El fútbol como excusa para el negocio (corrupto)

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

María Cappa / Periodista.

Administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida, estafa y corrupción entre particulares. Son los cinco delitos de los que se acusa al todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, a su hijo Gorka, al aún presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol y vocal de la RFEF, Juan Padrón, y al secretario general de esta territorial, Ramón Hernández Baussou. Una de las preguntas más recurrentes tras conocerse la llamada Operación Soule, instruida por Santiago Pedraz, fue que si sorprendía el encausamiento de estos cuatro imputados. Si nos atenemos a sus antecedentes, la respuesta es que no.

Actualmente, Villar tiene pendientes dos causas con la Justicia; una por un presunto trato de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife -a los que se sospecha que dotó de fondos para evitar su descenso administrativo- y otra por el desvío de 1,2 millones de euros provenientes del Consejo Superior de Deportes (CSD), que, si bien tenían que destinarse a cuatro proyectos de países pobres de África y Centroamérica, acabaron en paradero desconocido. Es el llamado Caso Haití.

En noviembre de 2003, Villar y otros cuatro directivos de la RFEF (entre los que estaba Padrón) fueron acusados de usar fondos de esta institución para viajes privados, apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. Esta causa fue archivada en 2010 y reabierta en 2012 gracias a un recurso de apelación interpuesto por Javier Tebas, entonces vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. No llegó a nada porque el mismo Tebas retiró la demanda tras ser nombrado presidente de la LFP ya que, según declaró, no era bueno “para el fútbol español que yo fuese el abogado de una querella que iba contra algunos directivos de la Federación”. Gorka Villar, por su parte, tiene pendiente un juicio en Uruguay por extorsionar a los siete clubes del paisito que lo denunciaron por vender a la baja los derechos televisivos de los torneos internacionales en los que participaban (una de las prácticas irregulares por las que también figura como investigado en la Operación Soule).

Por otro lado, El Confidencial publicó en 2008 un informe que revelaba las deudas contraídas con Hacienda de una de las empresas de Juan Padrón, Amanecer Latino. Según demostraron, esta compañía había presentado un aumento injustificado de su patrimonio que ascendía a cerca de 68 millones de pesetas en 1998 y de 34 millones un año más tarde. A esto hay que sumarle los 900.000 euros de deudas que Canal 7 Atlántico (en cuyo Consejo de Administración constan tanto Juan Padrón como su hijo, Francisco, también implicado en la Operación Soule) contrajo con la Seguridad Social. Francisco Padrón, además de haber sido condenado en 2011 por abusos sexuales a un menor, está siendo investigado en el marco de la Operación Gloria por presuntas irregularidades cometidas por el antiguo director general de Radio Televisión Canaria (Guillermo García) entre 2007 y 2015 relacionadas con contratos poco claros por valor de 24 millones de euros de los que 2,3 fueron a parar a la ya mencionada Amanecer Latino. Asimismo, buscan esclarecer por qué García, con dinero de RTVC, se ocupó de la deuda de 1,3 millones de euros que Francisco Padrón tenía con Hacienda.

Ángel María Villar. Foto / Mario Rojas.

¿Tiene solución?

A la pregunta de si tiene solución, hay que responder que claro. Por ejemplo, reforzando la Ley de Transparencia, que obliga a someter a control financiero a las entidades que reciban subvenciones públicas o a las que tengan una especial relevancia pública (como la RFEF) y que Villar eludió al rechazar todo tipo de financiación pública durante años. O recuperando la ley que limitaba a tres los mandatos a la presidencia de una federación, revocada en 1995 por Rafael Cortés Elvira (secretario de Estado con el PSOE entre 1993 y 1996). Es decir, herramientas hay. La cuestión es si se quiere solucionar.

Pongamos por caso a Cortés Elvira. Después de abandonar la vida política formó parte del Consejo de la empresa Santa Mónica (presidida por el fallecido Jesús Samper, una de las claves de la Operación Soule ya que, según el auto del juez, sus impagos a la RFEF, presuntamente consentidos por Villar, causaron más de 50 millones de euros de perjuicio al patrimonio de la federación), se asoció con la esposa de Gorka Villar para crear la empresa ESINET y pasó a formar parte del Comité Olímpico Español; además, su mujer, María Helena González, es jefa de los Servicios Médicos de la RFEF desde 2003.

O fijémonos en la actual Junta Directiva de la RFEF. Su presidente en funciones es el hasta ahora tesorero de la entidad, Juan Luis Larrea (otro de los investigados por Pedraz), puesto que ocupa ilegalmente, ya que sigue presidiendo la Federación Guipuzcoana cuando los estatutos prohíben esta duplicidad de cargos. Y fue precisamente Larrea el que dejó claro, a finales de julio, que la federación no expulsará a los imputados, sino que serán ellos quienes tendrán que dimitir si se confirma su culpabilidad en un juicio que, según Pedraz, aún tardará al menos tres años en tener lugar dada la envergadura de la investigación que lo precede. Además, otros cinco de los actuales vocales (los presidentes de las territoriales de La Rioja, Ceuta, Melilla, Valencia y Murcia) están siendo investigados.

