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Atlántica XXII

Pozu Funeres, la revisión de un mito

Afondando

Pozu Funeres, la revisión de un mito

El Pozu Funeres, en el concejo asturiano de Laviana.

El Pozu Funeres, en el concejo asturiano de Laviana.

Los asesinados en el macabro crimen del Pozu Funeres (Laviana) en 1948 fueron nueve y no veintidós, como se sostiene desde entonces, y la mayoría de las víctimas no eran socialistas, sino comunistas. Lo desvela con rigor documental el historiador Ramón García Piñeiro en su libro Los luchadores del ocaso: represión, guerrilla y violencia política en la Asturias de posguerra (1937-1952), en el que este episodio ocupa un capítulo. En realidad, con los crímenes del Pozu Funeres se pretendió asertar el golpe definitivo a la guerrilla vinculada al PCE. Los silencios de la Guerra Fría y la patrimonialización de aquella tragedia por parte del PSOE, que celebra un homenaje anual a las víctimas, explican el equívoco. Ramón García Piñeiro lo detalla en este artículo.

Los lugares de la memoria son episodios históricos vinculados a espacios físicos que, por conveniencia, revestimos de aura simbólica. Algunos parten de un anclaje histórico nebuloso, poco contrastado, y se les preserva de la investigación rigurosa para que adquieran la condición de verdad sacralizada, casi siempre con un fin político. En estos casos, se galvanizan en torno a relatos mistificados del pasado, cristalizan en el imaginario popular mediante batallas orquestadas por la apropiación de la memoria y se ritualizan con ceremoniales conmemorativos recurrentes para dotarlos de un significado político preconcebido. En Asturias, cumple estos requisitos el Pozu Funeres (Laviana), escenario de uno de los actos de infamia más abyecto del régimen franquista. De la matanza que allí se perpetró en 1948 subsiste un relato canónico, en el que se cuantifican las víctimas y se caracteriza el escenario como “un galardón enlutado” de la resistencia socialista en Asturias. Pero, para proporcionar el reposo definitivo que se merecen los huesos que allí yacen, cabe preguntarse si fueron tantos los inmolados como se sostuvo y, sobre todo, si está justificada una apropiación partidista de la tragedia, interrogantes que solo pueden ser despejados con una revisión desprejuiciada del suceso.

Versión canónica y primeras objeciones

La primera versión de la represalia, elaborada por los huidos Luis García Martínez ‘el del Cantu’ y José Mata Castro, fue difundida fuera de España por los socialistas exiliados. En ella sostuvieron que, entre marzo y mayo de 1948 -se llegó a precisar que el 21 de mayo-, fueron arrojados con vida a la sima de Peñamayor, tras ser detenidos y atormentados, 22 mineros asturianos, sin más cargo que “estar fichados como militantes socialistas”. Como no todos fallecieron al ser precipitados al pozo y fueron perceptibles los lamentos agónicos, los autores del crimen colectivo, miembros de la brigadilla del Nalón, regresaron a la sima y arrojaron a su interior cartuchos de dinamita y gasolina, que incendiaron a continuación para acallar definitivamente los desgarradores lamentos de los moribundos. El relato fue remitido al cónsul inglés en Gijón y, a través Teodomiro Menéndez -dirigente socialista asturiano y diputado, fue subsecretario de Obras Públicas durante la República-, a la embajada británica en Madrid para que, una vez verificado, obraran en consecuencia. De su difusión fuera de España se ocupó, en primer término, la Comisión Socialista Asturiana, quien lo envió a los órganos de dirección del PSOE y logró que, el 1 de julio de 1948, fuera publicado en la primera plana de El Socialista.

Tras una intensa actividad diplomática al más alto nivel, consiguieron que Ernest Bevin, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, se mostrara dispuesto, una vez comprobada la denuncia, a exigir las responsabilidades “posibles dentro de las circunstancias en que se encuentra el mundo”. De hecho, tanto Bevin como el primer ministro británico, Clement Attle, recomendaron que se constituyera una comisión de verificación, cuya inmunidad garantizaban personalmente, para que comprobara los hechos sobre el terreno. Ante el fugaz espejismo de la intervención laborista, los socialistas echaron toda la carne en el asador, ya que por fin, “a base de nuestros informes, se ha logrado una reacción que no conviene dejarla morir”. En una carta del huido socialista Manuel Fernández Peón, ‘Comandante Flórez’, dirigida a su correligionario Amador Fernández, se congratuló de que “Ernesto (Bevin), después de tanto silencio, quiera prestarnos un servicio útil”.

Silvino Díaz Menéndez, uno de los cuatro socialistas arrojado al Pozu Funeres. Foto / Fundación Barreiro.

