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Atlántica XXII

Se buscan colaboradores necesarios de Villa

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Se buscan colaboradores necesarios de Villa

Los chalets de Juan Antonio Fernández y José Antonio Postigo en Mayorga (Valladolid). Foto / María Arce.

Los chalets de Juan Antonio Fernández y José Antonio Postigo en Mayorga (Valladolid). Foto / María Arce.

Tras la conmoción provocada ayer por la revelación sobre la fortuna de 1,4 millones de euros que José Ángel Fernández Villa ocultó a Hacienda, muchos dedos apuntan hacia los colaboradores necesarios que tuvo que tener para ello el ex dirigente del SOMA-UGT y del PSOE, que fue fulminantemente expulsado de ambas organizaciones.

Muchas miradas se posan ahora sobre sus más estrechos colaboradores, sobre todo en el sindicato minero, pero también en ámbitos de la Administración o de la empresa privada, porque el poder que acumuló Fernández Villa fue enorme y se manifestaba colocando a sus fieles en puestos de gran responsabilidad y buenos sueldos.

Ya en el número 18 de ATLÁNTICA XXII, de enero de 2012, el año en el que Villa se acogió a la amnistía fiscal del PP, se publicó en portada un artículo de investigación sobre las relaciones entre un constructor y el entonces presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, la mano derecha del líder socialista caído ahora en desgracia. El constructor, Juan Antonio Fernández, abordaba entonces la última fase del macrogeriátrico que el SOMA-UGT construía en Felechosa con dinero de los fondos mineros, una obra faraónica.

Villa no quiso atender entonces las llamadas de esta revista durante la elaboración del reportaje. Tampoco Postigo ni el SOMA-UGT ni el Montepío. No mucho después de la aparición de aquel número de la revista, José Antonio Postigo dejó su cargo y un grave problema económico para el SOMA con el macrogeriátrico de Felechosa, que nunca tuvo una ocupación que lo hiciera rentable, a pesar de la campaña de publicidad y promoción que llegaron a apoyar con su presencia en una visita oficial los entonces príncipes Felipe y Leticia. Los problemas económicos que arrastra el Montepío desde entonces, y que supusieron una regulación de empleo en el macrogeriátrico, tuvieron mucho que ver con la salida de Postigo de la presidencia del Montepío, según fuentes conocedoras del tema. Su sucesor es Juan José Pulgar, también del SOMA-UGT y ex concejal socialista.

Preguntado en el diario La Nueva España por el Caso Villa, José Antonio Postigo dijo: “Por Dios, por Dios, por Dios….No tengo palabras para esto”. Y añadió : “Tengo que ir a verlo cuanto antes”. En el mismo diario Juan José Pulgar dijo sentir “una gran decepción personal” y considera que Villa “debe clarificar de dónde viene el dinero”, añadiendo finalmente que “la familia minera no se merece esto”.

Reproducimos a continuación aquel artículo elaborado por Jaime Santos y Xuan Cándano.

EL PRESIDENTE DEL MONTEPÍO Y EL EMPRESARIO QUE CONSTRUYE EL MACROGERIÁTRICO DE FELECHOSA NO SOLO COMPARTEN AMISTAD

La curiosa vecindad del sindicalista y el constructor

El presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo Postigo, tiene un lujoso chalet en Valladolid aledaño y casi gemelo al de Juan Antonio Fernández Fernández, el constructor del macrogeriátrico de Felechosa, la obra de 31 millones de euros que aborda la mutualidad de los mineros gestionada por los sindicatos. Postigo, prejubilado de la mina, también tiene una  vivienda en la Costa del Sol y otras propiedades en Mieres.

Jaime Santos y Xuan Cándano / Periodistas.

Los chalets y las fincas de José Antonio Postigo y Juan Antonio Fernández en Mayorga (Valladolid) son de gran tamaño y cuentan con una destacable lista de lujos e instalaciones. El del presidente del Montepío minero, un cargo sin sueldo, tiene una piscina atechada, un hórreo de nueva construcción, una casa para invitados, una amplia bodega, un cenador de madera para varios comensales, una construcción para albergar varios perros de caza y dos buggies de dos plazas cada uno, repartidos por una finca con frutales bien cuidada y custodiada por una empresa de seguridad. La suya es la más grande (más de 3.000 metros cuadrados) y mejor equipada de las dos.

