La banca siempre gana (a costa del contribuyente)

Los escándalos bancarios también provocan desafección social de la ciudadanía con sus responsables y con la clase política que los sostiene. / Foto: María Arce.

El escándalo de Bankia, que va a costar 23.000 millones de euros a las arcas públicas, vuelve a evidenciar los males de la economía globalizada y la impunidad de los banqueros cuando provocan quiebras y graves problemas financieros a sus entidades por su mala gestión.

La crisis en el Banco de España, un supervisor ahora en entredicho y no hace mucho considerado modélico, también contribuye a las amenazas de intervención por parte de la Unión Europea en la economía española, que ya ha sido sometida a dos reformas financieras desde la llegada al Gobierno del PP.

ATLÁNTICA XXII publicó en su número 16 (septiembre de 2011) un reportaje sobre los abusos y los privilegios de la banca española en relación a sus clientes y a los ciudadanos.

¡Manos arriba: esto es la Banca!

Foto: María Arce

«Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a ellos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, seguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaran». Thomas Jefferson (1743-1826).

Fernando Romero / Periodista. Doscientos años después, la profecía de Jefferson se hizo realidad. El dinero lo puede todo. Y los dueños del dinero son los banqueros en sus diferentes modalidades (bancos y cajas, entidades financieras y agencias de rating). Nunca en la historia los Señores del Dinero han tenido tanto poder como hoy. Los banqueros tienen la potestad de fabricar un dinero que realmente no existe y que prestan a altos intereses, financian partidos políticos y gobiernos que, posteriormente, les favorecen en pago a sus aportaciones. Los banqueros crearon esta crisis y salieron indemnes de ella pero dejaron en la calle a millones de trabajadores y sin vivienda a miles de familias.

Muchas personas desconocen que desde la antigüedad la banca hizo negocio al prestar más dinero del que tiene y cobrar intereses por ese dinero inexistente. Esa actividad se llama fraude aunque con el tiempo ese delito se legalizó y se le cambió el nombre por «reserva fraccionaria », un eufemismo de los que la jerga bancaria está plagado. Este dinero falso, según explican distintos estudiosos del fenómeno, entre ellos John Kenneth Galbraith, ha provocado las grandes crisis bancarias y la inflación. En EEUU por cada dólar depositado se prestan diez. Y aunque el dinero real que tienen, llamado coeficiente de caja, es inferior, prestan también el falso pero el usuario tienen que devolverlo con dinero real. Esa es la clave del negocio.

Mientras la gente no llega a final de mes, pierde sus casas y sus empleos, todas las empresas del Ibex 35 (excepto tres) han continuado teniendo beneficios de los cuales los más importantes han sido los de los bancos. Parte de esos beneficios se van a paraísos fiscales, refugio de las ganancias obtenidas con los activos financieros tóxicos que generaron la crisis en 2008. En esos paraísos se esconde el botín obtenido.

Nada temen y todo lo pueden. Si les va bien quieren ir mejor. Si les va mal, tienen al Estado. En España parece confirmarse que lo gobiernos están para salvar bancos. Los primeros antecedentes tienen lugar a finales de la década de los setenta, cuando se produce una liberalización del sector en un contexto en el que medio centenar de entidades padecieron graves problemas de solvencia. Muchas desaparecieron dejando tras de sí miles de damnificados, mientras que otras fueron ayudadas por los presupuestos generales del Estado, es decir, por los contribuyentes. Posteriormente en 1994 surgió el llamado «caso Banesto», con la existencia de un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros. Ángel Rojo, gobernador del Banco de España, admitió que fue un grave fallo de la inspección no detectar a tiempo la crisis y cifró en 200.000 millones de pesetas el coste de saneamiento con cargo al dinero público.

La historia de los «rescates» revive recientemente tras la quiebra de Lehman Brothers en otoño de 2008. Los gobiernos aprobaron diversas medidas para sostener la liquidez de las entidades bancarias. En España en concreto se hace a través del FAAF, o Fondo de Adquisición de Activos Financieros, y del Fondo de las Cajas para su reestructuración (FROB).

