La hipócrita transparencia pública

Redacción. El presidente Rajoy ya ha puesto en marcha la anunciada Ley de Transparencia y Buen Gobierno para que España deje de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley que obligue a la publicación de todos los gastos públicos. Un rimbombante título que el tiempo pondrá en su sitio para comprobar si sólo se trata de otro malabarismo político para suministrar una sobredosis de calma a los mercados financieros o realmente el ejecutivo apuesta por dar un pequeño paso hacia la reclamada democratización de la política en España. Pero, de momento, la ley va a permitir que el gran agujero negro de la corrupción pública en España -Autonomías y Ayuntamientos- pueda crear sus propios mecanismos de transparencia. Tampoco afecta al Banco de España o la Casa Real.

Su redacción recuerda a la timorata Ley de Conflicto de Intereses que hoy afecta al propio presidente del Gobierno. La norma se aprobó hace seis años para
penalizar y disuadir los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración. Una norma que castiga con la inhabilitación política a sus infractores y que desde hace tres meses afecta a Rajoy desde que es jefe del ejecutivo. Rajoy es titular en ausencia de la plaza de Registrador de la Propiedad de Santa Pola desde hace 20 años y la Ley de Conflicto de Intereses no permite mantener al mismo tiempo una plaza de Registrador y el cargo de presidente del gobierno. La ley no sanciona los conflictos de intereses de los parlamentarios, sólo de los altos cargos de la Administración.

Atlántica XXII publicó en exclusiva hace tres meses la situación irregular del presidente del Gobierno. Un mes después el abogado José Luis Mazón lo denunciaba ante la Oficina de Conflicto de Intereses. La resolución de la denuncia ha destapado las miserias de esa Ley de Conflicto de Intereses.

La directora de la Oficina de Conflicto de Intereses ha rechazado la denuncia y descartado la posibilidad de recurrir su decisión. Argumenta, entre otras cosas,  que el abogado Mazón -representante de una formación política (Soberanid) y una asociación contra la corrupción- no es parte interesada y no tiene derecho a conocer los detalles del expediente del registrador de la propiedad Mariano Rajoy Brey.

Pero la última decisión sobre las sanciones a altos cargos que incumplan la Ley de Conflicto de Intereses la tiene el Ministro de Administraciones Públicas (Cristóbal Montoro) y si el caso afecta a un secretario de estado, ministro o presidente del gobierno será el propio Consejo de Ministros el que apruebe el expediente sancionador. Así que Rajoy tiene la última palabra sobre su propia inhabilitación política por incumplir supuestamente la ley de conflicto de intereses al simultanear dos altos cargos públicos de forma irregular.  Parece bastante intencionada la redacción de una ley que aprobó el gobierno de Zapatero y que, entre otras cosas, afectaba también al anterior Ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves.

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