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Atlántica XXII

Esa costa asturiana convertida en cloaca

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Esa costa asturiana convertida en cloaca

No es sólo la falta de saneamiento en la zona este de Gijón. Los vertidos de la térmica de Aboño, la contaminación de las playas de Luarca y Tapia de Casariego, la papelera de Navia y otros casos ponen en cuestión la imagen de paraíso natural. Un problema que viene de atrás.

Carlos Álvarez Rodríguez | Periodista

@alvarezzcarlos

 

 

En el año 1991, coincidiendo con la firma del Plan de Saneamiento Integral de Gijón de la mano del por entonces alcalde, Vicente Álvarez Areces, el presidente del Principado, Pedro de Silva, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Josep Borrell, se ponía en marcha también la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en el Consejo de las Comunidades Europeas, un breve texto de 20 artículos en el que se establecen, en función del número de habitantes, los requisitos a cumplir en lo que al tratamiento de las aguas se refiere. La fecha tope para el cumplimiento de aquella nueva normativa era el 1 de diciembre del año 2000, pero ocho años más tarde, la Comisión Europea llevó el caso, en el que también se advirtió a Italia y Grecia, ante el Tribunal de Justicia europeo porque seguía sin cumplirse con lo acordado.

Ahora, 27 años después de la firma de la normativa, la Comisión Europea ha dicho basta y ha multado a España con cincuenta millones de euros por el deficiente o nulo tratamiento de las aguas urbanas por parte de nueve municipios. Una cifra que irá aumentando en 171.217,20 euros al día mientras los núcleos urbanos no se ajusten a la ley.

En abril de 2011 llegó la primera llamada de atención. La sentencia del Tribunal incluía 37 municipios de toda España, dos de ellos asturianos: Gijón y Llanes. Pero como en todos los procesos sancionadores de la Unión Europea (UE), al tratarse del primer aviso, no acarreó ninguna multa económica. Eso sí, las 37 urbes tenían de plazo máximo hasta julio de 2013 para adaptarse a la normativa de 1991. Una veintena de ellos así lo hicieron.

La zona este de Gijón fue uno de los 17 núcleos urbanos españoles fueron llevados ante la justicia europea por el incumplimiento de la normativa sobre el tratamiento de las aguas urbanas.

Pero cuatro años más tarde, en abril de 2017, Bruselas se hartó y llevó a España de nuevo ante la justicia por el «deficiente progreso registrado». Según la UE, 17 núcleos urbanos continuaban sin adaptarse a la legislación, y no fue hasta abril de este año cuando se celebró la vista oral del caso. La Comisión aseguró que de los enclaves denunciados el año anterior nueve seguían sin cumplir: en Andalucía, Isla Cristina, Matalascañas, Barbate, Tarifa, Coín, Alhaurín el Grande y Nerja; en Tenerife, El Valle de Güímar; y, como no, en Asturias, la zona este de Gijón. Una cifra que el gobierno de España trató de rebajar a siete, al considerar que dos de ellos sí habían hecho avances importantes como para dejar de formar parte de esa lista negra. Finalmente la cifra se quedó en un punto intermedio, con ocho municipios y, entre ellos, por supuesto, el oriente gijonés.

Los vertidos que a finales del mes de mayo y principios de junio invadieron la bahía de la Playa de San Lorenzo, emblema de la ciudad, hicieron visible un claro problema en el sistema de saneamiento que desde hace años se venía denunciando desde Bruselas. Las aguas pluviales y fecales, que corren por el mismo sistema, desembocan directamente en el mar, a pocos metros de la playa de Peñarrubia. Lo hacen sin ningún tratamiento previo desde el año 2008, cuando se cerró la planta de pretratamiento y Ayuntamiento, Principado y Ministerio no fueron capaces de poner en marcha la nueva estación depuradora construida junto al Parque Hermanos Castro. Los vecinos de El Pisón, urbanización colindante, ganaron la batalla legal y la planta nunca llegó a entrar en funcionamiento.

