GISPASA: Cuando el inquilino quiere desahuciar al propietario

Manifestación en Oviedo de SOS HUCA, que centró sus críticas en GISPASA. Foto / Iván Martínez.

Manifestación en Oviedo de SOS HUCA, que centró sus críticas en GISPASA. Foto / Iván Martínez.

El Principado es el dueño de los terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pero paga un alquiler de más de 65 millones de euros al año a una polémica empresa creada por el propio Gobierno. Los trabajadores sanitarios no entienden eso ni casi nada del funcionamiento de GISPASA, un organismo al que ven como un intruso, un chiringuito que viene a privatizar el sector y que se guía por la opacidad y el enchufismo. Piden su disolución, como la oposición en la Junta General.

Javier Fernández / Periodista.

“Estás trabajando y aparecen dos tipos vestidos con un mono que nadie conoce de nada ni se sabe de qué empresa son. El hospital está lleno de extraños”. Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado (GISPASA) parece un enfermo apestado en el HUCA. Excepto los socialistas, que pusieron en marcha esta empresa pública para construir y equipar el nuevo hospital de Oviedo y el Álvarez-Buylla de Mieres, nadie quiere ni oír hablar de GISPASA, en el punto de mira de los sindicatos sanitarios y de la plataforma SOS HUCA, que sacó a la calle a un millar de personas contra un organismo que para el PP no es más que otro “chiringuito” de los que proliferan en Asturias desde los Gobiernos de Vicente Álvarez Areces. Tendría que estar cerrado si el Gobierno asturiano cumpliera su propio compromiso con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro para rebajar el peso del sector público, pero la legislatura terminó y GISPASA acumula cada vez más poder, competencias y recelos.

Desde limpieza a locales comerciales

GISPASA, con un capital que supera los 138 millones de euros (aportados por el Principado, único accionista), se creó en 2004 como organismo instrumental para la construcción y equipamiento de los dos nuevos hospitales. Está presidida por Dolores Carcedo, consejera de Hacienda, y con el titular de Sanidad, Faustino Blanco, de vicepresidente.  A partir del año 2009 el objeto social de esta sociedad anónima se amplió, “haciéndose cargo GISPASA también del equipamiento médico, dentro del alcance estatutario y con el fin de facilitar al Principado de Asturias infraestructuras sanitarias plenamente equipadas y operativas”, dice su protocolo general de funcionamiento, al que tuvo acceso esta revista.

Así, si antes de la apertura sus labores se ceñían a la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de los complejos hospitalarios, con la llegada de la actividad creció su relevancia al asumir la prestación de servicios relacionados con el mantenimiento y la conservación.

Cuando los nuevos complejos de Mieres y Oviedo se encontrasen funcionando con normalidad, como lo hacen en la actualidad, el protocolo preveía dar aún más peso a GISPASA. Y así ocurrió. Los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia están a pleno rendimiento bajo su gestión y lleva a cabo, además, la explotación de servicios asimilables a concesiones como el aparcamiento, la cafetería y los locales comerciales.

Pero los servicios que presta van más allá. Incluyen desde la gestión de residuos y el sistema de televisión de habitaciones y salas comunes hasta la alimentación de pacientes y médicos de guardia, pasando por el mantenimiento de instalaciones térmicas, fontanería y saneamiento.

En muchos de estos casos, GISPASA interactúa con servicios de los hospitales, como el de Ingeniería, el de Medicina Preventiva o las direcciones médicas. Esto ha creado lo que los trabajadores definen como “un sistema con dos cabezas”, que provoca que sea muy complicado saber a quién dirigirse en caso de incidencia,  alargándose la solución a los problemas que puedan surgir con el desarrollo normal de la actividad sanitaria. La necesidad de cambiar un enchufe o reparar algún desperfecto, por ejemplo, obliga al personal a dirigirse al call center de GISPASA que, según a quien corresponda la primera intervención, se dirigirá a la empresa pública y su proveedor de servicios o al personal de mantenimiento del HUCA.

¿Objetivo privatizar?

Los empleados sanitarios nunca habían visto tantas empresas ajenas prestando servicios que podría asumir el propio Servicio de Salud del Principado (SESPA), aumentando su plantilla en caso de que fuese necesario.  No estiman oportuno dejar en manos de nadie tareas que consideran de vital importancia y que deberían desarrollar trabajadores públicos. Y ven en GISPASA una sibilina operación de paulatina privatización de la sanidad, que podría abrir paso a servicios médicos. SOS HUCA y los sindicatos, que llevaban en sus programas electorales en las elecciones sindicales del pasado mes de abril la desaparición de GISPASA, ya observaron el primer paso en esa privatización de las prestaciones sanitarias con la cesión a una empresa catalana de los informes de los radiólogos, que mantienen un pulso con el SESPA desde hace tiempo.

