Los wayuu contra el carbón de El Musel

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Una mujer indígena de los wayuu, quienes denuncian la explotación de sus tierras por la multinacional. Foto / Glencore.

El Cerrejón, una de las mayores minas de carbón del planeta, es una de las fuentes del mineral que se almacena en el puerto gijonés de El Musel. Los indígenas colombianos llevan décadas luchando contra los macro proyectos mineros que destruyen sus comunidades y su forma de vida.

Diego Díaz / Historiador.

Cuentan los indígenas wayuu que la costumbre tradicional de este pueblo al levantarse por las mañanas no es decirse un “buenos días”, sino preguntarse unos a otros “¿qué soñaste ayer?”. Sin embargo, esta forma tan particular de comenzar el día corre peligro de extinción desde que a mediados de los años ochenta comenzara la construcción de la mina del Cerrejón en el departamento de La Guajira, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Y es que desde entonces los problemas no han dejado de crecer para el principal pueblo indígena colombiano: desplazamiento forzado de sus tierras, perdida de tierras fértiles, desertificación y ruido, mucho ruido, ruido de explosiones y máquinas trabajando, ruido de camiones desplazándose las 24 horas del día y ruido de un tren con 150 vagones y 2,8 kilómetros de largo, que atraviesa y parte el territorio wayuu para trasladar el mineral en nueve viajes diarios, cinco de día y cuatro de noche, desde la mina hasta Puerto Bolívar, en aguas del Caribe.

El principal destino de este carbón no es el consumo nacional, en la propia Colombia, sino la exportación a todo el mundo, entre otros países España, adonde llega a través del puerto gijonés de El Musel, como la propia empresa reconocía en verano de 2012 a la prensa asturiana. En 2018 se han descargado 183.2358 toneladas en el puerto de El Musel procedentes de Puerto Bolívar, principal cargadero de la mina del Cerrejón.

Javier Orozco, portavoz del colectivo de refugiados colombianos en nuestra Autonomía, y coordinador del programa asturiano de Derechos Humanos Asturias-Colombia, denuncia los costes medioambientales y sociales que los macro proyectos mineros están teniendo en el país latinoamericano. Según Orozco, “este carbón colombiano se importa a través de Goldman Sachs, que lo concentra en El Musel con fines especulativos en el mercado de futuros”.

70.000 hectáreas de mina

El Cerrejón no es una mina cualquiera. Se trata de una de las explotaciones carboníferas a cielo abierto más grandes del planeta. Ocupa 70.000 hectáreas, está abierta 24 horas al día, 365 días al año, genera 12.000 puestos de empleo y produce 30 millones de toneladas al año. Un gigante que ha obligado al desplazamiento de poblaciones enteras, solo 3.800 personas en 2017 según datos de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, y que absorbe el recurso más preciado de la región: el agua.

Para mantener compactas las gigantescas montañas de mineral de carbón es necesario regarlas constantemente, razón por la cual la compañía propietaria, en su mayoría participada por la multinacional Glencore, ha desviado el Río Ranchería y otros arroyos menores, vitales para dar agua a las tierras del pueblo wayuu. Pese a este intenso riego de las montañas de carbón, el inevitable polvillo que se desprende de ellas “envenena nuestras cosechas”, como denuncia los wayuu, y produce todo tipo de enfermedades respiratorias en la población, confinada en los llamados “resguardos”, nuevos poblados creados aprisa y corriendo para acoger a las comunidades desplazadas, y que en su mayoría carecen de los servicios más básicos.

Unas deficiencias que contrastan con la intensa campaña de la compañía sobre su responsabilidad social corporativa con las comunidades y su apuesta por una “minería responsable”. Minas del Cerrejón impulsa desde 2008 una Fundación dedicada oficialmente a “preservar la tradición ancestral indígena”, promocionar las inversiones y el empleo en la región de la Guajira, y fortalecer “las instituciones comunitarias, empresariales y el sistema productivo wayuu”. Estos proyectos van desde la donación de bicicletas a los niños y niñas de una comunidad para disminuir el absentismo escolar, a la instalación de un pozo de agua que funciona con tecnologías renovables, o la pintura y renovación de una escuela. Al frente del área de estándares sociales y relaciones internacionales de la mina colocaría durante algún tiempo a un exguerrillero del Ejercito Popular de Liberación, Carlos Franco Echevarría.

