Los ‘chiringuitos’, esa oscura administración paralela

Los ‘chiringuitos’ del Principado de Asturias. Infografía / Amelia Celaya.

Asturias ya no es Inilanda, como se le llamaba en el franquismo por la profusión de empresas públicas estatales. Pero el peso del sector público sigue siendo muy grande porque la Autonomía ha creado decenas de oscuras empresas, organismos y fundaciones de escasa o nula aportación a la economía productiva, que la oposición considera ‘chiringuitos’ destinados a colocar a personas afines al PSOE. Solo en sueldos suponen 38 millones de euros al año.

Aladino F. Pachón / Periodista.

Los “chiringuitos” públicos, esas unidades empresariales que nutriéndose del dinero de los contribuyentes sin embargo se rigen por el derecho privado (es decir, con total opacidad y sin control público alguno), son una suerte de administración paralela innecesaria que desde hace más de dieciséis años viene enriqueciendo a muchas personas, la mayoría vinculadas con el PSOE por activa o por pasiva. En Asturias hubo y hay “chiringuitos” de todas las administraciones (HUNOSA, estatal; o GESUSOSA, el gran ‘chiringuito’ que montó Gabino de Lorenzo en Oviedo), pero son los relacionados financieramente con la Administración autonómica los más escandalosos. Son solo 35, según parece, pero gastan en nóminas de personal como si fueran el doble: 38.077.470 euros al año.

A la hora de establecer cuántos y cuáles son los ‘chiringuitos’ tutelados por el Ejecutivo asturiano, “como en las matemáticas, hay una combinación de supuestos”, indica el letrado del Principado Javier Álvarez Villa, presidente además de la asociación de funcionarios Conceyu por Otra Función Pública, una agrupación de empleados públicos que desde hace varias legislaturas y desde dentro de la propia Administración intenta clarificar un asunto harto opaco. “La gran paradoja de esta historia es que, en estos tiempos en los que se llenan la boca con la transparencia, resulta que las plantillas de personal de unos ‘chiringuitos’ donde están trabajando cientos de personas se niegan a hacer públicos esos puestos”, manifiesta el letrado.

Este jurista del Principado, que es autor además del único libro que trata en profundidad y muy documentadamente este asunto del sector público regional (El botín de la Función Pública. Aproximación al clientelismo laboral en la Administración asturiana), y es, por tanto y en cierta forma, una autoridad en la materia, explica que “en sentido estricto” pueden ser considerados como ‘chiringuitos’ “las empresas y las fundaciones públicas de capital mayoritariamente público que funcionan en régimen de derecho privado”. Según sus palabras, “éstas son en puridad, técnicamente, lo que habría que llamar Administración paralela”.

Álvarez Villa recalca que prefiere utilizar la calificación de “Administración paralela” para denominar el conjunto de estas unidades empresariales exógenas frente a la de ‘chiringuitos’, cuyo uso es más propio, y casi privativo, de la derecha política.

Según parece, el término politizado ‘chiringuitos’, en acepción peyorativa vernácula asturiana, tiene una génesis muy carbayona. Nació en Oviedo entre finales de la década de los años noventa del siglo pasado y principios de la primera década de este siglo por boca tanto del entonces presidente del Partido Popular, Ovidio Sánchez (que etiquetaba en la Junta General del Principado de Asturias con este nombre a las empresas del sector público autonómico que el presidente socialista Vicente Álvarez Areces fue creando desde que accedió a la jefatura del Ejecutivo autonómico con el fin, entre otros y según el PP, de colocar a los suyos), como de la de Gabino de Lorenzo (PP) siendo concejal de oposición primero y después alcalde.