Ambas propiedades se alzan en una urbanización “fantasma”, en la carretera de Valladolid a Mayorga, y cerca de esta localidad. Rodeadas de esqueletos de hormigón, chalets en ruinas  y a medio construir, es evidente que ambas fincas han sufrido ampliaciones y mejoras en los últimos años y que cuentan con un mantenimiento puntual y costoso. Las mejoras, como el núcleo para albergar perros de caza, fueron construidas bajo licencias de obras temporales, ya que el Ayuntamiento de Mayorga no las otorga permanentes en los márgenes de esta urbanización, cuyo promotor se fue hace tiempo sin dejar los papeles en regla.

Un anónimo en Internet

La curiosa vecindad de José Antonio Postigo y Juan Antonio Fernández en Mayorga era un comentario que circulaba por las cuencas mineras asturianas en círculos reducidos, que podrían parecer malévolos. Pero se destapó hace unos meses por un detallado informe anónimo, lleno de datos y fotografías de los chalets, difundido por Internet. Ante el escándalo que provocó este anónimo, que fue la comidilla en tertulias y sedes de partidos y sindicatos, Postigo, un dirigente del SOMA muy cercano al secretario general del sindicato minero ugetista José Angel Fernández Villa, convocó una rueda de prensa el pasado 30 de noviembre. En la rueda de prensa -a la que no fue invitada esta revista, a la que el anónimo llegó por Internet el pasado verano- el presidente del Montepío denunció ser víctima de un acoso y anunció una denuncia judicial para esclarecer la autoría del anónimo. También admitió ser propietario del chalet de Mayorga desde 1996. No puso en duda la autenticidad de las fotos, en las que se veía en su finca un todoterreno “pick up” de gran cilindrada.

Juan Antonio Fernández, que adquirió al parecer el chalet de Mayorga después que Postigo, es un constructor de Pola de Lena que comenzó en el sector como albañil. Su empresa, Alcedo de los Caballeros, tenía dos empleados fijos en 2008 y facturaba dos millones de euros. La obra del macrogeriátrico de Felechosa, una inversión de 31 millones de euros pagada con los fondos mineros, supuso el despegue de la empresa, que en 2010 facturaba catorce millones de euros. La imponente instalación con capacidad para 300 ancianos -otro ambicioso proyecto en política social, en este caso para garantizar una vejez confortable a los mineros- es visible ya en su última fase en terrenos donados por los Ayuntamientos de Mieres y Aller. Este último expropió tres fincas para el proyecto. El presidente del Montepío defendió en su rueda de prensa la transparencia del proceso de adjudicación que corrió a cargo de un comité de cuatro técnicos, cuyos nombres no fueron facilitados a esta revista.

En realidad ningún tipo de información fue facilitada a ATLÁNTICA XXII. No fue posible hablar con José Antonio Postigo y el responsable de comunicación del Montepío, tras varios días sin devolver las llamadas, se limitó a rechazar el anónimo difundido por Internet. Tampoco accedió a hablar Juan Antonio Fernández y lo mismo ocurrió con José Angel Fernández Villa, pese a los reiterados intentos de esta revista.

También en la Costa del Sol

Pero basta con acudir a los registros de la propiedad para confirmar no solo la autenticidad del anónimo, sino que Postigo tiene otras  propiedades inmobiliarias. Posee además un apartamento de 83 metros cuadrados en Torre del Mar, al lado de Vélez-Málaga, en la Costa del Sol. Fue adquirido en 2006, el año en el que accedió a la presidencia del Montepío, en régimen de gananciales con su esposa y con un crédito hipotecario de Cajastur de 115.000 euros. En Mieres, donde reside en una vivienda familiar, tiene parte de un bajo comercial y una cochera, también en gananciales.

Aunque el propio Postigo ha tratado de desvincular la “campaña de acoso” de la adjudicación del geriátrico de Felechosa, un veterano dirigente sindical, que prefiere a mantenerse “de momento” en la sombra, sostiene que el anónimo pudiera venir de “alguien muy cercano a Postigo a quien se le prometió algo en Felechosa que después no se cumplió”, en referencia al macrogeriátrico.

El geriátrico de Felechosa poco antes de su inauguración. Foto / Fernando Tablado.

El geriátrico de Felechosa poco antes de su inauguración. Foto / Fernando Tablado.

