Información

Rajoy y el lobby de los registradores (I): El multimillonario que quiso ser presidente

Publicado por ATLÁNTICA XII en su número 17  (noviembre 2011) 

Por Fernando Romero, periodista

¿Recuerdan cuando en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted en marzo de 2009 María Violeta Aranguren, de cincuenta y tres años y vecina de Ansoáin (Navarra), visiblemente nerviosa le preguntaba a Mariano Rajoy un poco cortada: “¿No será mucha molestia que me diga cuánto gana usted?”. El líder del PP quedó traspuesto y, para ganar tiempo y pensar la respuesta, haciendo gala de sus tablas como hombre público, le contestó que no le había oído y que le volviera a preguntar. Una vez recuperada la compostura tras la “insolente” pregunta, Rajoy no le dijo lo que ganaba. Tan solo un escueto “bastante más que usted” e irse, seguidamente, por peteneras. Hoy, a las puertas del 20-N (convocatoria electoral, que no concentración en la Plaza de Oriente), ATLÁNTICA XXII puede darle esa información a la señora Aranguren: un millón de euros al año.

Un millón de euros al año es la estimación (a la baja) de sus ingresos por su actividad política y por su plaza de registrador en Santa Pola (Alicante) de la que, según la Asociación de Usuarios de Registros, ha percibido desde 1981 unos 20 millones de euros y a la que nunca ha renunciado. El registro de Santa Pola le reporta entre 800.000 y un millón de euros al año. A ello hay que añadir los cerca de 100.000 euros que recibe del PP en concepto de dietas y gastos más los 72.000 euros que cobra por su trabajo como diputado en el Congreso. ATLÁNTICA XXII trató de ponerse en contacto por escrito con Rajoy para recabar su opinión al respecto, aunque sin éxito.

Probablemente el multimillonario Rajoy será presidente tras las elecciones generales del 20-N. Llegará al poder político pero no al poder económico porque ya lo detenta desde hace años como uno de los principales cabecillas del lobby de los registradores de la propiedad de España, una minoría (un millar de personas), una casta poderosa que vive aún de los privilegios feudales en los que el Derecho no ha podido penetrar. Son los registradores, que ganan siempre en cualquier coyuntura económica por la sencilla razón de que todo pasa obligatoriamente por el Registro. Ningún negocio del mundo tiene asegurada una clientela como la de este gremio que en tiempos de crisis gana aún más (las ganancias medias netas de los registradores se estiman en un millón de euros anuales).

En los Registros de la Propiedad sus titulares se forran con la expedición masiva de certificaciones y notas para los acreedores que desean informarse de los bienes de los deudores; se forran con las ejecuciones de hipotecas por impago de bancos; se forran por novaciones de préstamos; se forran por embargos de todo tipo: judiciales de particulares o de la agencia tributaria… La crisis no ha hecho más que engrosar sus cuentas corrientes y todo ello gracias a Rajoy y a su lobby, que impidió durante el Gobierno de José María Aznar que se modificara una situación preconstitucional que permitía a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos. ¿Alguien conoce algún funcionario que expida una factura con su IVA al usuario por un servicio público? Pues los registradores sí.

Esta y otras denuncias han sido realizadas públicamente (aunque con escasa repercusión mediática) por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral, para quien Mariano Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad: “La utilización de este artículo por el señor Rajoy, caso de comprobarse, constituiría ya de por sí causa de inhabilitación del mismo para la cosa pública, pues habría ocultado sus enormes ingresos incompatibles, de forma constante y contumaz, durante veinte años”.

Mariano Rajoy lleva veinte años en excedencia y tiene la reserva de plaza del Registro de la Propiedad de Santa Pola, plaza que está en régimen de interinidad permanente. Según la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy nombró registrador permanente accidental de Santa Pola a Francisco Riquelme, su amigo y compañero de promoción desde 1977, denunciado por diversas irregularidades en fincas de su propiedad. La operación es posible por una norma del Colegio de Registradores, a la que se acogió el político gallego, que permite designar como interino a un compañero y repartirse con él al 50% las ganancias sin que la plaza salga a concurso. La Asociación considera que esta peculiar opción constituye “un privilegio inaudito y único en el mundo” y fue un logro de Rajoy en su época de ministro. El 50% de las ganancias que se lleva Rajoy se justifica como cuota colegial, aunque para esta Asociación es una falsa cuota “que compone un inevitable rosario de fraudes fiscales”.

Rajoy y el lobby de los registradores (II): La ayuda de Camps

No es una cuestión de poder político sino de poder económico. Y por eso en el meollo del asunto están desde registradores del PP, del PSOE, de CiU, ultraderechistas, ERC y hasta aristócratas. La mayoría forman parte de una asociación llamada Arbo (Asociación de Registradores Bienvenido Oliver), que es una especie de Opus Dei de los registradores. El escándalo apenas es conocido porque los medios de comunicación, a pesar de existir denuncias y hasta iniciativas parlamentarias, apenas hacen mención de este asunto. La razón está en la existencia de un poderoso lobby liderado por Rajoy pero en el que hay otros nombres como el del ex ministro socialista Francisco Caamaño o  Beatriz Corredor (ex ministra de Vivienda del PSOE), además de Ignacio del Río, concejal de urbanismo en tiempos del alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano (PP) y otros muchos y que reflejan que el color político es lo de menos.Un lobby de nueva generación que proviene del franquismo y que tomó el relevo de nombres tan relevantes como Enrique de la Mata Gorostiza o Pío Cabanillas.

