“La Central”, la red de espías que acabó ante el paredón

Lorenzo Sanmiguel, cerebro de la trama de espionaje. Foto / Asociación de Estudios sobre la Represión en León (AERLE).

Cuatro fusilamientos en Oviedo en 1944 acabaron con “La Central”, una red de espías para Gran Bretaña. Relatar lo sucedido evoca más a una novela negra que a un episodio histórico de relevancia, porque la importancia de “La Central” no está en consonancia con la criminal respuesta de las autoridades franquistas. “La Central” espiaba en plena II Guerra Mundial en lugares estratégicos del Noroeste peninsular.

Por Gerardo Lombardero / Escritor.

Que Lorenzo Sanmiguel era un hombre de recursos y poseedor de una iniciativa desbordante no cabía ninguna duda, a tenor de los hechos que sucedieron en octubre de 1943. Por lo que las investigaciones demostraron, había montado una red de espionaje que informaba a la embajada inglesa de Madrid, que luego la hacía llegar a los servicios secretos de su país. El nombre de esta organización, nunca se supo si bautizada así por el propio Sanmiguel o por la embajada de Madrid, se conocía como “La Central”.

Fue una casualidad y una delación la que comenzó a tirar del hilo que desharía la madeja. A Teófilo Rodríguez, comandante de puesto de la Guardia Civil en Trubia, le había llegado la información de que un trabajador de la Fábrica de Cañones de esa localidad, un hombre conocido como Libertario García (con un nombre harto sospechoso) manejaba unas cantidades de dinero muy superiores a las que accedería de contar solamente con su salario. Al guardia, tristemente conocido por sus tareas represivas durante los primeros años del franquismo, aquello comenzó a olerle a dineros procedentes del Socorro Rojo. Nada más lejos de la realidad, cuando ordenó la detención de Libertario y lo interrogó con “hábiles métodos” en el cuartel.

El trabajador Libertario, que contaba con veinticuatro años de edad, no aguantó la presión y a las pocas horas daba una versión de la realidad muy diferente a la que se esperaba. Formaba parte de una red que espiaba instalaciones armamentísticas, puertos marítimos y otros enclaves de interés estratégico. En su caso, había sido contratado por un individuo de La Felguera un año y medio atrás, quien le pagaba 250 pesetas mensuales por dar cuenta de la producción de armamento y otros componentes que de la fábrica salían, así como su posible destino, ya fuera interior o para la exportación. La Guardia Civil tuvo claro entonces que, dadas las pocas dotes intelectuales de Libertario, aquél tenía que formar parte de una red mucho más compleja. No estaban equivocados. Libertario les proporcionó dos nombres que resultarían determinantes, uno el de Consuelo Argüelles Díaz, novia de Sanmiguel y vecina de Sama de Langreo. El otro, Mauro Estévez García, vecino de Gijón y trabajador de la Constructora Gijonesa, de la que daba cuenta de su producción a “La Central”. Además recibía 200 pesetas mensuales por detallar los barcos que entraban o salían del puerto El Musel, la clase de mercancía que descargaban o se llevaban, así como el número y calibre de los cañones que procedentes de la Fábrica de Trubia eran probados en el polígono de tiro del cerro de Santa Catalina. ¿Quién le pagaba?: el propio Lorenzo Sanmiguel, conocido también con el alias de Juan Martínez.

Sanmiguel abatido en León

El hilo había sido el infeliz de Libertario y el ovillo lo comenzó a desenrollar su novia Consuelo Argüelles. Sanmiguel, que se hacía pasar por agente comercial, aunque nunca se supo con qué comerciaba, viajaba al menos dos veces al mes a La Coruña, El Ferrol, Santander, Bilbao y visitaba numerosas localidades asturianas. En poco más de quince días, entre el 16 y el 31 de octubre, la Guardia Civil detenía a 44 personas. La mayoría de esas detenciones se practicaron en Asturias. Era necesario por tanto aprehender cuanto antes a Sanmiguel, quien se perfilaba ya como el organizador de una trama mucho más amplia en la que estaban incluso su padre Emilio Sanmiguel e incluso su tío José. En cuanto el comandante de puesto de Trubia supo que Sanmiguel podría ser interceptado en León, el guardia pidió y obtuvo el privilegio de participar en su detención. Fue un desgraciado error.

El día 20 de octubre de 1943, Sanmiguel es localizado en un piso de la capital leonesa de la calle Condesa de Sagasta, 43. El comandante de puesto Teófilo Rodríguez encabeza el grupo de agentes que van a proceder al arresto. Sanmiguel es sorprendido en una de las habitaciones todavía acostado en el lecho. Entre la penumbra de la estancia, la precipitación del guardia y los nervios del momento, Sanmiguel logró apartar las sábanas para incorporarse al tiempo que esgrimía una pistola -ésta fue la versión del guardia- y Teófilo abrió fuego con la suya, tan certeramente que quedó muerto en el acto. Con él murieron muchos de los secretos que podrían haber sido desvelados de haber sido detenido con vida.