‘Chiringuito’ fue entonces una palabra que la derecha encontró muy a mano para usarla contra los socialistas, dado que en las ovetenses fiestas de San Mateo desde 1983 (siendo alcalde el socialista Antonio Masip) se venían instalando en el Oviedo Antiguo casetas festivas (regentadas en mayoría por colectivos de izquierdas) a imitación de las txoznas de la Aste Nagusia (Semana Grande) de Bilbao que el entonces asesor de la SOF, Felipe Fernández, había importado de la capital vizcaína, donde estudió Económicas. En la heroica ciudad de Oviedo las conservadoras gentes de buena clase dieron en llamar de manera despectiva ‘chiringuitos’ a esas casetas-txoznas que con ímpetu nuevo y heterodoxo rompían la adocenada estética elitista de unas fiestas patronales coronadas por la ópera y los exclusivos bailes en La Herradura. De ahí pasó a la política.

El actual diputado del PP en la Junta General, José Agustín Cuervas-Mons, que fue antes concejal en el equipo de Gabino de Lorenzo, cree que “fue Gabino quien empezó a utilizar lo de ‘chiringuitos’, aunque no estoy seguro”, dice. Da por buena la hipótesis aquí esbozada y añade que “la filosofía de la expresión ‘chiringuitos’ que utilizamos no era tanto por el número del personal sino por la inexistencia de control público”.

También reconoce que es “una expresión peyorativa” porque “la idea era la de manifestar que aquello era un espacio sin control; es decir, montar un chiringuito para meter a esos cuatro amigos, y, además, para poder administrar por ejemplo la contratación sin los controles que tiene la Administración”. Anota también que “decimos que son ‘chiringuitos’ porque los utilizaban muchas veces (antiguamente, porque ahora los criterios cambiaron) para que la deuda no compute como deuda, y pongo el ejemplo de GISPASA”.

Trabajadores del HUCA en una protesta contra GISPASA en la sede de la empresa en el hospital. Foto / Pablo Lorenzana.

El éxtasis arecista

El surgimiento de cierta administración paralela al Gobierno del Principado, que más tarde se bordeó de ‘chiringuitos’ por todas partes, viene de muy atrás, de los iniciales tiempos autonómicos. Entonces y como quiera que durante los dos mandatos consecutivos del socialista Pedro de Silva (1983-1991) hubo de ser iniciada y realizada una drástica reconversión industrial en Asturias (siderúrgica, minera y naval sobre todo, aunque también agropecuaria), ordenada por el Gobierno central de Felipe González por imperativo de la Unión Europea, que supuso la pérdida de más de 80.000 empleos (directos e indirectos), se pusieron en marcha unas 30 unidades empresariales públicas (IFR, IDEPA, RTPA, Taramundi, SRT, etc.) a fin de coadyuvar a la creación de nuevo empleo, entre otros cometidos.

Tras De Silva, los tres siguientes presidentes (Juan Luis Rodríguez-Vigil, del PSOE, Antonio Trevín, también del PSOE, y Sergio Marqués, del PP/URAS) mantuvieron el sector público como estaba, hasta el comienzo de su alteración con la llegada de un nuevo jefe al Ejecutivo el 20 de julio de 1999, el socialista alcalde de Gijón durante doce años Vicente Álvarez Areces, que en doce años consecutivos como presidente del Principado (hasta el 15 de julio de 2011) aquilató la cifra dejada por De Silva hasta cerca de las 80 unidades empresariales públicas y semipúblicas, si bien esta cantidad aproximada hay que tomarla con cautela pues nunca (antes ni ahora) hubo transparencia gubernamental a la hora de auscultar al sector público regional y su funcionamiento, tanto político como administrativo. Sí consta que Álvarez Areces se enorgullecía de haber aumentado un sector público que iba a “recuperar el empleo perdido con la reconversión industrial”, como dijo en la inauguración del Centro Cultural Niemeyer de Avilés en marzo de 2011.

Después de Areces y los siguientes diez meses de Cascos, que no sirvieron siquiera para plantearse una posible reducción del sector público, le llegó en 2012 el turno forzado de presidir el Ejecutivo al socialista Javier Fernández, que se encontró con 75 unidades empresariales públicas que redujo a 72 por imperativo del Gobierno central, una exigua reestructuración del sector público hecha en 2016 que no suprimió tres unidades, como parece, sino que las fusionó dentro de otras, de modo que más o menos el sector quedó como estaba. De todas formas, esta cifra de 72 que se viene admitiendo actualmente no es correcta, pues se incluyen en ella organismos públicos que estrictamente no deben ser considerados como ‘chiringuitos’.

