José Ignacio Pérez Villamil, magistrado del TSJA: “No somos iguales ante la ley, el primero el rey”

José Ignacio Pérez Villamil en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Foto / Eloy Alonso.

José Ignacio Pérez Villamil en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Foto / Eloy Alonso.

El magistrado José Ignacio Pérez Villamil (Luarca, 1952), uno de los que juzga a los políticos aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), considera que la clase política goza de privilegios inaceptables y lamenta que no todos seamos iguales ante la ley. Como ciudadano confiesa que es un indignado más. Es uno de los fundadores de la asociación Jueces para la Democracia.  Por Dani Ripa y Xuan Cándano.

La reforma del poder judicial parece incrementar la dependencia de la judicatura del poder político, incumpliendo las promesas del propio ministro de Justicia.

La Constitución establece un Estado de derecho y una división de poderes. Pero el judicial es incómodo, porque controla la actividad y comportamientos sociales, la legalidad de la acción de los Gobiernos, y juzga aquellos comportamientos de políticos que tengan una relevancia jurídico-penal. Hay una tendencia natural del poder ejecutivo a controlar al judicial. Puede ser entendible desde una visión corta del Estado, pero no es una visión responsable propia de un estadista en el largo plazo. El mantenimiento del Estado de derecho se basa en la distinta función que la Constitución establece para los distintos poderes del Estado. Este proyecto de Gallardón trata de alguna forma de controlar el órgano de gobierno de los jueces. En cuanto a la reforma del Código procesal penal, siendo necesaria, ya que data del siglo XIX, me parece que tiene un problema grave, ya que otorga la investigación casi en exclusiva al ministerio fiscal, apartando a los jueces. Eso no es malo ni bueno, pero lo que pasa es que, según su propio estatuto orgánico, el ministerio fiscal en España depende jerárquicamente del poder que lo nombra, que es el ejecutivo. Dice ese estatuto que el fiscal actúa bajo los principios de unidad y jerarquía y al fiscal general del Estado lo propone el Gobierno y lo nombra el rey, con lo cual depende del ejecutivo. La investigación quedaría capitidisminuida. Los jueces funcionamos bajo el principio de independencia, afortunadamente para los ciudadanos y el Estado de derecho, mientras que el fiscal funciona bajo el principio de dependencia, sin negar que son ciudadanos preparadísimos  que intentan hacer su labor bajo el principio de legalidad. Pero todos sabemos, y hay muestras recientes, que llegados a ciertos estadios de la investigación criminal en relación a ciertas personas que pueden incurrir en conductas delictivas, el ministerio fiscal, en cuanto cúpula o institución, puede incurrir en una cierta pasividad. Además, esta reforma limita de manera extremadamente notable el ejercicio de la acción popular por parte de la ciudadanía, recogido en la propia Constitución. La acción popular es una forma de participación ciudadana en la justicia, que además ha dado un gran resultado, y es un ejercicio muy sano por parte de la ciudadanía para depurar determinadas conductas, sobre todo cuando el ministerio fiscal se  mantiene inactivo. Hay muchos ejemplos recientes. Por ejemplo, la condena del juez Garzón por el Tribunal Supremo se debe al ejercicio de la acción popular, independientemente de quien la haya ejercido.

Las tasas que acaban de entrar en vigor, ¿demuestran que hay una justicia para ricos y otra para pobres?

