El triángulo del negocio de los cursos de formación

De izquierda a derecha, Javier Fernández Lanero (secretario de UGT), Antonio Pino (secretario de CCOO), Constantino Martínez (vicepresidente de FADE), Javier Fernández (presidente del Principado), Francisco Blanco (consejero de Industria) y Alberto González (secretario de FADE). Foto / Pablo Lorenzana.

Xuan Cándano / Periodista.

La patronal y los dos sindicatos mayoritarios no gozan en España de autonomía económica y su dependencia del Estado para sobrevivir es absoluta. No viven de las cuotas de sus afiliados sino de las subvenciones públicas y en especial de los cuantiosos fondos para la formación dispensados por las Administraciones, la autonómica, la central y la europea.

Este modelo, que en buena parte se está quebrando con la crisis y la pérdida de legitimidad y credibilidad de las instituciones que supuso, viene de la Transición, lo que sus críticos llaman el Régimen del 78. Al nuevo Estado democrático se le hizo pivotar en el ámbito laboral sobre las mismas bases que se aplicaron en el político. Si la ley electoral favoreció al bipartidismo, otras normas y medidas en el mundo del trabajo impulsaron el bisindicalismo de UGT y CCOO, organizaciones muy débiles a la muerte de Franco.

Para muchos los Pactos de la Moncloa de 1977 supusieron la domesticación de los sindicatos. Pero fuera o no inevitable aquel acuerdo con un Gobierno de UCD o el inicio de prácticas negociadoras que acabaron con otras asamblearias con mayor protagonismo de los trabajadores, lo cierto es que fue entonces cuando se comenzó a perfilar este sindicalismo de Estado que hace piña con la patronal para su propia subsistencia, formando un triángulo que garantiza la paz social.

La recuperación del patrimonio histórico sindical incautado durante el franquismo también fue un factor básico en la conformación de este statu quo político/sindical que pervive. El reparto que decidió el Gobierno socialista de Felipe González favoreció a UGT e ignoró a CNT, el otro sindicato histórico, con el que competía el socialista antes de la Guerra Civil. UGT, que recibió 144 inmuebles y 174,5 millones de euros, se convirtió desde entonces en una organización poderosa y con recursos. Y CNT, liquidada con tres inmuebles y 2,5 millones de euros, acabó en la marginalidad, aunque probablemente su destino hubiese sido el mismo con un reparto justo dados los cambios sociales habidos en España desde los años treinta y las divisiones en el sindicato anarquista que acabaron en una escisión: CGT.

La entrada en la Unión Europea en 1985 abrió un gran grifo de dinero para patronal y sindicatos, sobre todo por la vía de los cursos de formación. El paro sigue siendo la gran asignatura pendiente de la economía española e impide la confluencia con la comunitaria, pero los cursos para los desempleados, un gran fracaso en vista de los índices de reinserción, han sido una auténtica bicoca para patronal y sindicatos. Cientos de millones de euros han servido para financiar a sus organizaciones en los últimos años, gracias a un modelo que les garantizó hasta hace bien poco prácticamente el monopolio de la formación. Una actividad docente que muchos expertos piensan que se sustrae sin razón a la educación pública o a las empresas especializadas.

Un pastel para tres

Asturias, una Autonomía con gran tradición sindical, es un buen ejemplo de ello. La patronal FADE, UGT y CCOO se reparten el pastel de la formación desde hace décadas, especialmente desde el año 2000, cuando el Principado, que aporta el 20% del dinero frente al 80% de la UE, certificó un modelo que contenta a todas las partes. Entre estas tres organizaciones y organismos afines se llevan aproximadamente el 60% de los fondos, que entre 2007 y 2013 fueron más de 54.540.255 euros. En 2009, en el informe sobre este tema de la Sindicatura de Cuentas del Principado, de 11.620.000 euros FADE, UGT, CCOO, FUCOMI y Fundación Metal se llevaban concretamente el 58%. Hay que tener en cuenta que FUCOMI, creada para revitalizar la economía de las cuencas mineras, nació claramente vinculada al SOMA-UGT y la Fundación Metal a UGT, concretamente a su Federación del Metal, MCA. En la Fundación Metal toda la plantilla, que quedará este año en 26 trabajadores tras varios expedientes de regulación de empleo, se dedica a la enrevesada gestión burocrática de los cursos, mientras se contrata al profesorado. En el reparto aparecen otros sindicatos, como USO y COAG, pero con cantidades muy inferiores.

