La Sindicatura quiere poner coto al cortijo de la formación

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Ilustración de Alberto Cimadevilla

La Sindicatura de Cuentas del Principado aconseja al Gobierno regional poner coto al despilfarro de los fondos de formación utilizados por sindicatos mayoritarios y patronal para financiarse. En su último informe, dado a conocer ayer,  este órgano consultivo recomienda “orientar los criterios de valoración” hacia centros sin ánimo de lucro que no subcontraten estas ayudas”. ATLÁNTICA XXII publicó en su número 23, correspondiente al mes de noviembre de 2012,  un trabajo en donde se denunciaba el uso fraudulento de estos fondos por sindicatos y patronal. Reproducimos a continuación el reportaje de Fernando Romero titulado “El cortijo de la formación”.

Los sindicatos y la patronal se financiaron hasta ahora con estos fondos millonarios

El cortijo de la formación

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Protestas de trabajadoras de FOREM (CCOO) contra el ERE/Archivo

Fernando Romero. Periodista.

La financiación de los sindicatos y la patronal ha estado siempre envuelta
en la polémica. UGT, CCOO y CEOE no son lo mismo, pero sí potentes
corporaciones dependientes del Estado. De la Administración se han ido
alimentando, así como de su participación en entidades diversas, como
cajas de ahorro o empresas públicas.

Todo ello les ha reportado ingresos y les ha convertido en grandes
empresas con trabajadores a su cargo. La parte del león en esos caudales
públicos que les alimentan viene de la formación. Los cursos de formación
les han facilitado miles de millones de euros, hasta el punto de que han
creado empresas de servicios dependientes de los sindicatos y patronal.
En CCOO se hizo a través de Forem, UGT utilizó Ifes y la Escuela Julián
Besteiro y la patronal, Ceiforceoe. Todas ellas crearon también empresas
más pequeñas para gestionar las millonarias subvenciones en todas las
autonomías.

Hasta ahora se sabía que los sindicatos mayoritarios
vivían del Estado y no de sus cotizantes, pero no había
apenas críticas, puesto que cumplían con su función, que es defender a los
trabajadores ante los abusos de los empresarios.
Sin embargo, con la crisis, el aumento del desempleo y las sucesivas
reformas laborales, los trabajadores se han vuelto escépticos ante sus
representantes sindicales. Se veía venir. Tanta dependencia económica del
Estado les convierte en parte del mismo y ante un conflicto no serán los
sindicatos los que vayan a cortar la mano que les da de comer.
A esta situación se ha llegado precisamente por la estructura de
financiación de las centrales,  su profesionalización y el abandono del
objetivo que justifica su razón de ser: la defensa de la
clase trabajadora. Los macrosindicatos de servicios han dejado de ser
útiles a los trabajadores por varias razones. La primera, porque se han
aprovechado de los años de bonanzas y han confundido sus intereses con los
del poder. Han perdido conciencia de clase. La segunda, porque han dejado
de tener en cuenta los problemas de los trabajadores y han tomado sus
decisiones por arriba, en despachos enmoquetados y alejados de la realidad
laboral. La tercera, porque muchos dirigentes sindicales han dejado de ser
un modelo por sus comportamientos poco éticos y por la
pérdida de su autoridad moral. Esta evolución ha sido paralela a la de la
clase política y es perfectamente trasladable a los partidos.

Desde hace treinta años las cuentas de los sindicatos mayoritarios y de
las patronales no son transparentes, como ha puesto de manifiesto
reiteradamente el Tribunal de Cuentas. Las vías de financiación son tan
diversas que hacen difícil un seguimiento pormenorizado. Miles de
municipios y autonomías, además del propio Estado, aportan
dineros a las macrocentrales en base a unos criterios de representatividad
basados en los resultados de las elecciones sindicales.

