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Atlántica XXII

Los republicanos españoles esclavizados por el nazismo

Afondando

Los republicanos españoles esclavizados por el nazismo

Durante la Guerra Mundial, 10.000 extranjeros, entre ellos 50 españoles. trabajaron en la gigantesca refinería de Wesseling, al lado de Colonia. En 1944 fue destruida en un bombardeo que costó la vida a decenas de operarios.

Reportaje publicado en el número 57 (julio de 2018)

Antonio Muñoz Sánchez / Historiador. Instituto de Ciências Sociais-Universidade de Lisboa

Movido por el deseo de mejorar la imagen de la nación alemana ante la opinión pública mundial tras la barbarie nazista, el gobierno de Konrad Adenauer aprobó en 1953 una Ley de indemnización a las víctimas del III Reich. La norma estaba pensada sobre todo para las familias de los judíos alemanes y centroeuropeos exterminados en el Holocausto, pero dejaba la puerta abierta a muchos otros grupos represaliados por el régimen de Hitler, como por ejemplo los exiliados de la guerra civil española. En los años siguientes, unos 20.000 españoles presentaron su solicitud a una indemnización alemana. Eran no solo deportados a los campos de concentración y de las familias de los que allí fallecieron, sino también republicanos exiliados que sostenían haber sido forzados a trabajar para los nazis en la Francia ocupada. ¿Quiénes eran estos españoles que no habían estado en un campo de concentración en Alemania pero que se consideraban igualmente víctimas del nazismo?

EL MURO ATLÁNTICO
Varias capas de olvido recubren la historia de los Rotspanier (así llamaban en alemán los nazis a los republicanos españoles que tenían prisioneros) que trabajaron para el III Reich. No sabemos siquiera cuántos eran, aunque se calcula que unos 50.000. Sirvieron a los nazis fundamentalmente en Francia y en las Islas del Canal, único territorio británico ocupado por la Wehrmacht. Estuvieron a las órdenes de la Organización Todt (OT), dedicada a construir y reparar infraestructuras civiles y militares en los territorios ocupados. A un ritmo frenético, el ejército de millón y medio de trabajadores libres y forzados de la OT implementó durante la guerra el mayor plan de construcción en el continente desde el Imperio Romano. Su proyecto más ambicioso fue el Muro Atlántico, un descomunal sistema de fortificaciones desde Francia a Noruega que debía impedir la invasión aliada por Occidente.

Solo en Francia, 300.000 personas trabajaron en el Muro Atlántico. Más de la mitad eran franceses que se enrolaban libremente atraídos por los altos salarios de la OT. Entre los extranjeros destacaban en número los republicanos españoles, empleados sobre todo en los puertos de Brest, Lorient, Saint Nazaire, La Rochelle y Burdeos en la construcción de gigantescas estructuras de hormigón para proteger a los submarinos alemanes de los bombardeos aliados, mientras que algunos centenares fueron enviados a las Islas del Canal para convertirlas en una fortaleza inexpugnable con búnkers y baterías.

Otros extranjeros de la OT en Francia eran judios, prisioneros de guerra soviéticos y súbditos franceses de las colonias. El Servicio de Indemnizaciones de la República Federal Alemana (RFA) rechazó las solicitudes de los antiguos trabajadores españoles del Muro Atlántico con el argumento, copiado de la propaganda nazi, de que la OT solo había contratado a voluntarios. Asesorados por abogados, los exiliados españoles acudieron entonces en masa a la Justicia alemana, sosteniendo que ellos no habían ido libremente a la OT sino llevados en trenes de ganado a punta de pistola, recluidos en campos vigilados por los SS y obligados a cumplir jornadas de trabajo extenuantes y no siempre remuneradas.

Solo en Francia, 300.000 personas trabajaron en el Muro Atlántico.

Para determinar quién tenía razón, si los miles de demandantes españoles o el Servicio de Indemnizaciones, la Audiencia de Colonia realizó a partir de 1961 una profunda investigación sobre las condiciones de vida y de trabajo de los Rotspanier de la OT. Los jueces recopilaron documentación, reclamaron informes a la administración francesa, británica y alemana, solicitaron estudios a historiadores y llamaron a declarar a centenares de testigos. Ante el tribunal testificaron miembros de las SS y la Gestapo, soldados, técnicos, ingenieros, empresarios de la construcción y hasta promitentes nazis como el ministro Albert Speer. Comparecieron además los exiliados españoles, que narraron sus vidas en los campos de trabajo de la costa atlántica y, en algunos casos, aportaron atestados médicos que certificaban las secuelas físicas provocadas por aquella desgraciada experiencia.