Uno de los más importantes registros de la Comunidad Valenciana debido a sus millonarios ingresos es precisamente el de Santa Pola. Esto es posible porque Rajoy apoyó al entonces presidente valenciano Francisco Camps por mantener el negocio de las oficinas liquidadoras de impuestos en el registro de Santa Pola y en el resto de esta Comunidad. Otras, en cambio, como las de Asturias, País Vasco o Baleares evitaron el negocio multimillonario de los registradores impidiéndoles simultanear los cargos de registradores y liquidadores de impuestos autonómicos.

La conservación de privilegios

La Asociación de Usuarios de Registro ha pedido la eliminación del artículo 514 del Reglamento Hipotecario, por inconstitucional, la reforma de los estatutos del Colegio de Registradores, la comunicación al Ministerio de Hacienda de diversos fraudes fiscales, un examen de contabilidad del Colegio de Registradores y un examen de las declaraciones del IRPF y del patrimonio de Rajoy correspondientes a los años 1990 a 2008. Entienden que hay indicios suficientes para investigar estos hechos.

Hay evidencias de la existencia de presiones importantes para evitar que la situación varíe. En 1998, gobernando Aznar, se planteó en un debate parlamentario la necesidad de homologar a los registradores españoles con el resto de los europeos eliminando el arancel registral y fijando a los registradores un sueldo, sustituyendo el arancel por una tasa. La medida haría que revirtieran al Estado mil millones de euros anuales, estimación neta de los ingresos de los servicios registrales. No prosperó.

Según explica Javier Martínez del Moral “Rajoy ha tenido y sigue teniendo un papel esencial en la conservación del estatus privilegiado de los registradores”. Estos son los hechos: era ministro de Administraciones Públicas cuando se aprobó un Decreto para publicar en el Registro incidencias urbanísticas que le reportan a cada administrador 200.000 euros anuales. Aprobó también una reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que permitió una subida de ingresos superior a los 300.000 euros anuales de media por registrador y además, dice del Moral, “modificó la situación de excedencia e incompatibilidades en asuntos en los que estaba personal y directamente afectado”. Igualmente aprobó el Decreto Regulador del Estatuto del Colegio de Registradores “estableciendo su financiación ilegal a través de registros vacantes” afirma el presidente de esta Asociación. Todas estas medidas le han generado al lobby registral un presupuesto de 80 millones de euros al año que, según Martínez del Moral, “se desvían de su correcta ruta fiscal”. Por otro lado, en 1999 Rajoy aprobó la entrega del Registro de Condiciones Generales de la Contratación a los registradores, sacándolo así del Ministerio de Sanidad y Consumo. Con esta medida los registradores esperaban facturar más de 6 millones de euros al año. Esta iniciativa fue paralizada por el Tribunal Supremo.

 Rajoy y el lobby de registradores (III): Un caso único en Europa

Cuando se disuelve una sociedad se necesita un registrador, al igual que con los concursos, con las reducciones y aumentos de capital y con el obligado depósito de cuentas de entidades mercantiles aunque éstas se encuentren en pérdidas. Como se aprecia, una buena clientela y mucho dinero en juego. Hasta aquí nada raro, pues todo el mundo tiene derecho a hacer negocio en una sociedad con una economía de libre mercado.

¿Libre? En este caso no. Y aquí empieza a darse cuenta uno de que en plena democracia, integrados en el marco de una Unión Europea y en un Estado de Derecho, en España, caso único, se mantienen privilegios casi feudales, basados en una legislación inamovible que viene ya de la época franquista.

Solamente el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya-Verds presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo bloqueada por PSOE y PP. En dicha iniciativa, que incluye más de veinte propuestas así como amplia información sobre la actividad registral en España, se denuncia el “injusto y agraviante” sistema retributivo de los registradores de la propiedad y mercantiles.

Un auténtico lobby registral que se ha opuesto a tramitar parlamentariamente dicha iniciativa y que denuncia la citada Asociación en su web usuariosderegistros.es, poniendo de manifiesto el enriquecimiento de unos pocos, los registradores, en perjuicio de los consumidores.

Se calcula que estos mil funcionarios ingresan al año 1.000 millones de euros netos, un caso insólito y poco conocido dado que se trata sencillamente de una apropiación privada de un servicio público en exclusiva, algo que solo se conoce en España.
Los registradores ganan el 60% de los ingresos netos del Registro y los empleados el 40% restante, a pesar de que los que hacen la mayoría del trabajo son los empleados ya que el registrador no tiene ni jefe ni un horario. Se calcula que un registrador puede trabajar tres días a la semana a razón de cinco horas diarias, es decir, unas sesenta horas mensuales. Si los ingresos medios de un registrador pueden ser de 60.000 euros al mes, la hora de trabajo se paga a 1.000 euros.
Además, a los registradores la crisis no les afecta para mal, sino para bien, porque ganan más, al haber más actividad registral en sus oficinas.