Silvino Díaz Menéndez, uno de los cuatro socialistas arrojado al Pozu Funeres. Foto / Fundación Barreiro.

Desde entonces, se aceptó y reprodujo el relato socialista de los hechos. Esta versión fue objeto de una primera y significativa revisión en La brigadilla, de José Ramón Gómez Fouz, una publicación cercana al aparato policial franquista, en la que se redujo la cifra de inmolados de 22 a 9. Aunque en su momento no trascendió, así fue reconocido, al calor de los hechos, por uno de los redactores del informe inicial, el huido socialista Luis ‘el del Cantu’, quien desde el primer momento admitió que los arrojados al pozo fueron nueve. No obstante, a instancias del socialista exiliado José Barreiro, optaron por completar la relación con otros represaliados en circunstancias análogas, “aunque no hubieran sido arrojados a la sima”, para agitar la conciencia de la opinión pública internacional. Incluyeron, por ejemplo, a Emilio Rubiera y sus dos hijas, asesinados en Quintes (Villaviciosa), a Aladino Ortiz Fernández y Nicanor García González, represaliados en El Escubietu (San Martín del Rey Aurelio), y a José Llaneza González, cuyo cadáver apareció en Tetuán (San Martín del Rey Aurelio).

Reconstrucción de los hechos

Una revisión de la tragedia permite colegir que la primera víctima fue Erasmo Alonso Martínez, hijo de una enlace de La Castañal (Laviana) y hermano del guerrillero Paulino ‘el Animal’.  Detenido el 21 de marzo de 1948 y, ya cadáver, fue arrojado al interior del pozo el día 24. Al pie de la sima, antes de propinarle el tiro de gracia, fue conminado a que desvelara el paradero de los huidos o, cuando menos, a que identificara a sus principales apoyos, información que no proporcionó. Irritados por su mutismo, los verdugos cambiaron de táctica. Para que no cupieran dudas sobre su determinación a la hora de cumplir sus amenazas, el mismo día detuvieron y condujeron hasta el umbral del pozo a otras tres víctimas: Fernando Carrio Martínez, Ceferino González Concheso y Fermín Concheso Alonso, vecinos de Retorturiu, La Ferrera y Llorío (Laviana). A Fermín, un veterano de la resistencia antifranquista que anduvo huido por el monte y era enlace de la partida guerrillera denominada Los Caxigales, lo detuvieron al salir del cine Maxi de Laviana, pero Ceferino carecía de antecedentes políticos.

Enrique Suárez Fernández, otro de los cuatro socialistas. Los otros cinco arrojados al pozo eran comunistas. Foto / Fundación Barreiro.

Enrique Suárez Fernández, otro de los cuatro socialistas. Los otros cinco arrojados al pozo eran comunistas. Foto / Fundación Barreiro.

Con cada uno de ellos escenificaron el macabro ritual de supeditar la supervivencia a la confesión y denuncia, procediéndose al asesinato de los tres ante su negativa a pronunciar palabra. Como tampoco esta estratagema surtió efecto, se buscó generalizar el pánico entre los desafectos con nuevas e inesperadas detenciones. En torno al 26 de marzo fue detenido Antonio González García, un vecino de La Ferrera (Laviana) que era primo de Los Caxigales (Manuel y Aurelio Díaz González) y estaba lisiado por las heridas sufridas en la guerra de África. Conducido hasta la sima “por la Guardia Civil”, con la intervención de un tal “Gabino de la Brigadilla”, se le dispensó el mismo trato. Dadas las circunstancias en las que fue precipitado al vacío, se le ha supuesto el autor de los macabros lamentos que aterrorizaron a los pastores del lugar, acallados con bombas incendiarias y gasolina.

Cuando no habían transcurrido tres semanas del último crimen, el 13 de abril de 1948, la ruleta de la muerte se detuvo ante Ramón Rodríguez Argüelles, ‘Costazos’. Al día siguiente, fueron detenidos, asesinados y, finalmente, desaparecidos -según el Registro Civil en Saús (Siero)-, Jesús García Iglesias, Enrique Suárez Fernández y Silvino Díaz Menéndez, vecinos de Les Felechoses y Ximiniz (San Martín del Rey Aurelio). A los tres se les supuso despeñados, como los demás, en la sima, pero en este caso concreto no se tiene plena certeza de que ese hubiera sido su destino. En una carta remitida a José Barreiro, José Mata incluyó a Olegario Laviana Montes entre los represaliados el mismo día y del mismo modo, pero en este caso consta que le aplicaron la ley de fugas en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) la madrugada del 2 de febrero de 1948.

