Ortega a tiros contra Nicaragua

Nicargua Ortega

Ciudadanos de Masaya, Nicaragua, se protegen de las balas de francotiradores en una de los cientos de barricadas construidas para defenderse de los ataques de paramilitares y policías del gobierno. Foto / Javier Bauluz.

Texto: Wilfredo Miranda Aburto @PiruloAr

Fotografías: Javier Bauluz @javierbauluz

Después de casi dos décadas de violencia casi ininterrumpida, desde la inurrección sandinista que derivó en el derrocamiento de la dinastía somocista en 1979, hasta el desarme de la guerrilla de la Contra en los noventa, Nicaragua no había vivido un período tan sangriento como el que atraviesa desde el 19 de abril. Ese día el país se rebeló contra Daniel Ortega, que gobernaba sin sobresaltos desde hace una década.

Un periodo en el que se consolidó un poder autoritario y omnímodo de la mano de su esposa y vicepresidenta, la excéntrica Rosario Murillo. Cuando los nicaragüenses dijeron basta, el otrora guerrillero revolucionario comenzó a asesinar al pueblo al igual que lo hizo Somoza.

Más de 300 personas han muerto y el contador funesto sigue en aumento: masacre tras masacre.

Teyler Lorío Navarrete es una de las víctimas más recientes. Tenía 14 meses de edad y ni siquiera había aprendido a caminar cuando una bala policial destrozó su pequeña cabeza el 23 de junio. Murió en los brazos de su papá el mismo día que Nicaragua,  irónicamente, celebraba el Día Nacional del Padre. 

Aunque el pueblo le ha declarado una “rebelión cívica” y desarmada al régimen de Ortega-Murillo, el gobierno ha respondido con plomo desenfrenado. Es la peor matanza desde la posguerra y ni siquiera los niños se libran de las balas.

Más de 300 muertos

De los más de 300 asesinatos confirmados hasta el 31 de julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 son menores. La Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y Adelescencia (Codení) alzó su voz de alarma desde los asesinatos de otros dos bebés, Matías y Daryelis, hermanos que fueron quemados vivos junto a otros cuatro miembros de su familia el 16 de junio por policías y paramilitares asociados al gobierno de Ortega.

Después de decenas de muertes violentas ejecutadas por francotiradores, parecía que la barbarie había agotado los niveles más altos de perversidad. Pero no fue así. La escena con la que despuntó el 16 de junio en el barrio Carlos Marx, en Managua, conmocionó al país. Un edificio de tres plantas ardía y adentros seis personas gritaban desesperadas mientras morían calcinadas. Los vecinos lograron sacar los cuerpos de la familia Velásquez-Pavón después de que el acoso policial y paramilitar cesó en los alrededores del inmueble.

Trataron de reanimar los cadáveres chamuscados sin éxito. Los bomberos detectaron signos vitales en Matías, de cinco meses de edad. Había pulsaciones de vida, pero eran débiles. Fueron las últimas del bebé. A la mañana siguiente, seis féretros salieron del barrio Carlos Marx hacia el cementerio Milagro de Dios. Pese a que el gobierno de Ortega y la Policía Nacional negaron ser los autores de esta brutalidad de connotaciones dantescas, vídeos de cámaras de seguridad y el testimonio de una de las sobrevivientes incriminan a oficiales y paramilitares.

“Me mataron a toda mi familia. A mis papás, mi hermano, mi cuñada y mis dos sobrinitos”, denunció Cinthia López, que logró escapar de las llamas al saltar desde el segundo piso del edificio. “Fueron los policías y los paramilitares sandinistas”.

La masacre del barrio Carlos Marx ilustra, en cierta manera, cómo el comandante Daniel Ortega ha prendido fuego a sus orígenes revolucionarios: una guerrilla de izquierda que se formó muy cerca de los preceptos marxistas, para combatir la dictadura genocida de los Somoza.