Son entidades gubernamentales que garantizan la supervivencia de los bancos, hayan sido bien o mal gestionados. Los esfuerzos de los gobiernos por salvar a la banca de la crisis llegan a situaciones escandalosas. Según la agencia Bloomberg, grandes entidades de banca de inversión como Credit Suisse Group, Goldman Sachs o Royal Bank of Stcotland recibieron préstamos secretos y casi gratuitos por parte de la reserva federal de Estados Unidos. Se fijó un tipo de interés del 0,01%. Al menos veinte entidades tuvieron acceso a estos préstamos. Por su parte el Banco Central Europeo repartió en agosto 50.000 millones de euros entre 114 bancos para «facilitar liquidez suplementaria». La justificación de estas ayudas se ampara en la presunta estabilidad de una economía nacional. Si el sistema financiero y los bancos van mal, toda la economía se resiente, dicen los gobernantes y los sesudos analistas a nómina de la propia banca. Pero los hechos demuestran que en realidad la política está sometida al poder de los bancos.

El escándalo y la impunidad han llegado a tal nivel de descaro que las presiones sociales están obligando a los gobiernos y a los tribunales a tomar medidas. La fiscalía de Nueva York está investigando a los grandes bancos de Wall Street por las prácticas que siguieron durante la burbuja inmobiliaria en la titulación de la deuda vinculada a hipotecas de baja calidad: Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. Otras acciones similares anteriores no acabaron en ninguna actuación concreta. Dos años y medio después solo ha sido sancionada Goldman Sachs. El congreso USA culpó a estas tres entidades de haber generado la crisis aunque no exigió responsabilidades.

En España y más recientemente el Banco de España intervino la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) que había generado otro agujero millonario, entre otras cosas por las primas de sus consejeros, sus gastos y la autoconcesión de elevados créditos a intereses irrisorios. No ha habido hasta la fecha condenas judiciales.

Los llamados paraísos fiscales ayudan a que estos «gestores» y directivos tengan a salvo sus dineros. Las promesas de transparencia no han pasado de ser promesas.

En abril de 2009 el G-20 se reunió para establecer listas negras y grises para controlar a países y plazas financieras que facilitan la evasión fiscal y el impago de impuestos. Se amenazó con duras sanciones para los que se atrincheraran en el secreto bancario. Sin embargo el sistema de acceso a la información se hace caso por caso, es costoso y lento y depende de la decisión discrecional del paraíso fiscal que puede obstaculizar el proceso. Una de las principales reclamaciones del Movimiento 15-M es la creación de un registro anti paraísos fiscales, Y aunque ha habido avances desde el G-20 los expertos insisten en que las medidas para ser efectivas tienen que ser globales. La Fundación Alternativas ha redactado un documento que elaboró José Luis Escario en donde propone la creación de una agencia mundial específica para establecer sanciones multilaterales contra los estados que no cooperen con unos mínimos de transparencia fiscal.

La presión social, materializada a través de denuncias y querellas, está sacando a la superficie algunas situaciones que la mayoría de los ciudadanos sospechaban pero que no podían contrastar verazmente debido al poder de la banca. Así y todo algo empieza a moverse. Y, por increíble que parezca, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por el fiscal anticorrupción contra Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, su hermano Jaime Botín y los cinco hijos que tienen cada uno de ellos por presunta comisión de delitos de fraude contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La fiscalía ha tardado un año en actuar ante la cercanía de las elecciones, exponiéndose a que prescribieran los delitos.

El supuesto delito reside en una cuenta en Suiza de la familia que podría ascender a 1.000 millones de euros. La asociación de técnicos de hacienda Gestha ha criticado el «trato de favor» que a su juicio se ha dispensado a la familia Botín al haber perdido «un tiempo precioso» permitiendo a los implicados en el caso de las cuentas suizas regularizar voluntariamente su situación tributaria pagando únicamente recargos.

