Los registradores deben más de 100 millones de euros a los usuarios por cancelaciones indebidas de hipotecas

 F.Romero/ Periodista

Los registros de la propiedad de Santa Pola (cuyo titular es Mariano Rajoy), el de Cáceres (cuyo titular es del hermano de Rajoy, Enrique) y el de Avilés (cuyo titular es el Subdirector de los Registros nombrado por Rajoy, Javier Vallejo) así como otros 750 registradores, deben cien millones de euros por cobros indebidos en cancelaciones de hipotecas.

 La fiscalía del Tribunal Supremo ha enviado un requerimiento de fecha 31 de octubre de 2012 al Director General de Registros y el Notariado, Joaquín Hernández, para que obligue a los 750 registradores (incluyendo a Rajoy) a devolver lo indebidamente cobrado en cancelaciones.

 

Sin embargo, según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, el director y el subdirector de Registros en lugar de requerir directamente a los titulares para que envíen a la dirección general las facturas corregidas, “está mareando la perdiz trasladando el requerimiento del fiscal al Colegio de Registradores” todo ello a pesar de que las competencias jerárquicas sobre registradores en materia de aranceles “no corresponden al Colegio de Registradores sino que corresponden al Director y Subdirector de los Registros y el Notariado”.

 La situación se complica más si se tiene en cuenta que los responsables ministeriales que tienen que hacer dicho requerimiento son ambos registradores de la propiedad, es decir que también se han visto afectados por la sentencia. Las fuentes consultadas añaden que el nombramiento de un registrador de la propiedad como Subdirector de los Registros y el Notariado “es irregular” ya que “sólo puede ocuparlo un funcionario de Grupo A de la administración del Estado, nunca por un registrador o un notario”.

Esta denuncia coincide en el tiempo con una convocatoria de libre designación para tratar de legalizar dicho nombramiento ante el peligro de que con el escándalo de las cancelaciones algún colectivo pudiera denunciar la ilegalidad del nombramiento de un Subdirector.

 Si el Director General de los Registros Joaquín Hernández cumple el requerimiento de la Fiscalía, no sólo cada uno de los 800 Registradores de la propiedad sino también el propio Colegio de Registradores tendría que devolver más de cien millones euros a los ciudadanos por razón de las cancelaciones cobradas indebidamente.

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