El sector público autonómico, integrado tanto por las unidades empresariales que forman parte de la Cuenta General del Principado como por las que no, está estructurado en cinco grupos. Un primer grupo son los Organismos Autónomos (como el ERA o el SESPA, por ejemplo). Un segundo son los Entes Públicos (Consejo Económico y Social o Ente Público de Servicios Tributarios). Un tercer grupo, Entidades Públicas (Servicio de Emergencias o IDEPA). El cuarto grupo lo integran las denominadas Empresas Públicas (Ciudad Industrial Valle del Nalón SA, GISPASA, SOGEPSA, ZALIA, Inspección Técnica de Vehículos de Asturias SA, Sedes SA, SADEI, RTPA, VIPASA o RECREA, entre otras, hasta sumar en conjunto 23 unidades). Finalmente, el quinto grupo lo forman las Fundaciones Públicas (FASAD, FAEN, La Laboral, Niemeyer, FUCOMI o FICYT, entre otras y hasta un total de 12).

Las empresas que pertenecen a cada uno de los tres primeros grupos tienen capital exclusivamente público y se rigen por el derecho público. Tienen, por tanto, unos claros límites al estar bajo control público. No son ‘chiringuitos’.

Sí son ‘chiringuitos’, sin embargo, las que integran cada uno de los dos últimos grupos (es decir, las Empresas Públicas y las Fundaciones Públicas), que tienen capital público o mayoritariamente público pero funcionan en régimen de derecho privado y “posibilitan un sistema de contratación más flexible, selección del personal con métodos de empresa privada (un coladero) y una fiscalización del gasto también más dulcificada”, según indica el letrado Álvarez Villa.

Alumnos de un taller de FUCOMI. Foto / Fernando Geijo.

Sueldazos

¿Cuántas empresas-‘chiringuito’ del Principado hay en Asturias actualmente? Álvarez Villa lo dice claramente: “Son todas las que salen en el último informe de la Sindicatura de Cuentas, más alguna otra que no sale porque no salen aquéllas donde hay un capital público pero que no es mayoritario por parte del Principado, sino que se combinan capitales del Principado con otros entes públicos. SOGEPSA es el caso”.

Para este letrado, los ‘chiringuitos’ o la ‘Administración paralela’ habría que circunscribirla “en puridad” y “técnicamente” a la suma de las 23 Empresas Públicas y las 12 Fundaciones Públicas que se dieron a conocer hace pocas fechas mediante un informe de la Sindicatura de Cuentas referido a 2015, último año que ha podido ser auditado. En suma, los famosos ‘chiringuitos’ del Principado son 35 y no 72. Es decir, son la mitad de lo que se dice.

Sin embargo, ¿cómo es que, según datos de la Sindicatura de Cuentas y de la Ley de Presupuestos, en conjunto gasten 38.077.470 euros en nóminas de personal? Parece excesivo, aun sin saber el número global de empleados, que es otro dato opaco.

Las 23 Empresas Públicas gastan en sueldos 28.451.276 euros al año. En este sentido y por poner algunos ejemplos, GISPASA gasta 629.584 euros en sueldos; GITPA, 444.377; ITVASA, 7.251.442; RECREA, 2.365.167; RTPA, 6.003.407; SADEI, 948.847; SEDES, 2.035.263; SERPA, 2.782.047; SOGEPSA, 1.346.640; SRP, 689.670, o VIPASA, 1.379.296 euros.

De las 12 Fundaciones Públicas, que gastan al año 9.626.203 euros en nóminas, hay que destacar FAEN, 482.236; FASAD, 3.329.223; NIEMEYER, 120.824; FUCOMI, 1.617.840; FFES, 219.348; FICYT, 2.059.396; Fundación Oso, 168.495; Parque Histórico del Navia, 49.388; SASEC, 137.726, o FUO, 1.441.726.

