Solo unanimidad para cobrar los fondos reservados

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

Ilustración / Alberto Cimadevilla.

Pablo Batalla y Xuan Cándano / Periodistas.

Los partidos políticos se han convertido hace tiempo en grandes empresas –de colocación laboral de los afines, según los más críticos con su funcionamiento– pero no solo no compiten en el mercado sino que tienen todo tipo de privilegios y ayudas económicas por parte de las Administraciones. Su financiación está asegurada por el Estado, pero además manejan una especie de fondos reservados millonarios, de los que no dan cuenta alguna hasta ahora y que en Asturias cobran de la Junta General del Principado y de los principales Ayuntamientos.

La normativa que regula este polémico asunto, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), promulgada en 1985, contempla cinco vías de financiación privada (cuotas, donaciones, herencias, etcétera) y otras tantas de financiación pública para los partidos políticos. Las vías de financiación pública son las siguientes: «subvenciones públicas para los gastos electorales», «subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento», «subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente», «subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan establecerse en la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum» y «aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los grupos parlamentarios de las cámaras de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los territorios históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones locales».

Es de este último apartado, conocido por «asignaciones», de donde surgen esos fondos reservados. O sea, que los partidos disfrutan del gratis total y todos sus gastos, incluyendo los de los cargos públicos y las contrataciones laborales en las instituciones, los paga el Estado. Pero, además, se endosan un dineral que sale de Parlamentos y Ayuntamientos sin control alguno, y que en lugares como en Asturias va aumentando progresivamente.

Desde 2009, cuando comenzó la presente crisis económica, el presupuesto total de la Junta General del Principado de Asturias ha ido menguando. Los 15.860.900 euros de aquel año son dos millones de euros más que los 13.841.000 que el Parlamento astur aprobó en 2013 y prorrogó en 2014. Casi todas las partidas concretas que conforman el presupuesto se han reducido del mismo modo en el último lustro; hay una que, sin embargo, no solo no ha sufrido ese apretón de cinturón sino que ha aumentado sensiblemente: la asignación económica que los grupos parlamentarios de la Junta reciben para su sostenimiento. La partida correspondiente fue de 2.500.000 euros en 2009; en este 2015 es de 2.766.960.

Sin cambios con los emergentes

La nueva política que se vislumbraba con la llegada de nuevos partidos que claman por la regeneración y condenan este tipo de prácticas no solo no ha tocado un euro de ese “fondo de reptiles”, sino que en algunos casos las partidas se han incrementado con el argumento que hay dos más a cobrar, Podemos y Ciudadanos, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Oviedo. Aunque es cierto que la formación de Emilio León planteó en solitario una sensible reducción en la Junta General del Principado del 50%, no lo es menos que este engorroso asunto para los políticos se cerró con su resignada aquiescencia, por lo que podría decirse que en realidad en el Parlamento autonómico de momento solo parece haber unanimidad para lo que en la calle se llamaría «seguir pillando», o sea, continuar garantizando unas percepciones que solo sirven para alimentar los aparatos de los partidos.

El reparto de dicha partida entre los seis grupos que desde este año conforman la Cámara se hace del siguiente modo: 19.680 euros de módulo fijo mensual por grupo más 2.500 euros por diputado. Así, el PSOE, que posee el grupo más numeroso con 14 diputados, recibe 54.680 euros mensuales, mientras que los grupos de Ciudadanos y Foro, cada uno de los cuales posee tres diputados, ingresan en sus arcas 27.180. El Partido Popular obtendrá este año por esta vía 47.180 euros mensuales, Podemos 42.180 e Izquierda Unida 32.180.

Dejando en papel mojado promesas y leyes de transparencia, la opacidad y el oscurantismo sobre el destino de este dinero es total hasta ahora, aunque Podemos promete publicarlo todo en su web. Telefonear a jefes de prensa y portavoces de los diferentes partidos para preguntarles por este asunto es toparse con toda una panoplia de creativas excusas y regates, cuando no con una manifiesta antipatía. La jefa de prensa del PSOE aduce que se encuentra de vacaciones para no proporcionar la información, mientras que el diputado socialista Fernando Lastra ni siquiera responde a llamadas y mensajes. La jefa de prensa de Ciudadanos explica por su parte que «se está configurando todavía el grupo y la persona responsable de estos temas no se encuentra estos días». Manuel González Orviz, coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, que cobraba como asesor en la Junta General en la pasada legislatura, se remite a la página web de la coalición, donde hay una sección de «Cuentes», pero en ella solo se encuentra un críptico «Balance de situación» que corresponde a los años 2011 y 2012, abarca todo el patrimonio de la formación y no incluye qué parte proviene de la asignación que recibe el grupo parlamentario.

