La policía local de Langreo, un polvorín

Protesta de policías locales por los sobresueldos durante un pleno en el Ayuntamiento de Langreo. Foto / Fernando Geijo.

Protesta de policías locales por los sobresueldos durante un pleno en el Ayuntamiento de Langreo. Foto / Fernando Geijo.

Una treintena de agentes de la Policía Local de Langreo (Asturias) protagonizaron esta misma semana una sonora protesta ante la celebración de una Comisión municipal, en la que se debatía el convenio colectivo y con ello un cambio en el organigrama del cuerpo. La protesta fue tan ruidosa y escandalosa que obligó a suspender la Comisión y provocó enfrentamientos entre policías. Algunos de ellos sostienen que la reorganización amenaza con poner fin a años de privilegios, por ejemplo en forma de sobresueldos.

La división entre los policías langreanos y sus sindicatos es clara: los sindicatos SIPLA y CCOO, a los que pertenecen la mayoría de los agentes, quieren que todo siga como está y USIPA y UGT consideran necesaria una reforma no solo por la actual situación económica que vive el Ayuntamiento, sino además para que se equilibren los sueldos. La tensión que se respira desde hace tiempo -con incidentes de todo tipo, como agresiones a vehículos de agentes- lejos de menguar parece que aumentó desde que ATLÁNTICA XXII destapara el asunto de los “sobresueldos y nombramientos a dedo” en la Policía Local langreana en su número 26, el pasado mes de mayo. Las presiones y represalias a los agentes que denunciaron la situación no han cesado. Reproducimos ahora ese artículo.

POR SOBRESUELDOS, AHORA DENUNCIADOS, LLEGAN A COBRAR 3.000 EUROS AL MES

El chollo de ser policía local en Langreo

¿Se imaginan un sueldo de 3.000 euros al mes, como funcionario, sin titulación superior y sin llegar a trabajar 190 días al año? En la calle a eso se le llama un chollo y debería provocar indignación a las víctimas de la crisis, pero ese es el privilegio salarial que disfrutan muchos policías locales en Langreo. Algunos sindicatos denunciarán judicialmente a la ex alcaldesa y actual consejera del Principado Esther Díaz por los sobresueldos de estos agentes, pagados durante cuatro años y ahora suspendidos.

Patricia del Gallo / Periodista.

Los sobresueldos están de moda, porque muchos están saliendo ahora a la luz, provocando un gran escándalo. Los que disfrutaron durante cuatro años y hasta el pasado mes de enero la mayoría de los policías locales de Langreo no son comparables por su cuantía a los que cobraron los dirigentes del PP, según desvelan “los papeles de Luis Bárcenas”, pero también parecen inexplicables.

Una decisión de la entonces alcaldesa del PSOE Esther Díaz, ahora consejera de Bienestar Social en el Gobierno asturiano, avalada por una polémica circular firmada el 3 de marzo de 2009 por el concejal delegado de Personal del Ayuntamiento, Julio César García, fallecido hace un año, permitió a la mayoría de los policías locales langreanos tener unos sueldos de médicos o jueces.

48 de los 56 agentes en plantilla se benefician de unos sobresueldos, insólitos en otras Policías locales, que colocan sus percepciones mensuales entre los 2.500 y los 3.000 euros. Para ello el Ayuntamiento se inventó un enrevesado sistema salarial por el que descifrar una nómina de un policía langreano se convierte en una tarea complicada, pero que sitúa sus sueldos por encima de los que tienen muchos comisarios en toda España. Lo elevado de estas nóminas provoca estupor en las policías locales de otros concejos asturianos, según pudo comprobar esta revista al mostrar alguna de ellas. “Es imposible que esto lo cobre un simple agente”, exclamó un responsable policial al ver una de esas nóminas de sus compañeros de Langreo.