Entre los trabajadores sanitarios crece el recelo hacia GISPASA. Foto / Iván Martínez.

Entre los trabajadores sanitarios crece el recelo hacia GISPASA. Foto / Iván Martínez.

Enchufismo y opacidad

Además de un peligro para la sanidad pública, los trabajadores de las batas blancas no ven ahorro alguno con GISPASA, sino despilfarro y opacidad. La observan con un velo que consideran imprescindible retirar, ya que, tal y como recogen documentos de la propia sociedad anónima, ésta es “la titular de los inmuebles” en los que trabajan y “el órgano de contratación de todos los contratos”. Un esquema con “ventajas de funcionamiento” desde las “perspectivas económica y fiscal para el Principado”, su único accionista y sola fuente de capital, ya que no realiza actividad alguna que pueda procurarle ingresos adicionales. El Gobierno es también dueño del suelo sobre el que se construyó el nuevo HUCA y, aún así, el SESPA paga alquiler por el uso de las instalaciones. Más de 65 millones de euros al año hasta 2035. Una situación que tampoco logran entender los trabajadores.

Otro tema candente son las contrataciones. GISPASA es una isla dentro del HUCA, donde tiene sus instalaciones, que para la plantilla son una especie de “territorio comanche”. Algo que rechaza de pleno Alfonso de Carlos Muñoz, gerente de la polémica empresa y persona totalmente desconocida para la opinión pública, que aseguró a esta revista que “los puestos de trabajo se cubren conforme a los principios de contratación de personal laboral del sector público: publicidad, mérito y capacidad”. Primero se publican en prensa las características requeridas para cubrir la vacante, después se contrata a una empresa especializada (“no disponemos de ningún departamento de personal”) que se encarga de recibir currículos, realizar entrevistas y proponer unos baremos de puntuación. Por último, GISPASA realiza las pruebas finales y toma una decisión sobre el candidato idóneo.

Candidato que pasará a formar parte de una plantilla de diez trabajadores, que en 2013 se repartió más de 530.000 euros. Cantidad que aumentó hasta los 737.355 (casi un 40% más) presupuestados en las cuentas de 2015. Unos números que arrojan sal sobre las heridas que la austeridad de los últimos años ha abierto en los empleados sanitarios y que añade aún más peso a las quejas que apuntan a que saldría más barato que el SESPA se hiciese cargo de todo cuanto afecta a los complejos hospitalarios.

Alfonso de Carlos Muñoz alega que este año el gasto en personal será menor al presupuestado y explica la espectacular subida de esta partida: “El director financiero se incorpora el 1 de junio de 2013, por lo que el resto del año su puesto estaba vacante”. La responsable de mantenimiento de instalaciones estuvo dos meses por baja maternal (se incorporó al año siguiente) y “entre final de 2013 y diez meses de 2014 fue necesario incorporar en contratos por obra y servicio -debido a la apertura de los hospitales- a seis técnicos de obra en el HUCA y a uno en el Álvarez Buylla, que hacían tareas de vigilancia por zonas, recepción de equipos y control de las obras relativas a la instalación de la alta tecnología, entre otras tareas. Tras la apertura y puesta en marcha, esos siete vigilantes fueron dados de baja en octubre del año 2014 y ya no forman parte de GISPASA”.

La Fiscalía investiga

Esta versión oficial es rebatida absolutamente por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies. En enero este colectivo solicitó información a todas las Consejerías del Principado y al analizar la documentación que se les remitió apreció que se podían haber cometido irregularidades en los procesos de contratación de personal laboral de las empresas y fundaciones que forman el sector público asturiano. Eso, cuando obtuvieron respuesta. “En el caso de GISPASA no nos facilitaron ninguna información”, lamenta Xabel Álvarez Villa, presidente del Conceyu. “Lo único que sabemos es que no tienen en su página web oficial datos de plantilla ni de cómo contratan personal”, relata a continuación, para rematar que “GISPASA es totalmente opaca”.

Ahora será la Fiscalía Superior del Tribunal Superior del Principado de Asturias la que se encargue de esclarecer si se ha producido alguna irregularidad. El Conceyu por Otra Función Pública denunció el pasado 24 de marzo y el 14 de abril se le notificó que se abrían diligencias previas para investigar delitos de prevaricación y nombramientos ilegales.

Su lucha contra el enchufismo y los nombramientos a dedo va mucho más allá de GISPASA y ha provocado que se ponga la lupa sobre 74 entidades adscritas a las distintas Consejerías. Además de las del nuevo HUCA y el Hospital Álvarez Buylla se revisarán las contrataciones de empresas como Sogepsa, Recrea, Fundación Niemeyer o Serpa.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 38, MAYO DE 2015

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Ilustración / Alberto Cimadevilla.