Durante muchos años y hasta hace relativamente poco tiempo, y especialmente durante los años dorados antes de la crisis del 2008, el control y la supervisión de los cursos era tremendamente laxa. No es que se pueda generalizar ni que no se pueda dar cuenta de muchos desarrollados de forma impecable, pero eran un secreto a voces cursos sin más pretensión que cobrar la subvención, a veces sin alumnos o con documentación falseada. Por poner un ejemplo de la patronal y de cada sindicato, sin remontarse muy atrás, diferentes testimonios recabados por esta revista para este reportaje aluden a un curso de una asociación integrada en FADE donde a los alumnos les coincidían los horarios en Oviedo y Jarrio, uno de una de las empresas creadas por UGT para subcontratar u obtener beneficios donde se trabajó con un ordenador y figuraban oficialmente más de una veintena o “justificaciones de pena, donde si era pan en la factura ponías leche”, según una persona que trabajó en FOREM, la Fundación para la Formación que tuvo CCOO.

Las reprogramaciones

También se consentían artimañas para aumentar las subvenciones, como las llamadas reprogramaciones. “Se cambiaban los cursos con una solicitud de reprogramación, la pasta se daba en mano y se puntuaban unos cursos, pero con la reprogramación se hacían otros para cobrar más”, asegura un funcionario que tiene conocimiento directo de lo que habla. Tan laxo es el control desde el Principado que ahora mismo en el área de formación del Servicio de Empleo del Principado (SEPEPA) no hay un solo funcionario de carrera destinado a estos asuntos.

Tampoco interesan las miradas indiscretas. El reparto del dinero de la formación está en manos de organismos y mesas donde las incompatibilidades son manifiestas, si no ante la ley, al menos ante las exigencias de la ética en la función pública.

En el consejo rector del SEPEPA, el organismo que supervisa y decide sobre los criterios y las condiciones para acceder a los cursos de formación, están representados FADE, UGT y CCOO. Paula Modroño, jefa de servicio del SEPEPA desde 2009 a 2016, excepto durante el gobierno de Foro, está casada con Daniel García Balbín, secretario de la Confederación Asturiana de la Construcción, beneficiaria de muchos y bien pagados cursos. La dependencia de la Fundación Metal y el Principado es orgánica. José Luis Álvarez compaginó la presidencia del SEPEPA y la de la Fundación Metal durante años.

Pero este sistema de funcionamiento está en crisis y está provocando el agotamiento de un modelo que convirtió a la patronal y los sindicatos en grandes empresas, con un aparato comparable al de los partidos políticos, mantenido con subvenciones públicas. El Gobierno Rajoy ya acabó con la preferencia legal de estas organizaciones para captar los cursos de formación. Y la corrupción que se está destapando, de momento en UGT, desde Andalucía hasta Asturias, ha hecho el resto. El Principado empezó a detectar irregularidades a partir de 2010. En varias ocasiones se solicitó el reintegro de subvenciones otorgadas. En su informe de 2009, la Sindicatura de Cuentas indicaba que no constaba que UGT devolviera el dinero de una de ellas, de 68.287 euros. La UCO, la unidad anticorrupción de la Guardia Civil que lleva más de dos años hurgando en el sindicato socialista, calcula que IFES, una de las empresas ugetistas montada para obtener beneficios de la formación, pasó facturas de alquiler de locales hinchadas en 464.980 euros.

Los mismos sindicatos han disuelto las empresas con las que gestionaban la formación, un verdadero conglomerado en el caso de UGT. La corrupción de este sindicato en Asturias ha sorprendido a los agentes de la UCO de la Guardia Civil, que comenzaron a investigar por toda España al sospechar que el modus operandi del sindicato socialista en Andalucía era idéntico en toda España. Pero donde más “pastel” encontraron fue en Asturias, donde se sorprendieron con el entramado institucional que envuelve las actividades del sindicato, un triángulo con otros vértices en el PSOE y en el Principado, con “puertas giratorias” continúas entre los tres para muchos cargos públicos desde hace décadas. Y el pastel de la formación no es el único que huele.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 49, MARZO DE 2017

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