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Atlántica XXII

Barcelona, cuatro años de gobierno de Ada Colau

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Barcelona, cuatro años de gobierno de Ada Colau

Un repaso a los proyectos de la alcaldesa que ha puesto patas arriba la forma tradicional de administrar el poder municipal

Ilustración de Goyo Rodríguez.

Steven Forti | Historiador
@StevenForti

Artículo publicado en el número 61 de nuestra edición de papel (marzo de 2019)

Gobernar una gran ciudad no es nunca una tarea fácil. Menos aún si se quiere llevar a cabo un programa realmente transformador, si se gobierna en minoría y si el contexto político es fuertemente polarizado. En el caso de Ada Colau estaban presentes todos estos elementos. Y quizás algunos más. Por un lado, jamás en la historia catalana se había vivido la tensión del último trienio ni la sociedad había estado tan dividida. Por otro lado, nadie había gobernado con tan solo 11 concejales sobre 41. La polarización política desgasta. Siempre. Y desgasta aún más cuando llegar a pactos se convierte en una misión casi imposible. Este ha sido el contexto en que se ha debido mover Ada Colau en la Alcaldía de la Ciudad Condal.

La victoria en las municipales de mayo de 2015 abrió las puertas de la Casa de la Ciutat a su candidatura municipalista, Barcelona en Comú, nacida sólo diez meses antes en la ola larga del 15M. Todos recuerdan ese 13 de junio, cuando la nueva alcaldesa, visiblemente emocionada, bajó vara en la mano en medio de la plaza de Sant Jaume, aclamada por centenares de personas. “No nos dejéis solos”, afirmó Colau esa tarde, “porque una cosa es ganar y otra es gobernar. El futuro de Barcelona está en vuestras manos.”

Han pasado casi cuatro años y dentro de poco los barceloneses, así como todos los españoles, volverán a las urnas. Para los llamados ayuntamientos del cambio es la prueba del nueve. Todos se juegan muchísimo, a partir de la misma continuidad de unos proyectos políticos que se han puesto como objetivo el de democratizar las instituciones, acercándolas otra vez a la gente común. ¿Lo han conseguido? Veamos el caso de Barcelona.

ADIÓS A LA “CIUDAD DEL LUJO”

“Al asumir el Ayuntamiento”, explica Enric Bárcena, portavoz de Barcelona en Comú, “debimos dar respuesta a la emergencia social, creando unidades contra los desahucios y puntos de información energética para parar los cortes indiscriminados de suministros básicos o aumentando significativamente las becas para comedores escolares”. Efectivamente, la lucha contra las desigualdades ha sido una de las prioridades del gobierno de Colau en una ciudad donde los efectos de la gran recesión eran más que evidentes. Durante la legislatura, las inversiones en los servicios sociales han aumentado en más del 30% y el personal en un 15%. Además, se lanzó un Pla de Barris de 150 millones de euros, con inversiones en reformas urbanísticas y proyectos de intervención social en los barrios donde las desigualdades son mayores, abandonando la idea de la “ciudad de lujo”, que se había impuesto en la década anterior. Se ha defendido así un modelo democrático y plural de economía urbana, dando prioridad a la economía cooperativa, social y comunitaria.

Al mismo tiempo, se ha trabajado para remunicipalizar todos los servicios que se habían externalizado, a partir de las guarderías. La creación de una funeraria municipal no ha prosperado por el bloqueo de las oposiciones, pero el equipo de Colau ha conseguido poner en marcha Barcelona Energía, la primera empresa de energía eléctrica municipal –la mayor de toda España– que desde julio de 2018 sirve a unos 20.000 ciudadanos.

El caso más emblemático es, de todos modos, el del agua: se ha aprobado un nuevo reglamento de participación ciudadana que obliga el Consistorio a celebrar un referéndum al año sobre temáticas propuestas por la ciudadanía. A finales de 2019, gobierne quien gobierne, los barceloneses votarán así sobre la posibilidad de remunicipalizar el servicio de suministro de agua gestionado por la multinacional Agbar, que le ha declarado la guerra a Colau desde el primer día.

“Hemos conseguido mucho en un mandato”, nos dice la alcaldesa. “Hemos situado el conflicto. Antes el conflicto era invisible desde el punto de vista institucional. Ahora es normal que el Ayuntamiento de Barcelona diga oficialmente que no va a permitir que se especule con los bienes de primera necesidad y que va a plantar cara a los oligopolios y los especuladores.” Y así ha sido. Se han presionado a las grandes empresas de agua, luz y gas para evitar que las familias en riesgo de pobreza sufran cortes de suministro, imponiendo trece multas a Endesa por valor de 430.000 euros.

Algo similar ha pasado con los bancos que no ponían en el mercado los pisos vacíos con un alquiler social, llegando hasta el punto de iniciar un proceso de expropiación temporal para 600 de ellos. O con AirBnb, que tras dos multas de 600.000 euros, aceptó eliminar los anuncios de apartamentos ilegales.

SUPERILLES Y VIVIENDA SOCIAL

Se ha trabajado mucho también en la movilidad sostenible. Por un lado, se ha potenciado el transporte público y se ha desarrollado la red de carril bici –ahora supera los 230 kilómetros–, por el otro se han aprobado una serie de medidas contra la contaminación, estimulando la reducción del uso de coches. A todo esto hay que sumar uno de los experimentos más interesantes, que ha recibido muchos elogios a nivel internacional: el de las superilles, espacios en los que se prohíbe la circulación de vehículos excepto para residentes, con el objetivo de transformar Barcelona en una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental. Ya existen dos, la de Poble Nou y la de Sant Antoni, y tres más están a punto de inaugurarse.