Un trabajador o un empleado, o el directivo de una empresa, pagan con su puesto de trabajo una gestión que perjudique a su empresa. Esto no ocurre en la banca. Erre que erre, los bancos y cajas no aprenden de sus errores y lejos de enmendarlos mantienen la guerra por la competitividad, con productos arriesgados para captar clientes y depósitos, ofreciendo intereses que en algunos casos llegan hasta el 5%, poniendo en riesgo nuevamente la solvencia de la entidad. La llamada «guerra de los depósitos » tuvo que ser frenada recientemente por el Gobierno, al introducir para estos productos una mayor aportación adicional al Fondo de Garantía de Depósitos. Poder sobre los ciudadanos Si por algo se caracteriza la banca es por tener siempre una relación con sus clientes desigual, salvo para los que les interesa. Un ejemplo son las llamadas cláusulas suelo y cláusulas techo, mediante las que bancos y cajas de ahorro suelen imponer en los contratos hipotecarios para protegerse de una posible caída del euribor, el tipo de interés al que se conceden la mayoría de estos créditos en España. Ha habido sentencias, una del juzgado mercantil de Sevilla y otra de León, contrarias a esas cláusulas, debido a numerosas denuncias de los usuarios. El poder de la banca sobre los ciudadanos lo ejerce gracias a que la mayoría de las familias españolas le deben mucho dinero. En la época de bonanza, antes de la crisis que estalló en 2008, hubo una guerra de los bancos por facturar más que nadie y se empieza a rebajar las exigencias de los créditos hipotecarios hasta límites nunca vistos, todo ello con la connivencia de las agencias de rating. Resultado: la burbuja estalló y hoy miles de familias se han quedado sin casa pero, lo que es más grave, siguen debiendo a la dossier la banca siempre gana banca el dinero del crédito.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la complicidad del PP y de CiU, se muestra reacio a aprobar medidas que pongan en entredicho el poder de la banca, aunque la situación es tan grave que no le ha quedado más remedio que tomar alguna iniciativa. Así, aprobó el pasado julio un proyecto para elevar el límite del sueldo que no puede ser embargado a las familias en caso de que no paguen la hipoteca y se les quite el piso. Se eleva al 150% del Salario Mínimo Interprofesional con lo que pasa de 641 a 961 euros. El saldo de los préstamos hipotecarios se colocó en abril en 676.811 millones, el 76,3% del endeudamiento total de los hogares.

La solución vendría con la dación en pago, algo que se utiliza en otros países y que consiste en que el deudor cancela su deuda entregando las llaves de su casa hipotecada. Un grupo de ciudadanos están recogiendo apoyos para promover una Iniciativa Popular Legislativa que necesita 500.000 firmas para ser aceptada. Varias asociaciones ya han comparecido ante la subcomisión hipotecaria creada en el Congreso para defender la dación en pago: Asociación de Usuarios de Banca (Adicae), Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la OCU y el colectivo de Mujeres Urbanistas. Piden también una moratoria de los desahucios para las familias que por causas ajenas a su voluntad no pueden hacer frente al pago. La fórmula de la dación en pago se contempla en la Ley Hipotecaria siempre que las partes así lo acuerden cuando firmen el crédito. En la práctica ningún banco lo acepta. La Asociación Española de la Banca dice que esta fórmula puede llevar a la banca a la quiebra. Los jueces están divididos y, mientras la Audiencia Provincial de Navarra dio la razón a una familia porque «una norma se interpreta en función de la realidad social», en la sección tercera de esa misma audiencia se piensa diferente: el deudor debe responder con todos sus bienes presentes y futuros para pagar la deuda generada. También el Tribunal Constitucional ha respaldado el actual sistema hipotecario.

La situación social creada es tan grave que algunos bancos, como el Santander, se aprovechan para lavar su imagen adoptando medidas aparentemente humanitarias, como conceder una moratoria de tres años en el pago de las hipotecas de familias con problemas.

Evidentemente la banca siempre gana, y bajo esa «altruista» decisión hay más beneficios en intereses y a la larga les resulta más rentable que efectuar provisiones por morosidad y gestionar los desahucios. Se calcula que de media, al final de crédito, los que se acojan a estas medidas pagarían 4.000 euros más al banco benefactor. Mientras tanto, los indignados ya han logrado paralizar con acciones de protesta más de medio centenar de desalojos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca critica a los bancos porque consideran que su política «irresponsable» en la concesión indiscriminada de crédito es lo que causó la burbuja inmobiliaria.