Ese régimen asesinó, torturó e hizo desaparecer para proteger su proyecto dinástico. Para militantes y actores principales de la revolución sandinista, como Mónica López Baltodano y el escritor Sergio Ramírez, su antiguo compañero de lucha reedita el poder que derrocaron el 19 de julio de 1979. Pero de manera más abyecta.

La Guardia Nacional somocista encontraba en el bando guerrillero fusiles como respuesta y resistencia. La Policía Nacional y los paramilitares orteguistas encuentran una resistencia desarmada, que se vale de morteros artesanales, resorteras y piedras para defenderse detrás de las barricadas de adoquines.

“Ahora es una lucha desigual”, dice Álvaro Antonio Gómez, un exguerrillero sandinista que desde los ochenta cojea a causa de una lesión de guerra. Gómez fue uno de los primeros padres en perder a su hijo en la rebelión de abril. Álvaro Alberto tenía 23 años. Estudiaba la carrera de Banca y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

Como miles de jóvenes de Nicaragua, decidió rebelarse al gobierno de Ortega el 19 de abril, cuando las universidades fueron tomadas por estudiantes en protesta por una reforma que recortaba las jubilaciones y aumentaba las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La Policía desató una feroz represión que dejó los primeros tres muertos de los disturbios.

Al siguiente día, Álvaro Alberto cayó en la ciudad de Masaya, en el histórico barrio de Monimbó donde se gestó la insurrección sandinista contra la dictadura somocista. Las barricadas volvieron a alzarse 39 años después en este bastión sandinista, pero en esta ocasión contra Ortega. Un hecho icónico porque por primera vez desde que regresó al poder en 2007, las bases sandinistas se rebelaban contra su líder. Su comandante, el eterno candidato de la Casilla 2, el autodenominado “presidente de los pobres”, les respondió con balas.

La que segó la vida de Álvaro Alberto impactó a dos centímetros arriba de la tetilla izquierda, muy cerca del corazón que mientras latió lo hizo por el sandinismo encabezado por Ortega. Pero bastaron aquellas imágenes de represión del 18 de abril para que sus convicciones respecto al gobierno de Ortega y Murillo cambiaran. El matrimonio había perdido el apoyo de Alberto, de la mayoría de sus bases y, con el paso de los días, de un país completo que vocifera al unísono: “¡Que se vayan, que se vayan!”.

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“¡Mi bebé!”, gemía Cinthya López acariciando uno de los dos niños quemados vivos por los paramilitares del gobierno. Foto / Javier Bauluz.

La protesta mutó

En realidad, la rebelión cívica de abril empezó el día 18. Decenas de universitarios, jubilados y ciudadanos organizaron una protesta pacífica en Camino de Oriente, en Managua, una zona de comercios y restaurantes de clase media. El gobierno de Ortega había decretado una reforma a la Seguridad Social sin consultar a nadie. Empleadores y empleados tendrían que aportar más y los jubilados, los abuelitos y los jóvenes, tendrían que pagar un tributo de cinco por ciento de sus pensiones para cubrir atención médica y el acceso a medicinas.

La protesta fue reventada por huestes del gobierno, la denominada Juventud Sandinista (JS). Las “turbas”, como también es conocido este brazo gubernamental, golpearon, hirieron y robaron a jóvenes, ancianos y reporteros. El ataque fue transmitido en directo por canales de televisión y las redes sociales. Las imágenes -Álvaro Alberto las vio en Monimbó- indignaron a tal punto que una sociedad adormecida ante los desmanes autoritarios de Ortega salió de forma masiva a las calles a protestar.

El empresariado nicaragüense ya había expresado su descontento con las reformas de la Seguridad Social. La relación de “diálogo y consenso” de rango constitucional entre Ortega y el gran capital se resquebrajó por completo. De esa forma, el régimen también perdió a su principal aliado estratégico, que le permitió consolidar un régimen corporativista, con estabilidad económica y moderado crecimiento económico. El oxígeno para el autoritarismo.