De alguna manera sí. El ideal, como con la sanidad o educación, es que la justicia sea igual para todos. Pero no todos somos iguales, porque nacemos diferentes, unos en un sitio, otros en otro, y dentro del primer mundo unos nacen más iguales que otros. Y con la justicia sucede lo mismo. Aunque los jueces tratamos de lograr una solución justa con independencia de quien sean las partes. La resolución que tenemos que hacer es a lo largo de un proceso y eso viene predeterminado, primero, porque puedas iniciarlo. Pero la ley de tasas no facilita precisamente el acceso a la justicia a los menos favorecidos económicamente, todo lo contrario, lo imposibilita, mientras que la gran banca, las grandes empresas energéticas, tienen la sartén por el mango y cuentan con grandes servicios jurídicos integrados dentro de su presupuesto y ya descuentan esos costes, por lo que la ley de tasas no les afecta para nada. Esa ley sí que afecta al ciudadano consumidor, ya que no vas a entablar un pleito contra la suministradora eléctrica para reclamar 300 euros que crees que te han estafado cuando te van a costar las tasas 200. La justicia no es igual para todos porque ya no es igual en el inicio. No es lo mismo 200 euros para un consejo de administración de un gran banco que para un ciudadano. Tampoco es lo mismo en el desarrollo del proceso, los que más medios tienen pueden gozar de los mejores abogados y medios jurídicos, y eso al final determina la solución que el juez o el tribunal va a ofrecer. No somos iguales ni ante la justicia, ni ante la educación, sanidad, etc…

Privilegios y hartazgo ciudadano

La percepción de la ciudadanía ante el Caso Nóos va también por ahí, la Monarquía goza de privilegios.

El rey dijo en un discurso de Navidad, de forma equivocada, que todos éramos iguales ante la ley y el primero que no es igual ante la ley es él, cuya figura es inviolable según la Constitución. No puede ser juzgado por los tribunales españoles. Su afirmación, por tanto, no era cierta, la Constitución ha establecido una prerrogativa de inviolabilidad del monarca. No somos todos iguales ante la ley. Y comparto esa opinión de la ciudadanía, creo que en este caso no se está tratando igual a todo el mundo, aunque solo conozco el caso a través de los medios de comunicación, pero participo de la opinión de la ciudadanía.

La ciudadanía también tiene la percepción de que los corruptos quedan impunes.

No estoy de acuerdo. Quedan impunes algunos corruptos, como algunos homicidas o algunos ladrones… El poder judicial está dando la talla en este tipo de situaciones. El poder judicial ha ganado muchos puntos en estimación social, precisamente porque la gente lo ve como la última tabla a la que agarrarse ante una corrupción que perciben como generalizada, aunque yo quiero pensar que es solo visible, porque la mayoría de los ciudadanos se comportan normalmente. Y el poder judicial está dando la talla, en  la medida en que alguien ejerce una acusación, y por eso me parece fundamental el ejercicio de la acusación popular.

Los procesos judiciales de casos de corrupción, como el Marea en Asturias, se prolongan tanto en el tiempo que la opinión pública los olvida.

Me llama la atención que la sociedad y los políticos demanden una pronta resolución, que la instrucción no se eternice. Quienes demandan agilidad a la administración de justicia son los que menos colaboran con la justicia. Por poner un ejemplo, en el Caso Gürtel el juez reclamó a la banca suiza información y ésta tardó dos o tres años en enviársela y el proceso no se podía cerrar sin esas informaciones. Y es que la gente envía el dinero a Suiza por una buena razón, porque no es un lugar transparente. La Audiencia Nacional ha ratificado la expulsión del PP como acusación popular en el Caso Gürtel. Teóricamente estaba acusando a los acusados de la Gürtel, pero la justicia descubrió que, en vez de eso, los defendía. Los acusados evidentemente no colaboran porque no les interesa y las demás entidades o poderes fácticos tratan de hacerlo lo menos posible, ponen palos en las ruedas. Pretender que se agilicen los procesos y que se cierren con una condena y rápido es complicado.

Usted juzga a los aforados en el TSJA. ¿No es un anacronismo el aforamiento?

Sinceramente, creo que los aforados son un anacronismo y un privilegio más de la clase política. Si somos iguales ante la ley tenemos que serlo en igualdad de condiciones y sometidos al juez natural predeterminado por la ley. No veo esa distinción entre aforados y no aforados. No tiene que haber privilegios de ningún tipo. Debemos acceder a la justicia todos en igualdad de condiciones y ser juzgados por el juez que nos corresponda.

El puesto vacante en su Sala tras la muerte de José Manuel Buján será para un juez que nombren los partidos, a través del parlamento autonómico.

