Los dueños de la información

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

Reflexiones y convicciones sobre el problema democrático que suponen medios de comunicación dependientes de los grandes poderes, económicos o políticos, explican iniciativas como la que acaban de tomar ATLÁNTICA XXII y El Salto para intentar poner en marcha un periódico digital en Asturias. Si se consiguen para el grupo nacional El Salto 500 socios en Asturias nacerá ese nuevo medio con el nombre de Atlántica El Salto. Esa misma preocupación aborda el periodista y escritor Pascual Serrano en un artículo publicado en el número 48 de ATLÁNTICA XXII, el pasado mes de enero. Reproducimos a continuación ese artículo de Serrano, que sería uno de los colaboradores del nuevo medio.

Medios por encima de la democracia

Pascual Serrano / Periodista y escritor.

Los medios de comunicación tienen como función informar a los ciudadanos de lo que sucede en su país y en el mundo, si bien adoptan una determinada línea editorial. La cuestión surge cuando descubren que su influencia es determinante para crear opinión pública y se encuentran con propuestas políticas que afectan a sus intereses. Renaud Lambert se preguntaba en Le Monde Diplomatique: ¿qué sucede cuando el programa que conduce a la elección de un dirigente político lo lleva a afectar los intereses del sector privado o de los dueños de los medios de comunicación? O no solamente de sus dueños, sino de todo el entramado económico y financiero en el que se desenvuelven la rentabilidad del medio.

El director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, el colombiano Omar Rincón, se pregunta si más que defender a los medios del Estado, como se suele argumentar desde las tesis neoliberales, lo que hay que hacer es defender al Estado de los medios. Rincón se refiere a los Estados porque se sitúa en un marco latinoamericano donde hay determinados Gobiernos progresistas enfrentados a las empresas de comunicación. Esto no sucede en Europa, pero sí tenemos una confrontación entre determinadas opciones o líderes políticos y los intereses de estos medios. Por lo que no es aventurado preguntarse si, en muchas ocasiones, los emporios mediáticos no pueden ser más poderosos que los políticos que osen enfrentarse a sus intereses.

Un poder incontrolable y antidemocrático

El desarrollo de las democracias representativas y el capitalismo avanzando ha alcanzado un punto en el que el poder acumulado por el denominado cuarto poder es gigantesco. De esa supuesta función de control de los otros tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), hemos llegado a un nivel en el que la hipertrofia del poder mediático le ha convertido en el más incontrolable de todos, además del menos democrático. Incontrolable porque no existe ningún contrapoder que lo limite. Los Gobiernos tienen oposición; los empresarios, sindicatos; las firmas comerciales, consumidores, pero ¿cuál es el contrapoder de los medios? Y es el menos democrático porque, a diferencia de los otros tres, no existe ningún mecanismo de elección para quienes ejercen el poder mediático.

El neoliberalismo ha descubierto también que intervenir políticamente a través de los medios, incluso convirtiéndolos en agentes políticos, puede ser muy eficaz, pero ilícitamente eficaz. La supuesta igualdad de oportunidades con la que partidos o candidatos se deberían presentar ante los ciudadanos para buscar su apoyo se convierte en ventaja para los que disponen de medios de comunicación o de dinero para protagonizar una buena imagen en los medios. El control y la transparencia económica a la que se debe someter un partido político, cuyos ingresos están limitados y controlados, desaparece al tratarse de una empresa privada de comunicación que puede manejar los recursos que considere y recibir libremente ingresos de anunciantes o accionistas. Además la aureola de agente informativo neutral e imparcial con la que se presentan los medios resulta más eficaz para el convencimiento político que el discurso lógicamente sesgado de un partido. Esa militancia de los medios es la que les lleva a coordinar campañas tan burdas como la de estigmatizar un vocablo, el de populismo, para, a continuación, endosarlo a cualquier opción política o líder que no les guste por dispar que sea: Putin, Trump, Podemos, Chávez, Le Pen, Beppe Grillo…

Los grandes medios, en su abusiva explotación de la libertad de expresión, han logrado el apoyo de grandes organizaciones sociales incluso para mentir. El director de la división de las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que “el derecho a la información abarca todo tipo de información, inclusive aquella que (…) pueda resultar ‘errónea’, ‘falsa’ o ‘incompleta’”. Pero justificar el derecho a una información falsa supone violar otro derecho, el de recibir una información veraz. Y este último sí está perfectamente explicado en numerosas normas de alto rango, sin ir más lejos, la Constitución española.

A pesar de ello, en España hemos tenido que soportar durante más de una década las mentiras y manipulaciones de algunos medios sobre los atentados del 11-M, incluido el pago a testigos para que falsearan la realidad, sin que ello tuviera ninguna consecuencia legal contra esos medios y periodistas.

Falsedades frecuentes e impunes

Las falsedades difundidas en los medios son tan frecuentes como impunes. En marzo de 2014, algunas televisiones y prensa difundían fotografías de supuestas armas que manejaban manifestantes madrileños contra la policía. Finalmente resultaron falsas, se trataba de objetos incautados por la policía en circunstancias que nada tenían que ver con las manifestaciones. En 2015 en la televisión pública española se difundía un supuesto desnudo de la dirigente andaluza de Podemos Teresa Rodríguez que resultó ser falso y una presentadora hablaba de las propiedades curativas del aroma de limón. Difundir mentiras y fotos falsas solo le supuso un “reproche” del Defensor del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE.