En 2010 los Presupuestos Generales del Estado destinaron casi 16 millones
de euros a la financiación basada en la representatividad bajo el epígrafe
de “actividades de carácter sindical”. Una segunda partida del Ministerio
de Trabajo, también en 2010, aportaba
cerca de 5 millones más  por la participación
de sindicatos y organizaciones empresariales en los órganos consultivos
centrales y territoriales del Ministerio de Trabajo, de sus
organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Pero esto es solo la punta del iceberg, porque a las ayudas directas hay
que sumar las indirectas que provienen de todas las administraciones. La
bicoca es la formación. Los sindicatos y la patronal recibieron en 2010
(ya estábamos inmersos en plena crisis) 172,6 millones de euros, de los
cuales 85  se los llevó UGT, 83 CCOO y 4 millones otras centrales. CEOE y
Cepyme manejaron en conjunto 21,4 millones de subvenciones para formación,
a pesar de las críticas de muchos empresarios a los sindicatos por esas
ayudas. La patronal también vive de las mismas subvenciones y quiere
seguir así. De hecho, a principios de año la CEOE realizó una encuesta
interna entre sus asociados en la que recoge que sólo una minoría de los
empresarios es partidaria de financiarse sólo con las cuotas de los
asociados, mientras que la mayor parte cree que las aportaciones públicas
son un “derecho”.

Todo ello a pesar de que, según denuncia el sindicato USO, numerosos
expedientes de formación fueron irregulares por lo que los promotores
tuvieron que devolver el dinero.

Rajoy quiere privatizar

La gestión de estos dineros públicos se llevó a cabo a través de un
entramado de fundaciones como la “tripartita para la formación en el
empleo”, “fondos mineros”, “prevención de riesgos laborales” y otras
privadas sin ánimo de lucro que, según USO, se convirtieron en “un
mecanismo de ocultación y opacidad”.

Además de las citadas, los sindicatos mayoritarios tienen otras empresas
de formación, o de carácter territorial o bien más especializadas. Por
ejemplo, CCOO controla  la Escola de Formació Sindical en Cataluña o
Esfera Servicios de Innovación de Albacete, mientras que UGT lo hace con
Foro Formación y Ediciones (con sucursales en toda España), Masercisa y
Fete Servicios y Consulting.

Ha habido numerosos informes del Tribunal de Cuentas fiscalizando el uso
de estos fondos, que ponen al descubierto irregularidades que
afectan a las subvenciones de sindicatos y patronal.
La mayoría de las advertencias del Tribunal han caído siempre en saco
roto, como si existiera algún tipo de consenso a la sombra entre la clase
política, empresarial y sindical en la
financiación de sus organizaciones.

La llegada de Rajoy y del PP al poder ha modificado una situación que, por
otro lado, creó su propio partido en la época de Aznar y que siguió con
Zapatero. Ahora los recortes ya están afectando a la financiación sindical
y empresarial. En vísperas de la segunda huelga general que afronta, el Gobierno es prudente porque no quiere confrontar con
los sindicatos para evitar más desgaste social .
No obstante, dada la cada vez más escasa capacidad sindical para movilizar a
la sociedad, testigo que puede recoger el movimiento de los ‘indignados’,
ahora  el Gobierno aprovecha para ajustar cuentas a los
sindicatos.

Las partidas en el presupuesto de 2013 que se dedican al conjunto de los
agentes sociales y que sufrirán importantes recortes son dos. Según la
cadena SER la primera, la que aporta recursos a los sindicatos en función
de su representatividad, obtenida en las elecciones sindicales, pasa de
15.800.000 euros en 2011 a 11.100.000 en 2012. La segunda, que recompensa
la participación de sindicatos y patronales en órganos consultivos y
consejos, se reduce de los 4.800.000 del año pasado a 3.300.000 . En total
supone un recorte próximo al 30% con el que se pretende ahorrar 85
millones de euros.

Lo que persigue Rajoy es reestructurar por completo la formación
profesional de los trabajadores arrebatándosela a sindicatos y
patronal, que hasta ahora la
desarrollaban en monopolio, dando parte del pastel a entidades privadas. Y
aunque rompe ese “consenso”secreto, lo cierto es que ahora es su mejor
momento para hacerlo: los ciudadanos critican cada vez más el uso de esos
fondos y Rajoy aprovecha para imponer sus ajustes ante la crisis. Los
grandes damnificados serán los sindicatos y las patronales, aunque éstas
últimas nunca pierden, ya que será la empresa privada la que vaya ahora a
gestionar la formación.

Las consecuencias de este cambio ya se están notando, a veces
paradójicamente. ¿Es posible que los trabajadores de un sindicato hagan huelga contra el sindicato que les emplea? ¿Es posible que un sindicato actúe como un
empresario sin escrúpulos despidiendo a sus trabajadores, aprovechando los
resortes de la reforma laboral contra la que han luchado?. Parece que sí.
El caso más sangrante y reciente es el de la plantilla de la Fundación
para la Formación y el Empleo (Forem) en  Galicia de CCOO, que realizó en
septiembre una huelga indefinida en protesta por el ERE extintivo con una
indemnización de 20 días por año trabajado presentado por el sindicato
para 24 trabajadores.