El diputado popular Cuervas-Mons, que lleva varios años investigando este asunto de los ‘chiringuitos’, da algunas claves explícitas en cuanto a remuneraciones se refiere.

“Cada cierto tiempo pido información sobre los ‘chiringuitos’ y aunque no me dan todos los datos que pido”, explica, “puedo decir, por ejemplo, que en SOGEPSA hay ahora 19 en plantilla, pero fueron cuarenta y pico; en GISPASA están 12; en SEDES porque se hizo un ERE y ahora debe de estar en unos 30-40, pero llegaron a ser 90, por cierto casi con clanes familiares; en ASTUREX vienen a ser unos 12-15 los que puede haber ahora, a 31 de diciembre de 2016. Y la FFES (Fundación del Fomento de la Economía Social), que está en Avilés, son 4 pero llegaron a ser 7”.

Agrega que “hay muchos sueldos de 50.000 y 60.000 euros al año. Por ejemplo, el presidente del CES tiene un sueldo de casi 70.000 euros. El que más cobra, porque eso me llamó la atención, es el director-gerente de GISPASA, la empresa que hizo los hospitales, que cobra 92.776 euros al año. Y la subdirectora, 68.651. El resto cobra 39.000, 41.000, 44.000, 45.000. El más bajo es solo uno, que cobra 21.683 euros. En la FFES todos tienen contratos, menos una chica, superiores a los 45.000 euros. En el CES, el presidente (que lleva desde 2002) tiene una retribución anual de 69.400 euros, en 2014. Hay una secretaria general que cobra 62.000; un jefe de área de análisis económico cobra 57.000. Y eran 13 trabajadores en noviembre de 2015”.

Señala Cuervas-Mons que “coges chiringo a chiringo y las retribuciones son de ese tenor”. Añade que, “por ejemplo, en la SASEC, 3 trabajadores, la directora, que entró por publicidad, cobraba 51.526,74 euros; en la SRP (que es específica dentro del IDEPA) son 12 trabajadores y las retribuciones van desde la del coordinador, 52.794 euros, a analistas de inversiones, que hay varios, con 63.000 uno de ellos, que será por antigüedad. Pero rondan todos los 48.000 euros. Hay algún auxiliar administrativo que cobra 23.000. Y solo hay uno. El resto son todos sueldos que van desde los 44.000 hasta los 63.000”. Aquí accedieron por “proceso selectivo externo, empresa de selección”.

“En FUCOMI, un director de área cobra 53.000; un director general de la TPA 65.000 euros; los técnicos superiores de SOGEPSA en 2007 cobraban entre los 61.840 y los 91.000 euros; en VIPASA, a 31 de diciembre de 2016, tenía 43 trabajadores (empleos por selección de currículos): el gerente 52.949,85 euros y los técnicos 47.793,41. La mayoría son fijos”, asegura.

Destaca Cuervas-Mons el caso de GIPTA: “Tiene 9 trabajadores, y, salvo dos administrativos, todos son gerentes; en 2014 el director general, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, cobraba 51.377 euros al año; los gerentes (6), 45.000 euros cada uno”. Y añade: “Pero lo más gracioso de GIPTA es que todas estas retribuciones tenían objetivos, lo que a mí siempre me pareció lamentable en una empresa pública; los tenían como en una empresa privada, de modo que el director general en 2011 tuvo además 5.755 euros; en 2012, 4.879, y en 2013 cobró 5.473; los demás cobraron 4.011 euros de objetivos anuales”.

Jaime Rabanal, la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, y el diputado José Agustín Cuervas-Mons antes de la comparecencia del exconsejero del Principado en la Junta General sobre GISPASA. Foto / Pablo Lorenzana.