En un bar de Felechosa, muy cerca del flamante geriátrico, se masca la decepción. El Montepío anunció que el nuevo y lujoso geriátrico, que está previsto inaugurar este año, daría un centenar de puestos de trabajo y animó a la parroquia a iniciar cursos de formación para optar a ellos. Pero, en una comarca donde el paro juvenil es una lacra en aumento, muchos serán los candidatos y pocos los elegidos. El Montepío, que gestiona directamente decenas de contratos laborales para sus propiedades en Ledesma, Murcia y Almería, optó en Felechosa por una empresa de selección de personal, CABE, del grupo HUNOSA, tal vez para evitar lo inevitable, que en los bares se comenten cosas como que “al final consiguen la plaza los que tienen palanca”.

La reconversión pactada y las prejubilaciones consiguieron la paz social en las cuencas mineras, pero la crisis ha convertido casi en un cementerio industrial a la que fue una de las zonas más dinámicas del Estado. Ahora se nota que el hartazgo solo es mitigado por la resignación y hace tiempo que algunos líderes sindicales, también del Montepío, son vistos por muchos vecinos como auténticos “padrinos”, facilitadores imprescindibles de puestos de trabajo y protagonistas de escenas de adulación y pleitesía que parecen sacadas de un guión de Scorsese. Muchos son los que hablan en contra del Montepío pero nadie quiere salir en la foto. El Montepío tiene gran influencia social y los opositores se enfrentan al ostracismo y a la expulsión.

Tres empresas exentas de auditorías

El Montepío de la Minería es una institución con indudable músculo económico y un patrimonio inmobiliario valorado en 75 millones de euros. Herencia del franquismo, comenzó una gran expansión económica y social en los años noventa, bajo la presidencia de Ricardo López Estébanez (SOMA). Es entonces cuando se convierte en un gran inversor inmobiliario, adquiriendo propiedades fuera de Asturias para disfrute de los mutualistas a precios económicos: el balneario de Ledesma, el complejo turístico de Los Alcázares (Murcia) y, más recientemente, un hotel en Roquetas del Mar (Almería). Desde que se adquirió el hotel de Roquetas, en el año 2003, en una operación que fue denunciada por malversación, el Montepío ha ingresado y gastado una cantidad equivalente en torno a los 20 millones de euros; pero acumula un déficit financiero, principalmente en créditos de instituciones bancarias y deudas con la Administración, que supera los 21 millones de euros al cierre del último ejercicio. Interminables obras en el polémico edificio de Roquetas y la necesidad de adelantar dinero para la obra de Felechosa suponen 15 millones en deuda.

También en los noventa se crea un fondo de pensiones, se instaura la medalla de oro y se consolida mediante ayudas y becas el prestigio social de una institución sobre la que hoy flotan un montón de interrogantes.

En la actualidad el Montepío cuenta con 16.000 mutualistas, según datos propios, que pagan entre el 1 y el 2% de sus pagas, lo que supone más de 2 millones de euros anuales, cantidad con la que difícilmente se podrá tapar el “agujero” financiero.

A diferencia de los balances económicos ofrecidos a los mutualistas en décadas anteriores, las cuentas que hoy se presentan son difíciles de entender. Al igual que la gastronomía moderna, la gestión económica del Montepío en los últimos años parece haberse movido hacia terrenos más creativos. Desde 2003, el Montepío ha derivado la gestión de sus complejos hosteleros a través de tres empresas, Residencial La Minería Roquetas del Mar SL, Residencial La Minería los Alcázares SL y Balneario de Ledesma SL. Cada una de estas empresas, al no llegar a ciertos límites establecidos por la Ley de Sociedades Anónimas, está exenta de auditorías y, como figura en el registro mercantil, las cuentas anuales están firmadas por un administrador único, el representante legal del Montepío, es decir, su presidente José Antonio Postigo.

Con la creación de estas empresas, es el Montepío quien gestiona directamente con los proveedores de su imperio turístico, unas gestiones que con las directivas anteriores estaban subcontratadas a profesionales locales. El propio Postigo declaró a la prensa que “la cocina del balneario de Ledesma mata dos terneros diarios” para dar a entender que las compras, obras y reparaciones del Montepío le consumen gran cantidad de tiempo. Para algunos críticos resulta muy llamativo que sea el propio presidente el encargado de negociar personalmente con los proveedores.

Antón Saavedra, el ex diputado y sindicalista asturiano, no duda cuando dice que la propia entidad podría estar “en peligro, incluido su fondo de pensiones”, ante tanto dinero que viene y va en extrañas operaciones. Una sensación alarmante, ya que son muchas las pensiones que dependen de ese fondo. No es fácil tampoco imaginar cómo se sostendrá el macro complejo de Felechosa pues los 1.300 euros mensuales que se apuntan como tarifa para los mutualistas que decidan retirase allí no pueden cubrir los gastos de mantenimiento y personal, teniendo en cuenta como referencia las ayudas que el Principado aporta a las instituciones geriátricas.