Niegan que sean las 93.600 familias hipotecadas que se van a quedar sin sus viviendas las que mantengan en vilo a la banca sino los activos que se acumulan en sus balances procedentes de la quiebra de centenares de empresas del sector inmobiliario. Además denuncian que la banca sí haya aceptado las daciones en pago de las empresas constructoras y promotoras que quebraron. A ellas sí les ha cambiado deudas por pisos o suelo.

Un cartel crítico con los banqueros cerca de la acampada del 15-M en Gijón. / Foto: ©semeyapress / Eloy alonso

Poder sobre los Estados

Hoy las entidades financieras han adquirido tanto poder que sus decisiones arbitrarias pueden poner a un país en bancarrota. Para ello se ayudan de las llamadas agencias de calificación, las cuales tienen incentivos para dar buenas calificaciones a los títulos de alto riesgo que producen los bancos de inversión que les pagan. El rating es un elemento esencial para el funcionamiento de los mercados financieros.

Supone la primera referencia sobre la calidad crediticia (riesgo de impago). Aun cuando buena parte de las comisiones que estas agencias cobran están prefijadas, muchas de ellas están sometidas a negociación en la práctica, lo que entraña una incidencia potencial sobre la calificación obtenida en función de la cantidad desembolsada. La fiabilidad de los datos primarios con los que se cuenta para las evaluaciones no está necesariamente contrastada o no se corresponde siempre con la información auditada. Curiosamente las tres grandes agencias de rating han disparado sus beneficios en el primer semestre del año.

La prima de riesgo de los bonos de los estados es el diferencial con el bono alemán y el termómetro de financiación de un país. Y son estas agencias las que lo puntúan. Fitch asignó a Grecia la peor nota del mundo por la ausencia de un plan «creíble». Moody’s bajó la nota de Irlanda hasta el nivel de «bono basura». La rebaja se produce en un momento clave como la subasta de bonos del Tesoro y empieza a ser habitual. Esas calificaciones a la baja permiten a quienes compran esa deuda (sobre todo fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos y bancos) exigir más intereses. Los sindicatos cargaron contra estas rebajas que no ocurren por casualidad «sino al servicio dossier la banca siempre gana de intereses muy importantes del sector financiero».

BlackRock y Capital Group están entre los mayores accionistas de Standars & Poors y Moody’s, las dos primeras calificadoras del mundo (controlan los dos el 80% del mercado). Esta última pertenece a un grupo, McGraw Hill, que además gestiona algunos de los principales índices bursátiles del mundo, como la Bolsa de Nueva York. Estas actuaciones empeoran la crisis ya que afectan a la financiación de las empresas, generan importantes pérdidas a las arcas públicas y destruyen millones de puestos de trabajo. Por este motivo, el Observatorio DESC, IU y Attac han llevado a estas agencias al juzgado a través de una querella que tras varios meses paralizada en la Fiscalía Anticorrupción (que era partidaria de archivarla) la ha vuelto a activar el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

Y aunque en la UE quieren pararles los pies, Bruselas sigue inmersa en eternas consultas de cara a su tercera norma para regular el sector, tras dos intentos fallidos, y anuncian para antes de fin de año una nueva norma que favorezca la competencia en el sector y acabe con la publicación sorpresa de análisis catastróficos. Habrá que esperar a verlo.