Los que se enriquecen

La pregunta siguiente es: ¿y quiénes son las personas que se benefician de estos sobresalientes sueldos que proporcionan los ‘chiringuitos’ del Principado? Varios trabajadores de base en esta ‘Administración paralela’ (es decir, empleados del más bajo nivel que ganan 21.000 euros y no 60.000), responden a esta revista que en las direcciones de departamento y en las direcciones generales “siempre están personas por designación política”. Y una persona que trabaja en esta fundación ubicada en las cuencas señala, a título de ejemplo, que “en FUCOMI, en su momento, el fíu de José Ángel Fernández Villa, Rolando, subió como la espuma”, recordando a quien fuera gerente. Esa misma persona, que lleva años empleada en FUCOMI, entiende que hace años que esta fundación dejó de tener sentido.

Un trabajador del IDEPA (que, aunque técnicamente no es un ‘chiringuito’, su funcionamiento en muchos aspectos se asemeja) explica que su “actividad real” está condicionada “por instrucciones políticas y empresariales ajenas al organismo, contrarias en muchos casos a los criterios técnicos”, que, según recalca, “son ejecutadas con obediencia militar por los órganos de dirección, que priorizan siempre lo político frente a lo técnico, con el consecuente trasvase de dinero público a intereses particulares”. Agrega que “la principal función de los ‘chiringuitos’ es dar forma a la voluntad de los políticos, poniendo a disposición de empresas y empresarios afines a la FSA recursos públicos que han de gestionarse bajo los principios de transparencia, objetividad y no discriminación”. En su opinión, “estos organismos se dedican básicamente al clientelismo político o prestación de unos ‘servicios’ al entramado político-empresarial (en forma de concesiones de dinero público), recompensado con ‘favores’ consistentes en altas retribuciones y permanencia vitalicia en puestos de dirección”.

El diputado de Podemos en la Junta General, Enrique López, que investiga exhaustivamente el funcionamiento de estas unidades empresariales que “no representan economía productiva alguna”, explica que los ‘chiringuitos’ “para lo que sirven es para intermediar; lo hemos dicho muchas veces, son entidades en ocasiones parásitas, y tenemos mucho cuidado con nuestra definición para que no nos lleve a un discurso anti sector público; no es esa nuestra historia; nuestro discurso es contra la creación de unos entes instrumentales que viviendo de lo público se gestionan de forma privada sin ningún tipo de control”.

López incluso va más allá y señala que “en los ‘chiringuitos’ hay muchos familiares de cargos del Partido Socialista, o responsables venidos a menos y gente que pasa a segunda línea, y como ocurre en este PSOE, que es una maquinaria de poder, no tienen otro oficio ni beneficio ni otra cosa más que trabajar para el partido”.

El diputado López cita también el caso de la esposa del portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Fernando Lastra,“empleada como directora de la Fundación FAEDIS, en cuyo Consejo de Administración está el Principado con un cuarenta y pico por ciento de participación, y unos socios privados potentes (Liberbank, Telefónica y la Once), pero cuando miras cuál es su estado de cuentas ves que la mayoría de las aportaciones son públicas, aunque la participación sea menor precisamente para disfrazar ese carácter público que en realidad tiene”.

Sostiene López que “los ‘chiringuitos’ son indestructibles porque están blindados y colocan a quien quieren y de la forma que quieren”. Como ejemplo refiere la circunstancia de que “después de llevar nosotros dos años de presión con este tema sacaron un acuerdo del Consejo de Gobierno donde intentan normalizarlo, pero resulta que ponen como uno de los posibles requisitos de selección la entrevista, que es un criterio de selección arbitrario para nombrar a quien quieran, como es el caso de ASTUREX, que ponen la selección en manos de una consultora privada: es curioso que habiendo una estructura en la Administración Pública tengan que contratar una empresa privada”.

Asegura también López que el PSOE mantiene estos ‘chiringuitos’ “donde hay gestión privada con dinero público” bajo la excusa de una “mayor agilidad en la gestión, pero a costa de eludir controles”. Y añade que “muchos están creados para maquillar deuda también”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 50, MAYO DE 2015

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