Profesiones de lujo

Los ingresos de los notarios son sustanciosos, los de los registradores astronómicos. 

Ilustración de Alberto Cimadevilla

Bernardo Solís/Periodista. La profesión ideal, según un dicho popular, sería la que tuviera el trabajo de un cura, las vacaciones de un profesor y el sueldo de un político. Está claro que en el actual mercado de trabajo no existe ningún empleo que reúna esas tres condiciones, pero sí hay otros que tienen un innegable estatus de privilegio, por sus ingresos económicos, su peculiar regulación profesional o ambas cosas.  Aunque hay más (controladores aéreos, dentistas, pilotos de aviación, farmacéuticos…), dos ejemplos son bien representativos: registradores de la propiedad y mercantiles y notarios. Son pocos y privilegiados, por más que algunos digan que notan la crisis. Comparten otro rasgo: tienen pocas ganas de llamar la atención. Todas las personas consultadas para este reportaje han exigido el anonimato.

Registradores: funcionarios sin Estado

Se acaba de saltar un semáforo en rojo y el agente de la autoridad le impone una multa de 200 euros. ¿Se imagina que, acto seguido, el agente se guardara ese dinero en su bolsillo y no le diera ni un céntimo al Estado? Imposible, pensará usted. Es un funcionario público, con un sueldo, y la tasa -la multa en este caso- pertenece al Estado. Así es. Pero si usted acude a un registro a pagar la inscripción de propiedad de su piso, uno de los 1.100 registradores de España se embolsará íntegramente el arancel.

Fuentes profesionales consultadas afirman que de lo que “los ciudadanos pagan en los registros de la Propiedad y Mercantil, el Estado español no se lleva nada. De los ingresos del Registro, su titular, después de pagar los gastos corrientes, se queda con el 60% del dinero ingresado en la oficina y el 40% restante se reparte entre los empleados, que también van a porcentaje”. En España, un registrador cobra como media algo más de dos millones de euros anuales, una cantidad que superan ampliamente muchos de estos selectos profesionales.

Entrevista Javier Martín, notario. “El sobrecoste de los registradores es de 1.000 millones de euros anuales” Atlántica XXII nº8 mayo 2010

La situación es especialmente llamativa en España, donde el ciudadano no tiene libertad para elegir registrador. En nuestro país rige el principio de territorialidad en los registros, de tal modo que, por ejemplo, si una persona compra un piso en Sevilla, puede escriturar la compraventa del piso en cualquier notaría de España, pero deberá anotar la propiedad en el Registro de la capital andaluza.

No obstante, otras fuentes subrayan que ahí reside la garantía del sometimiento de todos, particulares y empresas, a la legalidad, evitando que se cometan más irregularidades de las que ya hay, por ejemplo, en urbanismo. Una gran empresa constructora, si ve que un notario pone reparos a la construcción de una gran urbanización junto a la costa, puede acudir a cualquier otro notario de España que aplique la legalidad de forma más laxa. Pero, a la hora de inscribir la operación, tendrá que acudir obligatoriamente al registrador del partido judicial donde vaya a construir las viviendas. No tiene elección: habrá de pasar por el control de legalidad del registrador de turno. La territorialidad es, en teoría, garantía de la imparcialidad del registrador. El poder del registrador en su jurisdicción es inmenso.

Y parece que, por si fuera poco, los registradores son unos de los escasos beneficiados de la actual crisis económica: “En España es obligatoria la inscripción registral de los embargos, las ejecuciones de hipotecas, los concursos de acreedores, las ampliaciones y reducciones de capital y la disolución de las empresas mercantiles. Es mucho dinero que debería recaer en los ciudadanos a través del Estado, como sucede con los impuestos, pero los registradores se lo llevan todo”.

Paradójicamente hay otros registros públicos, como el Registro Civil, en los que los funcionarios encargados cobran un sueldo fijo del Estado. ¿Podría imponerse esta norma a todos los registros? Las fuentes consultadas lo ven poco menos que imposible. Izquierda Unida consiguió que se aprobara una proposición no de ley  que pretendía equiparar a los registradores de la propiedad y mercantiles con otros funcionarios públicos de altos cuerpos del Estado. La proposición fue aprobada, pero ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a dotarla de eficacia legislativa.

Si el PSOE no ha mostrado interés en la medida, menos va a hacerlo el PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad en excedencia, con plaza en el municipio alicantino de Santa Pola. En su etapa como vicepresidente primero del Gobierno, Rajoy modificó el Reglamento Hipotecario, otorgando un mayor poder a los registradores y creando el Registro Central de la Propiedad, dependiente no del Ministerio de Justicia, sino de una entidad privada como es el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al que se le ha asignado la custodia de los datos registrales de todos los españoles. Una medida no exenta de críticas hacia su «dudosa constitucionalidad» y el aumento del poder del ya poderoso colegio profesional, que cuenta con un presupuesto anual de unos 120 millones de euros.

Los notarios acusan la crisis

En España hay algo más de 3.000 notarios. Facturan por término medio cada uno dos millones de euros anuales. Sus ingresos medios se acercan a los 150.000 euros anuales. Buena parte de su trabajo está relacionado con los asuntos de Derecho de la Propiedad, por lo que la crisis, que en España ha tenido a la construcción como gran protagonista, ha incidido de forma muy notable en la caída del trabajo de las notarías. Tanto que algunas están viéndose obligadas a prescindir de parte de sus empleados. Un jurista consultado apunta: “Hay sitios donde había varios notarios y mucho trabajo. Ahora, con la crisis de la construcción, los asuntos no llegan para todos y no queda más remedio, para sobrevivir, que reducir plantilla. Y la cosa no tiene visos de mejorar a corto plazo”.

Los notarios cobran por arancel, al igual que los registradores de la propiedad y mercantil. Pero, a diferencia de ellos, lo hacen en su doble condición de funcionarios públicos y profesionales liberales. Esta dicotomía se explica porque, como fedatarios públicos, el Estado debe garantizar su cualificación profesional. Por ello, para acceder a la condición de notario, los aspirantes deben ser licenciados en Derecho y superar una dura oposición. Pero, una vez superada, el trabajo de los notarios se desarrolla en el ámbito del derecho privado. Dan fe pública, pero a la vez están comprometidos con el secreto profesional porque operan en ámbitos donde la intimidad de la persona tiene una importancia crucial, como el testamento. Ahí el Estado no puede ni quiere entrar.

Respecto a la compraventa de casas y fincas, la intervención del notario y del registrador otorga a los ciudadanos una garantía esencial: la de que tanto el vendedor como el comprador son propietarios del inmueble. Por increíble que parezca, esto no es así en todo el mundo. En países ultraliberales, como Estados Unidos, no hay ni escrituras públicas ni registros. “La ley estadounidense no te garantiza que quien te venda la casa sea su propietario. En vez de una escritura, el comprador tiene que suscribir un carísimo seguro privado con el banco para que, en caso de fraude, el seguro le reembolse lo que se ha gastado. Cuando en alguna ocasión se ha planteado la creación de un sistema de escritura y registro público, los grandes lobbies económicos americanos han impedido que prosperara, perderían un inmenso negocio”, apunta el notario consultado. Un sistema que -por ahora- no ha llegado a Europa, a no ser que vuelvan a soplar con fuerza los partidarios de la libre y total autorregulación del mercado.


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