Complementos por triplicado

Pero no solo es posible, sino que es la consecuencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el sindicato mayoritario en el Cuerpo. El truco consiste en cobrar por partida triple (en dos complementos salariales y gracias a la circular) el trabajo que hacen en domingos, festivos y noches. La cuantía llega hasta los 700 euros. Algunos de los beneficiados no llegan a trabajar al año los 190 días que exige la ley, según denuncian sus propios compañeros. Los policías mejor remunerados, los que llegan a los 3.000 euros, son un grupo de 11 que se benefician de un concepto denominado “suplencia en el puesto”, algo admitido por la Administración solo durante un año y mientras se cubre una vacante. Pero en Langreo estos agentes cubren las labores de un superior, nunca de un inferior, y por ello cobran entre 110 y 210 euros más al mes.

Alguno de los conceptos por los que las nóminas del Cuerpo suman y suman cantidades sin aparente racionalidad es realmente curioso. Existe la “productividad por prueba física”, es decir, por mantenerse en forma, algo que parece inherente al puesto de un policía local y que supone 37 euros mensuales. Para cobrarlo hay que hacer un cursillo anual de 15 horas.

Los sobresueldos de los pluses triples también los cobran 10 agentes de más de 55 años, aunque ya no trabajan domingos, festivos y noches, porque el Ayuntamiento decidió incluirlos por haber estado a turnos al menos diez años.

Suspendidos cautelarmente

El “Caso de los sobresueldos” provocó protestas y movilizaciones de muchos policías y no solo de los desfavorecidos por este peculiar sistema salarial. Algunas llegaron al pleno, donde se manifestaron con pancartas denunciando corrupción y favoritismo. Y aunque en general en el Ayuntamiento reina la ley del silencio, la indignación se palpa también en otros funcionarios y empleados públicos que se sienten discriminados y piensan que en la Policía Local se ha creado una red consentida de “corrupción y clientelismo”, según dicen algunos desde el anonimato.

La mayor parte de los policías favorecidos pertenecen al sindicato policial SIPLA, al que está afiliada la mitad de la plantilla y de donde salió la propuesta de la circular. En activa oposición está otro sindicato de empleados públicos, USIPA, al que se afiliaron muchos agentes justo para intentar hacer frente al polémico sistema de pagos. El conflicto ha provocado problemas internos en UGT. El sindicato socialista está en la misma trinchera que USIPA, pero tuvo que pedir a su representante ante el Ayuntamiento, Rubén González, que dejara el cargo, porque es precisamente uno de los 11 policías favorecidos con la “suplencia en el puesto”. También los otros 10 eran delegados sindicales y 6 de ellos siguen afiliados a UGT.

Tras cuatro años cobrando esos sobresueldos, lo que según algunas fuentes supuso unos 200.000 euros a las arcas municipales, aunque podrían ser más, el escándalo acabó estallando y ahora está en manos de la Fiscalía, por decisión del propio Ayuntamiento. A petición de Izquierda Unida, María Fernández, la alcaldesa que sucedió a Esther Díaz, también socialista, encargó un informe jurídico al secretario general, Miguel Ángel de Diego. Éste señaló en sus consideraciones que los pagos extras eran “claramente irregulares” y aludió a “retribuciones atípicas” y “prohibidas” en la Administración pública. Como medida cautelar, mientras se pronuncia la Fiscalía, el Ayuntamiento suspendió cautelarmente los sobresueldos el pasado mes de diciembre.

En el centro de la diana de todas las críticas está el comisario jefe, Pedro Gutiérrez. Él es el responsable de los nombramientos de “suplencia en el puesto”, al parecer de forma verbal. Gutiérrez ha llegado a reconocer que en ello pudo existir “algún defecto formal”, aunque lo achaca a que no hay reglamento interno para ocupar temporalmente un puesto de mando y argumenta que con esa fórmula de nombramientos el Ayuntamiento está ahorrando mucho dinero. Su propio nombramiento es cuestionado por USIPA, porque la plaza se sacó un año antes de que entrara en vigor la Ley de Coordinación de Policías Locales que situaba en 100.000 habitantes el mínimo de un concejo para contar con la figura de Comisario Jefe. USIPA asegura que se podría haber impugnado, pero que entonces nadie lo hizo precisamente porque poco después comenzaron los cobros extra entre los agentes. Pero el comisario achaca todas las denuncias públicas y críticas a que “alguno quiere curarse en salud ante una posible reestructuración policial, debido a las circunstancias político-económicas, para intentar no perder el puesto en la unidad a la que estaba destinado”.