Salvando la excepcionalidad de Buján, porque era una persona excepcional y ejerció su función con total independencia, no me parece que la vía idónea para ejercer la justicia sea a partir de un parlamento regional, a través de una determinada mayoría política, precisamente cuando la competencia principal de esta sala es juzgar a los aforados.

¿La financiación de los partidos es la madre de la corrupción?

Eso parece. Hay una falta absoluta de transparencia, con el Gürtel o antes con el Caso Filesa. Incurrimos en los mismos errores, hablo como ciudadano. Me asombro todos los días cuando leo los medios de comunicación y veo las respuestas que dan los políticos ante este tipo de actitudes. Algo falla. Esta ley de transparencia de la que tanto hablan no parece que vaya a solucionar nada. Es un problema casi genético. No son conscientes de que la ciudadanía se está hartando de este tipo de conductas. Se ha establecido una distancia enorme entre la clase política y los ciudadanos. Se les pregunta una cosa y contestan otra, no responden a los medios. Hay un deterioro importante del propio sistema democrático. Los únicos que estamos obligados, afortunadamente, a motivar nuestras decisiones somos los jueces, pero nadie más. Mira los indultos, una manera de desautorizar y restar poder a un poder del Estado, como el judicial, sin ningún tipo de motivación. Y ves ese maniqueísmo en la utilización de la gracia del indulto, cuando a determinadas conductas reprochables socialmente se les concede el indulto sin ninguna motivación y en cambio a otras conductas en las que hay consenso social se les dice que no y sin argumentación. Eso aleja a la clase política y a los gobernantes de los ciudadanos a los que se deben.

El magistrado Pérez Villamil en su despacho. Foto / Eloy Alonso.

El magistrado Pérez Villamil en su despacho. Foto / Eloy Alonso.

Un ciudadano indignado

¿Es usted un juez y un ciudadano indignado?

En ciertos aspectos sí. No tanto como juez, sino como ciudadano. Como juez me limito a cumplir lo mejor que puedo y sé las funciones que se me encomiendan. Pero como ciudadano estoy ciertamente indignado con determinadas actitudes. Hay un alto porcentaje de jueces descontentos con las reformas que se avecinan, y hablo de jueces de todo el espectro ideológico. Hay una cierta unidad de acción cuando los jueces ven peligrar, no ya la independencia de los jueces, sino la del poder judicial. No lo vemos como un privilegio personal, sino como una garantía de los ciudadanos.

Esa rebelión , casi insumisión, se manifestó con el tema de los desahucios…

Sí. El tema de los desahucios empieza con la iniciativa de un juez que hace una pregunta al Tribunal de Justicia de la UE sobre el modelo de ejecución hipotecaria que teníamos en España, por si se correspondía con las directivas europeas. Y le responden que no, que se podía producir una indefensión de los ciudadanos, y que esa ejecución podía estar basada en cláusulas abusivas en los contratos donde se pactó la hipoteca. El Gobierno se vio obligado a hacer la reforma, a raíz de eso, de defensa o protección del deudor hipotecario (un nombre un tanto pomposo). Por otra parte, los jueces también han dicho de los escraches que no son un delito, sino un ejercicio del derecho fundamental de manifestación y que no es punible cuando se ejerce de forma pacífica y civilizada.

Garzón, una expulsión justa

¿Qué opinión le mereció el Caso Garzón?

