Puertos: imputada la ex jefa pero no sus superiores

Dragado del puerto de San Esteban. Foto / Vicente Díaz Peñas.

Dragado del puerto de San Esteban. Foto / Vicente Díaz Peñas.

La ex jefa de Puertos, Carmen López Tirados, otro funcionario de la Consejería de Fomento y un empresario han sido imputados por el Juzgado de Luarca por el desvío de partidas presupuestarias en las obras de tres puertos asturianos. La decisión sobre los supuestos delitos que se les imputan no fue suya, aunque la ejecutaron, pero sus superiores no afrontan responsabilidad judicial alguna. Por Elena Plaza / Periodista.

La investigación judicial se inició tras una denuncia a la Fiscalía de la propia Consejería de Fomento, a raíz de de una interpelación parlamentaria del PP en la Junta General. También supuso en enero de 2013 el cese de la jefa de Puertos, Carmen López Tirados.

Como ya informó ATLÁNTICA XXII (número 27, julio de 2013), lo que desveló el PP fue que en una obra en Puerto de Vega en 2008 apenas se ejecutó el presupuesto de 156.400 euros, que fue desviado a otros puertos. Las certificaciones pagadas y no ejecutadas fueron compensadas con dos obras realizadas en Viavélez y San Esteban, ajustando un desfase de 92.472,09 euros. La empresa ejecutora era la gallega Dragados y Obras del Noroeste SL, que en realidad solo ejecutó la de Viavélez, mientras que la de San Esteban corrió a cargo de Culmar, que compartía dueños y sede con la anterior.

La Fiscalía observa en el caso de los puertos “hechos con posible tipicidad penal”. El asunto pasó al Juzgado de Luarca, que imputó a Carmen López Tirados (que ahora desarrolla otras labores dentro de la Consejería), al también funcionario de Fomento Eugenio Moreno Martorell (ahora en situación de jubilación) y a Antonio Regueiro López, gerente de Dragados y Obras del Noroeste, una modesta empresa gallega que trabajaba mucho para el Principado en los puertos asturianos y que acabó quebrando. Los tres afrontan cargos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. La Fiscalía alerta de otros posibles responsables, que pudiesen ser imputados “en el curso de las investigaciones”.

La denuncia está en trámite de instrucción en el Juzgado de Luarca y el juez Julio Martínez Zahonero ya ha tomado declaración a los dos funcionarios imputados, a falta de que lo haga Antonio Regueiro. El Principado, personado en la causa, ha declarado que “no hay perjuicio” para la Administración, como se ha determinado en un informe realizado en el que se comprueban las mediciones de las obras ejecutadas y los pagos realizados. Estas compensaciones irregulares y actuaciones similares eran hasta el Caso Marea una práctica habitual en toda la Administración autonómica.

Decidía Julián Bonet

Julián Bonet cuando era director general del Principado. Foto / Mario Rojas.

Julián Bonet cuando era director general del Principado. Foto / Mario Rojas.

López Tirados reconoce en su declaración ante la Fiscalía que la obra de Puerto de Vega fue parada por la mala climatología, que se realizó un estudio en el que se comprobaba que “el dragado de los bajos rocosos podría, en situación de temporal, facilitar la entrada de mayor agitación al puerto” y se decidió finalmente no continuar con las obras. De los 113.472,09 euros certificados, realmente se gastaron 21.000 en concepto de perforaciones.

“Por agilidad administrativa se compensa la diferencia de metros cúbicos certificados con otras obras de dragado realizadas por el mismo contratista, en las que se certifica una cuantía inferior a la realmente ejecutada, siendo la suma de las cantidades restadas en ambas obras la certificada en excesos en la obra de referencia”. En su declaración en el expediente disciplinario, la ex jefa de Servicio afirma que las certificaciones “se hicieron a buena cuenta para no perder la anualidad, ya que por indicación del director general (de Carreteras, Transporte y Asuntos Marítimos, Julián Bonet, hoy jubilado) se dijo que había que agotarlas”. Esta revista contactó con Bonet, que rehusó hacer declaraciones. “Estoy jubilado y no tengo nada que decir”, se limitó a comentar. Bonet ostentó diferentes cargos con Administraciones gobernadas por el PSOE desde los años ochenta.

López Tirados reconoce su firma en el acta de recepción de la obra y aclara requerida por la Justicia que “a la vista de la petición de la Cofradía y de la confirmación del estudio para no continuar con la obra, lo comenté con mi director general y, dado que se había adelantado un dinero a cuenta, las indicaciones que recibí para que la Administración no perdiera ese dinero eran compensar con otras obras de dragado realizadas por este contratista”. Aunque la obra de San Esteban, realizada por otra empresa del grupo, Culmar, resultó adjudicada doce meses después que la de Puerto de Vega.

Obras en el puerto de Puerto de Vega.

Obras en el puerto de Puerto de Vega.

Chapuza administrativa

Quienes conocen a Carmen López Tirados en la Consejería destacan que es “la persona más trabajadora y diligente”. En cuanto a la potestad con la que actuaron ella y Moreno Martorell para este sistema de compensaciones, fuentes cercanas a los imputados afirman que “un jefe de servicio no hace nada sin instrucciones. No tiene ese poder. Primero hay que saber qué potestad tiene, y es ninguna. Lo único de lo que es culpable es de haber firmado, pero también tiene que saberse a qué presiones está sometida, como la llegada del fin del año… Ella es la que curraba, pero no la que mandaba”. Al mismo tiempo afirman que “está mal visto entre los compañeros que se metan con ella por esto, cuando las responsabilidades vienen de arriba”. López Tirados se vio envuelta en la polémica durante los Gobiernos del socialista Vicente Álvarez Areces por adjudicar obras millonarias a Contratas Iglesias, empresa en la que su marido era apoderado (ver ATLÁNTICA XXII número 13, marzo de 2011).

En este mismo punto coinciden fuentes de la investigación. “Un jefe de servicio es un puesto de confianza, y si se niega a someterse a las indicaciones de su superior sabe que pierde el cargo. Creo que estamos ante una chapuza administrativa, que es una práctica habitual dentro de la Administración, que se hacía en todas partes. Lo que pasa es que ningún director general da la orden por escrito. Es muy difícil dar con los responsables porque de esto nadie deja pruebas”. De hecho la funcionaria refiere en su declaración que ni siquiera había recibido instrucciones concretas para este caso, aunque las presiones podrían venir del director general o incluso del entonces consejero, Francisco González Buendía. Del mismo modo estas fuentes comentan que es posible que este caso “quede en nada”, teniendo en cuenta también el “pequeño” montante económico que supone para la Administración.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 29, NOVIEMBRE DE 2013

Deja un comentario