A partir de ese momento, la Guardia Civil tuvo que recurrir a obtener cualquier información de los ya arrestados y lo hizo a conciencia. Los resultados dieron como producto final un gigantesco rompecabezas que había que recomponer. Uno de los detenidos, Manuel Rivero Sanjuán, de profesión radiotelegrafista, manifestó que había sido contactado por un agente inglés para trabajar en una potente emisora, que, debidamente camuflada en una tienda de electrodomésticos leonesa, debería emitir una vez a la semana la información que llegaría a la embajada de Inglaterra en Madrid. Explicación harto rocambolesca puesto que nada escapaba al control directo de Lorenzo Sanmiguel. Estas declaraciones se contraponían con las de otro de los detenidos, José García Robles, que trabajaba como chófer de la embajada y aseguró que se desplazaba semanalmente a León, donde el propio Sanmiguel le entregaba en mano la información, recibiendo a su vez sobres con dinero para él y para el resto de los agentes de “La Central”. Iba quedando cada vez más claro que el propio Sanmiguel había constituido la red, que la información que pasaba era bastante pueril y que, casi con toda seguridad, todo el montaje había partido de su propia iniciativa, dejando de manifiesto que la embajada inglesa, a pesar de lo poca importancia de la organización, le dejó hacer en espera de alguna sorpresa imprevisible.

Fotografía dedicada por Lorenzo Sanmiguel, con el alias de Juan Martínez, a una de sus numerosas novias. Foto / Asociación de Estudios sobre la Represión en León (AERLE).

En todo el Noroeste

¿Era Sanmiguel un simple “aventurero”? Muchos indicios apuntan a que así era, un hombre de personalidad compleja, con facilidad para las relaciones sociales, muy adecuado para el embauque con el que pretendía ingresar grandes cantidades de dinero fácil. Su origen familiar se fija en Gijón, donde hizo la mili obligatoria y se sabe que por haber agredido a un suboficial estuvo en la cárcel militar, de la que logró fugarse y huir disfrazado de mujer. No cabía duda de que su capacidad era notable y el oficio de espía, ficticio o no, le venía como anillo al dedo. Hay que tener en cuenta lo sobresaliente de su capacidad organizativa: contaba con 33 agentes fijos a los que había adjudicado una clave, como demostró el registro domiciliario tras su muerte. Por otra parte, determinante o no, el fluido informativo fue muy elevado. Téngase en cuenta que mantenía agentes en Asturias, León, Astorga, Virgen del Camino, Reinosa, Santander, La Coruña y Ferrol. Solo en Asturias, mantenía informadores en Fábrica de Trubia, puerto del Musel, Duro Felguera, La Constructora y hasta en San Juan de Nieva. Como contrapunto, un registro en el domicilio de su supuesta novia -durante la investigación varias mujeres declararon serlo- Consuelo Argüelles, se encontraron más de cien fotografías de algunos edificios, barcos, puertos y fábricas de armamento, nada determinante que cualquiera con cierto empeño podría haber conseguido.

Con la inesperada muerte de Lorenzo Sanmiguel a manos del comandante de puesto de Trubia, se había roto indefectiblemente el hilo inicial. El final pasaba por la embajada inglesa en Madrid y por el consulado que mantenían en Gijón. A pesar de las claras inclinaciones españolas por el régimen hitleriano, era impensable bajo cualquier aspecto profundizar en esta línea, protegida lógicamente por los convenios diplomáticos. Ambas sedes guardaron un mutismo absoluto y, aunque el consulado fue sometido a estrechísima vigilancia policial, desmesurada y absurda desde cualquier punto de vista, nada se pudo sacar en claro o añadir a la investigación.

En cuanto a la misma embajada en Madrid, era por aquellos días embajador el conservador Sir Samuel Hoare, ex ministro de Exteriores en 1935 y que también fuera ministro de Interior en 1937. Este diplomático había puesto especial empeño en que se desmantelase la División Azul de Voluntarios y en que se compensase debidamente al Gobierno español por el gesto de retirarlos del frente ruso. Por otra parte, considerado por el Régimen como intocable, había puesto en marcha una vasta operación para cooperar en el cambio de prisioneros de guerra entre aliados y alemanes, operación que tuvo lugar en 1944 en Barcelona y que supuso un gran mérito para la España de Franco. Fue precisamente ese mismo año, y al poco de realizar dicho canje, cuando Hoare fue destituido como embajador sin más explicaciones.

Cuatro fusilamientos

Magnificado o no, el caso de “La Central” constituyó una excelente presa que los investigadores no estaban dispuestos a soltar bajo ningún concepto, a la vista de ascensos y otros reconocimientos que todo aquel entramado podía proporcionarles. Con esto, era suficiente para que la causa 558/1943 fuese vista por el Juzgado Militar Especial de Espionaje y Otras Actividades, que con esta amenazadora distinción presidió como juez el coronel retirado de Infantería don Carlos Canella Muñiz. Las defensas de los procesados fueron encomendadas a los tenientes Valentín Masip (más tarde alcalde de Oviedo) y Santos Moro, renunciando al nombramiento el primero de ellos al poco tiempo. El procedimiento se había iniciado en octubre de 1943 y el juicio fue fijado para el 14 de marzo de 1944. La sentencia ya estaba echada.

Con el amanecer del día 23 de mayo, poco más de un mes después, un piquete de ejecución se alineó junto a una de las tapias del cementerio ovetense de San Salvador. Frente a ellos, se colocaron los condenados muerte: César Quiñones Rodríguez, militar y residente en Ferrol, Manuel Rivero Sanjuán, radiotelegrafista en León, Mauro Estévez García y Juan Martínez Riestra, todos ellos casados y con hijos. La ejecución fue cumplida sin demora y constituyó un crimen de Estado, ya que ni las pruebas fueron tan contundentes ni la ley del 26 de julio de 1935 señalaba que pudiese aplicarse esta condena para actos de espionaje en tiempo de paz. Para el resto, 300 años de prisión fueron más que suficientes, repartidos, eso sí, equitativamente. Dos semanas más tarde, las tropas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía y comenzaba el principio del fin del III Reich.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 26, MAYO DE 2013.

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