FONDOS MINEROS: 500 MILLONES POCO FORMATIVOS

Capítulo aparte merecen los recortes que han afectado a la línea de
flotación de los sindicatos y de la patronal del sector minero a través de
la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del
Carbón. El objetivo de esta entidad, cuyo patronato se reparten CCOO, UGT,
Carbunión y el Estado, es  “colaborar al desarrollo económico alternativo
de las zonas mineras del carbón, teniendo como fin esencial fomentar y
facilitar el acceso a niveles educativos y de capacitación profesional
superiores de los recursos humanos de dichas zonas.”

Los nuevos presupuestos dejan prácticamente a cero la financiación de esta
entidad (el recorte es de un 92%), que tenderá probablemente hacia su
desaparición. La causa, además de los recortes, es su cuestionada eficacia
ya que, según dos informes del Tribunal de Cuentas, durante 14 años este
ente ha gestionado de manera irregular 500 millones de euros.

Este organismo fue creado dentro del marcodel Plan 1998-2005 de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, suscrito en
1997 por el entonces Ministerio de Industria , FIA-UGT y
CC.OO. Una parte importante de los fondos de este Plan se destinaron a la formación de los recursos humanos de las cuencas mineras y, especialmente, a las nuevas generaciones.
Los millonarios fondos se agotaron al cien por cien, aunque desde diversos
sectores políticos, ciudadanos y de sindicatos minoritarios consideran que
no redundaron en la mejora de la formación de los jóvenes de las cuencas
mineras. ¿A qué se destinó entonces tamaño caudal de dinero público? USO
no lo duda: parte de esa cantidad se dedicó a financiar a UGT, CCOO y  la patronal a través de sus empresas de formación.

La voz de alarma la dio reiteradamente el Tribunal de Cuentas primero en
2002 y 2012, pero ahora ya es tarde. La oportunidad histórica que
se ha tenido para invertir en formación se ha perdido. 14 años después y
con 500 millones gastados, las zonas mineras de España mantienen
sus niveles de desempleo y muchos dudan de que haya mejorado la formación
de los jóvenes. El Estado, aprovechando la coyuntura de crisis y recortes, y posiblemente ante las anomalías denunciadas por el Tribunal de Cuentas, ha dejado sin fondos a esta Fundación para los próximos años.

Como el presupuesto de la Universidad

La web oficial de la Fundación ha anunciado el cierre de la convocatoria
2011-2012 y no anuncia nuevas. Las ayudas Formic para acciones formativas
cerraron su convocatoria también en diciembre de 2011, sin que se anuncie
su renovación. Para Ramón García Cañal, del PP asturiano, “la idea era
buena de cara a la creación de empleo en las cuencas pero tengo la
sensación de que no ha servido más que para muy pocos casos”.

Del total de fondos destinados a formación Asturias se llevó la mitad,
cerca de 250 millones de euros “y si tenemos en cuenta que las becas están
en torno a 9.000 y 12.000 euros anuales, ese dinero tendría que haber
servido para formar a mucha gente y yo no he visto ese rendimiento”, dice
Cañal, al que no le salen las cuentas y subraya que “250 millones es
equivalente a lo que le cuesta al Principado financiar dos años a la
Universidad de Oviedo, que ha llegado a tener 40.000 alumnos. Para Cañal
los responsables son los sindicatos y la patronal, que estaban allí y,
aunque no llevaran la gestión, “su deber era controlar” desde la comisión
de seguimiento. De hecho, el Patronato, que preside el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las
Comarcas Mineras (IRMC), tiene entre sus funciones “la vigilancia y
orientación de la labor de la Fundación”, mientras que la gestión fue
encargada a la empresa Infoinvest S.A, participada en un 100% por la
entidad pública SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
El Tribunal de Cuentas dijo que dicha adjudicación “se realizó de forma
directa, sin solicitar otras ofertas, vulnerando los principios de
publicidad y concurrencia rectores de la contratación del sector público”.
La Fundación ha incurrido en una serie de irregularidades que han sido
puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, entre ellas el no haber
aportado la documentación necesaria para poder contrastar la eficacia en
el cumplimiento de los objetivos fijados o la subcontratación ilegal de
cursos.

