¡Volvamos al origen!

Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT-Asturias, entrando en la sede del sindicato tras ser detenido, acompañado de su abogado, Francisco Alonso. Foto / Imanol Rimada.

Mario José Diego Rodríguez / Sindicalista jubilado.

Si en otros países europeos el paso que separa a las organizaciones sindicales fundadas por una clase obrera combativa de los sindicatos actuales, completamente integrados y transformados en un mecanismo más del aparato del Estado, llevó décadas en darse, en nuestro país bastó únicamente con un poco más de una.

Es en el periodo marcado por la llamada Concertación Social (80-95), cuando se firmó el Acuerdo Nacional sobre Formación Profesional entre Gobierno, UGT, CCOO y la patronal, revisado cada cuatro años hasta 2003, cuando, por decreto, pasó a ser permanente.

La tercera semana de enero de 2017 quedará en la memoria de todos los militantes sindicalistas honestos y sinceros, sea cual sea el sindicato en el que estén afiliados, como aquella en la que nos hiela el frío siberiano que se abatió sobre nosotros, pero también en la que estalló de forma contundente, en Asturias, el fraude relacionado con los cursos de formación y del cual, supuestamente, es partícipe la cúpula de UGT.

Si digo que la cúpula de la UGT es supuestamente responsable, a pesar de los muchos indicios que hacen sospechar a la Justicia, y desde hace mucho tiempo, de utilización de las subvenciones destinadas a los cursos de formación a otros efectos, no es únicamente por respeto a la presunción de inocencia, que también. Lo digo asimismo porque en estos últimos tiempos miembros de la cúpula sindical están demandando judicialmente sin razón a todo aquel que no tenga la misma concepción del sindicalismo que ellos y sí tenga en cambio la “desfachatez” de criticarlos.

Pueden poner el grito en el cielo en cuanto a la redada llevada a cabo por la Guardia Civil en su sede y al arresto de seis miembros del sindicato. Hasta cierto punto comparto su indignación. Pueden pensar y clamar que el circo mediático ocasionado por esa redada sirva para tapar el Caso Gürtel. Pueden, pero no cabe la menor duda, por mucho que digan, que la primera y única responsable de esta situación es la cúpula sindical, o más bien, como decía en el comienzo del artículo, el deseo imperioso de ésta de convertirse en una institución de Estado reconocida.

¿Qué pensaban, que por estar también involucrada en los cursos de formación y siendo también destinataria de las subvenciones públicas, la patronal iba a sacarles las castañas del fuego? La patronal solo tiene amigos cuando le interesa y en este caso, como en muchos otros, solo le interesa llenar sus arcas.

Si hacemos caso a lo que se viene diciendo, la patronal y los sindicatos mayoritarios tenían un trato preferente a la hora de acceder a los fondos destinados para la formación y las cifras barajadas en este asunto no son irrelevantes, se habla de millones de euros.

La formación profesional debe depender, como el conjunto de la actividad educativa, del ámbito público, es decir, del Ministerio de Educación. Si la patronal deseara dedicarse a impartir cursos de formación profesional, que lo haga, eso sí, con sus propios fondos y no con fondos públicos.

En lo que se trata de los sindicatos, su labor no es de impartir cursos de formación o de negociar los ERE, sino el de promover la lucha entre los trabajadores para impedir la supresión continua de puestos de trabajo, un día sí y otro también.

Qué lejos nos encontramos de los sindicatos creados por el movimiento obrero en el siglo XIX, imponiéndose como objetivo inculcar al máximo de trabajadores la necesidad de organizarse para defender sus derechos frente a los capitalistas –que ya entonces buscaban continuamente mayores beneficios reduciendo el nivel de vida de dichos trabajadores al mínimo vital– y convencerles de la necesidad de acabar con la explotación y el capitalismo.

No nos queda otra, tendremos que apoderarnos de nuevo de nuestros sindicatos y eso pasa por acabar de una vez por todas con esos burócratas, funcionarios del sindicalismo, que salvaguardan sus puestos apoyándose en un sistema clientelar en el que la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores es secundaria.

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