Los medios no tienen que rendir cuentas por sus informaciones falsas por el uso de fuentes inapropiadas o por la falta de contraste de las noticias. En los primeros días de diciembre, los medios difundieron la mentira de un padre que pedía ayuda para financiar en Houston una operación que salvaría la vida de su hija, víctima de una rarísima enfermedad. Aunque, efectivamente, la niña estaba enferma, ni su vida corría peligro ni se requería ninguna operación en Estados Unidos. Gran parte de lo difundido era mentira, incluido el peregrino dato de que había viajado a Afganistán a entrevistarse con un eminente médico especializado en la enfermedad de su hija. Televisiones, radios y periódicos difundieron la falsa historia del padre, cuando se descubrió la verdad dijeron que “el padre nos había engañado a todos”. A los espectadores no les engañó el padre, les engañaron los medios que no contrastaron la noticia y sus periodistas la contaron como veraz.

Juan Luis Cebrián escucha atentamente a Felipe González en una conferencia conjunta en el Campus Ciudad de México en 2012. Foto / Angélica Martínez (ITESM).

Otro ejemplo elocuente de la perversión del poder de los medios es la información que nos hacen llegar sobre los políticos. Durante décadas hemos asumido que los medios de comunicación eran los mediadores entre las instituciones y los ciudadanos. Un político, un ministro, el informe anual de un Ministerio, los datos estadísticos de un Gobierno, todo ello, se ponía -o se debía poner- a disposición de los medios, de la prensa, de los periodistas y éstos aplicaban unos criterios de selección y los difundían. El poder acumulado por los medios de comunicación, su estructura empresarial determinada por grandes grupos económicos, los intereses cruzados con emporios económicos, unido todo ello a los métodos cada más refinados y sutiles de manipulación y aplicación de intencionalidad en sus informaciones, ha provocado que estos medios se hayan convertido más en un elemento de deformación y de interceptación de la información que de difusores de ésta.

O, dicho de otra manera, los medios han pasado de ser unos facilitadores del libre acceso a la información a ser un obstáculo. Un discurso de diez minutos de ministro no es reproducido por los medios, es deformado, desenfocado, recortado, titulado y contextualizado con intencionalidad muchas veces discutible. O incluso silenciado. Todo, menos transmitido con rigurosidad.

Veamos un ejemplo. El 10 de diciembre de 2008, el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comparecía ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El motivo era la difusión por el diario El País, diez días antes, de documentos oficiales calificados de alto secreto que demostraban que el Gobierno español durante la época de José María Aznar conoció y aprobó que los vuelos clandestinos de la CIA con destino a Guantánamo utilizasen aeropuertos y espacio aéreo español. El 11 de diciembre los medios se hacían eco de la intervención oficial del ministro a partir, solo y exclusivamente, del contenido de su discurso. Sin embargo, esas mismas palabras sirvieron para que los periódicos titulasen de esta forma tan dispar, en función de sus alineamientos políticos: en El País embestían contra Moratinos y contra Aznar: “Moratinos justifica la connivencia de Aznar con los vuelos a la prisión de Guantánamo”. El diario Público, solo contra Aznar: “El Gobierno confirma que Aznar autorizó los vuelos a Guantánamo”. Y ABC exculpaba a todos: “Moratinos proclama que los vuelos de Guantánamo nunca tocaron España”. Es evidente que si los ciudadanos se hubieran dirigido a la página web del Ministerio español y hubieran leído la intervención del ministro se hubieran informado de forma mucho más rigurosa, sin tener que someterse a la decantación ideológica de cada periódico. Los medios, en esta ocasión, en lugar de facilitar la mediación entre gobernante y ciudadano, lo que hicieron fue interceptar la comunicación que permiten las nuevas tecnologías e incorporar ruido y sesgo a las palabras originales.

Libertad de expresión e intereses

Otra anécdota que muestra el poder de los medios de comunicación sobre los Gobiernos y los políticos es que ningún Gobierno se ha atrevido en España a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita a pesar que fue una recomendación aprobada por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y hace unos meses escuchábamos al que fuese secretario general del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, afirmar que detrás de su cese al frente del partido se encontraba el grupo de comunicación PRISA.

En abril de 2016 comenzó a salir a la luz el escándalo que se denominó los Papeles de Panamá. Los medios fueron difundiendo la identidad de todas las personas públicas que ahí aparecían y éstas lo confirmaban o lo negaban, pero aguantaban la difusión de la información. El único que montó en cólera y demandó a los medios por difundir su implicación fue precisamente el periodista y consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián. El adalid de la libertad de expresión no toleraba que se utilizase esa libertad para desvelar sus chanchullos.

Para defender su poder se presentan como defensores de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y para atropellar el derecho ciudadano a informar y estar informado. Pero cuando están en juego sus intereses desaparece la libertad de expresión y la transparencia. No soportan que conozcamos sus cuentas, por eso nunca informan sobre la identidad de los accionistas de los medios o demandan en los tribunales a los periodistas que difunden sus negocios.

Frente al predominio empresarial de los medios, el relator especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, recordó que la libertad de expresión “es un derecho universal, un derecho de todos, y no solo de las grandes corporaciones de los media… Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y ciudadanía vinculada directamente al principio de diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía”.

Nunca olvidaré la respuesta de un académico venezolano al ser preguntado hace varios años sobre si había libertad de expresión en Venezuela. “No, la han secuestrado los medios privados”, respondió.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 48, ENERO DE 2017

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