El 19 de abril las principales universidades públicas amanecieron tomadas por estudiantes. Las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional atacaron la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Los enfrentamientos duraron todo el día y, ya muy entrada la noche, un video comenzó a correr de forma frenética en las redes sociales. Era el primer asesinado por la Policía: Darwin Manuel Urbina.

Los muertos no dejaron de sucederse desde el 19 de abril. Cada caso más atroz que el anterior: cráneos despedazados, cadáveres torturados que aparecían en morgues y cauces. Las protestas y al represión se intensificaron en todo el país. De las bombas lacrimógenas a las balas de goma , a los proyectiles de alto calibre; fusiles de guerra contra resorteras y morteros.

Ortega dio marcha atrás a la reforma a la Seguridad Social, pero era tarde: la protesta había mutado. El país demandaba la salida del poder de la familia presidencial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país gracias a la ingente presión popular. En su informe determinó que el gobierno de Ortega “violó el derecho a la vida” y otra ristra de derechos elementales. Pero quizás la conclusión más espeluznante es el uso de francotiradores pro parte de la policía y los paramilitares, que realizan “ejecuciones extrajudiciales”.

En Masaya, León, Jinotepe y Managua y el resto de de ciudades insurreccionadas los ciudadanos han levantado barricadas de adoquines para protegerse de la incesante represión. El gobierno alega que “esos tranques” -cortes de tráfico- violan el derecho constitucional a la libre circulación. La vicepresidenta Murillo ha tildado a los manifestantes de la protesta azul y blanco de “vándalos, delincuentes, minúsculos, vampiros, almas mezquinas, golpistas, desestabilizadores, derechistas, terroristas”, entre otros epítetos.

En medio de la negación de la represión y la descalificación oficial de la protesta, el gobierno de Ortega-Murillo se vio forzado a aceptar un diálogo nacional con la mediación de los obispos de la Iglesia católica, la única institución con credibilidad y la moral intacta en el país. El gobierno del monólogo, el que solo conversaba temas económicos con los empresarios, por primera vez tuvo que escuchar frente a frente a los ciudadanos. En la inauguración del plenario del diálogo nacional lo que más se escuchó fue la voz rimbombante del universitario Lesther Alemán. “Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado”, le dijo el joven de 20 años a Ortega, quien como Murillo, mantuvo el rostro pétreo.

Tras el torpedeo del gobierno al diálogo nacional, los obispos mediadores han emplazado a Ortega a anticipar las elecciones generales para el primer trimestre de 2019, com parte de una ruta de democratización del país. Si no contesta, el diálogo no puede continuar. La contraparte del diálogo es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a universitarios, empresarios y la sociedad civil.

Ellos tienen las mismas exigencias que los religiosos. Pero el régimen lo ha evadido varias veces. Muchos en Nicaragua afirman que Ortega “gana tiempo”, aunque la presión nacional e internacional cada vez es más fuerte. El enemigo de toda la vida del comandante sandinista, el “imperio”, Estados Unidos, ha solicitado adelantar los comicios y el cese de la represión.

Fuentes diplomáticas aseguran que Ortega “arregló con Estados Unidos” anticipar elecciones pero sin dejar el poder, contra la exigencia popular de detener la represión de los grupos armados (regulares e irregulares), investigar los crímenes y hacer justicia, adelantar los comicios… Pero, sobre todo, que Ortega y Murillo abandonen el poder que han administrado sin límites para que Nicaragua, otra vez, pueda liberarse de un régimen autoritario tan maníaco del poder, que ha recurrido incluso a la muerte de bebés para conservarlo. ¿Cuánto falta para que Ortega deje el poder? A ciencia cierta nadie lo sabe. Por ahora, la bala y la presión popular miden fuerzas. La Nicaragua “tan violentamente dulce” de Cortázar sigue en las trincheras.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 57, JULIO DE 2018

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