La patrimonialización del PSOE

Con independencia del número de inmolados, se ha hecho de la masacre un símbolo de la resistencia socialista al franquismo. No en vano sostuvieron, por conveniencia política, que la matanza era “un galardón enlutado del PSOE”, toda vez que era “nuestro querido Partido quien derrama su sangre al cebarse en él los vampiros del franquismo”. En el contexto de la Guerra Fría, los socialistas coligieron que a los destinatarios del informe, principalmente Gran Bretaña, les resultaría perturbadora la presencia de comunistas entre las víctimas. Pese a que Luis ‘el del Cantu’ reconoció desde un principio que “había varios comunistas” entre las víctimas, tanto sus interlocutores en el exilio como los representantes diplomáticos con los que contactaron les recomendaron que omitieran toda referencia a su verdadera identidad ideológica. Por distintos conductos se les hizo ver que la vinculación de los muertos al PCE desagradaría a las potencias occidentales e impediría que se prestara asistencia económica a los familiares de las víctimas.

En carta remitida al socialista José Barreiro, el padre del ‘Comandante Flórez’ calificó de ligereza la confección y difusión de una lista de supuestos represaliados en Funeres sin “examinarla y matizarla” con el rigor debido. No ocultó su indignación por la presencia de comunistas en la relación, “segura en la [lista] proporcionada por Mata”, ya que de ello se derivaba que ahora se vieran obligados a “proteger a familias de quienes nos están asesinando”. De hecho, ni él ni José Barreiro ignoraban, porque lo reconoció de forma inequívoca Luis ‘el del Cantu’, que “todos los de Laviana que tiraron al pozo -cinco en total- eran comunistas, excepto Antonio ‘el de la Ferrera’, que no era nada”. No obstante, aunque para los socialistas el citado carecía de adscripción ideológica, les constaba que era pariente y colaborador habitual de Manolo ‘Caxigal’ y su partida. Los tres inmolados de San Martín del Rey Aurelio habían sido en el pasado destacados militantes socialistas, en algún caso cargos públicos, pero, como reconoció el redactor material del informe sobre la matanza, los arrojaron a la sima, no por sus antecedentes remotos, sino por haber mantenido contactos regulares con la guerrilla comunista en domicilios como el de un tal Ricón.

Amnesia selectiva y control partidista de la memoria

El PSOE celebra anualmente un homenaje a sus víctimas en Funeres. Foto / Fernando Geijo.

El PSOE celebra anualmente un homenaje a sus víctimas en Funeres. Foto / Fernando Geijo.

De ello se colige que con la matanza de Funeres, cénit de la oleada represiva policial de 1948, se pretendió asestar el golpe definitivo a la resistencia armada comunista, muy debilitada tras el golpe del 28 de enero, una celada urdida mediante una infiltración policial que se saldó con la muerte de catorce guerrilleros y cuatro enlaces. La planificación y ejecución de la matanza fue presentada como una iniciativa unilateral de un personaje de escaso rango, el cabo Artemio, pero no resulta verosímil que represalias de semejante envergadura hubieran sido promovidas por un subalterno sin el preceptivo respaldo de la superioridad. De hecho, el autor de la citada atribución reconoció la existencia del plácet jerárquico al incluir un elogioso comentario de José Blanco Novo, jefe de Orden Público de Asturias, hacia el modus operandi que convirtió en celebridad del régimen al citado cabo de la Guardia Civil. Con un plan preconcebido, se dirigió contra las bases de apoyo de la guerrilla comunista, emplazadas en un anillo de caseríos y aldeas que conformaban un cinturón de seguridad en torno a Peñamayor, el cual se pretendió desmantelar con la masacre. Todas las víctimas presentaban un común denominador: estuvieron en contacto con las partidas vinculadas al PCE, en particular con la de Manolo ‘Caxigal’, convertida en objetivo prioritario tras salir indemne de la citada redada. De hecho, la información utilizada para su detención y ulterior represalia no fue otra que la recabada por los topos policiales que, durante más de un año, estuvieron infiltrados en el seno de la organización guerrillera comunista.

En el contexto de la Guerra Fría, como hemos visto, por cálculo político se creyó pertinente ocultar la verdadera identidad ideológica de las víctimas y, asimismo, el nexo causal que las unía a la guerrilla comunista. La omisión favoreció que el PSOE se apropiara del espacio más emblemático de la resistencia antifranquista en Asturias y, mediante un proceso de ritualización ceremonial que se prolonga sine die, lo convirtiera en el símbolo de su cuestionada oposición a la dictadura. Instrumentalización partidista que hasta la fecha ha sido posible porque, quienes disponen de más credenciales para reivindicar este lugar de la memoria, han renunciado a entablar una guerra de la memoria por restituir la dignidad de las víctimas con el noble arma de la verdad histórica.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 39, JULIO DE 2015

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