Pero los problemas de las aguas en la villa más poblada de Asturias van más allá de la falta de depuración en la zona este. En el otro extremo de la ciudad, en la factoría de Arcelor, la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado un expediente sancionador por los vertidos al río Aboño sin el tratamiento correspondiente. Unos vertidos que, según la Coordinadora Ecoloxista D’Asturies, incumplen con los límites de emisión fijados. Ya en 2016, por la misma razón, el Consejo de Ministros impuso a la empresa una multa que rondaba el millón de euros así como una indemnización por los daños causados al dominio público hidráulico de más de medio millón. Por si fuera poco, la empresa está a la espera de una posible nueva multa por su factoría de Avilés. Y es que no todos los problemas de las aguas de
Asturias están en Gijón.

Llanes ha sido el último municipio en hacer saltar las alarmas. A finales del mes de agosto, en plena temporada alta, el Ayuntamiento tuvo que tomar la decisión de cerrar al baño la playa de Poo, igual que había sucedido en Gijón meses antes. La razón, la presencia de sustancias contaminantes en las aguas. Los análisis habituales de calidad de las aguas hicieron saltar las alarmas al calificarla como «no recomendables para el baño» por la presencia de enterococos intestinales. Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies apuntan al arroyo de la Vallina y a los posibles vertidos ganaderos.

En Navia, la fábrica papelera es la que centra todas las miradas. Aunque desde la empresa aseguran que los vertidos que realizan a través del emisario a la ría salen totalmente depurados y cumplen rigurosamente con la normativa europea, desde la Coordinadora Ecoloxista se muestran preocupados. La realidad es que la empresa no facilita el dato sobre el volumen total de emisiones que se vierten ni se tiene constancia de su impacto en el entorno, lo que sumado al empeoramiento del nivel de los vertidos en el año 2016 que denuncian los ecologistas, no produce más que desconfianza del proceso de mejora contínua del que habla la empresa. «Es necesario que se impermeabilice la totalidad del parque de maderas para evitar filtraciones de los lixiviados que se generan en almacenamiento y que estos sean canalizados y tratados como corresponde», exigen desde la Coordinadora Ecoloxista.

Dos de las playas de Luarca han recibido las ‘banderas negras’ de Ecologistas en Acción por la aparición de restos fecales en sus aguas

También protestan desde Ecologistas en Acción, que todos los años otorga las conocidas banderas negras. Entre todos los puntos señalados en España, dos han recaído en Asturias, concretamente
en dos playas de Luarca. En su informe anual, achacan esta decisión a «los eventos de contaminación fecal que sufrieron durante el verano del año 2017». Ricardo García Parrondo, concejal de Seguridad
Ciudadana de Valdés, tuvo que salir al paso de la polémica asegurando que la calidad de sus aguas eran buenas. Todo se debe, según el edil, a los intereses personales de «este grupo de indocumentados». Sin embargo, la Agencia Europea de Medio Ambiente no dudó en suspender a estos dos arenales en su informe sobre la calidad en las zonas de baño.

A algo más 35 kilómetros de Luarca, en Tapia de Casariego, la polémica saltó a principios del mes de julio. Al igual que había ocurrido en la gijonesa playa de San Lorenzo unas semanas antes, el Ayuntamiento se vio obligado a izar la bandera roja en dos de sus playas, Los Campos y Serantes, tras detectarse altos valores de bacterias fecales. Todo hacía sospechar, igual que en la playa de Poo, que por los cauces de los ríos Anguileiro y Serantes, que desembocan en los arenales afectados, habrían llegado vertidos de origen ganadero. Las fuertes lluvias que arreciaron el municipio los días antes podrían haberlos arrastrado hasta la costa. Así lo explica desde el Consistorio la alcaldesa, Ana Vigón, que asegura que se trata de un incidente puntual. El cierre duró cuatro días, hasta que los resultados de la Agencia de Sanidad Ambiental calificaron la calidad de las aguas como «buena», en Los Campos, y «excelente» en Serantes. En caso de que algo así volviera a suceder en Tapia, tal y como explica Vigón, lo primero sería volver a cerrar las playas por prevención. «La salud es lo más importante», afirma. Y propone ciertas medidas a tener en cuenta para evitar que lo ocurrido se vuelva a repetir. «Los ríos no están todo lo limpios que desearíamos», reconoce la alcaldesa al otro lado del teléfono. Una labor que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), organismo dependiente del ahora denominado Ministerio para la Transición Ecológica. Una idea que muchos comparten.