Del sindicato vertical a los democráticos

Jaime Santos.

El Montepío de la Minería Asturiana fue creado en 1970 y su fundación se atribuye al sindicalista falangista Noel Zapico, hoy en el PP, aunque las bases sociales de esta solidaridad entre mineros se hunden en la primeros compases del siglo XX.

Amparado por el Ministerio de Trabajo y financiado con cuotas aportadas por 31.000 mineros asturianos, el Montepío nació con el objetivo de complementar las prestaciones del entonces incipiente sistema de Seguridad Social.

Herencia del tardo-franquismo el Montepío es, sin embargo, un claro precursor de las pensiones, los seguros  sociales y sanitarios y de organismos como el Inserso que hoy constituyen la base del llamado Estado del Bienestar.

Durante el franquismo el Montepío estaba controlado por el Sindicato Vertical y hasta 1978 siguió tutelado por el Estado. En 1981, un grupo de sindicalistas asturianos, entre los que estaba José Ángel Fernández Villa, se planta en Madrid para forzar el control sindical de esta mutualidad. “Amparándose en un fallo que dejaba a los mineros nacidos en 1903 sin prestaciones -recuerda el ex diputado Antón Saavedra, presente en las negociaciones-, Villa amenazó con promover una baja masiva de mutualistas poniendo en jaque a la propia institución”. Unas convulsiones que causaron miles de bajas en el Montepío.

José Angel Fernández Villa en el Congreso del SOMA-UGT celebrado en diciembre de 2011. A su izquierda, José Antonio Postigo. Foto / Fernando Rodríguez.

José Angel Fernández Villa en el Congreso del SOMA-UGT celebrado en diciembre de 2011. A su izquierda, José Antonio Postigo. Foto / Fernando Rodríguez.

A pesar de que, según los estatutos, la Asamblea General de mutualistas es el órgano supremo de expresión de la voluntad social de la institución, el Montepío está desde entonces gestionado y férreamente controlado por los sindicatos mineros, especialmente por el SOMA, y los mutualistas poco o nada pueden aportar a las decisiones tomadas por su Comisión Regional. Esta comisión se forma en función de los resultados de las elecciones sindicales celebradas en los pozos mineros. Y entre los casi 3.000 mineros en activo el SOMA tiene mayoría de afiliados y votantes. De este modo, los sindicatos mayoritarios, primero SOMA y después CCOO, constituyen los llamados “socios protectores” (de gran sonoridad en este entramado de tintes de novela negra) y son legitimados para elegir a los miembros de compondrán la directiva del Montepío. En la actualidad menos de un 20% de mineros en activo son cotizantes de la Mutualidad, “con lo que apenas 600 mineros en activo deciden los destinos de los 16.000 cotizantes”, se lamenta un veterano mutualista que añade que “el Montepío esta lejos de ser una institución democrática”.

En las últimas tres décadas, todos los presidentes de la Mutualidad, incluido el propio Postigo, fueron peces gordos del SOMA. Alguno salió malparado, como Ricardo López Estébanez, el sindicalista que impulsó los grandes proyectos inversores en Ledesma y Murcia, al que su sindicato repudió hasta el punto de retirar una placa que recordaba su gestión.

Tampoco salió precisamente por la puerta grande Alfredo Álvarez Espina, al que sustituyó José Antonio Postigo cuando afrontaba ante la justicia una demanda por malversación en la compraventa de propiedades inmobiliarias del Montepío en Murcia y Almería. La denuncia no prosperó (véase el número 4 de ATLÁNTICA XXII).

Desde 1970 (cuando tenía 31.000 afiliados) hasta hoy, el Montepío ha ido perdiendo cotizantes hasta llegar a la cifra oficial actual, 16.000. El grueso de mutualistas está compuesto por mineros jubilados y viudas de avanzada edad, y sus hijos no están reponiendo las bajas. Para poder mantener sus inversiones e instalaciones, ha venido promoviendo acuerdos y alianzas con otros colectivos, desde policías a taxistas, haciendo cada vez más palpable la sensación entre los propios mutualistas de que el Montepío cada vez tiene menos que ver con la minería. El futuro de sus instalaciones pasa por abrirse a gremios que no son mineros, pero sin embargo la institución sigue gobernada a base de prebendas y estatutos diseñados cuando Asturias era lo que ya no es: un país de mineros.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 18, ENERO DE 2012

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