A mí el modelo de juez Garzón no me gusta, no me gusta el modelo de juez estrella y Garzón era un juez estrella. Él decía que no era un juez estrella sino que lo eran sus casos, pero hay otros muchos jueces en la Audiencia que veían los mismos casos y no tenían la repercusión mediática de Garzón. A Garzón el Supremo lo ha condenado justamente. Tenía tres causas abiertas. La primera, la del Banco Santander, que se declaró prescrita, y en cuya sentencia no se dice que no fuera culpable. Los hechos eran altamente llamativos. Se le absolvió también por el asunto de la memoria histórica, donde se intentó confundir a la opinión pública, diciendo que era por el asunto de las fosas franquistas. Creo que él sabía que no era competente para investigar las fosas y recuperó una denuncia que sacó del cajón cuando lo consideró oportuno para su proyección mediática. Lo acusaban de prevaricar, por mantener una competencia que no tenía a sabiendas. Lo absolvieron y lo condenaron después por algo que era obvio, con independencia de a quién estaba investigando. Conculcó el derecho más sagrado en un Estado de derecho y democrático, que es el  de defensa para los acusados. La relación entre abogado y acusado es una relación de confianza, sobre todo en un centro penitenciario. Lo primero que le pregunta el abogado a su cliente es: “¿Lo hiciste o no lo hiciste?”. Si te están grabando, ya me contarás a mí si eso no es conculcar el derecho de defensa… Y por eso lo han condenado. Y me sorprende que desde actitudes progresistas se defienda esa actitud, que es propia de los Estados dictatoriales. Y dicen que los jueces son corporativistas… Al Tribunal Supremo se le tachó de fascista por eso y resulta que estaba compuesto por miembros de Jueces por la Democracia… Me parece que fue una condena justa, ajustada a la legalidad y procedente.

Gómez de Liaño se enfrentó a un poderoso y acabó pagando por ello…

Sí, pero es que la Audiencia Nacional no debería existir ya. Es un tribunal que se justifica en un momento de terrorismo, para evitar que se juzgara en la sede natural, que era el País Vasco. Ante una situación excepcional se crea una legislación excepcional y, para no llamarla así, se crea una estructura de todos los órdenes jurisdiccionales en la Audiencia Nacional. Y ante esa situación excepcional aparecieron una serie de jueces que, por la magnitud de los casos, terminaron siendo muy mediáticos. Pero su comportamiento no me parece el modelo de juez para el resto. No estoy de acuerdo ni con la Audiencia Nacional ni con el comportamiento de sus jueces. Y llevo la contraria a la ciudadanía, que ha hecho héroes a los protagonistas de esos comportamientos.

Legalizar las drogas

Si se legalizaran las drogas, las cárceles casi se iban a vaciar. ¿No sería una vía a explorar?

Fui juez de lo penal cerca de diez años y me impliqué muchísimo en el tema del tratamiento de las drogadicciones, especialmente con las familias que sufrían muchísimo. Viví las toxicomanías de la heroína y cocaína, y los delitos contra el patrimonio se producían en un 80% para proveerse las drogas. Y yo me preguntaba: si las drogas son la causa de la mayor parte de la delincuencia contra el patrimonio, ¿por qué no facilitamos las drogas a esas personas para que dejen al menos de robar? No tengo claro si deben legalizarse o no, pero habría que considerarlo con estudios… aunque la legalización tendría que ser o mundial o en el entorno europeo, porque el tráfico es multinacional. Habría que reflexionar sobre ese asunto a nivel global, pero probablemente nos faltan estadistas para hacer ese tipo de reflexiones. Además, puedo tener la sospecha, como la tienes tú, de que esa legalización a lo mejor no interesa a los grandes poderes invisibles que nunca se manifiestan y pueden llevarse los beneficios del narcotráfico.

¿Tiene opinión sobre el tema de las preferentes?

Tengo una opinión como ciudadano. Cada vez que veo el perfil de los ciudadanos afectados, estoy más convencido de que son ciudadanos engañados. La mayoría son de la tercera edad, gente de una condición humilde, que han ahorrado toda su vida… ¡Que alguien les haya llevado a invertirlo en esos productos financieros altamente tóxicos, me eriza la piel y no puedo dejar de indignarme en este caso! Y la gente lo está peleando en la calle, con manifestaciones pacíficas, no me extraña que estén indignados. Las preferentes es de las cosas que más me indigna. No me cabe la duda de calificar esas acciones como de engaño, es evidente que los afectados no pudieron percatarse de las consecuencias de lo que estaban contratando.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 27, JULIO DE 2013.

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