Pedro Sánchez y su seguidismo de Wert

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Foto / Pablo Lorenzana.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Foto / Pablo Lorenzana.

Beatriz Quirós Madariaga / Secretariado de SUATEA-STEs Intersindical y miembro del Consejo Escolar del Estado.

El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado ante los medios de comunicación su interés por  alcanzar un Pacto por la «estabilidad, equidad y excelencia del sistema educativo»,  tras la firma del  reciente acuerdo con el PP para  la modificación de la legislación  penal en nuestro país. No vamos aquí a señalar lo inoportuno para el PSOE de dar un espaldarazo a las medidas acordadas con el PP y que los propios miembros progresistas de la magistratura consideran aberrantes, pero sí sería conveniente repasar la triste historia reciente de los llamamientos a alcanzar pactos educativos en nuestro país.

No vamos a remontarnos a la época de la aprobación de la LODE (1985), ley en la que el propio PSOE puso en marcha el sistema de conciertos educativos, base de la privatización de nuestro sistema educativo. Este sistema que contempla cómo buena parte de  los recursos públicos se destinan a financiar empresas privadas va extendiéndose como una mancha de aceite sobre todo el país y sobremanera en algunas comunidades como la vasca o como la de Madrid. En esta última, el crecimiento porcentual de las enseñanzas privadas pagadas con los impuestos de todos se ha convertido en un laboratorio para la aplicación de las políticas de desmantelamiento de la enseñanza pública. A la cesión de suelo público para construir centros que ya nacen con el concierto educativo, se suma una política fiscal que desgrava los gastos en centros privados mientras la enseñanza pública cada vez tiene menos profesorado y menos recursos para enfrentarse a la creciente desigualdad.

Pero no vayamos tan lejos. Hablemos del actual marco legislativo compuesto por la LOE (2006) y la LOMCE (2013), dado que la segunda supone una enmienda de la primera. La LOE, aprobada por el PSOE, volvía a ahondar en los males contenidos en la legislación anterior, pero con una agravante. La tramitación de la LOE, contra la que la Confederación de STEs y SUATEA convocamos huelga en su momento, supuso incluso un empeoramiento del texto inicial. Las concesiones a las exigencias de la patronal, la Iglesia Católica y el PP se produjeron a lo largo de esa tramitación: en el texto de la LOE queda ahora claro que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, reforzando así la mercantilización de la educación, la introducción de criterios empresariales en la gestión de la escuela y el mantenimiento de los privilegios de la Patronal y la Iglesia Católica. Un papel especialmente patético durante el trámite de la LOE fue el de IU y ERC, que votaron finalmente a favor de dicha ley. Pero el PP quería más. No le basaba con la consolidación de los conciertos educativos y la creciente privatización de la enseñanza.

Con la LOE ya en vigor, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, intentó desesperadamente, con su propuesta de pacto por la Educación, proponer medidas que se acercaban cada vez más a las demandas del PP. La propia María Dolores Cospedal se encargó en su momento de zanjar los nueve meses de negociaciones. A pesar de las concesiones a las que estaba dispuesto el PSOE esto no era suficiente para el PP. Había que ir más allá.

Y eso ha sido la LOMCE: la profundización de las líneas trazadas ya en toda la legislación anterior. La prueba es que el PP y su denostado ministro Wert  impulsaron con carácter de urgencia la LOMCE pero sin derogar la LOE. Esta servía y sirve perfectamente como marco en el que desarrollar las nefastas políticas cuya pretensión es cada vez más evidente. Crear una escuela con dos velocidades, una escuela para excluir a la mayoría de una educación de calidad. Para ello las medidas que han ido acompañándola están teniendo un efecto demoledor entre nuestra infancia y juventud. El despido de miles de docentes, la desaparición de la atención a la diversidad y de cualquier plan que pretenda acabar con la desigualdad creciente, la instauración de un sistema antidemocrátrico en los centros educativos, el recorte generalizado de plantillas, el cierre de centros educativos mientras se destinan ingentes recursos a la creación de centros privados concertados gracias a los fondos que se detraen de lo que debería ser destinado a la red pública…

Además sabemos que en los compromisos alcanzados por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ante Europa y publicados en julio de 2014 se garantiza, para alcanzar el pacto de estabilidad y reducir el déficit público, la reducción del porcentaje del PIB destinado a educación hasta llegar a un 3’9% en 2017. Esto se logrará, como explicaba el propio Gobierno central, reduciendo el número de docentes, aumentando la carga horaria y el alumnado que atender para cada profesora o profesor, bajando los complementos salariales, aumentando la edad de jubilación, reduciendo becas y programas de atención a la diversidad…

El panorama sombrío que hoy presenta  la educación pública se verá agravado en un futuro cercano si no logramos cambiar radicalmente el rumbo de las políticas educativas y dejamos de someternos al dictado de la Troika y sus sirvientes en nuestro país.

Y Pedro Sánchez lo sabe. En este contexto, y tras el compromiso explícito de todas las fuerzas de la oposición de derogar la LOMCE, ¿cómo se puede interpretar que vuelva a aparecer el fantasma del pacto educativo con el PP esta vez de la mano del secretario general del PSOE? ¿Hacia dónde viaja el PSOE y su secretario general? ¿Qué puede esperar la comunidad educativa de un partido cuya política educativa consiste en hacer seguidismo del propio ministro Wert?

El único pacto posible para salvar la enseñanza pública y por el que el PSOE debería trabajar para dar cumplimiento a lo que aprobó el Pleno del Consejo Escolar del Estado en su última reunión es un Pacto por la Escuela Pública y Laica, la escuela de todos y todas.

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