La deriva independentista (y II)

Pintada por la independencia en una calle de Barcelona. Foto / Virginia Quiles.

Luis García Oliveira.

Varios siglos de ininterrumpida coexistencia territorial bajo una misma estructura política y administrativa dieron pie a diferentes vínculos, principalmente comerciales, productivos y laborales, con Cataluña. Y tal vez algunos prefiriesen obviarlo ahora, pero fruto de las decisiones sobre política industrial se designó a Barcelona –hace ya 68 años– como sede de la empresa SEAT, acrónimo de la entonces Sociedad Estatal de Automóviles de Turismo; hoy día, el mayor centro de producción industrial en Cataluña, con casi 13.000 empleos directos y unos cuantos cientos más de carácter indirecto, con todo lo que eso conlleva para la Comunidad a nivel económico.

Quizás tampoco sea del interés de todos la referencia, pero para la disposición de esa empresa el Estado español tuvo que endeudarse en un crédito de sesenta y dos millones de dólares con EE.UU, que a cambio de su concesión exigió la autorización administrativa –sin condiciones funcionales ni operativas– para el despliegue de sus estratégicas bases militares en territorio español; por cierto, con el redoblado privilegio para Cataluña de que ninguna de ellas se instaló sobre su territorio.

Este es solo un ejemplo, pero podrían citarse bastantes más en el ámbito de las infraestructuras públicas –terrestres, hospitalarias, docentes, aéreas o portuarias– que a más de uno obligaría a reconsiderar el socorrido mantra del “España nos roba”. Otra cosa es que se pretenda ser siempre los primeros y más privilegiados en todo.

De otra parte, resulta llamativo –además de revelador– que ninguno de cuantos ahora se sienten fiscalmente perjudicados o agredidos por el Estado haya levantado la voz en contra de la percepción de los llamados Fondos de Cohesión Europea. Nadie los rechazó en Cataluña, ni tampoco se convocó ninguna manifestación en contra por considerar injusto que con los impuestos de otros ciudadanos europeos se construyesen aquí –año tras año– innumerables infraestructuras, así como tampoco nadie le hizo ascos a ninguna otra de las numerosas ayudas al desarrollo provenientes del exterior. A pesar de la gran trascendencia de la percepción de estos fondos para todo el Estado –incluida Cataluña–, da la sensación de que, ahora, algunos se sienten totalmente ajenos al más elemental concepto de la política social en que se justificó su asignación.

Dice el exconseller Toni Comín que “sin respeto a la voluntad popular no hay democracia” y que “la democracia no se negocia”. Y tiene buena parte de razón, aunque no toda, porque ahí está la historia –también alemana– para recordarnos a todos que, lamentablemente, la llamada voluntad popular es susceptible de la más descarada manipulación.

Y eso es lo que puede ocurrir cuando esa voluntad es políticamente gestionada por quienes no dudan en agarrarse a lo que sea con tal de lograr lo que pretenden, dando lugar a situaciones tan incongruentes como la que ahora se vive en Cataluña, que con la voluntad de los menos se va a doblegar la de los más. Todo un derroche de ética democrática el pronunciamiento del Sr. Comín, quien no duda en aprovechar el sin sentido de una ley electoral que permite dar la vuelta al resultado salido de las urnas.

Vistos los danzantes políticos –unos y otros–, cómo no quedarse perplejo ante las extrañas parejas de baile que se forman al calor de los más crudos intereses y completamente al margen de todo escrúpulo; muy en particular por parte de aquellos que debieran sentirse moralmente comprometidos en propósitos de muy distinta naturaleza y fin. Tratar de amparase en la ideología para batallar en pro de intereses acentuadamente restringidos constituye un ejercicio muy arriesgado cuando los oficiantes de esa confusa ceremonia se presentan en escena como adalides de una izquierda que, históricamente, siempre se ha postulado abierta, integradora y sin fronteras.

Mala tarjeta de presentación

Sea como fuere, lo que nadie podrá negarles a los Sres. Mas y Puigdemont –verdaderos maestros en la escenificación del más ultrajado victimismo político–, ni tampoco a su variopinta corte pro independentista, es el haber sabido endulzarle el oído con sus disfrazados mensajes a muchos de cuantos les han querido oír. Y es que resulta muy humano eso de dejarse cortejar cuando a uno le hacen entrever la posibilidad de alcanzar un escenario terrenal incomparablemente acogedor, libre de toda atadura ajena y perfectamente acotado frente a foráneos intrusismos. ¿A quién le ha amargado alguna vez un dulce?

A los voluntariosos promotores de la odisea independentista y a sus valedores les importará poco o nada el efecto de su proyecto separatista a extramuros de Cataluña, ni la mayoritaria percepción del mismo entre una ciudadanía que ni necesita ni quiere que Rajoy o Puigdemont le digan cómo tiene que ver o interpretar ese hecho extraordinario. Pues bien, así será, pero mala tarjeta de presentación –siempre y en todo lugar– la indiferencia y el desdén hacia la vecindad más próxima, así como la constante proyección de una voluntad inequívocamente rupturista. Sin duda, una peculiar y novedosa forma de fomentar la empatía.

De otra parte, tener que navegar entre un preponderante fundamentalismo nacionalista y el obtuso carácter reaccionario que reiterada y públicamente exhiben algunos miembros del Gobierno central es una disyuntiva profundamente ingrata y desalentadora si de lo que se trata es de encontrar una alternativa más o menos asumible por las partes en conflicto.

Observado todo desde una perspectiva más amplia es de esperar que, resulte lo que resulte finalmente del órdago independentista, unos y otros sepamos sobrevivir cívicamente a sus consecuencias, sean las que sean.

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