Fábrica de Industrias Doy, en Trubia. (Imagen: Carlos Álvarez)

Días antes del incidente en las playas de Tapia de Casariego se produjeron inundaciones por las fuertes lluvias en varias regiones. Todas ellas registraron numerosos daños materiales. Oviedo, Siero, Mieres o Gijón, donde el agua anegó totalmente la Escuela Politécnica de Ingeniería invadiendo laboratorios y llevándose por delante equipos de alto nivel. Según la Federación Asturiana de Concejos, en palabras de su presidente, Ignacio García Palacios, los desbordes de los ríos se produjeron porque la Confederación durante años, «no ha llevado a cabo la limpieza que estos necesitan». Desde Gijón, el Ayuntamiento lleva años reclamando la necesidad de esa limpieza sobre todo en algunas parroquias rurales como en el arroyo de Santa Cecilia en La Camocha, o los de Peñafrancia y Santurio a su paso por Cabueñes. Dicen desde el consistorio que desde la CHC la mayor parte de las veces reciben el silencio por respuesta o, de lo contrario, aluden a la falta de presupuesto para poder llevar a cabo las limpiezas que les reclaman los ayuntamientos. Pero los enfrentamientos con la Confederación van más allá. Desde la Federación de Concejos exigen que sea este organismo el que se haga cargo por ley de la limpieza de los tramos urbanos de los ríos que, tras las sentencias de varios enfrentamientos legales, parece corresponder a los ayuntamientos. Y si finalmente se mantiene así, reclaman al Ministerio más ayudas económicas para poder llevar las limpiezas a cabo.

LA CALIDAD DEL AIRE, EN EL PUNTO DE MIRA

Pero no solo el agua, sino también el aire, supone un gran problema en Asturias. A principios de año, la Comisión Europea mostró su preocupación por el posible incumplimiento de los límites fijados en la Directiva de Calidad del Aire en algunas zonas de España, entre los que se encuentran Gijón y la zona central de Asturias. Desde Europa exigen la puesta en marcha de nuevas medidas de manera urgente.

Trubia, ubicada en el concejo de Oviedo, destacaba hasta el año 2016 como una de las poblaciones con mayor niveles de benceno de toda Europa. Desde la Organización Mundial de la Salud, que incluye este químico como uno de los diez más preocupantes para la salud, advierten que la exposición humana a este producto se ha asociado «con una variedad de enfermedades y efectos en la salud agudos y a largo plazo, como cáncer y anemia aplásica». La gravedad del asunto era tal que el Principado, presionado también por la Comisión Europea, tuvo que actuar contra los principales causantes de las emisiones, Industrias Doy y Químicas del Nalón, implantando un plan de acción contra el benceno. En abril de este año, según las empresas y el Principado, se habían puesto en marcha ya veinte de las veintiséis medidas
acordadas, logrando reducir a mínimos históricos las emisiones: 1,36 microgramos por metro cúbico de aire, una cifra muy alejada de los casi 15 microgramos que se registraron a finales del 2016. Los datos, sin duda muy positivos, están muy por debajo de los 5 microgramos anuales máximos permitidos por Europa, por debajo incluso de los 1,7 microgramos que aconseja la OMS, si bien es cierto que estos dato se ha registrado tras haber cambiado la estación medidora de lugar, junto a las piscinas municipales.

La realidad es que la actividad industrial es uno de los puntos negros de la región. La Central Térmica de Aboño, en Gijón, o el complejo de ArcelorMittal de Avilés, son otros dos polos que están en el punto de mira por sus emisiones a la atmósfera. Y por si todo esto fuera poco, el tráfico de vehículos no hace más que aumentar las emisiones.

La contaminación del aire, los vertidos y la falta de saneamiento en las aguas están poniendo en jaque a las administraciones, cada vez más presionadas desde Bruselas, desde donde a estas alturas cuesta reconocer la mitificada imagen del Paraíso Natural.

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