USIPA también apunta hacia el actual concejal delegado de la Policía Local, José Manuel Álvarez, del que pide su dimisión porque “está vulnerando los principios más elementales de la acción sindical y del ejercicio democrático”. Lo acusa de opacidad y oscurantismo, además de avalar con su firma “unas nóminas más propias de médicos o jueces que de cabos de la policía”.

Esther Díaz y Julio César García, fallecido hace más de un año, flanquean a los mandos de la Policía Local de Langreo frente al Ayuntamiento.

Esther Díaz y Julio César García, fallecido hace más de un año, flanquean a los mandos de la Policía Local de Langreo frente al Ayuntamiento.

Denuncia contra Díaz

USIPA es la organización más beligerante en este asunto y presentará en el Juzgado una denuncia penal por prevaricación contra la ex alcaldesa Esther Díaz, actual consejera de Bienestar Social en el Principado. Sostiene que autorizó, conoció y permitió unos pagos ilegales sabiendo que lo eran. Y pedirá al juez, por vez primera en Asturias, que devuelva ese dinero de su propio bolsillo.

En UGT e IU, que dice que fue quien primero destapó este asunto, son más prudentes y esperarán a la decisión de la Fiscalía antes de decidir si también acuden al Juzgado.

Solo el SIPLA defiende las nóminas de los agentes y habla de “caza de brujas”, algo nada extraño, ya que fue el sindicato que propuso la famosa circular. Sus responsables y sus afiliados dicen estar “indignados” porque quieren acabar con unas condiciones laborales que aprobaron en pleno los políticos, un argumento sobre el que insisten. “Nosotros no ponemos la pistola en el cuello a nadie para nos pague lo que no nos corresponde”, aseguran. Además creen que en las diferencias de sueldo que hay entre funcionarios, que reconocen “son grandes”, está uno de los motivos por los que les están atacando. Ese es, dicen, “el gran problema” por el que “están desprestigiando al cuerpo de la policía”. Sobre que las denuncias vengan de sus propios compañeros entienden que se debe a que algunos forman parte de “sindicatos politizados que buscan otros intereses”. “Nosotros somos un sindicato policial e independiente y solo velamos por mantener nuestras condiciones laborales. No tenemos que pedir perdón a nadie por haber sacado una oposición tan dura”, dicen.

Mientras se espera la decisión judicial, el enfrentamiento entre los empleados públicos del Ayuntamiento de Langreo, que trabajan para la misma empresa pero en tan diferentes condiciones salariales, parece que va en aumento. Hace unas semanas varios agentes hicieron un control a la entrada de Sama. De las siete multas que pusieron, cinco eran para funcionarios del Ayuntamiento que aseguran que no cometieron ninguna infracción. El comisario niega que haya habido represalias. Los multados lo dudan.

Esther Díaz y su finca de Colunga

A Esther Díaz se le acumulan las denuncias. La Consejería de Medio Ambiente resolvió con una sanción una denuncia presentada por un cierre ilegal en una finca que la consejera de Bienestar Social disfruta con su marido en Colunga. El denunciado era su marido, el empresario David González Galán.

Un vecino había denunciado porque el cierre de la finca era ilegal y ocupaba espacio público, además de ubicar una caseta/contenedor de seis metros cuadrados. La denuncia se cursó primero ante el Ayuntamiento. Pero la Corporación socialista no la agilizó precisamente y el vecino, un madrileño con una residencia en la zona, la acabó presentado ante la Consejería de Medio Ambiente. Como es preceptivo, la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente elaboró un expediente en el que se basó luego la Consejería para su sanción. Ésta se resolvió el pasado 13 de marzo y consistió en obligar a retranquear el cierre para dejar expedita la servidumbre de tránsito, además de imponer una multa de 40 euros.

Antes de conocer la resolución, la caseta/contenedor había desaparecido de la finca.

En la Administración, entre personas que conocen este tipo de procedimientos, causó sorpresa esta resolución por lo ridículo de la sanción y porque no incluye alusión alguna a la caseta/contenedor.

La finca está situada en un bello paraje natural entre La Isla y Colunga, muy cerca de un acantilado y una pequeña playa.

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