La UCO también investiga posibles pagos en B en UGT-Asturias

Agentes de la UCO en el registro de la sede de UGT-Asturias. Foto / Imanol Rimada.

Xuan Cándano / Periodista.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la dedicada a la persecución de la corrupción, no buscaba en la sede de UGT-Asturias en la operación del pasado 17 enero solamente pruebas del desvío al sindicato de los fondos de formación. Su investigación también se encamina hacia el desvío de otras subvenciones públicas a gastos de personal y actividades del sindicato, y a posibles sobresueldos en dinero negro a la cúpula de la organización, algo que ya adelantó ATLÁNTICA XXII en su número 38 en enero de 2015, con una portada que llevaba por título: “La UCO estrecha el cerco sobre UGT-Asturias”.

“Querían encontrar cosas en subvenciones y pagos en B”, comentó a esta revista una fuente bien informada de la operación, que también supuso la detención y puesta a disposición judicial del exsecretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, y cinco personas más: la directora de Comunicación y responsable de IFES, una Fundación que gestionaba la formación en UGT, Carmen Caballero, el exsecretario ejecutivo Manuel Díaz Cancio, el exsecretario de Formación Daniel Rodríguez y dos empleados, Alberto González, responsable de nóminas, y Silvia Sariego, administrativa en IFES.

En relación a los pagos en B, una de las líneas de investigación de la UCO se centra en comprobar si Justo Rodríguez Braga cobraba en la práctica un sueldo homologable al de un director general del Principado, como sostienen algunos colaboradores en la investigación, en vez del consignado oficialmente. Tras la publicación de aquel número de ATLÁNTICA XXII y numerosas informaciones o artículos que aludían a los sueldos clandestinos y la falta de transparencia en UGT-Asturias, Rodríguez Braga colgó aquel mismo mes de enero de 2015 su percepción económica en la web del sindicato: 2.069 euros netos mensuales de su jubilación en Arcelor, más 406 en dietas cobradas del sindicato. El sueldo de un director general del Principado es sensiblemente mayor, unos 2.000 euros por encima.

Respecto a las subvenciones públicas, el desvío de dinero a nóminas del personal del sindicato no solo se produce con las de formación. También en áreas como salud laboral, juventud e inmigración, como ya informó en su edición digital ATLÁNTICA XXII en octubre de 2014, en referencia a esa última línea de subvenciones. “Era en las subvenciones finalistas, o sea en todas excepto las institucionales”, asegura una persona que trabajó en el sindicato. La UCO está solicitando las justificaciones económicas de todas ellas.

Según pudo saber ATLÁNTICA XXII, en la UCO hay gran satisfacción por el resultado de la operación porque sus agentes han obtenido información valiosa que llenó siete cajas. Le servían documentos, pero también apuntes a mano o agendas.

UGT protestó por el “golpe de efecto” de la entrada de la Guardia Civil en su sede y las detenciones, algo que considera ilegal y desproporcionado. La sorpresa y el estupor de los detenidos por lo que consideran un atropello fue tal que uno de ellos, Manuel Díaz Cancio, echó a correr cuando fue abordado por los agentes en una calle de Gijón.

La UCO y el fiscal

La UCO informó previamente de la operación al fiscal que lleva el caso, Gabriel Bernal, y a la jueza instructora del Juzgado Número 4 de Oviedo, Carmen Blanco. La llegada a ese Juzgado de Blanco fue clave para desatascar una instrucción que apenas había avanzado con la primera jueza que se ocupó del asunto tras la denuncia del fiscal, María Luisa Llaneza, que accedió a la Audiencia hace unos meses.

Pero, a pesar de esta coordinación, las relaciones entre la UCO y el fiscal Gabriel Bernal son muy tensas. Los agentes desplazados a Asturias consideran que la Fiscalía es muy tibia en este caso y que se limita a poner la lupa en la formación, obviando otros posibles delitos. Y tienen dudas sobre si actúa presionado. ATLÁNTICA XXII intentó conocer sin éxito la valoración del fiscal, enviando incluso un cuestionario a través de su gabinete de prensa que no tuvo contestación. De momento las acusaciones que pesan sobre el sindicato socialista son de falsedad documental y fraude de subvenciones (análoga penalmente a fraude fiscal). La investigación de la UCO también apunta hacia el enriquecimiento ilícito.

Aunque las líneas de investigación de esta unidad anticorrupción son múltiples y no solo afectan a la cúpula de UGT-Asturias. También la poderosa Federación del Metal (MCA-UGT), que lideró hasta el año pasado Eduardo Donaire, está en el punto de mira de la UCO, que investiga la compra de un local en La Felguera por un millón de euros por parte de INFASTUR, una empresa de MCA ya desmantelada. En el sindicato alegan que se adquirió parcialmente con devoluciones del IVA, pero la UCO sospecha que el dinero pudo salir de UGT o de IFES. El local está alquilado a una empresa de formación.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 49, MARZO DE 2017

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