La Junta de Portavoces de la Junta General, con representación de todos los partidos, donde se aprobaron las asignaciones de todos los grupos. Foto / Pablo Lorenzana.

La Junta de Portavoces de la Junta General, con representación de todos los partidos, donde se aprobaron las asignaciones de todos los grupos. Foto / Pablo Lorenzana.

El jefe de prensa de Foro es más huraño que el resto, pero hay que decir que más sincero: a la petición de esta revista de arrojar luz sobre cómo se gasta la formación casquista el dinero de su asignación, responde que es un asunto interno del partido que no se comparte con los medios de comunicación. En el otro extremo de la cordialidad con la prensa se encuentra el Partido Popular. Su grupo es el que más amablemente responde a la llamada de ATLÁNTICA XXII, pero la respuesta de su jefa de prensa tampoco aclara nada. Los populares reconocen que «el dinero, antes y ahora, se destina a gastos propios de la actividad política y de funcionamiento, tanto del grupo como del partido», pero rehúsa entrar en más detalles argumentando que «quien maneja esos datos se va de vacaciones en breve» y que, en todo caso, «es un trabajo de chinos ponerse ahora a calcular por ejemplo cuánto gasto se hizo en fotocopias en cinco años». En cambio la jefa de prensa popular explica abiertamente a ATLÁNTICA XXII, por propia iniciativa, que «el PP es el único partido que ha renunciado a gastos de desplazamiento», que «lo hizo en la pasada legislatura y lo vuelve a hacer en esta» y que «en los cuatro años de la legislatura el PP renunciará a los 100.800 euros que sus diputados tendrían derecho a recibir por dicho concepto».

Lo que no comenta en cambio fuente alguna del PP es el cobro de sobresueldos en el grupo parlamentario de la Junta General provenientes de las asignaciones económicas, tras su ingreso en las arcas del partido, un viaje de ida y vuelta que detalló ATLÁNTICA XXII en sus números 29 y 30 (noviembre de 2013 y enero de 2014). El sistema lo puso en marcha Ovidio Sánchez y no cesó con su sucesora Mercedes Fernández. Esta revista publicó que el sobresueldo de Sánchez era de 6.000 euros y el de Fernández similar, registrándose cobros inferiores provenientes de la misma partida por parte de otros diputados, como Fernando Goñi y Joaquín Aréstegui, ahora investigado en el Caso Pokémon. Con aquellas revelaciones de esta revista, nunca comentadas ni desmentidas en el PP, Manos Limpias puso una denuncia ante la Fiscalía, que fue archivada.

Las dudas en Podemos

La irrupción de los partidos emergentes con escaño en la Junta General no ha supuesto cambio alguno en relación al reparto de este «botín» de dinero público en todo el arco parlamentario. Ciudadanos lo ha aceptado sin crítica alguna mientras que la posición de Podemos es más compleja. En el partido morado hubo críticas a estas partidas pero, tras ser rechazada la rebaja que propuso, los de Emilio León aceptaron sin mayores problemas su asignación mensual de 42.180 euros, aunque reconocen un enconado debate interno aún inconcluso en el Consejo Ciudadano.

Una representación del grupo parlamentario se reunió con el interventor de la Junta General a finales de julio, como se comenta en el reportaje anterior, y éste les explicó lo que el secretario general de Podemos y diputado autonómico Dani Ripa denomina «mecanismo perverso». O sea, el dinero de las asignaciones solo se puede gastar en la Junta, pero si se «dona» al partido éste puede hacer con él lo que le de la real gana. Ripa reconoce que no hay control alguno sobre ese dinero, por lo que Podemos promete lo que llama «trazabilidad», o sea, hacer público cada euro que gasta de esas partidas, como ocurre con el resto.

Pero aún así Podemos no rechaza las asignaciones por cuestiones prácticas y piensa darles un destino limpio y social, alejado de la financiación del partido, según Ripa. «Si devolvemos ese dinero se lo quedarán el PSOE y el PP. Los 20.000 euros en sueldos que nos negamos a cobrar porque nos pagaban sin haber empezado a trabajar en la Junta los metieron en otras partidas. Mejor que devolverlo es destinarlo a iniciativas ciudadanas». Entre esas iniciativas están los medios de comunicación propios que Podemos Asturias está proyectando.

La división en el partido por este tema es palpable, entre los más «puristas», que prefieren renunciar a las asignaciones, y los más pragmáticos, que suelen utilizar una comparación para justificar su posición contraria: «Es como si nosotros fuéramos en burro y los demás partidos en coches de alta gama».

Esa posición intermedia que parece que adoptará Podemos ya se está notando. Ripa dice que se han gastado aproximadamente entre un 5 y un 10% de los 126.540 euros que les corresponden por el primer trimestre de su actividad parlamentaria y que devolverán el resto.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 40, SEPTIEMBRE DE 2015

Deja un comentario