También podemos detenernos en la condena pública que muchos de los relacionados directa o indirectamente con la federación han declinado hacer. Por ejemplo, Javier Clemente. En primer lugar, en el auto se menciona una conversación con Juan Padrón en la que, literalmente, decía: “Han metido a muchos votos más. Son votos, son votos comprados, ¡joder, Juan!… Apoyos comprados… Decir amén, amén, amén por… por llevarse unos dineros”. También fue él quien, según el propio Padrón, “tardó cinco minutos” en pagar los 300.000 euros que el juez le impuso de fianza. Tras ello, Clemente declaró: “Aunque estuviera seguro de que era culpable, también le habría pagado la fianza porque en la cárcel no se puede estar por una chorrada de estas. Un juez tiene que estar muy seguro de lo que hace; no se puede enviar a nadie a la cárcel para luego decirle dentro de seis u ocho meses que es inocente”.

Entre tanto, lo máximo que se ha obtenido del presidente del CSD, José Ramón Lete, y del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, han sido declaraciones ambiguas. Se desconoce el motivo de tal tibieza. Lo que sí se sabe es que fue el ministro quien acusó a Miguel Cardenal (anterior presidente del CSD gracias a cuya denuncia ante la Fiscalía Anti-Corrupción se inició la actual Operación Soule) de haber hecho una carnicería con Villar. También se sabe que, antes de hacerse pública esta investigación, Méndez de Vigo le dijo a un grupo de periodistas que quería darle a Villar “una salida digna”. O que, pocos días después de reemplazar a Cardenal por Lete, se reunió con Ángel María Villar. A la salida, este contó que el ministro le había dicho que si el dinero de Haití se había gastado en algo relacionado con el fútbol, buscarían una fórmula para no tener que devolverlo. También se sospecha que la decisión de poner a Lete al frente del CSD respondía a un intento del ministro de apaciguar a Villar; es más, en su presentación como presidente del Consejo Superior de Deportes, el propio Lete declaró: “Le tendí la mano a Villar verbalmente y él me la tendió gestualmente”.

Otros focos de corrupción

Deudas con Hacienda. A finales de 2016, la deuda total del fútbol español era de 3.400 millones de euros (el 50% más que en 2006), de los que el 67% le correspondía al sector privado. A Hacienda se le debían 230 millones, cifra que, actualmente, se ha rebajado hasta los 100 millones de euros.

Abuso de poder. Son varias las personas que han aprovechado sus cargos en los clubes de fútbol para delinquir. Entre ellas, Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, actualmente en prisión acusado de blanquear 15 millones de euros procedentes de comisiones ilegales. También el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, inhabilitado durante 8 años en 2016 por la gestión negligente que llevó al club a presentar el concurso de acreedores. Un año después se declaró culpable de apropiación indebida por adquirir ilegalmente el 31,8% de las acciones de su antiguo equipo.

Política, constructores y directivos. Según un informe elaborado por Transparencia Internacional en 2016, “algunos clubes de fútbol se han visto involucrados en verdaderos entramados de corrupción inmobiliaria a través de la recalificación de terrenos, muchas veces con la colaboración de instituciones gubernamentales”. También afirmaron que “la mayoría de los clubes convertidos en SAD y sus directivas han sido investigados por posible delitos de corrupción o ayudas ilegales desde la vigencia de la Ley 10/1990 [obliga a los clubes a convertirse en sociedades anónimas]. Esto es debido a la mala gestión llevada a cabo por sus dirigentes, la mayoría empresarios vinculados al negocio de la construcción [que] han aprovechado su posición y encontrado soluciones a los problemas de liquidez económica de los clubes con la especulación de terrenos urbanísticos, muchas veces con la participación de organismos públicos”. ¿Ejemplos? Atlético de Madrid, Valencia, Murcia, Zaragoza…

Distorsión de la competencia. En julio de 2016 la UE multó al Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche por haber recibido ayudas financieras estatales que falseaban la competencia al considerar que beneficiaron a estos clubes injustamente en detrimento de los demás. También en 2016, la agrupación de operadores de apuestas contra el fraude en el deporte (Federbet) denunció ante el Parlamento Europeo la pasividad de las instituciones deportivas ante los amaños; en el caso español, señalaron específicamente a la RFEF. En mayo de 2017, denunciaron 50 partidos de 2ª B y Tercera por tener la “convicción absoluta” de que estaban amañados.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 52, SEPTIEMBRE DE 2017

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