Aquella proposición planteada en el Congreso subraya que “al no existir competencia, el ciudadano está cautivo y el colectivo registral se comporta, a través del Colegio Oficial oportuno, como un lobby destinado a defender un estatus privilegiado.” Además, los colegios de registradores agrupados en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil de España (CORPME) destinan los fondos del arancel público a fines que no son esenciales y propios del servicio registral, sino privados y particulares, señalan.

Una casta privilegiada que teniendo la seguridad y la estabilidad en el trabajo propias de un funcionario, en un mundo laboral cada vez más inestable y precario, garantiza una cartera de clientes cautivos que les permiten tener altas retribuciones, muy superiores a las de cualquier alto funcionario, pero, eso sí, eludiendo el inconveniente de cualquier otro profesional liberal: la competencia. Además, obligaciones exigidas a otros funcionarios, como el cumplimiento de una jornada, no existen para los registradores.

Rajoy y el lobby de los registradores (IV): Quién es quién en el lobby

El “clan” registral, un grupo de notables muy cercanos a los sucesivos Consejos de Ministros une y defiende intereses de políticos de todo pelaje: ministros, rotarios, aristócratas y hasta ultraderechistas. 

Mariano Rajoy: Registrador de la propiedad de Santa Pola. Presidente del Gobierno. Fue ministro en diversas carteras entre 1996 y 2003 y vicepresidente del Gobierno de 2000 a 2003. Actualmente es presidente del Partido Popular. Mariano Rajoy es el líder de este lobby y sucesor de Pío Cabanillas.

Francisco Caamaño: Registrador de la propiedad. Patrono de la Fundación del Colegio de Registradores. Fue ministro de Justicia desde 2009 con el PSOE, del que es militante.

Beatriz Corredor: Es registradora de la propiedad de Lillo (Toledo). Afiliada al PSOE desde 2003. El 12 de abril de 2008 fue nombrada ministra de Vivienda en la legislatura de Rodríguez Zapatero. En octubre de 2010 deja el Ministerio (al pasar a depender de Fomento) y es nombrada secretaria de Estado. Su entrada en el Gobierno cambió el rumbo que hasta entonces tenía el PSOE, más beligerante con los privilegios de los registradores.

Ignacio del Río: Registrador de la propiedad en San Fernando (Cádiz), ex concejal de Urbanismo de Madrid y tercer teniente de alcalde con José María Álvarez del Manzano. Estuvo  imputado en una recalificación urbanística. Miembro del comité electoral del PP, gestionó como edil operaciones que afectaban a 12.500 hectáreas y 100.000 viviendas, además de la ampliación del aeropuerto de Barajas y la construcción de los cuatro rascacielos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Luis María Cabello de los Cobos: Registrador de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria. Aristócrata, hijo del Conde de Fuenteblanca. Fue director general de los Registros y del Notariado durante el Gobierno de José María Aznar.

José Antonio Utrera Gómez: Registrador de la propiedad. De ideas ultraderechistas, es vocal de la Fundación José Antonio Primo de Rivera. Es hijo del ministro franquista José Utrera Molina y cuñado del alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, ante quien intervino para desbloquear la licencia de construcción de la sede del nuevo Colegio de Registradores. Decano territorial de las Palmas del Colegio de Registradores.

Francisco Riquelme: Registrador de la propiedad de Elche además de cubrir la vacante de Santa Pola de su amigo y compañero Mariano Rajoy. Presidente del Club de Rotarios de Elche y patrono de la Fundación Real Madrid. Una de sus propiedades en Murcia fue sancionada en 2004 y está investigada por riego ilegal.

Alfonso Candau: Decano del Colegio de Registradores desde 1999. Ejerció como fiscal de carrera y fue fundador de la Unión Progresista de Fiscales. Aprobó la oposición de registrador en 1996 y es decano de Castilla y León.

Enrique Rajoy: Hermano de Mariano Rajoy, registrador de la propiedad. Sancionado por la Dirección General de Registros con una falta grave “por incumplir abiertamente la ley”, al negarse a inscribir en el Registro una escritura de compraventa. La multa fue de 12.000 euros y la postergación de 100 puestos en el escalafón.

Rafael Arnáiz: Registrador de la propiedad. Desempeñó diversos cargos en el Colegio de Registradores. Hermano de un arquitecto implicado en un caso de corrupción urbanística del PP de Majadahonda.

Antoni Isaac: Registrador de la propiedad de Tarragona. Militante de CiU, fue propuesto por esta formación política para formar parte del Tribunal Constitucional en lugar de Eugenio Gay, del PSOE. Es secretario de finanzas de Unió Democrática de Catalunya.