La educación para pobres

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

El pensamiento neoliberal dominante ha supuesto en educación una regresión tal que llega incluso a la época medieval, porque se apela a la caridad ante los más desfavorecidos. Detalla el fenómeno con rigor el profesor Juan Ramón Rodríguez Fernández, que acaba de publicar un ensayo de título esclarecedor: Entreteniendo a los pobres. Una crítica político ideológica de las medidas de lucha contra la exclusión social (Editorial Bomarzo).

Las principales medidas de lucha contra la exclusión social son los programas de Rentas Mínimas de Inserción, que en Asturias se denominan Salario Social Básico y cuyos destinatarios son personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Estos programas se componen de dos elementos: un ingreso económico mensual, en Asturias de 442,96 euros, y un Itinerario Personalizado de Incorporación Social, en el que se consensúa con la persona beneficiaria una serie de actividades para favorecer su inserción social.

Las actuaciones de formación son una de las medidas más importantes dentro de los itinerarios de inserción desarrollados en el Salario Social Básico. Estas acciones de formación dirigidas al colectivo de personas pobres tienen una serie de características y asumen unos principios cada vez más influenciados por el pensamiento neoliberal.

La redención del pobre

Las acciones de formación dentro del Salario Social Básico pueden considerarse como una pedagogía del déficit, en donde las personas pobres tienen una serie de lagunas, carencias, déficits formativos, de actitud, personales, etc., que dificultan su inserción en la sociedad salarial. Por ello, la formación en estos programas se tiene que centrar, exclusivamente, en fomentar competencias y habilidades profesionales que potencien la empleabilidad de estos colectivos: cursos de formación prelaboral, cursos de formación profesional específica, cursos sobre cómo elaborar un currículum vitae, cómo afrontar las entrevistas de trabajo, cómo buscar empleo por Internet, cursos sobre cómo emprender y crear tu propio negocio y un largo etcétera de acciones que se orientan a favorecer la empleabilidad de este colectivo. En esta misma lógica se podrían encuadrar todos los cursos dirigidos a dotar de habilidades sociales, personales y de actitud: de mejora de la autoestima, de habilidades sociales, de inteligencia emocional, etc. Porque, como todo el mundo sabe, lo que las personas pobres necesitan son cursos de autoestima y de inteligencia emocional para poder gestionar su situación de exclusión.

La formación para estos colectivos tiene como objetivo formal potenciar su empleabilidad y favorecer su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, realmente cumple una función diferente y es la de actuar como elemento redentor de las personas pobres, pues mediante la participación en estas acciones formativas las personas en exclusión social demuestran a la sociedad su buena predisposición a insertarse. La participación en la formación actúa como un mecanismo que permite diferenciar aquellos pobres que se esfuerzan, y que merecen recibir la ayuda económica, de aquellos pobres que no demuestran esforzarse lo suficiente y que por tanto no son merecedores de la prestación económica. Es una manera de volver a las concepciones medievales sobre la caridad, los pobres verdaderos y los pobres fingidos. El derecho de ciudadanía social, por el cual todo ciudadano tiene derecho a un mínimo de subsistencia, deja de ser un derecho reconocido para pasar a ser algo que hay que ganarse mediante la predisposición a participar en itinerarios de inserción y la realización de acciones de formación.

Educación, pobres y alienación

La educación bajo estas propuestas no puede ser considerada como un instrumento que facilite la igualdad social, ni mucho menos que se oriente a la emancipación y a la búsqueda de condiciones que fomenten la justicia social. Las acciones formativas que se sitúan dentro de los programas de ingresos mínimos en el territorio español, pero también en toda Europa desde el Tratado de Lisboa (2000) con el desarrollo de políticas de activación, contribuyen a la alienación de las personas pobres mediante la inculcación de varias nociones como si fuesen ideas de sentido común.

En primer lugar, se asume que, a mayores niveles formativos de la ciudadanía, mayores cotas de igualdad social. La naturaleza de estos programas se asienta en la lógica por la cual la educación es una panacea milagrosa y que la inmensa mayoría de los problemas sociales pueden ser solventados si conseguimos extender la educación a todas las capas sociales. Desde este punto de vista, la pobreza, la desigualdad social, la violencia de género, la injusticia, el racismo… son problemáticas que únicamente requerirían una solución basada en el desarrollo de acciones formativas. No sería necesario ningún otro tipo de actuaciones dirigidas a remover las condiciones estructurales en las que se originan estas problemáticas. Solamente con más educación se podrían solventar estas cuestiones sociales.