Según fuentes del sindicato Sintracarbón, que apoya las reivindicaciones indígenas, en efecto algunas comunidades “han buscado acuerdos por su cuenta con Cerrejón”. Sin embargo, los representantes del movimiento indígena wayuu, integrados en la OINC, denuncian la campaña de imagen de una empresa que “ha destruido nuestra forma de vida basada en la agricultura, y nos ha recluido en los resguardos, donde la gente vive en la miseria”. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos ocho años se han producido 4.770 muertes por desnutrición infantil en la Guajira. Unas muertes que estarían relacionadas con las denuncias del movimiento al impacto negativo de la minería en las comunidades.

Violencia contra el movimiento indígena

Los indígenas se asientan en Colombia sobre algunos de los territorios más ricos desde el punto de vista minero. El final del conflicto armado y el desarme de la principal guerrilla colombiana, las FARC, permite ahora que las empresas puedan plantearse la entrada en esas zonas y poner así en marcha grandes proyectos mineros, incompatibles con la agricultura, la ganadería y las formas de vida de las comunidades indígenas.

El abandono de las armas por parte de las FARC no ha tenido su correlato en una desmovilización paralela de los grupos paramilitares, bandas criminales que funcionan como brazo armado de las empresas, y que se han beneficiado en muchos casos de una relativa tolerancia del Estado colombiano, sobre todo de los sectores más derechistas, nucleados en torno al expresidente Álvaro Uribe. La ONIC denuncia que la resistencia de los indígenas colombianos a ser desplazados de sus territorios ha terminado con el homicidio de 38 dirigentes y activistas indígenas en 2017 a manos de distintos grupos armados ilegales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Una lucha dura y tenaz en el plano social y en los tribunales de los pueblos indígenas por preservar su hábitat que también ha tenido éxitos como la recuperación en 2016 de las salinas de Manaure, en la costa de la Guajira. Una victoria moral y material de la que el movimiento indígena saca pecho y que muestra orgullosa ya que “permite a 2.000 familias ganarse la vida con dignidad”. Cada familia explota aquí un trozo de una gran piscina de 40 hectáreas que convierte el agua del Caribe en montañas de sal. Pequeñas grandes victorias que hacen creer a los wayuu que algún día puedan volver a soñar.

Mineros por una minería sostenible

La minería agresiva practicada por Glencore no solo tiene enemigos entre las comunidades indígenas, sino también entre los propios empleados de la mina. Sintracarbón, el sindicato que representa a los trabajadores de la minería del carbón, se ha puesto también del lado de la comunidades wayuu en la denuncia de una minería depredadora del medioambiente y la forma de vida de las poblaciones indígenas.

Los mineros conocen bien los métodos de la multinacional suiza. 900 de los 5.000 empleados de la mina sufren o han sufrido enfermadades laborales, sobre todo respiratorias, cuyo reconocimiento la empresa regatea para evitar el pago de indemnizaciones. Aunque para el nivel salarial colombiano los 700 euros que puede llegar a cobrar un operario del Cerrejón es un buen sueldo, desde el sindicato se denuncia que la empresa está bajando los requisitos de seguridad y que ha externalizado un 25% de los empleos a empresas auxiliares donde los trabajadores tienen peores condiciones y las prácticas antisindicales son aún más intensas que en la empresa matriz. El sindicato mantiene un pulso contra la multinacional, que según los dirigentes de Sintracarbón cuenta con la complicidad del llamado “cártel de la toga”, forma despectiva de referirse a los sectores más conservadores del poder judicial.

Desde el sindicato se considera que la minería del carbón no es un sector de futuro y que el Cerrejón tiene que redimensionarse para ser una mina al “servicio de la economía colombiana”, dado que, en palabras de Jairo Quirós, uno de los líderes sindicales, el yacimiento “no genera desarrollo sostenible, explota los recursos de la Guajira y no deja aquí los beneficios, sino únicamente los daños medioambiantales”.

El sindicato defiende nacionalizar la mina para convertirla en una explotación más pequeña, no orientada a la exportación, sino que sirva como reserva estratégica de energía para Colombia, así como para generar empleos en las renovables y en la restauración del paisaje devastado por la macrominería del carbón.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 56, MAYO DE 2018

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