A los banqueros no les afecta la crisis

Los directivos y jefes de los bancos viven a cuerpo de rey y dejan la austeridad para otros. En febrero la cúpula directiva de Catalunya Caixa se repartió un bono semestral de 300.000 euros. Les tocaba a diez miembros de la alta dirección de la entidad que preside Adolf Todó a los que les correspondió un bono de 60.000 euros por persona a pesar de que la caja ya había recibido 1.250 millones de euros en ayudas públicas. Y aunque el 7 de julio de 2010 la directiva de la UE establecía que «los directivos de los bancos rescatados no podían asumir ninguna bonificación a no ser que esté debidamente justificada», la lenta tramitación parlamentaria del decreto de cajas abrió la rendija para que alguna que otra cúpula directiva de caja en apuros pudiera hacer efectivo el cobro de sus bonos. Tampoco la flamante nueva directora del FMI, Christine Lagarde, hace gala de modestia para ser consecuente con lo que predican para otros. Mientras su organismo dicta normas de austeridad a todo el mundo, se pone un sueldo base de 467.940 dólares y un suplemento para gastos de representación de 551.700 dólares, todos libres de impuestos. Y, además, si renuncia a su cargo recibirá una pensión vitalicia. Su predecesor en el cargo, Dominique Strauss-Kahn, acusado de violación y que a causa de este proceso perdió el puesto, tampoco se va de rositas, como tampoco se fue su antecesor Rodrigo Rato. Cobrará una indemnización de 250.000 dólares. Además de ello recibirá una pensión vitalicia que podría llegar a 252.000 dólares anuales. El abuso llega hasta los que dicen ser la Banca Cívica y para predicar con el ejemplo de su civismo sus directivos (unas 20 personas) se han subido el sueldo un 46% y ganaron 2,64 millones hasta junio.

Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, es uno de los mejor pagados de España. En 2010 se embolsó 9,17 millones de euros. Ángel Ron, presidente del Banco Popular, tiene una remuneración de 1,23 millones de euros. Jaime Echegoyen, ex consejero delegado de Bankinter, 675.000 euros en fijo y 381.000 euros en variable, además de una indemnización de 4,7 millones de euros después de su salida del banco en octubre. Isidro Fainé, presidente de la Caixa y de la CECA, cobró 2,69 millones en 2010. Todos los consejeros ejecutivos de los cinco grandes bancos que cotizan en el IBEX 35 y los altos directivos de los dos mayores bancos (Santander y BBVA) superaron el año pasado el millón de euros de sueldo anual.

El Consejo de Administración del Banco de Santander ganó 8,4 millones de euros desde enero a junio de este año, un 25% más que el pasado. Además se entregó un millón de euros en acciones del Banco a los miembros de dicho consejo. La alta dirección, por su parte, cobró 17,8 millones de euros, un 22,7% más.

En 2010, en plena crisis, los sueldos de los banqueros europeos y estadounidenses se incrementaron en un 36%, respecto al año anterior. El Ranking recopilado por Equilar para Financial Times lo encabeza el presidente de JP Morgan Jamie Dimon, que incrementa su remuneración en un 1.541%, pasando de 1,26 millones de dólares en 2009 a 20,72 millones de dólares en 2010. La media de sueldos de banqueros europeos y estadounidenses se sitúa en 9,7 millones de dólares. De ellos, los directivos de la banca española cobran más que sus vecinos de Portugal, Francia u Holanda, con una media de 95.000 euros al mes, según un estudio realizado por la consultora Hags. El nuevo banco Bankia, creado a partir de la fusión de Cajamadrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorro, empieza también predicando con la austeridad. Sus treinta y dos principales directivos, capitaneados por el ex ministro Rodrigo Rato, se repartirán un sueldo de 24,5 millones de euros sin contar la remuneración por asistencia al Consejo de Administración.

Entretanto, los asalariados españoles han visto reducida su capacidad adquisitiva de forma importante entre la revalorización de los intereses hipotecarios, las abusivas subidas de las tarifas eléctricas, el encarecimiento del precio del transporte y de los alimentos y la congelación de salarios, cuando no su reducción o la anulación de sus pagas extraordinarias, mientras el sindicalismo clásico carece ya de capacidad de presión y movilización para evitar la pérdida de las conquistas sociales. Los ataques contra los ciudadanos en forma de recortes sociales no cesan. Portugal incrementa en un 283% el IVA de la electricidad y el gas, Berlusconi reduce en 1.000 millones las pensiones y Zapatero se va del Gobierno anunciando nuevas reformas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 16, SEPTIEMBRE DE 2011

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