Atlántica XXII intentó sin éxito recabar la opinión del secretario de
organización de SOMA-FIA-UGT José Luis Alperi y la de Juan Carlos Alvarez, responsable de  Industrias Extractivas de CCOo. Estos dirigentes se habían ya
manifestado sobre este tema en diversos medios defendiendo su gestión y denunciando que las críticas a la misma tienen como objetivo eliminar las ayudas, negando que se hayan concedido “a dedo”. Ambos sindicatos se defendieron frente a los ataques del PP diciendo que los criterios se aprobaron con el Gobierno de Aznar.

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José Vía Iglesias, secretario confederal de Acción Sindical de USO

“UGT y CCOO se financiaron con fondos mineros”

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José Vía Iglesias / Foto de Isabel Permuy

–¿Cómo valora las irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas en los fondos mineros para la formación?
-El Tribunal se ha pronunciado dos veces por la mala utilización de los
fondos en las comarcas mineras, en la FP e incluso en los cursos para
prevención y seguridad en empresas. Estaban muy bien dotados; en el último
plan (2006-2012) 50 millones anuales y 25 millones para formación en
seguridad minera. Ahora se eliminan estas ayudas de los presupuestos
generales como consecuencia de esa mala gestión.
–¿Se han utilizado esos fondos para financiar a los sindicatos
mayoritarios y a las patronales?
–Sin duda. Esos fondos son una de las principales fuentes de financiación
de los sindicatos. Aunque eso ya lo reconoce la orden que regula esas
ayudas y que permite un beneficio del 20% a los sindicatos por la gestión
de los cursos, muchos de los cuales no son legales. Lo más sangrante es
que ahora se queden sin fondos y actúen como empresas aprovechándose de la
reforma laboral, como el caso de Forem- CCOO de Galicia., que despide a 24
trabajadores indemnizando con 20 días por año. También en
otras partes de España.

– Pero a usted le desautorizó la dirección de USO en Asturias por decir que UGT y CCOO se financiaron con el dinero de la formación de los fondos mineros.
– No. Sobre este aspecto hay unanimidad en la USO, porque hay una
resolución que critica el uso de la formación para  financiarse y nosotros
proponemos que la formación se imparta directamente por el Estado.Y aunque
es cierto que nosotros también nos acogimos a la formación  para no perder
la oportunidad, nos opusimos a ella. Las discrepancias con USO Asturias se
debieron a unas declaraciones sobre que los fondos mineros sirvieron para
que algunos alcaldes compraran votos.

–¿Cómo se gestionan los fondos de formación?
–Es sencillo. UGT y CCOO se autoconcedían las ayudas a través de una
Fundación en cuyo patronato están presentes y ellos se autocontrolaban. Lo
hacían con empresas paralelas o directamente.

–¿No podía entrar nadie más?
–No había libre concurrencia. Lo podemos acreditar. La USO solicitó
formación para prevención de riesgos del Plan del Carbón y nos los
denegaron al no ser patronos de la Fundación. No se otorgan esos fondos a
los que aporten más calidad en los cursos o menor coste. Esto es un
tinglado, un coto cerrado para que no entre nadie más. Esto se va a acabar
ahora con la reforma laboral, que elimina el monopolio. No habrá partida
presupuestaria y los fondos para políticas activas de empleo sufrirán un
recorte del 60%. Ahora podrán concurrir empresas acreditadas en el sector.
Es el final del monopolio.

– ¿La supervivencia de los sindicatos mayoritarios depende de estos fondos?
–Es muy importante. 50 millones de euros anuales es mucho dinero. Además
hay una gran hipocresía por parte de UGT y CCOO, que defienden la escuela
pública pero en los fondos de formación admiten que sea privada porque sus
cursos son privados, no públicos.

— Tanto dinero, ¿supuso una mejora de la formación entre jóvenes y
parados de las comarcas mineras?
–La rentabilidad de los cursos ha sido muy escasa. Está a la vista: no
hay recolocaciones y no se ha creado empleo. Tendría que haber habido un
compromiso de recolocación por parte de las empresas que impartieron los
cursos. Todo ello es resultado del dispendio de millones. En otros
sectores fuera de la minería están siendo más útiles, por ejemplo en
fontanería y sí ha habido recolocaciones. Los cursos que se han hecho de
papel y lápiz, sin prácticas en empresas, no sirven para nada. Lo de los
fondos ha sido un fracaso y ha llegado a situaciones lamentables. Algunos
alcaldes usaron fondos mineros para asfaltar calles y luego recibir más
votos. El modelo es perverso porque impide la libre concurrencia.

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