De esta forma, la precariedad y el desempleo son problemas achacables fundamentalmente a la educación, que no forma adecuadamente, o a las propias personas que no tienen las competencias profesionales requeridas, las actitudes más adecuadas o que no se esfuerzan (emprenden) lo suficiente. Sin embargo, no porque haya mayores niveles formativos o porque la educación se extienda a todas las capas de la sociedad vamos a vivir en sociedades más justas. Buena parte de las personas responsables de la implantación de políticas de austeridad, con gravísimos costes sociales, tienen unos niveles educativos muy altos y no por ello con sus decisiones miran por el bienestar del conjunto de la sociedad. Tampoco la calidad y el volumen de puestos de trabajos se ven especialmente influidos por la educación y la formación profesional, sino que estos son expresión de la relación de fuerzas entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.

En segundo lugar, estas propuestas formativas contribuyen a reforzar el predominio de principios como la competitividad o el individualismo como valores sociales centrales. La inserción es una cuestión individual de adquisición de competencias o habilidades profesionales, donde las personas compiten entre sí con sus credenciales formativas por los puestos de trabajo. Para el pensamiento neoliberal, aquellas personas que mejor compitan en el mercado laboral, que más formación tengan y que mejor sepan leer las necesidades del mundo laboral, serán las que triunfen y las más exitosas socialmente.

Al enfatizar este carácter individual del proceso de inserción social, y al soslayar las bases estructurales de la pobreza y el desempleo, se subraya la responsabilidad individual del propio sujeto en su situación social –si eres pobre o tienes un trabajo precario es porque no te has esforzado lo bastante o no has aprovechado las oportunidades que la sociedad te ha ofrecido–; y se abre la puerta a la culpabilización, criminalización y al tratamiento punitivo de la exclusión social: las personas pobres son pobres porque son vagas, porque no se esfuerzan lo bastante, algunas de ellas son delincuentes… y, por ello, el Estado público tiene que reducir las ayudas dirigidas a estos colectivos y a la vez sustituirlas por procedimientos punitivos y de control al pobre.

En tercer lugar se ahonda en la mercantilización de la educación y en el negocio de la pobreza. La formación para las personas beneficiarias de rentas mínimas, al igual que otros servicios públicos, es vista por parte del pensamiento neoliberal como una mercancía con posibilidades de generar beneficios económicos, a través de la financiación pública de entidades privadas encargadas de dar la formación requerida a estos colectivos. Sin duda alguna no es un nicho de mercado tan lucrativo para el sector privado como lo puedan ser las pensiones públicas, la atención residencial a las personas mayores o la educación superior. Sin embargo, sí tiene el suficiente interés como para que diversas entidades privadas, fundaciones, ONGs, sindicatos… acudan al negocio de la pobreza, unas siguiendo principios filantrópico-caritativos y otras por motivos puramente de beneficio económico. En todo caso, todas juntas en la lucha contra la pobreza.

¿Qué alternativas tenemos?

En el periodo de 2011 al 2015, en España se han dedicado más de 7.000 millones de euros al desarrollo de actividades de formación ocupacional dirigidas al fomento de la empleabilidad y de activación de las personas desempleadas y pobres. A poco que miremos las estadísticas del paro y de la pobreza, podemos constatar que el valor de este gasto ha sido muy limitado en términos de justicia social, de igualdad social y de inserción laboral.

¿Por qué ese dinero no se ha dedicado a la creación directa de puestos de trabajo, puestos de calidad que tengan una verdadera utilidad social y que permitan una adecuada integración social? ¿O al fortalecimiento de una verdadera red de ingresos mínimos que efectivamente cubra las necesidades sociales básicas? Porque entonces la educación dejaría de ser un mecanismo de redención y de castigo para el pobre y no sería ya una oportunidad de negocio para el sector privado.

Es necesario abandonar los planteamientos de lucha contra la pobreza basados en la empleabilidad y establecer los mecanismos que permitan contribuir a la desmercantilización de la educación, pensándola como un bien común y un derecho social y no como un producto de consumo individual. Dos propuestas, con potencialidad para abrir camino en estas direcciones, son la Renta Básica y el Trabajo Garantizado. Es hora de ver la integración y la organización social con otra mirada y con otras categorías diferentes a las del caduco pensamiento neoliberal.

Juan Ramón Rodríguez Fernández es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de León y técnico de formación en el Instituto de Administraciones Públicas “Adolfo Posada”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 46, SEPTIEMBRE DE 2016

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