Represalias a los agentes de la Policía de Langreo tras un artículo de ATLÁNTICA XXII

Policías locales protestan por los sobresueldos y los privilegios en el Cuerpo durante un pleno en el Ayuntamiento de Langreo. Foto / Fernando Geijo.

Policías locales protestan por los sobresueldos y los privilegios en el Cuerpo durante un pleno en el Ayuntamiento de Langreo. Foto / Fernando Geijo.

Patricia del Gallo / Periodista. Un día después de que, en el último número, ATLÁNTICA XXII publicara un artículo sobre los sobresueldos y corruptelas en el seno de la Policía Local de Langreo, uno de los agentes que denunció públicamente estos hechos, Pablo Fernández, tuvo que acudir a la Policía Nacional para denunciar ataques contra su vehículo personal. Primero le pincharon las ruedas, luego le rayaron la carrocería del coche y de una patada le reventaron el radiador. Se trata de uno de los agentes que se afilió hace unos meses al sindicato USIPA, precisamente para tener cierto respaldo a la hora de hacer públicos los supuestos “privilegios” entre varios policías locales.

El ambiente y la presión entre los funcionarios del Ayuntamiento, que también han denunciado los sobresueldos y nombramientos irregulares, ya era malo, asegura este agente, pero desde la aparición del artículo de esta revista “es mucho peor”. Tanto que él ha pedido amparo al Concejal de personal, que lo es también de la Policía Local, para poder dejar su coche en una zona reservada donde hay instaladas cámaras de seguridad. Asegura que no tiene miedo, pero reconoce que hay un amplio colectivo de trabajadores del Consistorio que se sienten impotentes, ya que “ahora los responsables políticos no pueden decir que no sabían lo que pasaba” y sin embargo siguen sin hacer nada. “Hay una total impunidad y vacío de poder”, asegura. El máximo responsable policial, sobre el que pesan las denuncias de supuestos nombramientos a dedo, lleva varias semanas de baja.

Siguen llegando anónimos y presiones de todo tipo. ATLÁNTICA XXII ya señala en su artículo de este número que hace varias semanas, en un control a la entrada de Sama, los agentes pusieron siete multas, cinco de ellas a funcionarios que, según ellos, no habían cometido ninguna irregularidad. El comisario negó que se efectuaran como represalia.

 

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