Villa no fue detenido por su estado de salud

Los coches policiales estuvieron entrando y saliendo todo el día del cuartel de la Guardia Civil en Oviedo. Foto / Imanol Rimada.

La ‘Operación Hulla’, iniciada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, se salda por el momento con 50 investigados, con José Ángel Fernández Villa a la cabeza, en un amplio operativo policial que incluyó el registro durante cinco horas de la residencia familiar del exlíder minero en Oviedo y otros simultáneos en Lena, Murcia, Madrid y Valladolid, así como la detención de cuatro de sus colaboradores. Fernández Villa, exsecretario general del SOMA-UGT, fue el único que no fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil, debido a su delicado estado de salud, aunque sí está citado a declarar como investigado ante la titular del Juzgado Nº 3 de Oviedo, Begoña Fernández, que dirige la investigación.

Durante el registro en su domicilio estuvo acompañado por su abogada, Ana García Boto, que reprochó a los periodistas que la esperaban hacer juicios paralelos y servirse de las informaciones filtradas. “Todo lo que habéis hecho es jodernos”. Boto pidió que a los periodistas que acudiesen “a las fuentes que os están informando” e insistió en que “las actuaciones son secretas y cualquier persona que diga algo de este asunto comete un delito”. Finalmente, la letrada aseguró sentirse “indignada” por lo que consideró un “acoso”. “¡Guau, guau, guau!”, llegó a espetar a los periodistas.

Entre otras líneas de investigación figura si la obra del geriátrico de Felechosa (Aller) se troceó en varios contratos menores para que fueran ejecutados por subcontratas, que debían pagar comisiones que supuestamente se repartían los principales sospechosos. Según fuentes próximas a la investigación, los arrestados son el expresidente del Montepío y antiguo hombre fuerte del SOMA José Antonio Postigo; el exasesor fiscal de la entidad mutualista, José Manuel Fernández; el constructor de la residencia geriátrica de Felechosa (Aller), Juan Antonio Fernández, y el arquitecto de la obra, Manuel Sastre Fernández.

Los agentes de la UCO accedieron a los domicilios particulares de Villa en Oviedo y de Postigo en Torre Pacheco (Murcia), donde reside en la actualidad, además de en su chalé de Mayorga de Campos (Valladolid), ubicado junto al del constructor del geriátrico de Felechosa, Juan Antonio Fernández, en una urbanización donde apenas hay más vecinos y que fue lo que despertó las sospechas, confirmadas en primicia por ATLÁNTICA XXII en 2012: http://www.atlanticaxxii.com/atlantica-xxii-adelanto-origen-la-fortuna-villa/

La investigación, que se mantiene bajo secreto de sumario, también afecta a familiares directos de José Ángel Fernández Villa y de José Antonio Postigo. La mujer del exsindicalista y sus hijos, Ángela y Rolando Fernández, tuvieron que comparecer ayer en las dependencias de la Guardia Civil. Rolando Fernández fue, durante la época que se investiga, gerente del macrogeriátrico y contaba con un contrato blindado por el que tenía asegurada una indemnización de 80.000 euros en caso de despido. También la hija de Postigo, Patricia, disfrutó de un contrato con el Montepío como empleada del área de Administración.

La otra hija de Postigo, Elena, no trabajaba para el Montepío, pero sí para la empresa Alcedo de los Caballeros, de Juan Antonio Fernández, cuyo principal encargo fue, precisamente, la construcción del macrogeriátrico. A esta lista de familiares que podrían estar implicados en la ‘Operación Hulla’ se suman Carlos Vertedor Postigo, primo de Postigo, director del hotel que la mutua tiene en Roquetas de Mar, y Dorina Bischer, pareja de Postigo y exdirectora del complejo vacacional de Los Alcázares, en Murcia.

Se espera que Villa declare en las próximas horas. Ya lo tuvo que hacer el pasado mes de marzo, después de tratar de evitarlo durante meses. El líder minero tuvo que personarse en otro juzgado, el número 2, acusado por el SOMA de apropiarse de forma indebida de unos 420.000 euros del que fuera su sindicato durante más de tres décadas.

A los investigados se les achacan presuntos delitos de blanqueo de capitales, vinculado a delitos de Falsedad en documento oficial y falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario de apropiación indebida y delito contra la hacienda pública. También se plantean posibles delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

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