LA JUSTICIA ALEMANA LES DIO LA RAZÓN
Tras una larguísima instrucción, a finales de los años sesenta los jueces dictaminaron que los Rotspanier habían sido vistos por el III Reich como enemigos ideológicos potencialmente peligrosos. Por ese motivo las autoridades de ocupación en Francia les habían dado un trato especialmente duro, similar al que reservaban a judíos y prisioneros de guerra soviéticos. En una sentencia
que sentó precedente para centenares de casos, el juez afirmó que en algunos campos de la OT las condiciones de vida y de trabajo de los republicanos españoles eran tan inhumanas como en los campos de concentración de Alemania. Sentencia tras sentencias, los jueces alemanes fueron dibujando un cuadro completo de los casi 100 campos de la OT en Francia y las Islas del Canal donde habían vivido los trabajadores españoles y estableciendo los periodos (generalmente entre el ataque alemán contra la URSS en junio de 1941 y la liberación de Francia en el verano de 1944) en los que la estancia en los mismos debía ser considerada como forzada y por la que la víctima había de ser indemnizada a razón del número de días de internamiento. La decisión de pagar pensiones a los antiguos soldados de la División Azul no había significado un esfuerzo para la RFA, que lo vio como una inversión, una forma de lubricar las relaciones con el franquismo y abrir así las puertas en España a las inversiones alemanas. Por el contrario, la idea de tener que entregar decenas de millones de marcos del erario público a los viejos y olvidados exiliados de la guerra civil provocó urticaria a los mandatarios alemanes, que decidieron recurrir las decisiones judiciales favorables a los republicanos españoles ante el Tribunal Superior deJusticia de Karlsruhe.

A finales de los años sesenta los jueces dictaminaron que los Rotspanier habían sido vistos por el III Reich como enemigos ideológicos

Al final, triunfó la verdad y los Rotspanier convertidos en semiesclavos por el III Reich fueron oficialmente reconocidos por la democracia alemana como víctimas del nazismo por motivos políticos y compensados por ello económicamente. De esta forma los antifascistas españoles se convirtieron en los primeros trabajadores forzados del nazismo indemnizados por la RFA. Tuvieron que pasar más de veinte años y la caída del muro de Berlín, para que la gran masa de trabajadores forzados del régimen de Hitler, procedentes de los países del Este, fueran indemnizados.

LA DESMEMORIA LLEGA A SU FIN
Sorprenderá a quien tenga la inclinación de entender la realidad en blanco y negro: el régimen de Franco dio publicidad a las indemnizaciones alemanas y ayudó a tramitar sus solicitudes a miles de españoles. No actuó por compasión, sino por puro interés político. Pero lo cierto es que lo hizo, y que por ello es falso decir que la dictadura impuso un silencio total sobre los republicanos víctimas del nazismo. Con la llegada de la democracia, España pudo haber mirado de frente a las desgracias patrias del pasado reciente, también la del exilio, pero decidió no hacerlo. Llevamos
cuarenta años de democracia y la situación no es muy diferente a la de 1978. El exilio republicano y el destino de los compatriotas que fueron arrastrados por el torbellino de la II Guerra Mundial sigue siendo un mundo lejano y extraño.

Pero si hoy día los escolares no saben que en el primer tren de deportados civiles a un campo de concentración nazi viajaban españoles, si nos suena raro eso de que París fue liberada por antiguos soldados del Ejército de la República, si se nos escapa cuando vemos imágenes del desembarco de Normandía que los búnkeres desde los que disparan los alemanes fueron construidos por hombres que hablaban catalán, castellano o asturiano, la razón de todo ello no hay que buscarla en el pasado, la culpa no es de Franco ni de Juan Carlos I.

EL TESTIMONIO de JOSÉ BARROS

Nuestra elite política, provinciana y perezosa, es la principal responsable de que en pleno siglo XXI a la España oficial se le haga tan cuesta arriba difundir el conocimiento sobre las víctimas españolas del nazismo y honrar su memoria, como es norma en cualquier democracia europea. Pero la presión de la sociedad civil está haciendo que las cosas se muevan. Para ejemplo, el reciente homenaje que el Parlamento de Galicia, con mayoría del PP, ha hecho a los deportados gallegos a los campos de concentración alemanes. Llegará el día en el que el presidente del Principado recite con la solemnidad debida los nombres de las víctimas asturianas del régimen de Hitler. Y puede incluso que a la lista de deportados a los campos de concentración le sume la de los trabajadores forzados asturianos de la OT.

José Barros (Gijón, 1901) es uno de ellos. Entre 1942 y 1944 trabajó en el Muro Atlántico. Dos décadas más tarde relataba así al juez alemán su paso por La Rochelle, donde trabajó cuatro meses en la construcción de la base submarina antes de ser enviado a la isla de Jersey: «En el lager éramos solo españoles, unos 2.000. Nos vigilaban gendarmes y en el camino a la obra nos escoltaban miembros armados de la OT. Trabajábamos 12 horas diarias. En cuatro meses tuve un único día de descanso. No recibía salario, solo de vez en cuando nos daban algo de dinero que apenas llegaba para comprar algunos alimentos en el mercado negro. No se nos permitía escribir y tampoco a recibir cartas o paquetes. Mi familia tampoco me hubiera podido enviar nada porque desconocía donde me encontraba. Los maltratos consistían en patadas y bofetadas, además de una especie de juego cruel y absurdo: dejarse caer hacia adelante con los brazos pegados al cuerpo; solo cuando se estaba a punto de estrellar la cara contra el suelo se podía cubrirla con las manos; si no se hacía así te obligaban a repetir la caída. En Jersey los maltratos que recibíamos eran mucho más duros. Solo recuerdo la fuga de un camarada español, que acabó siendo detenido y enviado a un campo en Alemania.»

ACS Y HOCHTIEF

Entre las empresas de construcción alemanas que hicieron negocio con el trabajo esclavo de los republicanos españoles se contaba Hochtief. Solo en los años noventa la firma reconoció su responsabilidad histórica por su estrecha colaboración con el nazismo. Hoy la empresa ACS de Florentino Pérez es la accionista mayoritaria de Hochtief.

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