medio Ambiente quiere aclarar lo ocurrido. Tras haber recibido el informe técnico correspondiente, abrirá ahora diligencias de investigación, en las que ha incluido el mencionado escrito de José Manuel Carral.

Hasta ahora, no existe ninguna investigación en curso por parte de la Administración. La recogida de datos fue asumida por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que sin embargo empezó a recopilar pruebas un mes después de los siniestros. Según los expertos consultados para este artículo, los trabajos llegaron tarde, ya que el paso del tiempo debilita las pruebas físicas.

Del mismo modo, el gran número de contrafuegos que se hicieron en torno a la zona de inicio impide marcar un punto de partida claro, siendo difícil determinar si la causa principal se corresponde con la quema controlada. Generalmente, de estas tareas se encargan las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado (BRIPA), formadas por dos guardas y un bombero. Anteriormente dependían de la Consejería de Presidencia, pero ahora se encuentran integradas en el SEPA, lo cual cierra otro círculo: el del inicio, la extinción y la investigación.

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