Juicio del Caso Marea, la causa general al PSOE asturiano

El banquillo del Caso Marea. En la primera fila, en el centro, se sienta el empresario de Almacenes Pumarín Alfonso Carlos Sánchez. Tras él, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre. Foto / Pablo Lorenzana.

El banquillo del Caso Marea. En la primera fila, en el centro, se sienta el empresario de Almacenes Pumarín Alfonso Carlos Sánchez. Tras él, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre. Foto / Pablo Lorenzana.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

El PSOE asturiano no admite en la Junta General ni ante la opinión pública que el Caso Marea suponga una causa general sobre la corrupción y las malas prácticas de sus Gobiernos, que se suceden casi sin interrupción desde hace más de tres décadas. Pero a eso apunta el juicio iniciado esta mañana en la Audiencia Provincial de Oviedo.

La primera pista vino de la decisión del magistrado que preside la sala que juzga al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a quien fue su mano derecha, la directora general, María Jesús Otero, y a otros once acusados, empresarios y funcionarios. Nada más iniciarse la vista, Javier Domínguez Begega atendió la petición de la fiscal y de las defensas, rechazando un reciente informe del Gobierno asturiano, presentado el 29 de febrero, que ampliaba en 2,5 millones de euros el fraude en los colegios públicos asturianos por obras no ejecutadas. Las seis acusaciones calculan que lo defraudado oscila entre 5,6 y 9 millones de euros.

Esta mañana las defensas incidieron en que la presentación hace unos días de ese informe sobre un caso destapado hace más de seis años es la última muestra de la cambiante estrategia del PSOE y de su Gobierno en el Principado. Uno de los abogados dijo que era “inconcebible” que el Principado alegue, justificando la tardanza, que “no tiene acceso a sus propios expedientes”. Otro los acusó de “estar para defender una posición política” y aludió a las reuniones que mantuvieron todas las partes antes del juicio para intentar llegar a un acuerdo que lo evitase, afeando al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, por negarlas “pomposamente”.

Otra pista sobre las estrategias que se verán en el primer macrojuicio por corrupción que se celebra en Asturias la dio el abogado de uno de los empresarios acusados, que pide que declare la esposa del expresidente asturiano Vicente Álvarez Areces, vinculada al Instituto público de formación Adolfo Posada, donde se habría producido supuestamente un “fraude o descontrol contable de dimensiones catedralicias”.

Abortar el juicio con un acuerdo también hubiera evitado esa causa general que tanto temen los socialistas asturianos y esta exposición pública de su Gobierno, que en el juicio va de la mano de la fiscal, Carmen Rodríguez, que para Iglesias Riopedre pide 10 años y medio de cárcel y 400.000 euros de multa. En total ambas partes piden penas de prisión que suman 57 años.

José Luis Iglesias Riopedre, entre sus abogados, entrando en la Audiencia de Oviedo. Foto / Pablo Lorenzana.

José Luis Iglesias Riopedre, entre sus abogados, entrando en la Audiencia de Oviedo. Foto / Pablo Lorenzana.

Es cierto que el Caso Marea se centra en los Gobiernos del expresidente socialista Vicente Álvarez Areces, un profesor de Matemáticas que presumía de su defensa de los servicios públicos mientras el dinero destinado a los colegios volaba presuntamente por millones a los bolsillos de políticos, empresarios y funcionarios a costa de obras fantasma que jamás se realizaron. Pero si se trata de un juicio sumarísimo al arecismo, envuelto en otros escándalos, también resulta evidente que asistimos a una revisión judicial de una manera de entender el Gobierno y los repartos de poder y fondos públicos por parte del socialismo asturiano, absolutamente hegemónico en Asturias desde la restauración democrática.

El juicio es un retrato de esa “Asturias cableada” donde todos los centros de poder están interconectados por una madeja de oscuros intereses, negocios opacos y redes clientelares. El banquillo de los acusados, donde se sientan empleados del Principado y varios de los grandes Ayuntamientos asturianos, además de la Universidad, es una foto de ese panorama social que en buena parte permanece inalterable, por mucho que el actual presidente Javier Fernández se intente desmarcar públicamente del arecismo.

Pese al escándalo que le llevó a la cárcel a la que podría volver a sus 76 años, tampoco la relación de Iglesias Riopedre con quien fuera su amigo y presidente se ha alterado sustancialmente. Riopedre y Álvarez Areces fueron destacados dirigentes del PCE en Asturias durante la clandestinidad y ambos entraron en el PSOE tras la histórica escisión comunista de Perlora. Salieron del PCE por la izquierda, recalaron en el PSOE y acaban sus carreras políticas por la puerta trasera. En el caso de Riopedre por la que le podría obligar a habitar una celda de la cárcel de Villabona. En el de Areces, por la puerta del Senado, ese cementerio de elefantes y retiro dorado para políticos amortizados.

Haya o no elecciones generales anticipadas, o incluso autonómicas, dada su soledad política, para Javier Fernández, que compatibiliza la presidencia del Gobierno y la secretaria general de la FSA-PSOE, el juicio del Caso Marea va a ser un vía crucis hasta que finalice el próximo verano. Una larga y prolongada causa general.

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