Otra de las prioridades para Barcelona en Comú ha sido la vivienda. No podía ser de otra forma teniendo en cuenta que Colau fue la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Aunque no han faltado las dificultades –desde el tiempo que resulta necesario para construir nueva vivienda pública, hasta las limitaciones impuestas por la Ley Montoro, o el apoyo inexistente del Estado y la Generalitat–, se han cuadruplicado las inversiones en políticas de vivienda. En ocho años, el incremento equivaldrá al de los 80 años precedentes: de 6.600 viviendas sociales en 2015 al doble en 2022, 13.000 viviendas.

Pero la decisión más revolucionaria es la que se aprobó en 2018 a propuesta de los movimientos sociales: se obliga por ley a los promotores inmobiliarios a alquilar el 30% de los nuevos pisos a precios inferiores al valor de mercado. Se calcula que, de esta manera, Barcelona podrá disponer de 400 pisos nuevos con alquiler social cada año. El tema de la vivienda está estrechamente ligado al turismo, sobre todo en una ciudad que recibe más de 20 millones de visitantes por año y que sufre continuos procesos de gentrificación. Además de la batalla ganada a AirBnB, la administración Colau decidió suspender las licencias a nuevos hoteles y pisos turísticos y elaboró, con la participación de la ciudadanía, un nuevo plan especial de ordenación de los alojamientos turísticos, que propone una lógica de disminución en las áreas centrales de la ciudad.

FEMINIZACIÓN DE LA POLÍTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Feminizar la política ha sido uno de los lemas de Barcelona en Comú. Durante el mandato se han invertido más de veinte millones de euros para luchar contra la violencia machista y se ha creado el departamento de Transversalidad de Género, que se ocupa de identificar y planificar los objetivos de igualdad de género que deben incluirse en las políticas municipales. Asimismo, se ha puesto en marcha y financiado con más de un millón de euros al año el Plan para la Diversidad Sexual y de Género, en defensa de los derechos del colectivo LGBTI, que participó en su elaboración.

En lo que concierne la cultura y la memoria histórica, por un lado, se ha democratizado la cultura, potenciando la red de bibliotecas municipales y organizando la bienal de pensamiento “Ciudad Abierta” y la bienal “Ciudad y Ciencia”, que han permitido llevar a la ciudadanía el debate en torno al futuro de la ciudad, la ciencia y la democracia. Por otro, se han destinado 2,3 millones de euros a actividades vinculadas con la memoria histórica, desde exposiciones, debates, conferencias, espectáculos y performances artísticas, hasta el retiro de más de 600 placas franquistas de las calles de la ciudad o la implicación en las causas abiertas contra los crímenes de la dictadura franquista.

Sin embargo, una de las áreas en que se ha avanzado más es probablemente la de tecnología e innovación digital, gracias al trabajo de la comisionada Francesca Bria. Tres han sido los pilares principales. El primero es la transformación digital, es decir, transformar el gobierno para hacerlo más transparente y abierto mediante el desarrollo de normas éticas para licitaciones y contratos públicos, y política de datos. El segundo es la innovación digital: apostar por empresas locales para desarrollar plataformas colaborativas de gestión de servicios, y promover la fabricación digital y la tecnología 4.0 en la ciudad. El tercero es el empoderamiento: la democracia y la educación digital, además de la inclusión social muy concentrada en el nuevo empleo y la cuestión de género.

Así, se ha implementado la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones a través del portal decidim.Barcelona; se ha creado una moneda virtual, el REC, para estimular la economía local en los barrios más golpeados por la crisis; se ha quitado la propiedad de los datos a las multinacionales, devolviéndola a los ciudadanos, y se han migrado los sistemas informáticos a sistemas abiertos y estándares tecnológicos libres para reconquistar la soberanía tecnológica. Se trata de cambios realmente revolucionarios.

¿Se hizo todo lo que se quería? Evidentemente no. Los desahucios, por ejemplo, han disminuido más de un 20% respecto a 2014, pero no han desaparecido, y los precios de los alquileres han continuado a crecer, aunque los ayuntamientos no tienen competencias para intervenir en estas cuestiones. Se ha presionado así al Gobierno central para encontrar una solución, pero aún no se ha ganado la batalla. De ello son conscientes en Barcelona en Comú: “No basta con paliar los efectos de un sistema injusto”, nos explica Enric Bárcena. “La cuestión prioritaria es garantizar que estos cambios sean irreversibles y para ello hace falta más tiempo para que se noten sus efectos y blindarlos”.

Y, en todo estos, ¿cuál es la opinión de los barceloneses? El barómetro municipal de junio de 2018 muestra una amplia satisfacción de la ciudadanía: el 69% aprueba la gestión de la administración Colau. Según la historiadora Paola Lo Cascio, “el gran éxito de la gestión de Barcelona en Comú es haber dado sentido común a toda una serie de cuestiones, desde la vivienda al medioambiente, de la centralidad de los servicios públicos a la energía, pasando por la idea de que el Ayuntamiento es la representación de los servicios de los ciudadanos.” Una prueba de que esto es cierto es que la Barcelona de Ada Colau se ha convertido en una referencia y un modelo a nivel internacional en estos años. ¿Será suficiente para ganar las elecciones? Tocará esperar el próximo mes de mayo para descubrirlo.

 

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