La pobreza extrema se incrementa

La pobreza ha crecido hasta el 29% de la población española. Foto / Mario Rojas.

Cándido González Carnero / Marchas por la Dignidad.

Una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad además del paro, la precariedad, los desahucios y la pérdida de derechos continuos que venimos padeciendo desde el comienzo de la crisis, es ahora, sin duda alguna, el enorme crecimiento de la pobreza, la cual se incrementó en el último año en 400.000 personas, que suman ya un total de 13,5 millones, lo que supone un 29% de la población española.

Son datos que, además de preocupantes, deben hacernos reflexionar sobre qué hacer para abordar esta tremenda situación, que lejos de mejorar empeora a gran velocidad, por lo que hay algunas iniciativas que se están llevado a cabo desde algunas instituciones públicas y entidades sociales para aliviar la situación de muchas familias afectadas y que empiezan a resultar insuficientes; con lo cual, de continuar con esta dinámica, sin ver más allá de las fórmulas aplicadas hasta ahora, seguiremos incrementando el número de personas pobres sin recursos, en situación de pobreza extrema.

Si no se genera empleo y se reactiva la economía, con medidas como las de reparto del trabajo, la reducción de la jornada laboral o la instauración de una renta básica, seguiremos no solamente incrementando el número de personas pobres, sino que iremos de frente hacia el principio del hambre y la miseria generalizada.

La crisis que nos han impuesto los diseñadores del neoliberalismo es sin duda la más grave que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial, agravada aún más por el inmenso número de personas en paro, que también crece día a día de forma alarmante, porque el escaso empleo que se genera es en condiciones de precariedad y semiesclavitud, sin garantía alguna de estabilidad. Cada vez es más difícil encontrar un empleo, que sería la mejor solución para combatir la pobreza.

La crisis evidencia el empobrecimiento de millones de personas, conformado por familias que han perdido el empleo e ingresos, y por la falta de acceso al mercado laboral actual: no tienen ingresos suficientes para poder hacer frente a sus pagos y necesidades básicas para poder vivir con un mínimo de dignidad.

Otro dato importante a tener en cuenta es el caso de trabajadores pobres, que aunque tengan empleo, están por debajo del umbral de la pobreza.

Desde el Gobierno y las instituciones públicas se hace caso omiso a las organizaciones y colectivos sociales que de forma continua demandan soluciones a esta grave situación, sin que tengan en cuenta ninguna de sus propuestas.

Hemos denunciado reiteradamente las políticas que se vienen aplicando por parte del Gobierno e instituciones públicas como ineficaces. Hemos rechazado los recortes del gasto social que se vienen aprobando desde las instituciones estatales, autonómicas y locales. Hemos denunciado el bajo compromiso por parte de estas instituciones en la defensa y creación de empleo.

Por si todo ello fuera poco, se atacan los servicios públicos más esenciales: educación, sanidad, transporte y los servicios sociales. Se han reducido gastos haciendo retroceder los públicos hasta niveles de 2005. Se recortan prestaciones a muchas personas y otras dejan de percibirlas, además de criminalizar a las que las perciben y culpabilizar a la gente desempleada de su situación.

También hemos denunciado la política fiscal. Se perdonan impuestos a quienes más tienen, no hay voluntad de perseguir el fraude fiscal; se trata de una política fiscal injusta, regresiva y decidida sin participación social.

Las políticas que se están desarrollando son injustas y antidemocráticas. No solamente no nos van a sacar de la crisis, sino que la van a agravar; aumento del paro, la pobreza y la exclusión social son situaciones que están en aumento como consecuencia directa de estas políticas.

Hay que dar un giro radical:

-Retirar la reforma laboral y dar marcha atrás en las anteriores reformas. Aumentar derechos laborales y hacer desaparecer el empleo precario.

-Un reparto más justo de la riqueza, a través de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores/as.

-Impulsar políticas de creación de empleo reduciendo la jornada laboral, aumento del gasto social, reconocimiento de los derechos sociales y de la mejora e impulso de los servicios públicos.

-Conseguir un marco propio de relaciones laborales y de protección social, con plena capacidad normativa para avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales.

-Derogar los recortes legislativos, aplicados a las diferentes prestaciones sociales. Dignificar sus cuantías.

-Establecer una red de servicios sociales públicos universales, garantizando la cobertura de todas las personas dependientes.

-Aplicar una política fiscal justa y progresiva que dé marcha atrás a las reformas aprobadas en las últimas décadas y que contribuya al reparto equitativo de la riqueza. Una verdadera lucha contra el fraude fiscal.

-Diseñar políticas de igualdad de oportunidades. Políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal. Reparto del trabajo productivo y reproductivo.

Estamos en una situación muy grave, en la que es muy urgente aplicar medidas distintas a todas las que se llevaron a cabo hasta ahora, que solo han servido, como podemos ver, para ir incrementando cada día más las estadísticas de pobreza extrema.

Si verdaderamente se quiere buscar soluciones a este tremendo y doloroso problema social, para miles de personas, familias y niños, déjense de “lanzar proclamas al viento” y aplíquense soluciones efectivas en la línea de derechos colectivos, sin persistir en las soluciones individuales, porque ello solo servirá para seguir agravando una situación insostenible e intolerable en el momento actual para una sociedad “democrática”.

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